«Si queremos que el proyecto político del alcalde de la capital Ricardo Gallardo se vaya al abismo, el congreso debe autorizarle las modificaciones que pide al contrato con Panavi», destacó el ex diputado local del PRD, Eduardo Martínez Benavente. Añadió que existen litigantes dispuestos a presentar denuncias para combatir el resolutivo pendiente. En caso de aprobarse, «habría un estigma más en contra, similar al negocio de los medicamentos. Lo más conveniente para el edil es retirar la iniciativa que presentó para ampliar y modificar el convenio que firmó el ex munícipe Mario García. No alimentar una serie de críticas, descalificaciones y manotazos que se han dado en el poder legislativo».

Al mismo tiempo, añadió, rescindir el convenio o le pesará toda la vida el asunto. «Es falso el argumento que dio Gallardo en el sentido de que tiene que pagar el 90% de penas si disuelve el convenio. Sucede si estuvieran instaladas la mayoría de luminarias, pero sabemos que la firma no cumplió. Es muy fácil para el ayuntamiento cancelar el acuerdo. Pero una de las características de Gallardo es recular en todos los temas. Y cada vez le crecen. Las negociaciones de García con Panavi y las que ahora se pretenden, están manchadas por denuncias de personas que buscan hacerse más ricas con el sobreprecio establecido».

Indicó que en otras partes de la república, se acreditó que el servicio del alumbrado vale la tercera parte de lo que se busca pagar en San Luis. Los 211 millones de pesos son las tajadas para algunas gentes que promueven el negocio. Hacer un contrato de 15 años con tecnología que en 5 ó 7 puede ser obsoleta es inaceptable. En tal lapso habrá un método nuevo más económico y eficiente para iluminar la ciudad. ¿Para qué casarse a tanto tiempo?. Ya se investigó que las dos principales accionistas viven en Guadalajara. ¿Para qué insistir en pagar el sobreprecio cuando en otras partes los focos son más baratos?. La insistencia denota una enorme corruptela y un sobreprecio que habrá de enriquecer a muchos que dan manotazos. Lo de Panavi es el punto más oscuro que debe aclarar Mario García.

-¿Gallardo demuestra su capacidad para salpicar a los presuntos beneficiarios?.

-No lo puedo acreditar con documentos. Los que vivimos la realidad en México, entendemos que el dinero salpica por todos lados. Un ayuntamiento que cuida los recursos de la ciudad y nota que se trata de un enorme fraude, ya lo hubiera retirado. Gallardo además de no rescindir el contrato, busca incrementarlo. Lo único explicable es la enorme corrupción que prevalece. Los diputados debieron recibir cantidades importantes de dinero. Los que estamos atentos a los asuntos públicos, nos damos cuenta que es un negocio manchado. Antes en el congreso, un operador del edil pidió anular el convenio de Mario García. Lo de Panavi es uno de los temas más sucios que me ha tocado analizar en los años que hemos estado atentos a lo que ocurre en San Luis.

Martínez Benavente aseveró que el departamento de alumbrado público se podría encargar de poner las luminarias que hagan falta a un costo bajísimo. Pero el objetivo inicial era tener un pretexto para sacarle un dineral al ayuntamiento. Se puede ahorrar una cifra importante de los que se paga en el recibo de luz en beneficio del municipio y no en la utilidad de los especuladores. El fedatario aludió al caso de la Ford. «Es inaceptable que el gobernador Juan Manuel Carreras no haya informado de cómo quedaron las negociaciones con la trasnacional, que se resiste a pagar las penalizaciones. Le podrían cubrir el lote que compró que luego donó a la empresa».

«En el convenio y adendo que se firmó, existen muchas interpretaciones y penalizaciones a favor de la empresa, que puede decir, devuelvo el predio. Si costó poco o mucho no es mi problema. Cubro sólo los gastos acreditados con facturas como honorarios de algunos trabajadores, renta de locales o publicidad que hayan contratado. Lo que no suma más de 30 millones de pesos. Ya se venció el plazo fatal para cerrar las negociaciones. El asunto pasará a los tribunales internacionales. Carreras no ha explicado por qué no acudió a las instancias. Lo más fuerte que puede exigir el mandatario es que le cubran los daños y perjuicios, aunque no se hayan acreditado en el convenio. Por el impacto que provocó en proveedores de bienes y servicios que no se vinieron a San Luis, lo que sumaría cientos de millones de pesos».

Añadió que prevalece una absoluta falta de transparencia porque Carreras no se ha atrevido a publicar en el Periódico Oficial del Estado el convenio, adendo y anexos. «Lo más grave es que no exista alguna crítica o reclamo por parte de los diputados, partidos opositores o empresarios. Con tal margen, Carreras puede hacer lo que quiera. Las inversiones que haría el gobierno con la Ford donde se incluyen donativos, subsidios y otros beneficios, podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos. Similar a lo entregado a la BMW y no los mil 200 millones que señala el mandatario. Cuando la Ford devuelva el terreno, lo peor que puede hacer el ejecutivo es regresarlo a los especuladores a los que les debe casi el 50%. Menos ahora cuando se presume que hay empresas chinas y de otros países interesados en invertir en San Luis. Llegará a un acuerdo favorable para quienes le vendieron el lote en breña y una parte con infraestructura por más de mil millones de pesos. Pero en el contrato no se especifica si fueron instalaciones eléctricas, hidráulicas y vialidades. Por el precio se concluye que sólo abarca el lote y el compactado».

Martínez enfatizó que los contratistas no le pagaron al estado el 10% por enajenar o desincorporar los terrenos ejidales. Falta revisar si entregaron las áreas de donación al ayuntamiento de Villa de Reyes. «Hay muchos aspectos pendientes que favorecieron más a los inversionistas. Sabemos que Carreras no tiene el estilo para una férrea defensa. Tal vez el gobierno federal le exigió no hacer ruido. Pero una manera de presionar a la Ford era presentar la denuncia. Más ahora que se excedieron los términos para un trato amistoso. «El asunto debería estar en los tribunales. Pero va en contra de la naturaleza y carácter del gobernador, pelearse con la firma que engañó a los potosinos y los quiere indemnizar con una cantidad mínima».