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Gallardo Cardona, el enemigo público número uno de la transparencia en San Luis

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El enemigo número uno de la transparencia y rendición de cuentas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con su conducta arbitraria, para no responder al mínimo cuestionamiento sobre los trabajos que realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, decretó mantener como reservados, los informes de las acciones ejecutadas en el parque Tangamanga uno, por un lapso 8 años. Se conocerán dos años después de que termine su mandato. Incluye las rehabilitaciones de la Feria Nacional Potosina, que permanecerán ocultarlas durante 5 años. Impone restricciones sin argumentos sólidos, atropella la ley de acceso a los datos públicos. La felonía que usa el capataz del palacio estatal, busca encubrir los elevados costos, sin licitar, de las obras adjudicadas a sus privilegiados contratistas.

En el parque Tangamanga, en un inicio manejó la cifra de 200 millones de pesos. Sin justificaciones técnicas, al final, orondo, unilateral, elevó los costos a 336 millones. Las firmas beneficiadas son Coedesa, Triaco y Caminos y Pavimentos de Matehuala, que tienen nexos familiares entre sí. Los socios son cercanos al diputado federal y ex alcalde de Matehuala, Alejandro Segovia. A Coedesa y Triaco, Gallardo les entregó, en amañado concurso, el cuestionado mega rodeo o Arena Potosí, que nadie solicitó. Además, las favoreció con el bulevar Rocha Cordero o Circuito Potosí. La presa La Maroma, entre las más importantes. Las empresas fueron señaladas por incumplir contratos en el sexenio de Juan Manuel Carreras, en las obras de la Red Metro.

En las acciones de la Fenapo por 120 millones de pesos, aparece como gran beneficiario, el constructor predilecto de Gallardo Cardona, el oriundo del Refugio, Ciudad Fernández, Óscar Compeán, al que ha favorecido desde que fue alcalde de Soledad, igual que su padre, Ricardo Gallardo Juárez. Es sin duda, el constructor del sexenio. Otro ex edil de Soledad y actual diputado federal, Gilberto Hernández Villafuerte, tan solo en el 2018, le endosó más de 15 millones de pesos. En los escasos documentos que muestra la obsoleta página de transparencia del ayuntamiento, en el 2019, apareció con un gran número de asignaciones. Por lo borroso de las cifras, no se alcanzan a percibir los montos entregados.

Gallardo también se niega a informar sobre la compra de patrullas para seguridad, donde tiene como exclusivo proveedor a la empresa 399 Project Development, del piloto potosino, Jesús Cordero de Ávila, que fue premiado por el congreso local, con la con la presea “Plan de San Luis”. Además, lo favorecen los ayuntamientos de Rioverde, Ciudad Fernández y la capital. Le han entregado jugosos contratos. Gallardo le compró vehículos para la Guardia Civil Estatal, DIF estatal y Fiscalía del Estado.

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Se le hace bolas el engrudo a Gallardo Cardona en las obras de San Miguelito, donde dejó un chiquero

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Al gobernador Ricardo Gallardo Cardona se le hizo bolas el engrudo. Acostumbrado a imponerse a través de la prepotencia, jamás consultar a la ciudadanía y carecer del mínimo trazo de las obras sin licitar que ejecuta con el criterio absoluto de obtener ganancias exponenciales, al confrontarse con los habitantes del barrio de San Miguelito lo pusieron contra la pared. Jamás han dicho que rechazan, rehabiliten el histórico vecindario, sólo que lo haga conforme a lineamientos técnicos, que respeten el entorno de una zona protegida por la Unesco. Sin el mínimo consenso, altanero, dijo que iba a invertir de 75 a 100 millones de pesos en arreglar tan sólo unas cuantas calles, sin cambiar el drenaje y las añejas tuberías de agua, por donde se tira casi la mitad del líquido que consumen los potosinos.

Hasta que los parroquianos detuvieron las pesadas máquinas, que sacaban sin reposo, cientos de adoquines, entendió que estaba ante un fenómeno inédito: puede perder la investidura de falso alcalde de la capital si la aguerrida conducta de los pobladores del icónico sitio, la replican otros valientes ciudadanos en diferentes lugares donde se mete de manera arbitraria. A través de esquiroles y oficiosos que tiene en la nómina, que carga a todos lados para que aplaudan sus desmesuradas ocurrencias, hasta la fecha, Gallardo no ha mostrado ni siquiera un rupestre plano, elaborado a mano, de lo que pretende hacer en el céntrico espacio. Para subsanar la falta de drenaje, ordenó colocar un tubo de 4 pulgadas, de plástico, cuando le exigieron usar material de mayor calidad, de al menos un metro de diámetro. Un juez federal le dio la razón a los quejosos.

Mientras se daban las negociaciones, de espalda a los afectados, Gallardo ordenó a su ariete político, Jesús Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”, regalar los adoquines a los testaferros que ensalzan sus abusos. Entonces se pintó de víctima. Amenazó que las obras se las llevará a otro lado. Y quizás en 50 años, alguien se volverá a acordar de los habitantes de San Miguelito, al que exalta en la melodía que usa, previo a sus actos circenses, Acuarela Potosina, donde se rinde pleitesía al legendario sitio.

El secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, adelantó que el problema se podría llevar más de un año, mientras se resuelve el entuerto jurídico.

Algunas personas de San Sebastián, que se sumaron a la revuelta cívica, ya se preparan para impedir que Gallardo cometa más atropellos. Temeroso de provocar el enojo de su principal detractor, el alcalde Enrique Galindo está obligado a recomponer el batidero que le dejó su ominoso vecino.

Como primera autoridad constitucional, hacer lo elemental: sentarse a escuchar a los ciudadanos y hacer lo que le manden. Tan sencillo y complicado, como lo permita la soberbia.

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Censuran el pésimo drenaje que instala en las obras de San Miguelito

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Mientras los vecinos de San Miguelito le exigen al gobernador Ricardo Gallardo instalar drenajes de al menos un metro de diámetro, en las excavaciones de Mascorro y Vallejo, colocan un frágil tubo de plástico de 4 pulgadas, similar al que instalaron en avenida San Pedro y Valentín Amador, donde, en las recientes lluvias, la mayoría de parroquianos se inundaron.

Los quejosos reclaman la presencia del activista Rafael Aguilar, alias “El Chiquilín” y del litigante, Carlos Garrigos, quienes se llevaron el adoquín levantado sin permiso de nadie, para que supervisen las labores de “modernidad” que se ejecutan. Los afectados lamentan la falta de control de calidad y vigilancia en los trabajos. Censuran les hayan puesto un tubo menor, apenas para la descarga de un sanitario común, no para el gran número de habitantes, “que se puede obstruir con una simple diarrea”. Critican el sello de las obras “polleras. Son peores de los que tanto atacan. A simple vista se nota que lo realizado no sirve, se va a colapsar en los primeros chubascos”.

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La encrucijada de Gallardo Cardona en San Miguelito

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Acostumbrado a imponerse con prepotencia, sin el mínimo respeto a los ciudadanos, menos a informarlos de las obras que se le ocurren para sacar pingues ganancias en el menor tiempo posible, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona nunca imaginó que varias decenas de aguerridos parroquianos del tradicional barrio de San Miguelito, le pusieran un alto a su conducta altanera. Lo que se puede convertir en su caída como pseudo alcalde de la capital y mega edil de la entidad, donde arbitrario, le quitó el manejo del presupuesto a los munícipes, para hacerles bulevares, parques y falsos puentes colgantes que nadie le solicitó. Los ejecuta sin el mínimo sustento técnico, jurídico y con sobreprecios de espanto.

En la capital, ya se sabe que lo empuja la envidia, el coraje de no poder doblegar al rebelde Enrique Galindo, quien se ha negado a cambiar al Partido Verde Ecologista y entregarle el manejo de la hacienda pública, que oscila en los 3 mil millones de pesos. Tampoco ha sometido a los renuentes ediles de Matehuala, Iván Estrada, al de Mexquitic, José Hilario Leal Quistián, al que ha amenazado en público, en las reuniones de seguridad. No ha podido vencer al microscópico presidente de Villa de Zaragoza, Emanuel Díaz Loredo, que ganó con las siglas del extinto Redes Sociales Progresistas, aunque puede dar el bandazo al Movimiento Ciudadano, después de varias pláticas con el dirigente estatal, Marco Antonio Gama.

Sin aspavientos, pancartas agresivas o multitudes agraviadas, los habitantes del histórico vecindario pararon las gigantescas retroexcavadoras que envió el tiránico mandatario para cobrar lo antes posible, 75 millones de pesos, sin licitar ni mostrar una hoja de papel con el mínimo trazo instructivo. Lograron lo inimaginable a partir de una premisa elemental: que Gallardo no destruya las calles ancestrales, cuyo sustrato son vetustos adoquines, que debe pulir y volver a usar, para no alterar el entorno geográfico. Subyace la imagen colectiva del padre, Ricardo Gallardo Juárez, que en su etapa de alcalde de la capital, se robó los adoquines de algunas avenidas históricas, que usó después para adornar la amplia entrada a su rancho “El Siete”, contiguo a la facultad de agronomía de la universidad autónoma.

Embozado, oportunista, atrás de Galindo, Gallardo Cardona recibió el primer gran revés cuando quiso convertir a la avenida Himno Nacional en una arteria semejante a cualquiera de Nueva York. Pero, ecocida, necesitaba talar casi mil árboles para concretar la abusiva encomienda. Provocó que vecinos y organizaciones ecológicas, se manifestaran con gran enojo para vetarlo. Además de promover un amparo, que rápido les concedió la justicia federal. Para vengar la humillante afrenta, injerencista, se tardó más de un año en terminar apenas 5 kilómetros de concreto, lo que provocó el cierre de varias decenas de negocios. Creó incesantes y molestos conflictos viales para desacreditar a Galindo, que entonces guardó temeroso silencio.

Atrapado en la encrucijada de informar contra su voluntad lo que pretende hacer en San Miguelito, Gallardo tiene tres opciones. Sujetarse a lo que le ordenan los quejosos, no hacer nada y perder su negocio de 75 millones de pesos o atrabancado, ejecutar las obras sin escuchar a nadie, como está acostumbrado. Lo que provocó, le detuvieran por segunda vez las maquinarias. Y si insiste en colarse por la fuerza, provocará su caída anunciada, antes de tiempo.

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“El Jano” Segovia y la familia Espinoza, los contratistas del sexenio

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El oscurantismo que prevalece en el manejo de la obra pública en el actual sexenio, ya sobresale una privilegiada familia de contratistas que acaparan convenios millonarios. Aunque el gobernador Ricardo Gallardo los acusa de pertenecer a la “Herencia Maldita”, los suma por los vínculos que tienen con el diputado federal y ex alcalde de Matehuala, Alejandro Segovia Hernández, alias “El Jano”, el que hace los cabildeos donde se gana cifras exponenciales.

Las empresas predilectas de Gallardo son Coedessa, donde aparecen como socios, los hermanos Julián Espinoza Sánchez y Rafael Espinoza Sánchez. Otra es Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar. La integran Sonia Mendoza Zavala y su hija Sonia Paloma Espinoza Mendoza, cónyuge e hija de Rafael Espinoza Sánchez, directivo de Coedessa. La tercera beneficiada es Caminos y Pavimentos de Matehuala, donde está como socio Rafael Espinoza Sánchez. Figuran por primera vez en los arreglos del parque Tangamanga uno. El trío de negocios se encargó de restaurar los caminos y vialidades. Como Gallardo se niega a informar de lo que hace, se ignora el monto obtenido.

En los primeros 7 meses, Coedessa recibió 7 contratos, uno por mes, según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidades y Obras Públicas, a través de la solicitud de datos, 240470322000069, que elaboró La Noticia. “En cuanto a lo pedido, correspondiente a la empresa Coedessa, se informa que de octubre del 2021 a abril del 2022, después de realizar una búsqueda dentro de los archivos físicos y digitales del departamento a mi cargo, se cuenta con 7 procesos con la firma referida”. Ocultó las obras y costos.

A Coedessa también le entregaron el rehabilitado de la avenida Fray Diego de la Magdalena, etapa uno, lateral sur, en el tramo Vasco de Quiroga a Hernán Cortés. Le destinaron un gasto de 10 millones 398 mil pesos. También la dieron el rehabilitado del periférico Rocha Codero, ahora llamado Circuito Potosí. Obtuvo un contrato de 61 millones de pesos, por reconstruir el sector que va del kilómetro 13 al 17. La compensaron con el paso superior vehicular atirantado del eje carretero 70, San Luis-Rioverde, las avenidas Cactus y Zaragoza. Las inversiones alcanzaron los 389 millones de pesos.

La empresa Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, ganó el amañado concurso para edificar la censurada Arena Potosí, que tendrá un tope de 500 millones de pesos. La obra la comparte con dos firmas de Monterrey. Destaca que el representante legal de los tres negocios, es Rafael Espinoza Sánchez, dueño de Coedessa.

Otra obra millonaria donde está presente Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, es el rehabilitado de la presa “El Peaje”, donde recibió 56.8 millones de pesos en forma directa, por dos contratos que le entregó la Comisión Estatal del Agua. Ambas lograron jugosos ingresos en el periodo de Juan Manuel Carreras, símbolo de la “Herencia Maldita”, que tanto dice aborrecer Gallardo Cardona. Fueron señaladas por el ahora ex titular de comunicaciones y transportes, Leonel Serrato, de incumplir contratos en la Red Metro. Coedessa obtuvo en lo particular, 13 millones 864 mil 568 pesos. Coedessa y Triaco recibieron otros 17 millones 572 mil 804 pesos, por los trabajos del tramo 2 del carril confinado, del eje 124 al 128. Coedessa fue acusada de dejar inconclusa, en el altiplano, la presa La Maroma, en la que se invirtieron 189 millones de pesos.

Tratos cercanos

El favoritismo para ganar contratos sin licitar, sólo se explica por las estrechas relaciones que tiene el diputado federal, Alejandro Segovia, socio, compadre y prestanombres de Gallardo. El hilo conductor que une al legislador con sus allegados, se define por la amistad, el trabajo y las corruptelas.

Rafael Espinoza y el diputado presumen practicar el ciclismo y las rodadas nocturnas que se desarrollan en Matehuala. Las empresas que manejan, patrocinan diversos actos, que difunden en las redes sociales.

En el reciente festejo “Jano Fest”, para conmemorar el cumpleaños de diputado, socios de Coedessa se encargaron de organizar los detalles. Julián Espinoza Sánchez, hermano del dueño de Coedessa, Rafael Espinoza, exhibe sus lealtades al promocionar al Verde Ecologista y Gallardo Cardona.

Los boyantes socios hicieron un alarde de influencia al aparecer juntos cuando se inauguró el periódico “El tiempo del Altiplano”, donde se presume, Segovia tiene gran influencia. Lo usó para atacar soez al alcalde de Matehuala, Iván Estrada, al que busca destronar, junto con Gallardo, por negarse a entregarles el manejo de la hacienda pública. Segovia hace equipo con otra posible accionista, María Luisa Paulín, que también dirige el portal electrónico, Código San Luis, que se dedica a halagar al gobernador.

No podía faltar como invitado especial, el “padrino del proyecto”, según conceptos de Paulín, el constructor predilecto, Rafael Espinoza Sánchez. Felices, se tomaron decenas de placas. Un asistente de lujo fue el ex director del Archivo Histórico, Jesús Rafael Aguilar Fuentes. Cortó el listón y repartió bendiciones, el vocero de Gallardo, el ex edil interino de Soledad, Gerardo Zapata.

Otro aspecto que une a Segovia con los hermanos Espinoza, es que, en la etapa de alcalde, les entregó más del 60% de la obra pública a Coedessa, Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar y Caminos y Pavimentos de Matehuala. Les cedió 44 contratos por 55 millones 897 mil 167 pesos. Para compensar el respaldo, Coedessa le “obsequió” al DIF municipal algunas bicicletas, para jóvenes de escasos recursos.

Las transas también ligan a Segovia con sus testaferros. El diario digital Astrolabio, documentó que el legislador facturó 104 mil pesos, por el presunto arrendamiento de una camioneta a Coedessa. El objetivo de la empresa no incluye tales rubros.

En las constantes embestidas de Gallardo y Segovia contra Estrada Guzmán, el gobernador anunció que usará como alcalde paralelo al diputado, al que le habrá de entregar 200 millones de pesos, para hacer obras y eclipsar al panista. En la red de complicidades que teje el legislador, el que se lleva la tajada más grande es el ventajoso mandatario.

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En Soledad, por no transparentar datos, niegan sus propias obra

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Negar las obras de infraestructura que se realizan en Soledad, es la conducta arbitraria con la que se conduce la edil Leonor Noyola Cervantes, con el afán de no trasparentar el gasto de los recursos públicos, repite las conductas ominosas de sus jefes, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona. En diversos portales electrónicos e incluso en la página del ayuntamiento, el 16 de octubre circuló un boletín informativo sobre el rehabilitado del camino de acceso a la colonia La Virgen, que tendría un costo superior a los 4 millones de pesos.

Alardeó que la acompañó la presidenta del DIF municipal, María del Pilar Cardona Reyna. La secretaria del ayuntamiento, Yoloxóchitl Díaz López. La contralora Mayra Alejandra González y el oficial mayor, Alejandro Serrano Cortés, en el arranque del pavimento de la calle San Miguel, en la colonia La Virgen, como parte de los objetivos para mejorar la imagen urbana y movilidad.

El 24 de octubre, anunciaron las pavimentaciones de aceras en la colonia Rivas Guillen, segundo plano, donde se invirtieron de 41 millones de pesos. Exaltaron el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el despliegue de Noyola. Informó que desde el 2009, se introdujo el drenaje, agua, alumbrado y concreto. Está contemplado arreglar las calles Dos de Abril, Juan Monsiváis, Juan Castañedo, Gumaro Barbosa, Cipriano Cano, José Monsiváis y general Miguel Blanco Estrada.

Se solicitaron datos con el registro MSGS/DUM/057/11/2021 y MSGS/DIFM/CJ/90/2021 para conocer a detalle los trabajos, lo gastado en el total de las obras, desglose de lo invertido, empresa encargada, tipo de concurso, entre otras peticiones. El ayuntamiento contestó que se debía acudir a los departamentos de infraestructura y desarrollo urbano, donde dijeron: “analizado lo que solicita, hacemos de su conocimiento que la autoridad no ha ordenado llevar a cabo ninguna obra de acceso a la colonia La Virgen, en la avenida San Miguel”.

“Tampoco ha llevado a cabo obras de pavimento en la colonia Rivas Guillén, ni dotó de infraestructura de agua potable, drenaje y concreto a las calles que menciona en su escrito”. Añaden. “Lo solicitado se encuentra disponible para su consulta directa en la dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal”. Al acudir, los obstáculos son diversos, ya que no hay personal, se deben solicitar de nuevo los datos por transparencia e ingresar un oficio para tener acceso.

En otro reclamo para conocer los detalles de dos obras iniciales, turnaron el asunto a Infraestructura, donde respondieron que los informes estaban disponibles en forma directa, ya que no cuentan con el equipo necesario para procesar en lo digital, las constancias. Tendrían que destinar “gastos fuera del presupuesto y desviar el objeto sustancial como departamento”.

Ante la negativa de facilitar los datos, Leonor Noyola y su gabinete actúan con criterios absurdos, como lo hizo antes su antecesor, Gilberto Hernández Villafuerte, ahora diputado federal

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Nava y Uribe reparten de manera arbitraria más de 70 millones de pesos en obra pública

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En los primeros100 días del trienio, el alcalde Xavier Nava, junto el director de obras públicas, Marco Antonio Uribe Ávila, fueron criticados de entregar un lote de 89 obras, sin concurso, a patrocinadores de campaña. Los trabajos superan los 70 millones de pesos. Se hicieron 26 en el poblado de Tierra Blanca donde el magnate Calos López Medina busca quitarles por la fuerza a los comuneros de San Juan de Guadalupe, 2 mil hectáreas de alta plusvalía para complejos inmobiliarios exclusivos. Son las tierras más cercanas a su Club de Golf La Loma, que ya no tiene espacios para ensancharse.

Los costos totales se fraccionaron en varias fases para adjudicarlos en forma directa a los beneficiarios. La ley marca que cualquier trabajo superior al millón 60 mil un pesos debe manejarse por concurso de invitación restringida. Entre los encargados de llevar a cabo las remodelaciones en Tierra Blanca figuran la Constructora Rural del Potosí. Los accionistas son Rubén Cruz Fernández, Petra Chaidez Cruz, Santiago Cruz Fernández, Eleazar Cruz Fernández y Azael Cruz Fernández. Recibió un contrato por un millón 192 mil 858.66 pesos. Se pasó con 132 mil pesos el parámetro por el que debió ser licitada.

La empresa tiene estrecho contacto con Marco Antonio Uribe, que durante el periodo 2014-2016 se desempeñó como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel local. Tuvo de vicepresidente de obra pública al arquitecto Santiago Cruz Chaidez, familiar cercano a los socios de la constructora. Además fue vicepresidente de proyectos especiales.

Santiago Cruz, junto con Kathlyn Guadalupe Pecina Flores, son los representantes legales y socios de la constructora Arqytracck, la cual recibió también trabajos en Tierra Blanca y La Pila por un millón 724 mil 1.76 pesos. Otro que resultó salpicado fue EAO de Juan Manuel Pérez Herrera. Le adjudicaron en forma directa la red de agua potable por 3 millones 406 mil 947.58 pesos. Pérez Herrera fue en la CMIC vicepresidente de obra pública con Uribe. Ahora es vicepresidente del sector hídrico.

A Construcciones Danater le otorgaron dos obras por 977 mil 648.41 pesos para una red de drenaje. Tiene de accionistas a Roberto González Mercado, Jorge Viramontes Aldana, Fernando Pérez Motilla, José Gerardo Méndez Hernández y Pía Madrigal Barba. Viramontes se desempeña como director de promoción industrial de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal. Antes fue delegado de desarrollo social en el sexenio de Fernando Toranzo.

A la constructora Enpo le dieron 6 obras de un drenaje sanitario por un millón 52 mil 5.94 pesos. Los dueños son Enrique Portillo Martínez, socio mayoritario. Aparece Mónica Portillo Reyes. El ex secretario de gobierno con Florencio Salazar y actual consejero del fiscal Federico Garza, el litigante  Enrique Portillo Reyes. A Constrular, representada por Gonzalo Lara Orozco y Sergio Manuel Bejarano Amador, le dieron 6 obras subdivididas por un millón 164 mil 258.22 pesos.

El contratista José Abraham Méndez de Lira obtuvo un millón 95 mil 83.36 pesos por el drenaje sanitario en la calle Pípila en Tierra Blanca. Se menciona a Méndez como jefe de la unidad técnica del otrora Instituto de Planeación del Municipio de San Luis Potosí.

La constructora de Infraestructura Urbana obtuvo 4 obras por 884 mil 94.58 peos. Los socios son José Torres Aguilar, Miguel Ángel Torres Aguilar, Irma Lucía Chávez Martínez y Sergio Octavio Torres Aguilar. El ingeniero Francisco Xavier Acosta Ortiz recibió 3 obras por 678 mil 666.50 pesos. Fueron los costos más bajos en Tierra Blanca.

                                                      Los de mayor monto

Existen dos constructoras que lograron los contratos más jugosos, superiores a los 4 millones de pesos. Una es Ingenierías y Vías Asfálticas. Le dieron los trabajos de carpeta asfáltica en la avenida Manuel Nava, Luis Donaldo Colosio, Arenal, Pánfilo Natera y Juan del Jarro por un costo de 3 millones 456 mil 477.66 pesos. Le encargaron arreglar las vialidades de avenida Aeropuerto, Adolfo López Mateos, Dalias, Ferrocarril, Industrias, Mariano Jiménez, Himno Nacional, lateral de la carretera México, Tomasa Estévez y Zenón Fernández, donde le pagaron un millón 229 mil 60 pesos. Los dueños de la empresa son Arturo Martínez Herrera y Marcela Sánchez González.

La otra firma es la Constructora Quid que obtuvo 4 millones 628 mil 836.28 pesos por tirar concreto hidráulico en la colonia Tercera Chica y Mártires de la Revolución. Los representantes son Manuel Ángel Laing Castañeda, Ramón Orozco Amaya, Alfonso Celestino Uresti, Mercedes Gómez Limón y José Victoriano Martínez Gómez, el decano de los contratistas de San Luis. Es el comodín de los sexenios y trienios en turno. Proclive al arreglo del diezmo. Es de los pioneros de los gordos y enormes castillos que sostienen la mayoría de los puentes de la capital. Ya lo alcanzó la segunda generación familiar de constructores.

Paviasfaltos recibió contratos arriba de los 3 millones 903 mil 933.49 pesos por el suministro de mezcla asfáltica en varias colonias. Los socios son María Eugenia Meade Alonso y Manuel Muñiz Werge, hermano del ex diputado local del PRI, Eduardo Muñiz Werge, quien falleció en un accidente de motocicleta. Manuel Muñiz, junto con el magnate Carlos López Medina, fueron señalados por comuneros de Tierra Blanca de tratar de apoderarse, de forma arbitraria, de mil 200 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe con el fin de crear viviendas residenciales de alto costo. Muñiz fungió como vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.

La empresa Vialidades y Construcciones Torres agarró 3 millones 903 mil 933.49 por el suministro de mezcla para el rehabilitado de vialidades en distintas colonias. La representa Víctor Manuel Torres Macías, Ernesto Torres Macías, José Efraín Torres Macías, Joel Torres Reyna y Juan Carlos Torres Macías. Maquinaria y Renta Potosinas alcanzó 3 millones 903 mil 933.49 por suministro de mezcla asfáltica para arreglar varias colonias. Está ligada al ex senador del PRI, Teófilo Torres Corzo.

                                Los negocios de Purata

Construcciones y Proyectos Cumbre Conprocsa alcanzó 2 millones 430 mil 540 pesos en dos contratos por bacheos en la comunidad El Santuario y delegación de Bocas. Los accionistas son Rafael González Rois y Rafael González Celis, quien ha ocupado varios cargos directivos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción donde hizo haciendo mancuerna con Marco Antonio Uribe. Fue vicepresidente del sector agua. Secretario y vicepresidente de la zona industrial.

DLB Constructora logró un millón 200 mil pesos por un techado educativo en Los Magueyes y comunidad La Maroma. Tiene de representantes a los hermanos Urbano Díaz de León Barroso, Fernando Díaz de León Barroso y Enrique Díaz de León Barroso. Además a María Dolores Lastras Martínez y Gabriela Ocaña Gómez. A los Díaz se les ubica como socios y prestanombres del ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga. Aparecen entre los beneficiarios del mega fraccionamiento Gran Peñón donde se valieron de informes privilegiados para comprar a bajo costo tierras ejidales. Como edil de la capital, el contador púbico, hizo múltiples obras de infraestructura en un complejo habitacional que le dejó pingues ganancias. El ex munícipe le entregó a sus allegados, mediante un convenio leonino, el usufructo del estacionamiento público conocido como Cancha Morelos.

Impulsora General de Asfaltos recibió 3 obras por un millón 143 mil pesos. La representa María Cristina Iga Sabeg, Carolina César Saldívar, Rosalinda Iga Sabag, Armida Saldívar Caneda y José Sabag Iga, vicepresidente de enlace legislativo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción después que Uribe se suma al equipo de Nava. José Luis Musa Abad acaparó 4 obras en la colonia Emiliano Zapata por un millón 182 mil 12.64 pesos. Hizo la segunda etapa del parque Tangamanga en Valles. Está ligado al director de los centros recreativos, Antonio Esper.

La ingeniera Yolanda Ivette Luna Terán recibió por un bacheo profundo en Bugambilias un millón 221 mil 26.19 pesos. Por un techado educativo, 880 mil pesos. En total juntó 2 millones 101 mil 26.19 pesos. Luna Terán se presenta cercana a Uribe Ávila. Es vicepresidenta de enlace entre la Cmic y el ayuntamiento de la capital. Amkoc Edificaciones alcanzó un millón 42 mil 317.32 pesos por un programa de bacheo profundo en distintas vialidades. El administrador es Carlos Manuel Córdova Ornelas, asociado con Arcelia Barragán Farfán, Marisol Córdova Barragán y Marcela Córdova Barragán. Córdova es cercano al secretario de desarrollo urbano, vialidades y obras públicas del estado,  Leopoldo Stevens Amaro. Recibió los contratos del dren central en el bulevar Río Santiago, cuyos fondos consiguió Xavier Nava como diputado federal del PRD. Los trabajos son considerados como fraudulentos.

En los tres primeros meses de labores de Nava, también sacó ventaja el director del organismo intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Interapas, Ricardo Fermín Purata, socio del contratista Tirso Héctor González en la empresa Concreser, que recibió por bacheos profundos en distintas vialidades de la capital, un millón 224 mil 724.63 pesos. El supervisor de obras de Concreser se llama Román Hernández, experto en labores electromecánicas. Purata lo ha saturado con contratos millonarios para que haga drenajes y conexiones de redes de agua.

 

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Sánchez Unzueta y Machinena pretenden vaciar el centro histórico para construir después negocios de elite

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El historiador Joaquín Muñoz Mendoza acusó al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta y al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Machinena Morales, de realizar excavaciones en el centro histórico de la capital sin tener un programa elaborado. Expuso que las tardadas obras, donde se corta la energía eléctrica y agua a los establecimientos, semeja a lo que ya se hizo en otras partes como Zacatecas, donde quebraron decenas de negocios, para después suplirlos por otros de mayores ingresos donde la única que se beneficia es la oligarquía. Expuso que empresarios de elite le solicitaron un diseño para suplir el mercado República, que sería demolido, para abrirle paso a un centro comercial exclusivo, donde se vendan los mejores quesos y vinos del mundo. El también ex delegado del INAH puso en duda la capacidad académica e intelectual de Machinena, al que acusó de plagiar un folleto sobre monumentos históricos. Se atrevió a presentarlo en público y dedicarlo a su mecenas y cónyuge, la actual directora del Consejo Tutelar de Menores, Concepción Guadalupe Nava Calvillo. Añadió que los prolegómenos de declaratoria los hizo el coordionador de monumentos de la dependencia federal, Salvador Díaz Berrio en 1976, pero quedaron congelados. «Era una propuesta que llegaba después de la alameda Juan Sarabia. Era inviable porque había afectaciones a la propiedad privada. Estuve de funcionario de 1988 a 1993. Agarro la iniciativa que tenía 13 años detenida. Conseguí el objetivo con mi equipo de trabajo. Tardamos como 8 meses. Se consignó el perímetro a y b como zona de bajo impacto. El a era el sector Reforma, que antes fue un río, dejó de serlo entrado el siglo 20. Eran los límites de la ciudad. El sitio b incluía parte del primero. Había que determinar lugares muy específicos que tuvieran el carácter histórico con el criterio que se manejaría para solicitar los trámites a la presidencia de la república».

«El que se usó antes fue algo arbitrario, ya que eran pocos los edificios históricos, no coloniales, como iglesias y grandes casonas. Fue lo que hizo Díaz Berrio. Cambié el criterio, consideré que dominaba la arquitectura vernácula, popular, del siglo 19. Barrí con las parroquias y los grandes monumentos porque eran del siglo 17 y 18. Como el convento de San Francisco. Descubrimos que fue construido en 1592, a finales del siglo 16. Empezamos a detectar todos los elementos propios de la arquitectura popular del siglo 19 como la altura, entrada de las casas y las crujías internas para proteger el fachadismo que se dio en la época en el Estado de México. Las fachadas eran bonitas, encaladas de blanco, pero se perdía el contenido de identidad cultural de la época y de los potosinos actuales. Se detectaron más de 3 mil monumentos históricos, como una casa del siglo 19, muy conservada, con criterio de la ley federal. Nos colocamos en tercer lugar en importancia numérica en la república, solo aventajados por el Distrito Federal y Puebla de los Ángeles. Era muy importante la declaratoria para echar andar el reglamento de la zona de monumentos y el registro de una zona de monumentos históricos para San Luis dentro de lo que era el registro municipal. Se tocaron muchos intereses y avanzamos en las exigencias de la Unesco. Los diversos gobernadores nos mintieron. Primero Horacio Sánchez Unzueta que dijo se iba a conseguir rápido. Declaré lo contrario, porque había una bola de gente que no estaba preparada, como los arquitectos Juan Carlos Machinena y Marco Antonio Garfias, capaz en lo técnico pero con una ausencia absoluta de datos históricos, donde el uso erróneo de un concepto cambia todo el significado. Un monumento histórico es el que tiene la solera, trayectoria en el tiempo que define la esencia de una ciudad, región, estado, una calle. La Unesco pide monumentos históricos porque lo establece el ejecutivo federal, una zona de monumentos históricos, no edificios bonitos».

«Tenemos de sobra monumentos históricos, pero echaron a andar el proyecto con aspectos de la época colonial. La declaratoria era de monumentos de arquitectura popular y los responsables la manejaban con otros términos, como si la arquitectura de San Luis fuera de corte faraónico, egipcio. Un absurdo. Hasta la fecha se maneja igual porque hay un problema ideológico, aunque no parezca. No es lo mismo declarar una zona de arquitectura vernácula que edificios de la oligarquía, donde figura la catedral, conventos, el palacio de Iturbide. Para la alta sociedad potosina es inadmisible la caractericen en el plano popular. Es donde radica el detalle del asunto. No solo era un problema de intereses económicos, también de carácter político, ideológico. Los gobernadores en turno, ignorantes estructurales, no se daban cuenta de las circunstancias aunque se las explicaran. Contra toda lógica científica y técnica, llegaba un hijo de la familia Valladares, Torres Corzo o como te de la gana y pedían incluir el edificio que compraron para meter un hotel. Fue donde hubo un choque de trenes muy importante que casi me cuesta el puesto. Pero me hizo fuerte el entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlet y el presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Víctor Flores Olea. Hicimos un trabajo importante con el que le doblamos las manitas a los gobernadores y avanzó la declaratoria como debía ser. El mandatario era Leopoldino Ortiz Santos con el que se consigue el objetivo. No se metió para nada. Sánchez Unzueta intervino en el plano declarativo. ¿Entonces cómo le preocupan ahora los monumentos históricos, si cuando estuvo al frente, se los pasaba por la polla?. En los planes no se mete la Unesco, primero el INAH, que los revisa y da luz roja. Entonces la propuesta de declaratoria pasa a un listado nacional que maneja la Secretaría de Educación, que por lo regular, revisa 16 temáticas»… continúa (tomado de la versión impresa, marzo 2017)