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Los tropiezos de Arnulfo Urbiola

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Los críticos del alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, denunciaron que le pagó un millón de pesos, en su segunda campaña por la presidencia municipal, a la asesora de imagen, Patricia Elton, esposa de un militar, cercano en los afectos del edil. El objetivo era limar su imagen como jefe del peligroso grupo de Los Talibanes, que tienen denuncias por violentar las garantías mínimas de los ciudadanos. Pero los resultados fueron adversos. Urbiola, que asume modales castrenses, no perdió el estilo de caminar con dos imaginarias sandias bajo los brazos. El ex jefe de la policía judicial estatal y federal, Julio Alfredo Ceballos Alonso, ha estudiado y documentado de cerca el perfil del controvertido funcionario. Establece que Urbiola es manejado por el ex jefe de bomberos y actual director de desarrollo social, Hilario Vázquez, que actúa con inteligencia militar. Urbiola está cooptado por los líderes de facciones políticas que encabezan los ex diputados locales, Óscar Bautista y Rosa María Huerta. Le paga cantidades millonarias, por concepto de propaganda, al primer regidor, Isaías Rivera, que controla la difusora XEEM, con gran alcance en la zona rural, como parte de su estrategia tempranera para reelegirse en el cargo. Pero tiene un gran inconveniente: no goza de las preferencias del gobernador Ricardo Gallardo, con el que se ha confrontado en público. Urbiola prefiere ejecutar por su cuenta, la mayoría de obras, que le ayuden a recuperar lo gastado en actos proselitistas, que entregarle el manejo al grupo de contratistas que regentea el mandatario, que tiene como meta, ganar la alcaldía en los próximos comicios, a través de varias figuras que militan en el Verde Ecologista. Ante el negro panorama que lo asedia, Urbiola se proyecta como el proveedor número uno de la localidad. Ya es criticado por anidar aviadores en algunos departamentos. Empieza a cometer los mismos errores de su antecesor, el diputado local, Ramón Torres García, al que ha acusado de haberse robado más de 800 millones de pesos en 6 años de fatídico desempeño. Para contrarrestar los posibles ataques de Gallardo, el edil contrató los servicios del espía que tiene cargo de asesor, Karim Barrera Islas, ex oficial mayor del ayuntamiento de Soledad, otrora cuadro cercano a la familia Gallardo, de la que conoce los intríngulis más delicados. Ante un choque inevitable y brutal, no se sabe quién puede ganar o perder.

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El auténtico enemigo de Rioverde es Jaime Suárez Altamirano, dice Ortiz Vázquez

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El litigante Carlos Alberto Ortiz Vázquez, hijo del ex alcalde Margarito Ortiz Saldívar, denunció al ex secretario de gobierno, Jaime Suárez Altamirano, de haberse colocado como albacea, en el juicio que enfrenta contra el ayuntamiento de Rioverde, donde logró un veredicto favorable para que les cubran ahora, mil 500 millones de pesos. Expuso que por ley, al fallecer su progenitor, le toca a su madre estar al frente de la querella y cobrar el adeudo, que califica de impagable. Precisó que los ex ediles, Sergio Gama y Salvador Izar, les ofrecieron cerrar el caso en 30 millones de pesos, pero Suárez exigió 70, lo que arruinó las negociaciones. Ortiz lleva 37años de pisar los juzgados en busca de un resolutivo final, por lo que, junto con la familia, buscan un acuerdo en el lapso inmediato, sin indemnizaciones exageradas. Resalta que el auténtico enemigo del municipio es Suárez Altamirano, no su progenitor. Para combatir al inescrupuloso ex funcionario, al que han demandado diversos clientes, buscará la asesoría de los combativos abogados, Gustavo Barrera y José Mario de la Garza.

-Muchos se sorprendieron de la jugarreta que le hizo a su familia, el litigante Jaime Suárez Altamirano, que le dio un vuelco jurídico al testamento de su padre, Margarito Ortiz, al ponerse como albacea, en lugar de su madre, heredera del juicio que sigue con el ayuntamiento de Rioverde.

-Consiste en las artimañas que el señor hace valer, en las que se apoyó durante mucho tiempo para beneficiarse en lo personal y no resolver un conflicto que generó en lo individual y lo hizo grande. Fue como logró una cuenta gigantesca, impagable. Siempre supo que no se iba a saldar. Mi papó no la creó, lo fastidió para generarle y adjudicarle los famosos costos financieros. El monto inicial fue de 23 millones de pesos, los que eran suficientes. Nos pagan y nos vamos. Nosotros no estamos interesados es percibir más dinero, ni en perjudicar el desarrollo del municipio, como se lo hizo saber a diferentes alcaldes.

-¿Cuándo debió terminar el litigio?

-En la etapa que estaba como edil don Fausto Izar, nos ofreció 30 millones. Lo mismo que Sergio Gama y los permisos para que se instalara una tienda de Soriana en los terrenos de la feria, que nos habían dado como adelanto de pago. Según lo que conozco, en una asamblea de cabildo, los regidores ofrecieron pagar 30 millones. Pero Suárez Altamirano dijo que eran 70. Entonces, dos de los presentes, de apellido Nava y Verástegui, se paran y comentan que ya no había acuerdo. Después se dieron varios acercamientos. Gama tuvo mucha voluntad de pagar, pero ya transcurrieron 15 años desde que ocupó el cargo.

“Mi papá no dudó en aceptarlos, como familia queríamos estar en paz y que gozara su vejez. No lo pudo hacer por todas las mortificaciones que le provocó Suárez, que siempre quería más y más. Lo hostigaba por todos lados, teléfono, correos, mensajes, para ganar más dinero. Sabe que son impagables los mil 500 millones. Ya no queremos generarle problemas al ayuntamiento, buscamos estar en paz. Jaime Suárez fabricó todo. Se lo dije muchas veces a mi padre, nos pintó como gente mala, mercantilista. Le insistí que el pago de los 30 millones era justo”.

-Se dio una lección financiera, ¿más vale poco seguro, que mucho en el aire?

-No, pues nomás lo que era, se le cubren sus honorarios y se acabó. Nadie paga tanto dinero, ¿de dónde? Nunca hemos sido ricos, vivíamos con solvencia y teníamos lo suficiente con las concesiones de cerveza. Le sobraban amigos a mi padre. Pero Suárez se los quitó, lo mismo el dinero. Le generó un gran daño moral.

-Su padre manejó que había elaborado un testamento donde estableció que sus próximas 4 generaciones, iban a continuar el juicio. Ahora usted dice que existe otro testamento, ¿cuál es el válido?

-Habrá que analizarlo, ya que Suárez, con base en artimañas, tiene un documento hecho a su medida. Alega que mi padre lo firmó. Un dicho muy coloquial de Jaime Suárez es que los padres inician los juicios, los hijos los siguen y los nietos los resuelven. Es lo que puede suceder en otros asuntos. En Rioverde, que no lo espere. Ya estamos fastidiados, cansados, hartos. Cómo es que el mismo abogado nos demande. Es un abuso en  primera instancia. Mi padre fallece el 15 de agosto del 2021, entonces me di cuenta que existía otro testamento. En los tiempos en los que yo estudié en su despacho, tenía mucha relación con notarios, ya que fue secretario de gobierno. Nos decía que debíamos estar alineados, ya que no le podíamos hacer nada en términos legales, pues tenía arreglado todo con el poder judicial.

-En el nuevo testamento, ¿qué establece?

-No lo he checado, lo tienen los abogados, pero se que nos hizo una jugada, porque se nombró albacea, es juez y parte. Es conflicto de intereses. La albacea es mi mamá, lo establece la  ley, no un extraño. No una persona oportunista, arribista. Yo me opuse, mis hermanos, por ignorancia o temor, no lo hicieron al principio, pero ya están conscientes y miran cómo ha actuado. Suárez se molestaba cuando lo íbamos a verlo todos juntos. El señor solo quiere negociar en los términos que le convengan, pero nunca nos ha tomado en cuenta. La norma manda que debe tomar en cuenta a los herederos. Mis hermanos y yo, no queremos saber más del asunto. Hablamos con el actual alcalde, Arnulfo Urbiola. Le dijimos que estamos dispuestos a que se acabe el problema de la manera que sea.

“Lo que no queremos es andar en los juzgados, donde llevo 37 años, estamos fastidiados. Tengo 50 años y desde la primera vez que pusieron la demanda, he estado presente. Desde entonces le dije a mi papá, no tenía por qué demandar al ayuntamiento. Mejor a las personas que se robaron el dinero. Si me hubiera hecho caso, pudimos evitar el problema. El concesionario de la cerveza Carta Blanca de Matamoros, le recomendó que nunca se echara malas con el gobierno. Al contrario, siempre en términos positivos. Nosotros y algunos colaboradores de Suárez no hemos logrado nada. Pero se pinta como el gran abogado que ganó el juicio más largo de la historia. Pregúntenle a los hijos del empresario David Rangel, a las familias Zárate y Nieto de Rioverde, si es cierto lo que presume. Todos sus clientes lo han demandado muchas veces”.

“Ya no queremos que nos represente, pues solo quiere fastidiar al gobierno estatal y ayuntamiento. No queremos saber nada del tema. Mi papá ya no está, para qué. Suárez siempre ha sido el terco. Fue el que lo aconsejó, pelearse con el ayuntamiento. Sus dichos textuales son: si alguien tiene dinero, es el gobierno. Hay que demandarlo. El juicio ahora está parado, porque nosotros no lo autorizamos. Recuerdo que los ex munícipes Fausto Izar y Sergio Gama, ofrecieron 30 millones. Pedro Luis Naif y Salvador Izar, también quisieron negociar. Incluso lo traje a mi casa, porque éramos muy amigos. Pero nunca se llegó a ningún acuerdo y ya sabemos las consecuencias. Hubo varias ofertas y se pudo pactar desde antes, pero Suárez siempre se opuso”.

-¿Con Urbiola es factible cerrar el asunto, donde ambas partes negocien con ventaja?

-Veríamos la manera de no perjudicar al ayuntamiento, platicar con los regidores, no hablar de cantidades exorbitantes, locas y desubicadas. Hay una sentencia, pero es inaccesible. Se pretende borrar la cuenta. Mi familia busca colaborar. Suárez debe recapacitar que mi padre falleció, que también es un hombre grande y llegar a un acuerdo, pero nunca se ha parado a dialogar con nosotros. Ya basta de tanta ambición, el mundo es un verdadero desastre, con guerras y pandemias, para agregarle más daño. Suárez traicionó la confianza de mis padres y hermanos, que también están molestos. Un día los citó en Rioverde, un colaborador de Suárez, un tal Rogelio Esparza. Algo iban a negociar, pero regresaron más enojados y se fueron rápido a la capital. A mi papá, Suárez le hizo muchas chicanas.

“No nos dimos cuenta hasta tiempo después, porque se molestaba si alguien lo acompañaba. Siempre quería que fuera solo. Nunca nos dejó entrar a las reuniones que lo citó. Nosotros supimos algo del testamento, antes de la muerte de mi progenitor. Uno de sus amigos, que también en paz descanse, Fidel Segovia Morales, de Cedral, me dijo que estaba muy molesto, por unos documentos que había hecho Suárez, respecto a mi padre. Todo quedó en que luego me platicaba y se murió a los dos meses. Mi papá falleció de tanto coraje que hizo con su representante legal. Empeoró cuando se dio cuenta que le hizo trampas. Nosotros se lo dijimos desde mucho antes. Suárez es muy estudioso, dedicado, pero mal agradecido con sus clientes. Está de muestra David Rangel y muchos que lo han contratado. Les ha jugado chueco”.

-El hecho de que el juicio haya durado muchos años, ¿significa que Suárez Altamirano es un gran litigante?

-No, claro que no, esperamos las resoluciones judiciales para que nuestros abogados vean la manera de ya no perjudicar al municipio. Tampoco hemos interpuesto alguna querella contra Jaime Suárez. Los abogados José Mario de la Garza y Gustavo Barrera, al que visitamos en su despacho, antes le ayudó a mi papá muchos años, con los asuntos del Seguro Social. Luego se perdió la amistad por culpa de Suárez. El ayuntamiento contrató a Barrera para finiquitar el adeudo, pero otra vez Suárez no lo dejó. Lo mismo sucedió con Ángel Candia Pardo, con iguales resultados.

“El auténtico enemigo de Rioverde ha sido Jaime Suárez, no Margarito Ortiz. Lo convenció de todas las formas posibles, lo presionó sin reposo. Fue mucho el desgaste físico y emocional. Mi padre era deportista, amiguero, pero se apagó de manera lenta, hasta el final. Nosotros no queremos lo mismo, ya estoy lleno, después de tantos años de complicaciones. Casi toda mi vida he estado en el juicio y ni para cuando se cierre el caso. Es algo fácil y tan difícil a la vez. No hay como los acuerdos sanos. Suárez debe entrar en razón y ver el perjuicio que ha ocasionado a la ciudadanía”.

-¿Cómo estuvo el caso de Soriana, que buscó rentarle a su padre los terrenos de la feria, para instalarse?

-Según tengo entendido, Suárez quería negociar por su lado.  Nosotros, por medio de unos amigos, platicamos con los representantes de la empresa. Habíamos acordado una cuota de 160 mil pesos al mes, cuando era alcalde Sergio Gama. El entonces regidor, Eduardo Castillo, fue el intermediario. Ambos siempre tuvieron la voluntad de finiquitar el tema. En el supuesto de que se instalara la tienda, hubiera generado múltiples empleos, cines, una filial de Parisina, que vende telas de ropa. Trae muchos negocios anclas, lo que implica empleos. Son tres y media hectáreas, pero sólo les íbamos a rentar dos. Es donde debe ser la feria de Rioverde, ya que es un predio céntrico, con suficiente espacio. En la última edición, tuvimos problemas, porque le ofrecimos el espacio al alcalde Urbiola. Pero Jaime Suárez hizo todo lo posible para perjudicarnos. Lo puede comprobar el comerciante de churros, Salvador Granja, que es el presidente del patronato. No obstante, lo logramos, aunque se opuso Suárez, que es muy problemático.

“En los 37 años que litigó mi papá, logro los terrenos de la feria. Los que para mis demás hermanos son suficientes. Buscamos estar en paz, pero el problema es Suárez, no podemos quitárnoslo de encima. Necesitamos llegar a un acuerdo para terminar de una vez por todo el problema. Pero el señor es ambicioso, siempre quiere más de lo que le ofrecen, por lo que no resuelve nada. Es por lo que buscamos contratar otros abogados que nos ayuden a resolver el entuerto. Hay que leer muy bien lo que uno signa, estar siempre muy abusados. Mi papá se confió de más. Es como se manejan los asesores, hacen firmar hojas en blanco para cualquier asunto que se requiera. Hay que actuar de manera leal y legal. No puede haber dos testamentos distintos. Confiaba mucho en Suárez y terminó por traicionarlo”.

“Jaime Suárez Altamirano ha alargado el juicio de manera perversa y malévola. Quiere decidir en todo, pero el asunto es de nosotros, no suyo. Mi papá se benefició mucho cuando fue distribuidor de la Pepsi-Cola y de la cerveza Carta Blanca. Era muy conocido, por lo que fue alcalde. Suárez siempre quiere ser el ganador y lo convenció de la peor manera para actuar. Tiene muy mala fama el señor, no pierde nunca nada. Es malévolo, no se le olvida nada, es mal intencionado. A mi padre se le fue la vida en el juicio, nosotros buscamos que se acabe”.

“Suárez no se tienta el corazón para lastimar al que se le cruza en el  camino. El diablo se queda chico a su lado. Es una persona peligrosa. Busca quitarnos del caso y ser el único interlocutor. Es claro que mi mamá, por ley, le toca. Además, es ilógico, ¿cómo el abogado va a ser la albacea? Los litigantes no pueden quedarse con los bienes de los clientes. Lo que queremos es finiquitar el tema y no pararnos más en los juzgados. Y que Suárez se vaya a fastidiar a su familia. Solo esperemos que entienda razones. El juicio ya se acabó. A la gente le recomiendo, no se metan en pleitos, litigios, menos en México, donde estamos de lo peor”.

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En dos trienios, en Rioverde, el ex alcalde Ramón Torres y sus cómplices, se pudieron quedar con 800 millones de pesos

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En la entrega-recepción y en los primeros días que llegó al cargo, en el nuevo gobierno municipal de Rioverde, que encabeza el transportista Arnulfo Urbiola, salen a relucir los incontables desfalcos que dejó el ex alcalde, Ramón Torres García y su camarilla de funcionarios, que durante 6 años, se enriquecieron a costa del erario. Se estima que tan solo en sobreprecios de obras y moches, se habrían embolsado un jugoso porcentaje que supera los 800 millones de pesos.

Por cada obra asignada, exigían el 18 % del costo, el cual se repartía de la siguiente manera: 10% para el edil, 5% para el director de desarrollo social, Daniel Nieto Caraveo, 2% para el tesorero Horacio Balderas y el 1% para la secretaria de la tesorería, Crisol Quiroz. El ayuntamiento de Rioverde manejó en el último año, solo de los Fondos Federales de Fortalecimiento Municipal, conocido como ramo 33 y del Fondo de Infraestructura, 138 millones de pesos, que multiplicados por 6 años, suman más de 820 millones de pesos. Los pudieron incrementar si hacen convenios con otras dependencias, pero optaron por el conformismo.

Para cerrar sus negocios al frente del ayuntamiento, los exfuncionarios se repartieron más de 4 millones de pesos de indemnizaciones. Los beneficiaros del finiquito, además del alcalde, fueron el secretario, Rubén González Juárez, el oficial mayor, Francisco Javier Esparza, el director de desarrollo social, Nieto Caraveo, el tesorero, Horacio Balderas y el director de compras, Cuauhtémoc de los Santos, entre otros.

En el segundo trienio, las obras que ejecutaron, en su mayoría, fueron adjudicadas en forma directa o invitación restringida, para evadir la ley de obra pública. Para evitar los concursos, las fraccionaron. Torres y su círculo cercano tenían sus constructores consentidos. La gran mayoría de las obras de alumbrado público, se las repartieron a Jaime Humberto Acosta Aranda, a la empresa Drovot Ingeniería Integral, Sergio Fernández Robles e hijos, Felipe Verástegui Díaz y José Luis Rodríguez Ortiz. Verástegui y Rodríguez facturaban como personas físicas y son los dueños de Drovolt, creada en el 2017. Sobre las 68 obras que ejecutó Ramón Torres en los últimos tres años, 41 se las otorgó a Drovolt, 18 contratos a Felipe Verástegui y 11 a José Luis Rodríguez. Detrás de las maniobras estarían los hijos de Ramón Torres.

En las triangulaciones para acaparar las obras de alumbrado público, participaron al mismo tiempo como personas físicas y morales, en complicidad con los ex funcionarios encargados de repartirlas. Se podrían concretar los delitos de fraude y colusión. Arnulfo Urbiola contempla presentar en los próximos días, una denuncia ante la Fiscalía General de la República, a través de los síndicos.

Las chicanas también se replicaron en compras y adquisiciones. Sobresale como proveedor número uno, el amigo íntimo del ex edil, Fernando Marcos García Barrera, que a través de sus empresas, Comercializadora Marquet y Prodel, facturó una gran cantidad de artículos, como materiales de limpieza, juguetes, focos de navidad, despensas, papelería, publicidad, lubricantes y combustibles, sin tener gasolineras. García Barrera, en el primer trienio de Torres, se desempeñó como director de Servicios Públicos Municipales. Su hermana, Ana Bertha García Barrera, era la segunda sindica suplente. Aparece además Gabriel Martínez, hijo del ex edil del mismo nombre, que fue también el principal beneficiario como vendedor de las lámparas led que colocó Torres. Los precios están muy elevados.

A Martínez se le ubica como amigo y prestanombres de uno de los hijos del ex edil. Los sobreprecios de las obras que se ejecutaron a través del departamento de Desarrollo Social, que manejó el presidente de facto, Daniel Nieto Caraveo, en el último año, muestran la punta del iceberg en el manejo arbitrario de los recursos. El ahora coordinador de servicios internos del congreso, dejó presupuestadas e iniciadas 5 obras por 8 millones 622 mil 195.99 pesos. Consisten en el mejoramiento de vivienda, guarniciones, banquetas, un pavimentado y

mantenimiento de vehículos. Al realizar un ajuste de los costos de los trabajos sobrevaluados, el actual coordinador de desarrollo social, Hilario Vázquez, redujo el gasto a casi a la mitad. El dinero rescatado se utilizará para ejecutar 4 obras más.

Es decir, de 5 programadas, ahora se harán 9. Nieto Caraveo proyectó las guarniciones y banquetas en la segunda privada de San Salvador a la avenida Universidad, en el Puente del Carmen, con un costo de 2 millones 68 mil 694. 44 pesos. Ahora se hará con un millón 235 mil pesos. El sobreprecio era de 833 mil 694.44 pesos, ya que le iban a poner adoquín, para darle mayor plusvalía a inmuebles que posee Torres en la vía. Se programó un pavimento en Framboyanes, en un millón 271 mil 182 .55 pesos. Ahora se hará en un millón 155 mil pesos, con los mismos materiales y dimensiones.

En mantenimiento de vehículos de desarrollo social, Nieto Caraveo planeó gastar 807 mil 912 pesos. Se redujo el gasto a más de la mitad, 423 mil 436 pesos. Ahora se aplicarán 384 mil 476. 45 pesos. Vázquez también canceló 4 obras en las que Nieto Caraveo planeó gastar más de 7 millones de pesos, entre las que se encuentran, perforar un pozo de agua potable en la comunidad de Palmillas, por no contar con el permiso de la Comisión Estatal del Agua. Un pavimento en Jacarandas, en el Puente del Carmen, donde buscó invertir un millón 381 mil 299.93 pesos. No le importó que sólo hay dos beneficiarios, una casa y un salón de fiestas, propiedad de una comadre de Ramón Torres.

Dejaron pendientes 21 obras por finiquitar, las cuales se supervisan y auditaran. Las que se encuentren en pésimas condiciones o no cumplan con la calidad del proyecto, no serán liquidadas. Y se dará parte a la Auditoria Superior del Estado. El derroche de recursos por parte del círculo cercano al ex alcalde, era evidente. Nieto Caraveo se trasportaba en una camioneta de lujo marca Hilux 4×4, con asientos de piel. Mientras, los ciudadanos padecieron la falta de patrullas y camiones de basura. Las que dejaron, se encuentran destartaladas, igual que los inmuebles del patrimonio municipal, como el edificio de seguridad pública, que se encontró vandalizado. No se halló un stand de tiro, en el que se invirtieron más de 2 millones de pesos.

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Obras infladas, pagos sin comprobantes y desvíos para sostener a 52 presuntos aviadores, algunos de los reclamos que la Ase le documenta a Ramón Torres García en Rioverd

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Irregularidades en la obra pública, manejo de recursos arbitrarios, gastos sin comprobar, pago a trabajadores sin registro en la nómina, son algunas de las fallas que se exhiben en el último arqueo a la cuenta pública del ayuntamiento de Rioverde que encabeza el panista José Ramón Torres García.

Uno de los fondos que revisó la Auditoria Superior del Estado es el de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el que seleccionaron 70 millones 757 mil 995 pesos, de los cuales se revisaron 49 millones 705 mil 420 pesos, que representan el 70% de los recursos.

La Ase realizó 35 observaciones, de las cuales 18 fueron solventadas. Las 17 restantes generaron 6 pliegos de observaciones, 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 recomendaciones. El monto del pliego de reclamos es de 2 millones 543 mil 709 pesos.

Entre los registros contables, se presume un daño a la hacienda pública por parte del equipo de Torres por un millón 757 mil 657 pesos en erogaciones no comprobadas. Se suma un millón 125 mil 218 pesos en gastos que no se sustentan en documentos que justifiquen el destino.

En obra pública, donde apenas se auditaron 15 trabajos, existen anomalías por 47 mil 494 pesos en conceptos pagados y no ejecutados. Se añaden 219 mil 946 pesos en penas convencionales. Se agregan 62 mil 173 pesos por volúmenes pagados en exceso. Otros 26 mil 555 pesos en sobreprecios.

En gastos indirectos, se presume un daño a la hacienda pública por 429 mil 884 pesos por el pago de «mantenimiento de vehículos» y «evaluación del fondo 2019», que no están considerados en el catálogo de los lineamientos generales y no se vinculan con las verificaciones y seguimiento de las obras y acciones pagadas.

La Ase abordó otro segmento del mismo fondo por el monto de 65 millones 203 mil 935 pesos, de los cuales auditó 54 millones 38 mil 747 pesos, que representan el 84% de lo seleccionado. La instancia determinó 24 fallas, de las cuales 20 fueron solventadas. Las 4 restantes generaron 2 pliegos de observaciones y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. En los registros contables, se presume un probable daño al erario por 60 mil 232 pesos, por el pago de erogaciones no comprobadas. En obra pública, se expone un daño a las arcas por 18 mil 227 pesos debido a los sobreprecios.

La Ase abordó los Recursos Fiscales y Participaciones Federales a Municipios, de los cuales se seleccionaron 192 millones 286 mil 504 pesos, de los que se auditaron 148 millones 974 mil 944 pesos, que representan el 77%. Se desprenden 33 reclamos, de los cuales 13 fueron solventados. Los 20 restantes generaron 6 pliegos de observaciones, 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y una solicitud de aclaración

En servicios personales, reclamaron el pago de un total de 213 plazas. Pero el Tabulador de Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal del 2019, sólo contempla 161. Hay un excedente de 52. Se pagaron las figuras inexistentes de auxiliar operativo y velador.

Le cubrieron a 13 trabajadores, erogaciones superiores en forma indebida. Se desprende un daño a las arcas por 920 mil 885 pesos en el pago de dietas a integrantes del cabildo, en importes superiores a los autorizados En materiales y suministros, es factible un desfalco por 160 mil 358 pesos, ante la falta de documentos comprobatorios.

Le endilgan a Ramón Torres sanciones administrativas al omitir papelería en trámites internos que justifique el gasto de 100 tambores. En servicios generales, hay un faltante de 402 mil 397 pesos, por el pago no comprobado de publicidad, mantenimiento de equipo de transporte, energía eléctrica y gastos de orden social.

En transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se presume un posible menoscabo a la hacienda por un millón 708 mil 616 pesos, en erogaciones no comprobadas por concepto de transferencias internas a ayudas sociales. En adquisiciones, arrendamientos y servicios, puede haber un desfalco de 365 mil 795 pesos, en la compra de bienes muebles no comprobados. En obra pública, el daño asciende a 134 mil 754 pesos en sobreprecios.

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Buscan formar comité de la verdad para enjuiciar a Margarito Ortiz por fraude y peculado

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Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la picota al ex mandatario Marcelo de los Santos, experto en falsear auditorias públicas, en Rioverde, un grupo de ciudadanos buscan que a través de un diputado federal de Morena, les ayude a combatir las históricas corruptelas del ex alcalde Margarito Ortiz Saldívar, al que le podrían deber hasta ahora más de 2 mil millones de pesos, por concepto de un préstamo de 21 mil pesos que hizo de sus bolsillo al ayuntamiento para hacer obras sociales. Los afectados reconocen que en la vía civil, el asunto está finiquitado. Pero miran una rendija en el ámbito penal, donde pueden acusar al otrora comerciante cervecero de fraude y peculado. “Es un sádico bribón”, refieren, ya que ha planteado a diversos munícipes, lo registren en la nómina como “aviador de lujo” y le paguen en promedio, cada mes, 3 millones de pesos, hasta que le cubran el capital. A cambio, para demostrar su humanismo, le perdona los intereses a sus morosos deudores.

El asesor legal de Ortiz es el ex secretario de gobierno, Jaime Suárez Altamirano, que por casualidad, ganó la querella en la etapa que colaboró en el cuatrienio de su jefe, el maximato Horacio Sánchez Unzueta. A la fecha, Ortiz ya embargó varias hectáreas de alta plusvalía, donde antes se efectuó la Feria Regional de Rioverde, que contaba con un complejo de oficinas. Se le complicó quedarse con las instalaciones del DIF municipal. El ayuntamiento ha realizado defensas exiguas. Tampoco consiguió avances con el famoso fiscalista, Gustavo Barrera López. Se sabe que Suárez cobra un 20% del monto de las ganancias. Para vencer los estragos del tiempo, Ortiz hizo un testamento previsor: autoriza a sus descendientes que llegan al cuarto ciclo, continuar el pleito. Los afectados miran como única salida, el auxilio de López Obrador, que detesta a los corruptos.

Ortiz lamenta ser el hombre más rico de Rioverde, que se mueve en un destartalado Volkswagen de los ochentas. No obstante que está dispuesto a hacer una sustantiva rebaja, sus deudores no lo perdonan. Cada rato le llaman por teléfono a su casa, para recordarle las raíces maternas. Incluso, ya se acostumbró al mal trato. Después de escuchar la andanada de ataques, expone sus razones a los atacantes, que termina por convencer. Alardeó que debe estar en el récord Guinness, ya que su juicio es el más largo en la historia del país. Se generó después de concluir el trienio 80-82. El representante legal, Jaime Suárez, al abrir una cuenta de Twiter en mayo del 2012, se auto llamó “majestad omnipotente, terrateniente y señor feudal de Rioverde y Porrúa”, con lo que ironizó a sus doblegados deudores. En otro comentario atajó. “Me enteré por el diario Pulso que en Rioverde no tienen los 70 millones que le deben a Margarito Ortiz, Les voy a cobrar a lo chino, ya verán”. Luego alardeó que su compadre ya tenía Twitter, un presidente municipal que entró rico y salió pobre. Se animó a enviar una advertencia. “A la ciudadanía de Rioverde, sabed: desalojen”. Después insistió. “¿Conoces a alguien de Rioverde? ¿Radicas en Rioverde? ¿Qué esperas para desalojar? Desaloja, desaloja, desaloja”. Ácido, anunció: “les deseo un buen fin de semana en su pueblito, Me retiro a mi mansión de Porrúa. ¿Lo advierten?, qué bonito. Lines, háblales de Porrúa”. Tal vez aludió a la semejanza con un poblado de Asturias, España.

Cuando López Obrador abrió la puerta de ilícitos que conduce a Marcelo de los Santos, un grupo de ciudadanos de Rioverde, donde se encuentra alguien que tiene como familiar, un diputado federal de Morena, vieron la alternativa de usarlo como intermediario para que el presidente les ayude a resolver de tajo el litigio que el ayuntamiento tiene con Ortiz Saldívar, que en diveras etapas, reclamó primero 500 millones, luego mil, mil 200, mil 500, mil 800 y ahora la cifra podría superar los 2 mil millones de pesos. En caso de que algún juez ordenara el pago inmediato, equivaldría el colapso definitivo. No habría obra pública en muchos trienios consecutivos. Sería la ruina absoluta del municipio. Los informes hablan de formar un comité de la verdad, para que busque una rendija legal que permita enjuiciar al voraz acreedor por fraude, peculado o asociación delictuosa, ya que se valió de otros actores para comer el robo a las arcas.

Los promotores de enjuiciar a Ortiz Saldívar por haber cometido la felonía más escandalosa de la historia, han filtrado partes de la compleja y trágica historia. Aluden a que siempre lo protegió el entonces gobernador Carlos Jonguitud Barrios y el secretario de gobierno, Héctor González Lárraga, que tenía tres sobrinos, que llegaron con las bolsas vacías y hambrientos a Rioverde, donde los auxilió Margarito Ortiz. Los ubicó en unas bodegas que se ubicaron en el sitio en que se hacía la feria regional. Después los cambió a un hotel donde hizo el bulevar Carlos Jonguitud, en honor a su mecenas. El astuto edil y los viajeros planearon formar la constructora Disayco, con domicilio perentorio en la capital. Fue la encargada de hacer las calles del tercer cuadro de la cabecera municipal. Pero casi no tenían herramienta. Ortiz envió un intermediario a Mac Allen, Texas, a las oficinas de la empresa Art’s Trucks & Equipment, ubicada en 3001W Expy83 # 8302. Cargaba una la lista de los insumos que necesitaban. También llevó un cheque expedido por el ayuntamiento. Pero la factura la hicieron a nombra de la empresa Arts. Se comunicó con el edil, para notificarle el error. Le contestó que n o había problema, que la recibiera. Luego le daba los detalles.

Existe la duda de si los llamados “Sobrinos del Pato Donald” engañaron al que sería su socio y para justificar el desfalco, urdió por consejo de Suárez Altamirano, la historia del «préstamo». Y si realidad lo hizo, le cubrieran el cheque, que derivó en el juicio histórico, donde el adeudo se volvió impagable. Los quejosos plantean que el comité de la verdad podrá dilucidar si se trató de un engaño de particulares al ex munícipe, que al verse perdido, le endosó el pleito al pueblo.

El combativo maestro, Salvador Ceballos, destacó que a ningún alcalde, después de Ortiz, le ha importad, salvo sacar raja política y económica. Como Elí Pérez Flores quien contrató al abogado Ángel Candia Candia que cobró 600 mil pesos, pero le quitó su moche. El interino Helmut Rocha Almazán, de manera estúpida, solicitó de por vida, los servicios de Gustavo Barrera López al que cubrió un millón 500 mil pesos, sin resultados. Aunque le habían cubierto un año, llegó Sergio Gama y llamó otro defensor. Con lo qué queda demostrado que le hallaron al negocio. Lo más triste fue que otro interino, Antonino García, entregó algunas propiedades del pueblo. ¿A cambio de qué? Eligio Esteban Balderas López expuso que era la verdad histórica. A los ex ediles les gusta llamar a nuevos litigantes para quedarse con el diezmo que pagan con dinero del pueblo. No exigen resultados.

El historiador local, José de Jesús Alvarado, intervino en el debate. “Disculpen mi ignorancia, el susodicho Ortiz Saldívar no es el que afectó al ayuntamiento, lo que impide hacer obra pública, por un supuesto adeudo?
Se generó el 7 de abril de 1981, cuando fue al Distrito Federal por el cheque de Banobras, de 31 millones de pesos, de un crédito, con el cual iba a pagarse 21 millones, dizque se auto-prestó, para liquidar trabajos pendientes. Pero dijo que un sobrino de Tito González, le arrebató el cheque y corrió con el papel en la mano y gritó que se lo llevaría a su tío. Resulta una infantilidad la versión. ¿Por qué no denunció el robo en su oportunidad? ¿Cómo cobraron el documento sin la firma del alcalde? En el fondo, Ortiz quería ser socio de Discayo, de Tito González y sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis, por lo que compró maquinaria pesada en Mac Allen, con dinero del ayuntamiento y puso la factura a nombre de Disayco. Los caterpiles no llegaron a Rioverde. Como Ortiz no estaba en el acta constitutiva de la sociedad, le pintaron un cuerno.
Entonces, en vez de demandar a los González, demandó al ayuntamiento por un supuesto auto préstamo, ya que depositaba las participaciones federales en su cuenta personal, por lo que el juez validó el adeudo.
No demandó a los González porque se iban a defender. En cambio, al ayuntamiento, con unos sucesores cómplices, del mismo partido, encubridores, falsificaron, repusieron las pólizas de ingresos y egresos, hicieron una mala defensa a propósito para favorecer a Ortiz. Fue tan fácil, como quitarle el chocolate a una mosca. El pueblo perdió por la compra de la maquinaria, que fue pagada con dinero público y por la demanda del 15 de junio de 1983, presentada por Ortiz, al que por cierto, no se le debe nada.
Los subsiguientes ediles fueron copartícipes, encubridores, timoratos, indolentes. Hasta ahora, ninguno ha presentado la denuncia. Tampoco se ha formado una comisión de la verdad”.

El comunista Juan Pablo López Banda destacó que la deuda con Ortiz “es un cuento infantil. Un cheque de Banobras no sale al portador. Fue a nombre del ayuntamiento, el único autorizado para  cobrarlo. Tampoco es creíble la historia que uno de los sobrinos del entonces secretario de gobierno, Tito González, se lo arrebató y lo cobró el tío. ¿Cómo, si Banobras emitió el cheque a favor del municipio? El caso de Margarito Ortiz tiene un fuerte olor a fraude”.

Alvarado preguntó si Disayco dejó tiradas las obras. López contestó que Ortiz buscó terminar los pendientes, por lo que optó endeudarse. No quería que se llevara el mérito su relevo, Alfredo Aburto.  Alvarado insistió en que Disayco no concluyó los trabajos que inició Ortiz. “Para reponerse de la compra de la maquinaria pesada, que invirtió a favor de la empresa y por su ambición al dinero mal habido, ¿demandó al ayuntamiento, es como sucedió?”.

Por su parte, el litigante Juan José Frías Aguilera, denunció la conducta omisa de la Auditoria Superior del Estado, congreso y ayuntamiento de Rioverde, que se han mantenido como espectadores ante el adeudo que se tiene con Ortiz Saldívar, que ronda los 2 mil millones de pesos. Alertó que peligran las finanzas y bienes públicos. Censuró las declaraciones síndico municipal, Ulises Ledesma Salazar, que maneja un débito menor por de mil 200 millones de pesos. “Manifestó que litiga en los tribunales donde trata de convencer al juez. Es un  hecho falso, ya que no existe ningún proceso judicial en trámite, solo pretenden retardar o alargar el proceso de embargo, ya que existe una sentencia ejecutoriada y firme, dentro del expediente número 36/2000 que se sigue ante el juzgado segundo del ramo civil de la zona media. En cualquier momento se ejecutará de manera total. Recordemos que ya se embargaron varios inmuebles, como el terreno de la feria, otro que se ubica por la super carretera. Hay pagos parciales que se han realizado ante el juzgado. Lo que hacen es entretenerse de manera inútil, ante la falta de voluntad por buscar una salida definitiva”.

Frías reiteró que los diversos han mostrado desinterés en el tema, ya que Ortiz, ha dicho que está dispuesto a negociar. Incluso existe un convenio de pagos parciales por 10 mil pesos. En una acta de cabido del 2000, se ordenó buscar un acercamiento con el afectado. “Sin embargo, por intereses políticos y mezquinos de los ex funcionarios de los diferentes partidos, no ha sido posible un arreglo”. Añadió que de manera irresponsable, nunca se hizo un registro contable, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Destacó que alcanza mayor pena el actual alcalde panista, José Ramón Torres García, que repite en el cargo. Junto con los síndicos y el tesorero, incurren en fallas civiles, administrativas y políticas, ya que incurren en encubrimiento y complicidad, por no hacer un análisis a fondo de los estados financieros”. Frías solicitó al módulo de transparencia datos sobre el asunto. Al tratar de ingresar al portal de internet, no encontré nada. Lo que violenta la ley de contabilidad gubernamental, transparencia, la de disciplina financiera y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los cuales exigen que los registros deben manifestarse en los estados financieros y control de deuda pública. Existe el riesgo que intervenga un profesionista que conozca de la materia y con carácter exija el pago total del adeudo. Incluso procede y es posible una demanda de juicio político contra el actual cabildo”.

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El funesto desempeño del cleptócrata Ramón Torres García

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No bastó la positiva respuesta del electorado hacia el ex candidato a la alcaldía de Rioverde por el PRI, Arnulfo Urbiola Román. No le ayudó un mediocre equipo de abogados, simuladores, sin conocimiento electoral ni experiencia. Aunque tenían documentos, fotografías y videos de funcionarios panistas en pleno mercadeo, no supieron canalizar y lograr que el Tribunal Federal Electoral revirtiera el resultado.

Y si Ramón Torres compró votos para reelegirse, nadie le impide que lo vuelva a repetir, mientras no le realicen una auditoria y quede al descubierto el desfalco, desvío de recursos, peculado, manejo arbitrario de los fondos del pueblo y parchar oscuras cuentas. Inició con el trabajo sucio y descarado, al mantener en sus cargos a quienes lo apoyaron de manera descarada. Le pagó el respaldo al ex edil  Sergio Gama Dufour, al colocar al frente del departamento de agua potable, al ex tesorero Gildardo Moreno, famoso por haber extraviado 38 cheques firmados que se cobraron en el ayuntamiento de Soledad. Fueron entregados para la campaña del ex senador Alejandro Zapata Perogordo.

Ramón Torres no es ajeno a los desmanes financieros de su colaborador, el ex alcalde interino, Horacio Balderas Ávalos, que se ha convertido en el mago de los números. Fue tesorero del patronato de la Feria Regional de Rioverde en el 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con pérdidas por 16 millones 500 mil pesos. La ciudadanía se salvó en el 2020, gracias a la pandemia del coronavirus. Ya tenía autorizados otros 8 millones aprobados por el cabildo más lacayuno de la historia.

La mayoría de regidores se convirtieron en cínicos levantadedos. En campaña prometieron hacer cumplir la ley, que han pisoteado de manera sistemática. Presumen un gobierno honesto y facilitaron el pago del impuesto predial y cambio de uso de suelo en unos terrenos propiedad de la gente, ubicados en las antiguas bodegas de Andsa, en el bulevar Ferrocarrilero. Un oscuro negocio donde metió la mano el ex presidente municipal del PRI, Pedro Morales Sifuentes, representante de la inmobiliaria fantasma Thiery, que peleaba un predio ubicado en bulevar Carlos Jonguitud Barrios, entronque con el bulevar Ferrocarrilero.

También le dieron un cambio de suelo y permiso para construir en áreas de uso común, en la calle Rodolfo Verástegui, entre Lauro Islas y Gama, al director de imagen y desarrollo urbano, Luis Demetrio Meza Morales, el cual fue “destituido” por órdenes de Ramón Torres García, por entregar las escrituras a los antiguos posesionarios, herederos ferrocarrileros, que le hicieron un plantón para presionar. Para enfriar a los enardecidos y engañados beneficiados, relevó a Meza con Olimpia Díaz, que también es titular de catastro.

Los mismos errores comete el indolente alcalde al ubicar al frente de cultura y turismo a Osiel Antonio Loredo Juárez. Su gran aporte es hacer enchiladas y arreglar los escenarios de la Feria Regional, Plaza Principal y la fachada del palacio municipal. Al hacer un balance de los ediles más corruptos en la historia de Rioverde, Ramón Torres supera a todos del PRI juntos, donde se incluye el ex comerciante cervecero, Margarito Ortiz Saldívar, que todavía reclama un adeudo que supera los 15 mil millones de pesos.

Torres García es cómplice del mega robo a la hacienda pública, con la venta ilegal de varias toneladas de chatarra que ofertó de manera ilegal, su comadre, la ex oficial mayor, Gloria Guadalupe Olvera Montes, prima de la actual diputada local del PAN, Vianey Montes Colunga, que ya se alista para saltar a la curul federal por el distrito tres. Mientras, su familiar carga sobre sus espaldas las averiguaciones penales 930 y la 936/2017, una presentada por la ex regidora Luz Elena Hernández Tenorio y otra por el ciudadano, Salvador Ceballos Uribe.

No obstante estar ligado a bandas delictivas de asaltantes y malversar la hacienda, para blindarse, Ramón Torres García figura en las listas para convertirse en diputado local. Busca romper el récord de completar 18 años de vivir a costillas del erario. Fue director de Servicios Municipales, director de Desarrollo Social, regidor con el ex alcalde Hilario Vázquez Solano y 6 años munícipe. Todo gracias a la astucia del astuto asesor, que lo maneja a su antojo, el que mueve los hilos tras bambalinas, el eterno secretario del ayuntamiento, Rubén González Juárez. Hasta en las anécdotas chuscas sale perjudicado el deshonesto alcalde. Hace 5 años, el director de educación, Humberto Torres González, denunció el desvío y preferencia en la entrega de becas de su antecesora, Ernestina García Zamora, que benefició a hijos de maestras que no justificaban el respaldo. Ya como regidora electa, se echó en brazos de García. Se le olvidaron las quejas sobre las incontables corruptelas de su jefe. Sólo busca seguir pegada a la ubre.

 

 

 

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Se perdió la calidad de vida

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El nulo desempeño del alcalde de Rioverde, Ramón Torres García, desató una ola de inseguridad, robos, secuestros y homicidios, lo que afecta el nivel de vida de los habitantes. Enemigo de la crítica, ignora los señalamientos que le hacen a su irregular desempeño. Se justifica al decir que son simples ataques políticos, señaló el comerciante Hilario Vázquez Méndez. “Le exigimos vigilancia, ya que la policía municipal no hace su trabajo preventivo. Los delincuentes se mofan, aseguran que están arreglados con los agentes”.

“La falta de gobierno se refleja en las calles. Se han incrementado los asaltos en el primer cuadro de la ciudad. También los robos a domicilios y locales establecidos. Es algo que no pasaba antes. El que en realidad ejerce el mando, es el director de desarrollo social, Daniel Nieto Caraveo, que ya promueve para relevar a Torres. No les importa que han puesto de cabeza la ciudad. La gente vive con miedo”

Vázquez subrayó que no busca ningún cargo público, sólo reclama seguridad para su familia y demás habitantes. “Me dedico a mis asuntos personales. El edil y yo vivimos las mismas circunstancias. Nos dieron la oportunidad de no empezar desde cero. Pero el señor no ha logrado sostener su negocio de insumos para animales, donde ocupa un empleado. Trabajamos en muchas campañas políticas en las que cometimos errores y aciertos”.

Expuso que sus denuncias no buscan perjudicar la imagen del edil, sólo buscar una solución. “No me puedo quedar callado y mirar cómo, muchos amigos han sido afectados por la delincuencia y no se hace nada. Cada fin de semana hay muertos. Se han señalado casos donde existe gente agraviada por denunciar los delitos que se cometen. No tengo miedo y si algo me pasa o algún integrante de la familia, hago responsable a Ramón Torres”.

Hilario Vázquez manifestó que el alcalde se rehúsa a dar respuesta a los incontables señalamientos que se le hacen en la vía pública. La fiscalía local no da resultados. “Los uniformados, en lugar de cuidar la vida y patrimonio de la gente, se dedican a extorsionar a los automovilistas en el bulevar Carlos Jonguitud. Los cazan por la calle Francisco Villa, dan la vuelta y los detienen. Les quitan dinero u otras pertenecías. Los agentes que se niegan a acosar a los contribuyentes, son agredidos o los ubican en puestos insignificantes”.

Enfatizó que Torres perdió el rumbo. Su gabinete infla las obras públicas, que son de nula calidad. Lo puede checar cualquier interesado, comparar los precios exagerados. “Le falta carácter, rechaza la transparencia. No sirve para nada. No podemos guardar silencio, ni aplaudir su ineptitud.  Esperemos que el próximo 2 de julio del 2021, la gente reaccione. Ya no queremos un municipio que sea tierra de nadie”.

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La alcaldía de Rioverde, el mejor negocio en toda la vida de Ramón Torres García

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El activista del magisterio, Salvador Ceballos Uribe, calificó el desempeño del alcalde de Rioverde, Ramón Torres García, como frívolo, opaco, desorganizado, sin autoridad, donde prevalecen los intereses personales del edil y sus allegados. “Los primeros tres años de gobierno fueron de absoluta ligereza. Destaca su kermese, la llamada Feria Regional, que costó 6 millones de pesos. No ha comprobado el destino real de los recursos. La oficial mayor, Gloria Guadalupe Olvera Montes, vendió chatarra sin permiso del cabildo ni del congreso del estado. Remató más de 250 vehículos. En el catálogo que alteró, pidió permiso para la venta de 50. Hubo incluso unidades que todavía rodaban”.

Ceballos expuso que ante las faltas cometidas, se presentaron las denuncias pertinentes para que fuera destituida y sancionada. El congreso aceptó castigarla, pero el edil se hizo el desentendido. “No la suspende, omite las órdenes, ya que se trata de su comadre y la protege. Torres es sujeto a juicio político por desacatar una orden directa del poder legislativo. Sin embargo, con todo el descaro, pidió licencia para relegirse. Después de un año, el alcalde sustituto, José de Jesús Gama Ávila, por órdenes de García, suspende a Olvera, ante el temor de que manchara su campaña. Le urgía para tapar los saqueos”.

“Obsesionado por repetir en el cargo, hizo una compradera de votos. Hubo un empresario anónimo que le dio 4 millones de pesos. No ganó con el respaldo popular. Lo hizo con artimañas. Se detuvo a mapaches que actuaron bajo sus órdenes”. Ceballos censuró que Torres haya convertido la alcaldía en una empresa personal. Olvidó el trabajo a favor de la ciudadanía. “Es una burla. Están en la nómina los hijos de funcionarios, nueras, tíos, sobrinos, amantes. No hay obras relevantes. En todas las alcantarillas brotan aguas negras. El drenaje está colapsado. No lo atiende porque se trata de dinero enterrado. Busca acciones de relumbrón, capillas en comunidades, pintar escuelas”.

“La ciudad está en el abandono, no hay desarrollo. Se produce tomate, chile y cebolla. Todo se tira porque vienen los coyotes y pagan el kilo a tres pesos. Si hubiera una empacadora, se podría sacar más provecho. El ex gobernador Fernando Toranzo le dio a un grupo de empresarios 5 millones de pesos para una deshidratadora. No secaron un chile, nada”. Ceballos relató que Ramón Torres es un títere de sus colaboradores. En particular, del director de desarrollo social, Daniel Nieto Caraveo, que lo zarandea a su antojo. Lo obliga a que lo apoye para relevarlo.

“Todos hacen y deshacen. Cualquier departamento se maneja de manera autónoma. En educación, entregan las becas a los hijos de los funcionarios. Ignoran a los que en realidad las necesitan. Los beneficiarios viven en casas de dos pisos, con cocheras. En el rastro matan sin piedad animales estresados. No hay vigilancia de salubridad. Llegan y les quitan el hígado o menudo, porque alegan que tienen tuberculosis. Pero nunca presentan los exámenes médicos. No han comprado un solo camión para transportar la carne. Laboran en condiciones deplorables”.

“Torres García es un comerciante que lucra con el mejor negocio, el más rentable de toda su vida: la presidencia municipal, con lo que ha acrecentado los ingresos. Antes tenía una bodega de alimentos para ganado, con pocos productos. En pocos creció, adquirió camiones para entregas a domicilio. Pero como alcalde tiene un deficiente desempeño. No desquita el sueldo. Siempre le resuelven los problemas sus fieles consejeros, el secretario, Rubén González. Nieto, su capataz. Y el tesorero, Horacio Balderas. Salieron voraces para hacer negocios”.

Ceballos destacó que ante el desastroso desempeño de Ramón Torres, ya se perfila como sucesora la militante de Morena, Miriam Reyes. El posible diputado local será el ex panista Juan Felipe Ávila, que como contendiente de Morena por una curul federal, casi derrota al ex dirigente de la CNC, Óscar Bautista, quién compró votos hasta en 3 mil pesos. Pero ahora se encuentra en la bancarrota política y económica. No exporta un kilo de tomates o chiles de sus diversos invernaderos, como el 17, donde sólo cultiva alfalfa, como cientos de productores. “Tan bajo cayó, que le cortan la luz por no pagar recibos de 3 mil pesos. Lo siguen decenas de acreedores. Se encuentra en una etapa terminal. La fórmula de Morena ganará la alcaldía, la curul local y federal. El PAN y el PRI se han convertido en un lastre”.

Censuró que Torres ha sido incapaz de generar nuevas fuentes de empleo. La única empresa que llegó a Rioverde es Sopes Industries. Las pocas y deficientes obras, tienen precios inflados, como la fuente que se hizo en la plazoleta frente a la iglesia, sin licitar, que superó los 3 millones de pesos. Para mantener las luces encendidas, requiere un software que vale 500 mil pesos. Mientras lo compra, la obra está a oscuras, sin funcionar.

El PRI cifra su regreso en la figura del ex candidato a la alcaldía, Manuel Díaz del Vivar, que al frente del grupo Los Rábanos, se aprovecharon de la inoperancia del ex edil Fausto Izar Charre, para hacer negocios con el erario. Se quedaron con una serie de casas construidas con fondos públicos en la colonia Gabriel Martínez, que rentan con absoluta impunidad. El presidente del comité municipal, Pedro Morales, se coludió con Ramón Torres en el despojo de áreas públicas. Es compadre de Bautista, que dio el bandazo al Verde Ecologista, donde hace equipo con el diputado local, Cándido Ochoa y los ex alcaldes de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona.

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Desaparición forzada de personas. Ausencias que matan.

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Una de las experiencias más dolorosas que podemos llegar a vivir es la desaparición de un ser querido en circunstancias misteriosas. Enfrentar de golpe la brutal noticia de que una hija, hermano, esposa o padre, simplemente ya no regresó a casa y sufrir el tormento de no saber qué ocurrió,  quién se los llevó y por qué. Es como vivir en el infierno. Me refiero a la desaparición forzada de personas, fenómeno que en los últimos años se ha convertido en uno de los crímenes más crueles y que en San Luis Potosí desafortunadamente alcanza cifras alarmantes.

Se consideran víctimas de una desaparición forzada tanto la persona desaparecida como su familia. Por tanto se reconoce el derecho de los familiares a saber la verdad sobre las circunstancias de su desaparición, la evolución y resultados de las investigaciones y la suerte de la persona que se ha esfumado. Derechos que en la mayoría de los casos son burlados por la autoridad. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta que hasta enero de 2018 se contabilizaban un total de 35 mil 417 personas desaparecidas en México y el problema seguía creciendo.

En nuestro estado en medio de contradicciones, ocultamientos y maquillaje de cifras se acepta por parte de la autoridad que la desaparición de personas existe. La Fiscalía General admite que en 2017 se denunció la desaparición de 502 personas (263 mujeres y 239 varones), de las cuales 132 continúan sin ser localizadas.

Tan solo en julio de 2018 se reconoce que 32 personas desaparecieron sin dejar rastro alguno. La capital y los municipios de Valles y Matehuala son los que más casos de desaparecidos reportan. Otros sitios donde también se registran desapariciones son Tampamolón, Soledad, Tamuín, Tamazunchale, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Salinas y Rioverde. La mayor parte de las personas que se reportan como desaparecidas y no localizadas en San Luis Potosí son jóvenes, muchas mujeres.

La explicación que los funcionarios encargados de los temas dan acerca de las causas que originan la desgracia es que los jóvenes son los más vulnerables porque andan en malos pasos o porque su estilo de vida los expone a sufrir un “levantón” o secuestro.

Por otro lado se ha comprobado que la guerra entre bandas del crimen organizado por el control de las plazas explica la mayor parte de los secuestros y levantones que ocurren. Los criminales utilizan la violencia extrema para imponer su ley y mantener el controlar de su territorio. Actúan en forma desalmada para arrebatar espacios a sus competidores y realizar venganzas. El “ajuste de cuentas” contra miembros de cárteles enemigos incluye la desaparición forzada, lo que aumenta la estadística de ejecuciones y desaparecidos.

La desaparición de personas también ocurre porque muchos ciudadanos que son extorsionados dejan de pagar la cuota que se les ha impuesto (derecho de piso) y entonces como desquite son secuestrados y utilizados para exigir rescate a sus familias. Lamentablemente muchas de las víctimas ya no regresen con sus seres queridos. Son asesinados y por lo general enterrados en fosas clandestinas.

Es frecuente que por puro gusto algún sicario levante a una guapa jovencita para llevársela como pareja sentimental. Se ha llegado a comprobar que el secuestro de mujeres jóvenes se realiza como parte de la operación de trata de personas que es una de las ramas de los negocios que manejan las bandas del crimen organizado. Muchas de las damas pasan desaparecidas porque jamás vuelven con sus familias, ya que viven en cautiverio y son explotadas en el comercio sexual.

Para las familias que sufren la desaparición de un ser querido, la respuesta de las autoridades es casi inexistente. Lo que provoca un sentimiento de impotencia, frustración y rabia. Son los propios familiares los que con el apoyo de organizaciones emprenden la búsqueda de los desaparecidos, ya que las autoridades son omisas y solo simulan investigar. Los ciudadanos no creen en las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.

Defensores de derechos humanos, académicos y familiares de los desaparecidos opinan que mientras las autoridades propicien la impunidad y toleren la corrupción en los mandos policiacos, habrá un campo fértil para que se sigan cometiendo desapariciones forzadas. Irrita a la sociedad comprobar la ineficiencia de las autoridades responsables de brindar seguridad a los ciudadanos. Las fallas aluden a un gobierno con responsabilidades políticas, por su falta de resultados y por el desorden que se vive en materia de seguridad pública.

No se podrá hablar de respeto y vigencia de los derechos humanos en San Luis Potosí mientras no se solucionen todos los casos de desaparición forzada de personas que han ocurrido. El gobierno estatal y en particular la Fiscalía General del Estado tienen una deuda pendiente con la sociedad en la tragedia que afecta a cientos de familias. Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó, dónde están sus seres queridos, recibir justicia y reparación del daño.

 

 

 

 

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Juan Manuel Carreras y Martín Juárez, la dupla de la derrota

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A la debacle nacional del PRI, no podía faltar la de San Luis Potosí. No obstante el huracán de Morena que los sepultó, todavía se mantiene como dirigente el también inocuo diputado local Martín Juárez Córdoba. Su mayor mérito partidista para ganar el cargo es haber sido delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la etapa que su jefe, el gobernador Juan Manuel Carreras, fue secretario del ramo educativo.

Carreras y Juárez son los responsables de que el PRI haya perdido las principales alcaldías, como la de la capital, Rioverde, Valles, Matehuala y Tamazunchale. Tampoco son mayoría en el congreso local, donde de 27 diputados, apenas lograron 5 curules, tres de mayoría y dos plurinominales, donde se ubica Juárez y la ex oficial mayor del poder legislativo, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, que tiene como principal consigna, defender los millonarios latrocinios de su jefe, el ex mandatario Fernando Toranzo Fernández.

El PRI local consiguió ganar en votaciones abiertas el tercer distrito local, con cabecera en Santa María del Río, donde compitió aliado al Verde Ecologista y Nueva Alianza, Héctor Mauricio Ramírez Konishi. En el distrito 4, con cabecera en Salinas, se impuso, junto con el Verde y Conciencia Popular, Laura Patricia Silva Celis. En el 14, con cabecera en Tancanhuitz, junto con Nueva Alianza y el Verde Ecologista, se coló María del Rosario Sánchez Olivares.

Una de las virtudes capitales de Juárez es obedecer, acatar las órdenes que le dictó de manera férrea Carreras, que tiene alma de panista. Se le recuerda enfundado en una camiseta del PAN, en un mitin del ex presidente Felipe Calderón en la Plaza del Carmen, donde le levantó la mano. Lo que se le sirvió ser después director del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y titular de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, donde obtuvo datos para luego traficar con un lote que le entregó al ente Antorcha Campesina.

Por sus oscuras alianzas con el PAN, Carreras y Juárez jugaron a perder la capital, donde impulsaron como candidata a la directora del DIF estatal, Cecilia González Gordoa, que desempeñó un papel testimonial. Sin recursos ni la estructura institucional de su partido, se concentró en dar entrevistas televisivas. Hizo el cierre de campaña en el palenque de la Feria Nacional Potosina, donde no juntó ni mil seguidores.

Lo cierto es que Carreras y Juárez apostaron al triunfo del candidato del PAN, Francisco Xavier Nava Palacios, sobrino del maximato Horacio Sánchez Unzueta, al que el doctor en derecho le debe su biografía política. Sánchez también tiene de alfil a Fernando Silva Nieto, al que hizo gobernador. Sánchez y Silva proyectaron a Carreras como delegado de Programación y Presupuesto, secretario de desarrollo social y diputado federal, donde trabó amistad con Calderón.

La misma estrategia de abandono activaron en Soledad Carreras y Juárez, donde el PRI postuló a la ex directora de gobernación, Margarita Hernández Fiscal, acusada de coludirse con los dueños de los giros negros, a los que solapó infringir la ley, al no respetar horarios para la venta de alcohol y estar cerca de centros educativos o de iglesias. También fue para facilitar el triunfo del edil perredista, Gilberto Hernández Villafuerte, títere de sus verdaderos y únicos jefes, los ex munícipes Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, con los que Carreras tuvo un pacto inicial, ya que lo ayudaron a ganar con fraude a la abanderada panista Sonia Mendoza.

Ante el creciente clima de violencia en la entidad, donde son cotidianos los asaltos con violencia, ejecutados, desaparecidos y feminicidios, diversos sectores le han exigido de forma reiterada a Carreras, hacer cambios en el gabinete. Se mencionó que el ex gobernador Fernando Silva, podría quedar al frente del sector educativo, en lugar de Joel Ramírez. En el PRI, quitar a Martín Juárez por el oficial mayor, Elías Pecina Rodríguez, cuya escasa currícula se remonta a la etapa en que fue regidor de la capital con el entonces munícipe Luis García Julián. Tras cumplir con encargos electorales en el norte del país, de regreso, Pecina sufrió un choque automovilístico, donde perdió una pierna. Desde entonces lo cubre una aureola de sacrificio en torno a su partido.

Pecina se refugió en la religión protestante, junto con su familia. Ha ocupado diversos cargos administrativos, donde fue nominado “Anciano Gobernador”. En días recientes, le quitaron a uno de sus protegidos, Ariel Martínez Castro, conocido como “El Rey del Moche”. Pecina es quizá el único hombre leal a Carreras, con el que se vinculó hace varios lustros. Alardea ser chofer de su jefe, con el que ha recorrido más de 200 mil kilómetros en la complicada geografía nacional.

Igual que Juárez, Pecina desconoce los intríngulis del PRI. En caso de llegar como desesperado relevo, tendrá como encargo hacer todos los amarres necesarios para garantizar el triunfo del alcalde panista Xavier Nava Palacios, para tomar la estafeta que le deje Carreras. Y afianzarse como diputado local plurinominal con el objetivo de cubrir el retiro del doctor en derecho. Tratar de evitar que no sea llamado a cuentas por sus incontables corruptelas. A mitad del sexenio, aunque ejerce más de 40 mil millones de pesos anuales, no ha hecho una obra relevante.