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Gallardo insiste en que Pozos será municipio, a pesar de la “herencia maldita”

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No obstante que el Juzgado Primero de Distrito concedió la suspensión definitiva a la quejosa Liliana Fabiola Hernández Calderón, que promovió el amparo para detener el objetivo de convertir en municipio a Pozos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró a medios informativos, que la delegación será ayuntamiento.

Incluso, antes de las elecciones del 2024. “Va avanzar, Pozos será municipio, ya son las últimas patadas de ahogado de la herencia maldita, que no dejan a Pozos salir adelante, como a muchas otras delegaciones y colonias. A toda la gente que hundió la maldita herencia. Tenemos toda la confianza de que Pozos será municipio”.

Al cuestionarle sobre las resistencias, señaló que “son personas que se la pasan chingando al prójimo, pero estamos contentos porque Pozos será municipio”. Gallardo se mostró enojado, distante, distraído. Con la moral baja. Parecía que hablaba por inercia. Su propia bancada de diputados locales, aceptó el veredicto en contra, que detiene los trámites para crear el municipio 59

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Ya no habrá elecciones en el 2024, para elegir al primer alcalde de Pozos

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El Juzgado Primero de Distrito concedió la suspensión definitiva a la municipalización de Villa de Pozos, por lo que el Congreso del Estado no podrá emitir la declaratoria y bajar el proyecto de decreto que pretendía votar hoy el pleno, para lo cual había declarado un receso en la sesión de ayer.

Fue hasta la noche de ayer, cuando la juez que lleva el caso, deliberó y publicó la sentencia en la que establece como punto único, que se concede la suspensión definitiva a la quejosa Liliana Fabiola Hernández Calderón, que promovió el amparo para detener la pretensión de que Villa de Pozos se convierta en el municipio 59, por considerar que el congreso no tenía facultades para erigirlo.

Con la suspensión definitiva, se frena el procedimiento de municipalizar a Pozos y el juzgado entrará a estudiar de fondo el asunto, lo cual tiene previsto para la segunda quincena de octubre. En la etapa, tanto la promotora del amparo como el congreso, tendrán que aportar sus argumentos, para que el juzgador tome una determinación.

La consecuencia del resolutivo, es que Pozos no podrá participar en las elecciones del 2 de junio del 2024 para elegir al primer alcalde, como pretendían los impulsores de convertirlo en el municipio 59. La ley establece que no se podrán realizar modificaciones en materia electoral, 90 días antes de iniciar el proceso comicial, que en el caso de San Luis, inicia el 2 de enero del año próximo, pues el Congreso del Estado, aprobó retrasar el arranque, con el propósito de que le alcanzaran los tiempos para hacer Villa de Pozos el municipio número 59, como lo promovió y pretende el gobernador Ricardo Gallardo, que retomó como bandera política, el deseo dudoso de un grupo de habitantes, que desean su propio ayuntamiento.

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Actuaciones al revés y puntos oscuros en el proceso jurídico para hacer a Pozos el municipio 59

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El congreso del estado, trabaja a marchas forzadas para cumplir con la encomienda que les dictó el gobernador Ricardo Gallardo, para declarar municipio a Villa de Pozos, sin importar que en las prisas, exhiban las fallas en las que se incurre, como el hecho de que primero se realizó el plebiscito y después validaron las firmas de los ciudadanos que votaron, por parte de la autoridad electoral. ¿Qué hubiera ocurrido si en la validación, se rechaza un número mayor de credenciales de los solicitantes y no se cumple el porcentaje del 25% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de la circunscripción territorial de Pozos, que exige la ley orgánica del municipio?

Sobre los 31 mil 895 solicitantes, la autoridad electoral reconoció como positivas, 22 mil 501 firmas y credenciales de elector, equivalentes al 25.68%. Es decir, apenas unas centésimas más de lo que se exige. Con el desaseado procedimiento fast-trak de los diputados para convertir a Pozos en el municipio 59 y las intromisiones del gobernador, hasta para anotar sin consentimiento a los beneficiarios de los programas clientelares, como representantes de las mesas receptoras de votos, no resulta descabellado imaginar que el mismo método utilizaron para recabar las firmas que se adjuntaron a la solicitud presentada al congreso. Se confirma el interés electorero y de control político que buscan, más que atender un deseo genuino de los poceños por tener sus propias autoridades.

El Instituto Nacional Electoral invalidó 9 mil 394 credenciales que presentaron en la solicitud “ciudadana” al congreso.
Y del plebiscito, ya ni hablar, fue tanto el desinterés de la gente por el ejercicio, que ni siquiera los habitantes de Pozos, salieron a sufragar todos los que pidieron la municipalización. Votó un total de 10 mil 364 personas, es decir, menos de la mitad, de las 22 mil 501 firmas con credencial que dio como válidas la autoridad electoral. Y muy lejos de las 31 mil 895 que se presumió, respaldaron la solicitud ante el poder legislativo. Tampoco han dicho nada sobre los resultados de la compulsa, sobre las razones por las que fueron desechadas casi 10 mil credenciales.

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Complicado que en el 2024 se vote para hacer municipio a Pozos

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Ante el cúmulo de fallas legales y administrativas registradas en el reciente plebiscito de Pozos, ciudadanos indignados promovieron diversos amparos para frenar los atropellos orquestados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, concedió la suspensión provisional para evitar la eventual declaratoria de hacer municipio a Villa de Pozos.

En el expediente 1282/2023, el lunes 25 de septiembre, el órgano judicial dictó el acuerdo en el que declara fundado y motivado el recurso donde se promueve el juicio de amparo. Se concedió la suspensión para el efecto de que no se declare ayuntamiento a Villa de Pozos, hasta que se resuelva la suspensión definitiva. El tribunal notificará por escrito al congreso del estado de lo resuelto, por lo que deberá detener las acciones tendientes a crear el municipio número 59 y no caer en desacato.

Entrevistado sobre el tema, el doctor en derecho, Luis Fernando Leal Beltrán, destacó que con la suspensión, “van a dilatar los tiempos, se llegará el momento electoral y no podrán hacer a Pozos municipio, al menos para el 2024. Si niegan el amparo en un momento dado, poner un gobierno provisional, peor no les alcanzará. Si hay amparos de diversas personas, se pueden resolver de manera independiente. Si fueran demasiados con los mismos hechos, los jueces tendrían facultades de hacer un acuerdo de conjuntarlos y resolverlos al mismo tiempo. Pero el resolutivo de uno sólo, contiene el recurso de revisión y llegar hasta la corte. No sabemos cuántas personas se inconformaron y los motivos. En el caso de las quejas del Issste, fueron miles, por lo que la corte emitió un resolutivo. Por tratarse de lo mismo en la esencia, se resolvieron en conjunto”.

“Si en Pozos hay uno o siete, donde podría figurar el ayuntamiento de la capital, hay que revisar las listas. Al haber una suspensión, le impide al congreso continuar los trámites, hasta que se resuelva el amparo o exista una suspensión definitiva, que otorga el tribunal colegiado. La consecuencia es que todo se paraliza, hasta que haya un resolutivo, lo que puede llevar un año o dos”.

“Yo invertí dos años y medio cuando no me quisieron como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Luego desistí, opté se quedara el inútil de Jesús Rafael Rodríguez López, pero si continuo, alcanzo los tres años. La diferencia es que no había suspensión. Muchas veces conceden la suspensión provisional, pero cuando existen más datos, niegan la definitiva. Otras veces, según los elementos del amparo, emiten la suspensión provisional y luego la definitiva”.

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El pírrico avance de Gallardo Cardona

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Si el oficioso aspirante a ser el primer alcalde de Pozos, el diputado local José Luis Fernández, alias “El Chiquis”, hubiera transparentado las 30 mil firmas de ávidos solicitantes de tener un nuevo ayuntamiento, muchos de los peticionarios seguro aparecen en los listados de los programas clientelares que maneja el gobierno estatal. En esencia, son los que votaron. Cuando el peligroso binomio integrado por los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Juárez, se apoderaron a golpes y empujones del PRD estatal, nutrieron de falsos militantes a la estructura que sólo la traspasaron de los apoyos institucionales que entregan al condicionar asistencia a mítines o votar por el candidato que les plazca.

En las recientes votaciones, no obstante el acarreo, compra de votos y las inducciones de las diversas instancias gubernamentales, el gobernador Gallardo, de casi 700 mil votantes, consiguió el dudoso respaldo de 50 mil adeptos en promedio. Se estableció que necesitaba al menos el 7% de simpatizantes del sí, para que fuera vinculante a un resultado favorable. No obstante su pírrico y volátil avance, era el escenario que esperaban miles de inconformes que se aprestan para interponer incontables amparos, para revertir el cochinero jurídico que usó mandatario para imponerse con chicanas. Sobran argumentos para echar abajo el endeble andamiaje en que se sustenta una sospechosa victoria. Mientras Gallardo tapiza una cuadra con cientos de anuncios de su oligofrénico desempeño, limitó el accionar publicitario del Consejo Estatal Electoral, para difundir la relevante consulta. Apenas se supo de la mínima ventaja lograda y la feroz tribuna, Paloma Gallardo o Dévora Herrera, anunció los fraccionamientos ilegales en Pozos a costillas de la ciudadanía. Antes seguidora fiel del gobernador, ventiló que previo al desfile del 16 de septiembre, las estructuras que sostienen al ventajoso funcionario, se iban a revelar porque les paga una miseria y no les garantiza servicios médicos de calidad. En represalia, le darían una sopa de su propio chocolate. Lo iban a agarrar a huevazos. Pero a los cismáticos, los atraparon con las cajas repletas en la Plaza del Carmen. Fue la causa por la que se cambió la ruta del desfile pocas horas antes. No fue por motivos de estrategia electoral ni política. Se impuso el miedo vil.

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Gallardo somete a diputados y consejo electoral, en sus caprichos desmedidos por hacer a Pozos, el municipio número 59

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Los diputados, en tiempo récord, aprueban iniciativas y agilizan trámites para convertir a Pozos en el municipio 59. Se portan sumisos ante el gobernador Ricardo Gallardo, que se erige como el principal promotor e interesado de la propuesta. La inusual premura con la que actúan la mayoría de los legisladores, no la han mostrado para acabar con el rezago de iniciativas sin dictaminar, que dejan caducar o de plano, no sacan en tiempo y forma, como ocurrió cuando se buscó homologar la ley de movilidad y seguridad vial. Un juez federal les ordenó aprobarla. Pero a través de un amparo, promovieron una prórroga de 6 meses.

En la prisa por crear un nuevo ayuntamiento, el Consejo Estatal Electoral también se mueve al ritmo que le marca el gobernador, que en forma unilateral y sin tomar en cuenta sus propuestas como organizadores de la consulta, les impone fechas y presupuesto para llevarla a cabo. El 22 de mayo, residentes de Villa de Pozos que encabezan Gaspar Méndez Ramírez y Ricardo Gutiérrez, entregaron a la oficialía de partes del congreso, la iniciativa y documentos que contienen 31 mil 895 firmas recabadas para el trámite, equivalentes al 25 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de votantes.

Antes de hacerlo, se reunieron con Gallardo, al que pidieron su apoyo para llevar a cabo el procedimiento, reveló el secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, en un boletín publicado con la fotografía del encuentro. Méndez y Gutiérrez rechazaron que atrás de la iniciativa, se encuentre el gobernador o el Partido Verde. Aseguraron que su propuesta es ciudadana, derivada de luchas históricas.

En el congreso, el diputado José Luis Fernández Martínez, es el encargado de agilizar los trámites para atender la solicitud ciudadana de hacer municipio a Pozos, pero que promueve su jefe el gobernador, con fines políticos y electorales. Preside la cartera de gobernación, es vicepresidente en la de desarrollo territorial sustentable y funge como vocal en la de puntos constitucionales. Comisiones encargadas de llevar a cabo el proceso. Además está como suplente del poder legislativo ante el Consejo Estatal Electoral. El 7 de junio, las carteras de las comisiones unidas, aprobaron pedir al organismo, realizar el plebiscito y validar las más de 31 mil firmas entregadas. El 15, el acuerdo lo votan en el pleno y lo avalan por mayoría. A los 5 días, el congreso solicita llevar a cabo el procedimiento.

El consejo electoral, en asamblea extraordinaria, el 4 de julio y sin objetar nada, dio trámite a la solicitud para realizar el plebiscito. La gente podrá emitir su voto a favor o en contra. Usarán su credencial, con domicilio en la capital. Acuerdan manejar un presupuesto de 55 millones 844 mil pesos para el arqueo y compulsa de las más de 31 mil credenciales enviadas. Los gastos los desglosan. Usarían 22 millones 860 mil 366 pesos en servicios personales, 6 millones 173 mil 029 pesos en el rubro de materiales y suministros, 18 millones 267 mil 622 pesos en servicios generales, 5 millones 871 mil 144 pesos en transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas y 2 millones 671 mil 800 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles.

En lo inmediato, Gallardo enterró la propuesta. Autoritario, estableció que el plebiscito costaría 28 millones, no 55 y que se podría ajustar hasta quedar en 20 millones, como sucedió. Tampoco aceptó la sugerencia que le envió la presidenta Paloma Blanco López. Le dijo que después de analizar los números, las actividades planteadas a realizarse, “resultan imposible de ejecutarse”. Indicó que tomaron en cuenta las consideraciones del poder legislativo, de buscar la eficiencia de los recursos financieros, materiales, humanos y racionalizar el gasto.

Y en apego a los extremos de austeridad y disciplina presupuestal, el recorte a lo solicitado en un principio, podría ser del 57.20 %. O sea, quedar en 23 millones 901 mil 624.31 pesos, no menos. Blanco López

advirtió que si la solicitud fuera sujeta a un segundo recorte, existe el riesgo de no actuar con certeza en las actividades del plebiscito y la compulsa de credenciales que solicitó el congreso. Inútil resultó el escrito, Gallardo impuso su voluntad y los diputados se doblegaron sin chistar.

El 12 de julio, el consejo aprobó los lineamientos para organizar el plebiscito. En la asamblea, informó de la propuesta que les envió el congreso, para reducir la cifra de 55 a 20 millones. La presidenta, Paloma Blanco, señaló que habría un impacto al instalar las casillas. Optaron por mesas receptoras, como lo hizo el Instituto Nacional Electoral, cuando manejó la revocación de mandato presidencial. Adelantó que la convocatoria se emitiría el 19 de julio y la consulta podría efectuarse en la segunda quincena de septiembre. La pregunta a la ciudadanía se conocerá el 15 de agosto. Será redactada en forma clara, no tendenciosa, ni con juicios de valor. No debe orillar a la polémica.

La representante del PAN, Lidia Arguello Acosta, advirtió que acelerar el proceso, reviste el riego de impugnarlo. Criticó que el congreso haya pedido reducir el presupuesto, cuando el consejo es el único autorizado para definir los costos. El protagonismo e injerencia de Gallardo, se evidenció otra vez cuando dos días antes de sesionar el organismo para aprobar las bases, adelantó: “habrá nuevo municipio. El 24 de septiembre arranca la consulta, ya está definido”.

El 19 de julio, en la junta extraordinaria del consejo, donde se aprobó el documento, se confirmó lo dicho por Gallardo. La consulta será el domingo 24 de septiembre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá 151 unidades territoriales en las que se ubicarán las mesas receptoras de votos. En la misma sesión, se aprobaron los documentos y materiales a usarse. Los modelos y especificaciones técnicas, el plan integral, calendario, las directrices del cómputo y las estrategias de capacitaciones.

La panista Lidia Arguelles se retiró de las reuniones donde se trató el tema del plebiscito. Señaló que su partido, no se prestará a las simulaciones en que se ha convertido el proceso, por las intromisiones de Ricardo Gallardo. “El órgano electoral está a expensas de lo que diga el ejecutivo. Antes de que se voten los acuerdos, ya los hizo públicos”. Calificó de indignante, se quiera regresar a los años en que los entes encargados de los comicios, estaban en manos del gobierno. Aludió al líder cívico, Salvador Nava. “No exigió ciudadanizar los órganos electorales para estar supeditados a lo que diga el gobernador y nosotros venirlo a legitimar. No se puede tolerar lo que hoy ocurre”.

Paloma Blanco López, intentó justificar a Gallardo, que anunció tres días antes, la fecha en que se realizaría el plebiscito, cuando todavía no se votaba. Dijo que había dado los plazos, en una entrevista que le hizo el semanario Exprés, antes que lo afirmara el gobernador. Arguelles replicó que los acuerdos se toman en forma colegiada. Y si de manera unilateral convino con alguien los tiempos, era una falta de respeto para los demás consejeros y partidos políticos.

El representante de Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat, alertó que los 20 millones de pesos aprobados por el congreso para el plebiscito, sólo iban a servir para hacer el ridículo, ya que al inicio aprobaron exigir más de 55 millones. Después demandaron 23 millones 900 mil y ninguno les autorizaron. El litigante José de Jesús Becerra Rodríguez, acreditado como representante del PRD, advirtió que con los 20 millones de pesos que les autorizó el poder legislativo en forma unilateral, sin un estudio serio, se encendían los focos rojos y algo podría salir equivocado. Precisó que ya se tenía el antecedente con la secretaría de finanzas estatal, con el retraso en la entrega de los recursos autorizados para el gasto del organismo y financiamiento de los partidos.

Afirmó que el aplazamiento de dos meses para el inicio del proceso electoral que se aprobó en el congreso, no genera ningún ahorro. No es un tema de austeridad y está cargado de tintes políticos. Existe un interés muy especial en que el proceso de convertir a Pozos en municipio, se haga lo más rápido posible y como salga. Pidió a los integrantes del consejo, estar atentos y ser más estrictos en lo que se votará.

El mismo día, con 16 votos a favor, 5 en contra y una abstención, se aprobó retrasar dos meses el inicio del proceso electoral. Se cambió del 30 de octubre del año en curso, como marcaba la ley estatal electoral, al 2 de enero del próximo año. Votaron a favor los legisladores del Partido Verde Ecologista, los de Morena, Partido del Trabajo y el priista Alejandro Leal Tovías. En contra, Liliana Flores Almazán, Rubén Guajardo y Arazanzú

Puente del PAN, Edmundo Torres Cano del PRI y el legislador independiente, Mauricio Ramírez Konishi. Neutral, María Elena Ramírez Ramírez, de Conciencia Popular.

La iniciativa que presentó la diputada de Morena, Lidia Nallely Vargas Hernández, con el argumento de ahorrar recursos públicos en el proceso electoral y atender el modelo austero que se tiene en el país, aunque, nunca precisó de cuánto sería el ahorro, se atendió con tal rapidez, que tan solo 6 días después de que se turnó a comisiones para su análisis, la aprobaron y se votó en el pleno 14 días después. El Consejo Estatal Electoral, actuó en sincronía con el congreso. Manifestó por escrito que acortar el proceso electoral dos meses, no le representaba ningún un problema para su desarrollo.

Vargas Hernández, presionada por los cuestionamientos, tres días antes de que se votara en el pleno, informó que el ahorro sería de 15 millones de pesos. Pero su causa se vino abajo, cuando en la sesión, los legisladores del bloque gubernamental que hablaron a favor de la propuesta, reiteraron que aprobarla, les permitiría atender y dar certeza a la solicitud ciudadana de convertir en municipio a Pozos.

Gallardo confirmó el verdadero propósito de la iniciativa, al darle mayor tiempo al consejo electoral para organizar los comicios y al congreso, hacer las reformas necesarias a la ley para concretar sus caprichos. Molesto, censuró a los diputados que votaron en contra de retrasar el inicio del proceso dos meses. “Es lamentable la línea establecida por las dirigencias estatales de los partidos a sus congresistas. Por el contrario, felicito a los diputados que tuvieron el valor de rechazar las indicaciones. En verdad aman a San Luis, a Pozos y no se dejan amedrentar por sus gurús y titiriteros”.

Ante las prisas y descuidos para incluir a Pozos en las elecciones de alcaldes en el 2024, donde Gallardo tiene varios candidatos, el PAN advierte que se puede impugnar el proceso por falta de consultas a los grupos vulnerables, entre otras fallas que analizan los asesores jurídicos. Se sumó el dirigente de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, quien censuró al consejo electoral, que evadió el proceso de insacular, para elegir a los integrantes de las mesas de votaciones. Exigió trasparencia y apegarse a las normas.

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La codicia económica y política, el sustrato para convertir a Pozos en ayuntamiento

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Los medios panegiristas del gobernador Ricardo Gallardo, sostienen que Pozos, por su tamaño e importancia industrial y económica, se puede convertir en el tercer municipio de la zona metropolitana. Según el censo del 2020, tiene 148 mil 168 habitantes. Estiman que en las elecciones del 2024, podría votar el 72%. La gente dejaría de pagar al ayuntamiento de la capital, impuestos que se destinan a seguridad, pavimento y alumbrado. En los últimos comicios, el mandatario actual logró  19 mil sufragios y el candidato del PRI y PAN, Octavio Pedroza, 10 mil 700.  La mecánica es que primero debe enviar al congreso, una iniciativa que debe ser aprobada en comisiones, luego subirla al pleno, para ser discutida por los 27 diputados, de los cuales tener a favor 18. Le ayuda tener de su lado al Partido del Trabajo, Morena y Nueva Alianza, con los que alcanzaría 13 sufragios. Necesita otros 5 de los opositores, que se han manifestado, casi unánimes, en la misma línea del promotor. Entonces, Pozos recibiría de manera directa el presupuesto estatal. Se deben modificar los distritos locales y federales, para tener acceso al congreso y regidores en el cabildo, en los comicios del 2024. Refieren que los últimos municipios en conformarse fueron El Naranjo y Matlapa, en 1994.

Enemigo de la transparencia, el manejo honesto de los recursos y el mínimo contrapeso, en el asunto de convertir a Pozos en municipio, Gallardo echa sus barbas a remojar. Aunque tiene la chequera del erario para comprar el ayuntamiento de la capital al precio que fuera, teme que la ciudadanía manifieste su rechazo absoluto al candidato que proponga para relevar al actual edil, Enrique Galindo, que ya sopesó, no tiene las simpatías del mandatario para reelegirse. Pero la apuesta es doble, en su desmedido empeño de controlar a los 58 ediles, no puede, no debe perder el que ahora promueve, cercano al paroxismo. Hombre de objetivos estrambóticos, además de sentirse artista, un ídolo musical metido a político, obsesivo, busca superar la meta del panista Marcelo de los Santos, el único en las últimas décadas que brincó del ayuntamiento a la gubernatura. Y es lo que busca con el alfil que ponga en la capital o Pozos, sin razonar los estragos que puede conseguir al fraccionar los escuálidos recursos, amén del seguro despilfarro.

Al resto de los alcaldes, además de quitarles las obras más boyantes, que les permitan acrecentar su capital político y económico, con miras a mantenerse en el cargo, los terminó de asfixiar al arrebatarles el manejo del impuesto predial, de los pocos fondos autónomos que les permite subsistir mientras les llegan las migajas centralistas. En el caso de Galindo, que se ha portado prudente y evitado el choque prematuro, no le funcionó el manotazo. Lamenta no ejecutar el gran número de trabajos en diversos puntos de la capital y no tener bajo su férula, los más de 2 mil millones de pesos que recabó por la gabela del predial, que le hubieran servido para contratar al cantante en declive, Luis Miguel o un grupo estruendoso, experto en narco corridos, que lo llevan al clímax. En el tenso y complicado trato que tiene con su vecino, que le hace sombra cada rato, ya sacó el resabio dos veces. Una para reclamarle que no atiende con eficacia la seguridad y otra, por despilfarrar el erario en la juerga turística, en Acapulco, mientras los habitantes padecen la falta de agua.

En sus afanes caciquiles, le molestan otros referentes pasados. Lo acusan de haber borrado el nombre de Antonio Rocha Cordero al archivo histórico. Al periférico que tenía su nombre, ahora, arbitrario, lo llama Circuito Potosí. No tolera que Rocha haya generado un cúmulo de cachorros, la mayoría gobernadores, de donde surgió el guía espiritual y material de Gallardo, al que le debe estar en la cima: el maximato Horacio Sánchez Unzueta. Tampoco acepta la sombra histórica del matador de dragones, Salvador Nava, abuelo del ex alcalde de la capital, Xavier Nava, con el que tiene un pleito suicida. Ya planteó cambiarle el nombre a la avenida que se llama como el ex líder cívico, pero le irrita pedirle el favor a Galindo, al que busca destronar. El ex munícipe Xavier Nava ya planteó lo peligroso para la democracia, que sólo exista una voz autoritaria en San Luis. Los diputados locales están en una encrucijada fatal: si autorizan el 59 municipio para satisfacer el ego de un tirano, serán recordados en la historia como los más pusilánimes y entreguistas.

Aunque los tiene con un pie en el cuello, los diputados locales, antes de recibir la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de convertir a Pozos en ayuntamiento, deben analizar a fondo el atraso, miseria, desempleo y desolación que priva en Soledad, donde los cómplices del mandatario, han manejado a su antojo la hacienda pública. Los únicos que se han enriquecido, son los familiares del también boyante vendedor de pollos. Cometieron un fraude por 50 millones de pesos en el llamado Centro Cultural Doroteo Arango. Ahora como mandatario, Gallardo plantea terminarlo, para ocultar el robo vil. Lo mismo hizo en la avenida Fray Diego de la Magdalena, donde su padre, Ricardo Gallardo Juárez, reportó inversiones por más de 200 millones de pesos, sin colocar un ladrillo. Con los cambios superficiales que le hizo, busca enterrar el asunto sin ninguna consecuencia penal. El móvil de Gallardo Cardona es que necesita más opciones electorales para colocar a sus allegados.

Con el respaldo absoluto de su consejero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sabe que jamás será fiscalizado. Puede ganar la capital en los próximos comicios, sin el mínimo esfuerzo. Pero lo atosiga la demanda clientelar. Busca acomodar como relevo del edil Enrique Galindo, a su padre. Ya sumó al magnate Juan Carlos Valladares, al que controla como secretario de desarrollo económico. Impulsivo y sistemático ocurrente, no descarta a su cónyuge, la presidenta estatal del DIF, Ruth González, ya que hace mucho tiempo, los potosinos no son guiados por una mujer. Además, tiene una deuda moral, histórica y de confianza, con el secretario de comunicaciones y transportes, el feroz tribuno, Leonel Serrato, que antes lo llamó mafioso, delincuente y secuestrador. Entonces, en el esquema de ampliar el mercado de chambas y aumentar su peculio, que lo convierta en el hombre más rico de San Luis, si es prioritario para Gallardo, hacer municipio a Pozos.

Inspirado en la codicia política y económica, molesto porque tiene en Galindo un contrapeso que le quita los reflectores cada rato, Gallardo desempolvó el tema de convertir a la delegación de Pozos en municipio, lo que le permitiría colocar en el mediano plazo, otro pelele, como ha ocurrido con la mayoría de alcaldes de Soledad, que maneja de manera secreta y abierta. No son alcaldes, se trata de auténticos veladores que le cuidan la hacienda pública, que maneja a su antojo, sin el mínimo castigo. Y repite la misma conducta con el erario del estado. Aunque tiene bajo su férula al congreso, tampoco puede imponer en lo inmediato, un consejo municipal, con lo que violentaría la constitución local. Ni argumentar que existe ingobernabilidad para desaparecer los poderes constituidos. Algunos expertos consultados, plantean que la iniciativa se podrá aplicar en los comicios del 2024. Pero Galindo puede entablar una controversia constitucional, si lesionan sus aspiraciones para reelegirse, exigir que lo dejen competir sin quitarle la demarcación de Pozos.

Como sabe que lo rechazan en la capital, Gallardo busca anticiparse y crear un ayuntamiento paralelo, que le permita quedarse con los jugosos aranceles que aporta la zona industrial, un lugar en pujante desarrollo. A Pozos también se le define como el reducto de los fraccionamientos sin control, donde el costo de la tierra se ha elevado de manera exponencial. En la etapa que su padre Ricardo Gallardo Juárez fue alcalde de la capital, lo denunciaron de cometer viles despojos de tierras ejidales a una decena de víctimas. Tuvo de socia en el ilícito a la anestesióloga María Luisa Ramos, ex cónyuge del ex gobernador de bajísimo perfil, Fernando Toranzo, al que pronto habrá de encarcelar, por haberlo convertido en reo. Entonces, ya con el pleno control de Pozos, se convertirá en un zar inmobiliario. Y como planea durar al menos 6 sexenios consecutivos como dueño del presupuesto, sueña con tener otro Soledad para su completo beneficio. Y que los potosinos de la capital, se atengan a las consecuencias.    

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La ocurrencia de Gallardo de convertir a Pozos en municipio, ya lo prohíbe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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El doctor en derechos humanos, Francisco Parra Barbosa, denunció que la ocurrencia del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, de convertir a Pozos en municipio, no tendrá éxito, ya que se lo impide una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expedida en el 2003, cuando un grupo de la demarcación, encabezados por el pujante Cirilo Juárez, no lo consiguió. Agotaron las instancias judiciales y perdieron. El criterio fue que Pozos no reúne los requisitos para convertirse en el municipio 59. No tiene el número de pobladores requerido, tampoco la extensión territorial que se exige. Además, el alcalde de la capital, Enrique Galindo, puede oponerse, refugiarse en la autonomía del ayuntamiento, defender los intereses de la mayoría y demostrar que no está subordinado al ejecutivo.Resaltó que el cacique huasteco, Gonzalo Santos, para restarle fuerzas al navismo, hizo a Pozos municipio, pero no le resultó la jugarreta. Dejó de serlo porque las leyes que lo crearon, ya no estaban vigentes en el 2003. El asunto se resolvió en el 2004 y quedó como un veredicto firme. Precisó que Gallardo, aunque maneja a su antojo al congreso, tampoco podrá satisfacer su capricho. El tema está sobreseído. La Suprema Corte decidió no entrar a fondo, porque no había materia legal para hacerlo. También se puede invocar el principio, que un asunto no puede juzgarse dos veces. Se dice non bis idem, en latín. Si quiere manejar un plebiscito amañado, no procederá, ya que la figura se usa para conocer el punto de vista democrático en asuntos políticos. No es aplicable en temas económicos ni territoriales. Y si insiste en llevar el asunto a los tribunales, volverán a perder. «Conozco el caso porque lo abordé hace años, cuando me pidieron una consulta. Se resolvió con la acción de inconstitucionalidad 5/2003”.“El propósito de hacer a Pozos municipio, obedece a la voracidad de Gallardo por el dinero público. Nadie lo ha solicitado de nuevo, salvo los corifeos del gobernador. El gran motivo es adueñarse de la obra pública municipal, de las arcas, expoliar por décadas, la zona industrial. Si sucede, la familia Gallardo se convertirá en los nuevos caciques, como lo fueron hace 100 años, los hermanos Díez Gutiérrez, que se adueñaron en la época porfirista de San Luis Potosí por 40 años”.Añadió que cualquier cualquier intento por pulverizar al ayuntamiento de la capital, será improcedente en términos legales. Por una razón muy sencilla, no se pueden invocar normas que ya no están vigentes. “Si a Pozos lo quieren hacer municipio, es por capricho y ocurrencias de Gallardo y sus asesores, no por una necesidad vital. Lo que se observa en otras partes del país, es lo contrario. Las zonas metropolitanas llegan a convertirse en megalópolis. Está Guadalajara y Monterrey, con sus municipios conurbados, como Apodaca, Escobedo, García. Entonces, ¿por qué en San Luis Potosí tiene que suceder lo contrario? Lo lógico es que la capital del estado, tenga el control territorial, político y económico de Soledad, Villa de Reyes, Zaragoza, Mexquitic, Villa de Arriaga y no al revés. No cabe duda que Gallardo, además de ignorante, causa lo contrario al desarrollo, provoca miseria y retraso”.“Si Gallardo insiste en quebrantar la ley y convierte a Pozos en municipio, será el más rico de la entidad, el más rentable. Se va a cebar con los impuestos de la zona industrial. Pero le va a generar severos daños económicos a la capital. Desde la perspectiva económica, Pozos será después la capital de San Luis. Se debe sumar el criterio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática”.

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Gallardo busca convertir a Pozos en otra Soledad, para quedarse con el erario

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Inspirado en la codicia política y económica, molesto porque tiene en el alcalde de la capital, Enrique Galindo, un contrapeso que le quita los reflectores cada rato, el gobernador Ricardo Gallardo, desempolva el tema de convertir a la delegación de Pozos en municipio, lo que le permitiría colocar en el mediano plazo, otro pelele, como ha ocurrido con la mayoría de alcaldes de Soledad, que maneja de manera secreta y abierta. No son alcaldes, tiene auténticos veladores que le cuidan la hacienda pública, que maneja a su antojo, sin el mínimo castigo. Y repite la misma conducta con el erario del estado. Aunque controla sin el menor esfuerzo el congreso del estado, tampoco puede imponer en lo inmediato, un consejo municipal, con lo que violentaría la constitución local. No puede argumentar que existe ingobernabilidad para desaparecer los poderes constituidos. Algunos expertos consultados, plantean que la iniciativa se podrá aplicar en los comicios del 2024. Pero Galindo podría entablar una controversia constitucional, si lesionan sus aspiraciones para reelegirse, exigir que lo dejen competir sin quitarle la demarcación de Pozos. Como sabe que lo rechazan en la capital, Gallardo busca anticiparse y crear un ayuntamiento paralelo, que le permita quedarse con los jugosos aranceles que aporta la zona industrial, una zona en pujante desarrollo. A Pozos también se le define como el reducto de los fraccionamientos sin control, donde el costo de la tierra se ha elevado de manera exponencial. En la etapa que su padre Ricardo Gallardo Juárez fue alcalde de la capital, fue denunciado de cometer viles despojos de tierras ejidales a una decena de víctimas. Tuvo de socia en el ilícito a la anestesióloga, María Luisa Ramos, ex cónyuge del ex gobernador de bajísimo perfil, Fernando Toranzo, al que pronto habrá de encarcelar, por haberlo convertido en reo. Entonces, ya con el pleno control de Pozos, se convertirá en un zar inmobiliario. Y como planea durar al menos 6 sexenios consecutivos como dueño del presupuesto, sueña con tener otra Soledad para su completo beneficio. Y que se frieguen los potosinos de la capital.    

El trágico futuro de los potosinos se escribió cuando el cirujano de bajísimo perfil y de conducta bipolar, Fernando Toranzo Fernández, acató las órdenes imperativas del maximato, Horacio Sánchez Unzueta, para despejar el camino al que sería su relevo, el entonces secretario de educación, Juan Manuel Carreras López, que consignó en su currícula, como gran logro político, haberle cargado el maletín al ex gobernador interino, Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, considerado por muchos, “el maestro” del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Gracias a Sánchez y otro de sus alumnos, Fernando Silva Nieto, el doctor en derecho fue secretario de desarrollo social, de programación y presupuesto y diputado federal. Se hizo amigo del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa cuando compartieron aulas en la Escuela Libre de Derecho. Pero al jefe político de la entidad se le iba a complicar el último dedazo para imponer al tartufo de Carreras, al aparecer en el escenario, el dueto de los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona.

Entonces el triunvirato, formado por Sánchez, Toranzo y el secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, planearon quitarse al alcalde con licencia, Gallardo Cardona, que era puntero en las encuestas para ganar la gubernatura. Aprovecharon la coyuntura nacional de los 43 estudiantes desparecidos de la normal rural de Ayontzinapa Guerrero, donde estaba implicado el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Además, el desastre nacional de la inseguridad que provocó la guerra fallida de Calderón contra el narcotráfico. También aprovecharon la pugna interna del PRD, donde los Gallardo se confrontaron con el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, que exigió al actual gobernador, someterse al código de ética del partido, para evitar otros descalabros, similares al de Abarca.

Los conspiradores aprovechan la coyuntura para sacar ventaja. Le venden la inquina al entonces mandatario Enrique Peña, ávido de reivindicarse por el fracaso para contener el avance y poderío de las pandillas del narcotráfico.