En la elección del nuevo líder del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, como en otros frentes, medirán fuerzas los seguidores del gobernador Juan Manuel Carerras contra los simpatizantes del influyente diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, que tiene infinidad de adeptos en todas las dependencias, poder judicial, legislativo y varios ayuntamientos.

El que deja el cargo es Antonio �vila Chalita, identificado con Ochoa. Se reeligió durante 4 veces consecutivas para completar 8 años de absoluta negligencia y frivolidad. Se dedicó a viajar por todo el país, en particular a Saltillo, a donde asistió a los concursos de paella. Nunca defendió al gremio en predicamentos, como al fedatario número 3, Rubén González López, al que acusaron de un fraude millonario por la venta de terrenos. Hace poco recuperó la libertad por esfuerzos propios.

Pero el caso de mayor escándalo que �vila ignoró fue el del notario número 21, Gerardo Parra Espínola, al que, de manera abierta y sin escrúpulos, Cándido Ochoa trató de quitarle el fiat, ya que se trata de una de las instancias de mayor bonanza en la entidad.

Ochoa y �vila Chalita tratan de mantener el control a través de la notaria número dos, Paulina de Antuñano Mier, que ocupó el cargo de secretaria. Cada miércoles acude a los encuentros ciudadanos del alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez. Ochoa y Gallardo tienen un pacto de sangre a través del diputado local, José Guadalupe Torres Sánchez, que antes fue regidor, consejero y secretario del ayuntamiento de Soledad, enclave político del también empresario de pollos.

En el bloque de Ochoa figura el ex secretario de gobierno, Juan Carlos Barrón Cerda. Su ex jefe, Fernando Silva Nieto, lo trató de promover como candidato a la alcaldía de la capital. Se le ubica como el fedatario más influyente de la entidad. Casi dueño de los trámites que realiza el Infonavit, Fovissste e instituciones bancarias. El único que le compite es Parra, por lo que Ochoa trató de pulverizarlo.

También sigue a Ochoa el notario público número 22, Jacinto Lárraga, además, presidente de la Fundación Colosio. Otro es el fedatario número 28, Carlos Alberto Ordoñez Vogel, muy cercano a las directrices que le marca Lárraga. El ortodoxo notario número 4, Octaviano Gómez y la dos, Magdalena Sofía Foyo Mancilla. El notario 23, Juan Gerardo Zamanillo Olvera, hasta hace poco, secretario del gabite técnico de Soledad. Salió del cargo por intrigas del dirigente estatal del PRD, José Luis Fernández, ya que le podría entorpecer sus aspiraciones por convertirse en diputado local.

Carreras apuesta al triunfo con el notario número 17, Alfonso Leal Bravo, hijo del ex catedrático de la facultad de derecho de la universidad autónoma, Alfonso Leal Varela, lo que podría sumarle simpatías adicionales. Lo apoya el notario 15, Maurio Mier Padrón, hermano del ex diputado local panista y ex presidente de Industriales Potosinos, Carlos Mier Padrón.

En el ala de Carreras se apuntó el notario 36, el ex secretario de gobierno, Alfonso Castillo Machuca, brazo derecho del ex mandatario panista, Marcelo de los Santos Fraga. En el mismo bloque aparece el fedatario 33, Leopoldo de la Garza Marroquín, hermano del belicoso litigante, José Mario de la Garza Marroquín. Figuran los institucionales, el número 8, Roberto Castañón Ruiz, la 31, Laura Carrillo Farfán y el 7, Francisco Corripio Ahumada.

Leal Bravo busca aglutinar el gremio y acabar con las ilegales sucursales de notarías, como la de Foyo Mancilla en Villa de Reyes, cuando tiene su sede en Santa María del Río. Lo mismo hace el ex diputado local y ex dirigente del PRI, el notario 14, Miguel �ngel Martínez Navarro, quien tiene su domicilio en Melchor Ocampo 213, en el centro histórico, pero maneja una filial a través de su hermano, José Luis Martínez Navarro en Xilitla.

Leal busca romper el control monolítico de Ochoa y sus seguidores, que tratan de quedarse con los nuevos fiats y no se expidan más donde no existen, como en Salinas. O donde sólo hay un prestador del servicio, como en Venado y Villa de Arriaga, lo que provoca, se trate al ciudadano con prepotencia y costos elevados.