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Leopoldo Stevens desestima que el puente Tampico tenga un deslizamiento de 14 centímetros

Como “cabeza de sector”, el secretario de desarrollo urbano, vivienda y obras públicas, Leopoldo Stevens Amaro, por su ineficacia, ha convertido al periférico norte en un auténtico muladar. Las prolongadas zanjas, basura, escombros, baches, provocaron que la humedad alcanzaran a varios puentes, que por la falta de mantenimiento, ya presentan severas afectaciones. El que se ubica frente a la empresa Pilgrim´s Pride o Tampico ha generado una controversia. Algunos expertos manejan que tiene una caída o declive de 45 centímetros. Fuentes del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manejan que se encuentra en el rango de los 8 centímetros permitidos. La Noticia le solicitó a un connotado contratista local hacer las mediciones pertinentes. El inmueble se ha inclinado 14 centímetros. El arroyo vehicular presenta diversos asentamientos y baches. Si las fallas no se remedian en el corto plazo, podría sufrir un desplome.

            A lo largo de un tramo de 9 kilómetros donde se ubican 11 puentes que inauguró el presidente Enrique Peña Nieto en marzo del 2015, en ambas laterales se aprecian incontables montones de escombro, baches, tomas de aguas sin cubrir. En la parte donde se juntan dos tipos de pavimento, dejaron una prolongada cuneta. Un concreto denota calidad deficiente al pegarse con el otro. Varios negocios invaden con sus vehículos el raudo carril sin ninguna señalética preventiva. En los dos sitios donde se recicla la basura, además del olor nauseabundo y notoria suciedad, los trailes y camionetas obstruyen el área de tránsito, constante augurio de accidentes fatales. Las circunstancias se complican por las noches, por el mediocre iluminado y las decenas de lámparas torcidas, casi dobladas, que tienen varios meses en el completo abandono.

            En las partes bajas de los puentes, a través de las escamas, brota una vigorosa maleza que se alimenta de las filtraciones de agua que llega de todas partes por el fenómeno de la capilaridad. En las múltiples fallas técnicas, se infiere que en lugar de tepetate, los constructores pudieron usar cualquier tipo de tierra para el relleno, donde se filtraron las volátiles semillas. Las contenciones de hierro aparecen rotas. Las protecciones centrales se encuentran dañadas. En el puente Peñasco o Laredo las escamas se botaron. Uno de los expertos consultados dijo que semejan la destartalada caja de un camión de carga.

            Varios brocales salen del piso, por lo que se convierten en filosos y agresivos topes que pueden ocasionar ponchaduras en las llantas de los vehículos que se mueven a alta velocidad. En otras partes están sumidos, se transforman en baches que pueden afectar las suspensiones. También son de alto riesgo las cajas de válvulas sin tapa, lo que se complica en la oscuridad. Hay diversas obras de agua potable y alcantarillado, que cuando son cubiertas después de varias semanas de estorbo, por las deficientes compactaciones, forman prolongadas hendiduras. Abajo del puente Tampico, la trasnacional Kansas City, unilateral, con el argumento de ser dueña del derecho de vía, bloqueó la vialidad en los carriles de ida y vuelta con sendos y profundos hoyancos. El propósito es obligar a la Seduvop, haga el proyecto y ejecute las obras para instalar un semáforo y la pluma que evite choques fatales del ferrocarril con los carros que se le crucen.

            Los momentos más exasperantes se viven cuando los trailes y otros vehículos pesados quedan atrapados en la maraña de unidades. Se les complica dar vuelta en “u” al encontrarse en una ruta sin salida. Los embotellamientos generan gran desperdicio de combustible y horas de trabajo-hombre. Algunos conductores avezados, cruzan los rieles y se arriesgan a manejar en contra un tramo de 100 metros. El conflicto se generó año y medio antes que dejara el cargo el ex gobernador Fernando Toranzo. Y lleva el mismo lapso con Juan Manuel Carreras. Los antecedentes del batidero se ubican en la etapa que fue director de la Comisión Estatal de Agua, Aldo Ruiz Hernández, que no tenía el perfil para el cargo, ya que era contador público. Las incontables zanjas que abrió para instalar tomas de agua y drenaje, captaron una gran humedad que alcanzó los cercanos puentes. Después tuvo que romper de nuevo el concreto para hacer otras conexiones que se le olvidaron, lo que complicó el entorno.

El ex vocero de Toranzo, el doctor en políticas públicas, Roberto Armando Naif Kuri, acusó a Ruiz Hernández de cometer actos de rapiña al exigir sobornos millonarios a constructores, hasta por 5 millones de pesos, por asignarles trabajos hidráulicos. Tenía como recaudador al director de planeación, Miguel Ángel García Castillo. También contó con la complicidad del fugaz secretario de gobierno, Eduardo González Sierra. Naif también acusó de tráfico de influencias al ex director de los parques Tangamanga y actual delegado de la Comisión Nacional Forestal, Martín Toranzo Fernández, hermano del ex mandatario. En respuesta, el funcionario demandó por daño moral al ex jefe de prensa, que se alió para atacarlo con el ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas y el mismo González Sierra… (tomado de la revista impresa, Julio 2017)

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Stevens paga 18 millones de pesos por la renta del edificio donde despacha

En casi 13 años, el gobierno estatal le otorgó casi 18 millones de pesos a la familia del ex comandante de la policía federal de caminos en retiro, Miguel Ángel Obregón Arrellano, ligado al coordinador de seguridad del centro histórico, al ex regidor de la capital, Miguel Naya Guerrero, por la renta del edificio San Miguel que se ubica en Cordillera Himalaya 295, colonia Garita de Jalisco, donde están las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Los gobiernos en turno hacen contratos de arrendamiento por año, lo que permite al beneficiario aumentar el costo del servicio, además de una serie de prendas a favor del dueño que se asientan en las cláusulas del documento.

El último contrato del inmueble se convino por un millón 266 mil 300 pesos más iva, pagados en 12 mensualidades de 105 mil 525 pesos. El convenio lo firmó el oficial mayor Elías Jesrael Pecina Rodríguez, el titular de la Seduvop, Leopoldo Stvens Amaro y la propietaria del edificio, María Eugenia Rivera Nieto, esposa de Obregón Arellano. Como testigos aparecen el director de servicios administrativos y el subdirector de servicios básicos de la oficialía mayor, Manuel Ariel Martínez Castro y José de Jesús González Carrillo.

En el 2016 firmó el convenio el mismo equipo de gobierno y el copropietario del inmueble Miguel Ángel Obregón Rivera, hijo del comandante en retiro y su madre María Eugenia Rivera. El monto del contrato se tasó en un millón 241 mil 472 pesos más iva. Obregón Rivera compareció en el acto con un poder especial y general para pleitos y cobranzas y actos de administración que se le otorgó el 27 de marzo del 2012 ante la fe del notario adscrito 16 Salvador Pedraza Romero.

Desde el 2004 hasta el 2017 se abarcan 5 años del panista Marcelo de los Santos Fraga, el sexenio de Fernando Toranzo Fernández y dos años de Juan Manuel Carreras. Le han pagado a la familia del policía de caminos, 17 millones 950 mil pesos. Solo del 2016 al 2017, Carreras le cubrió más de 3 millones de pesos. En un año la renta se incrementó 24 mil 828 mil pesos. Marcelo de los Santos fue el que inició el servicio de arrendamiento en el 2004, un año después de asumir el cargo. La dependencia antes de cambiarse se ubicó en la avenida Universidad 526 en el centro histórico, edificio que también se alquiló. Ahora son las oficinas de Telégrafos de México.

Toranzo y Carreras mantuvieron el arrendamiento, ya que su jefe, el maximato Horacio Sánchez Unzueta, es amigo cercano del ex comandante de la policía de caminos, Miguel Naya Guerrero. Cuando llegó a San Luis como comisionado, tuvo bajo su férula a Obregón Arellano, junto con los agentes Rafael Navarro Ortiz, Víctor Manuel Torres, Francisco Xavier Salazar Soni, Fernando Rojo y José Luis Mejía Ocampo. Los dos últimos sus socios en empresas de seguridad privadas.

Obregón Arellano fue después comisionado de la Policía Federal Preventiva en Tamaulipas y luego en Tabasco. En el 2007, el secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, lo removió. En su lugar dejó a Arturo Hernández Valle. Obregón se retiró. Vive en la huasteca, de donde es su esposa. Compró dos ranchos. Mantiene una amistad estrecha con Naya Guerrero. El terreno donde se ubica la Seduvop tiene 615 metros cuadrados. En 1994, el ciudadano Enrique Velázquez Bravo se lo compró con reserva de dominio a la Comisión para Regularizar la Tenencia de la Tierra en 9 mil pesos. En marzo del 2001, Velázquez vendió el predio a Miguel Ángel Obregón Rivera y al menor Mario Alejandro Obregón Rivera, representado por su madre, María Eugenia Rivera Nieto. Testificó la compraventa el notario Federico Garza Herrera, hoy procurador de justicia. El precio fue 30 mil 750 pesos.

El 28 de enero del 2017, los hermanos Obregón Rivera firmaron un contrato de donación pura, gratuita e incondicional a favor de su madre María Eugenia Rivera del lote 8, manzana 36, zona uno, localizado en Cordillera Himalaya, con una superficie de 615 metros cuadrados. El contrato de arrendamiento solo beneficia al arrendatario. La base que se fija es el índice nacional de precios y cotizaciones. La variable inflacionaria se ubica en el rango de los 24 mil a 30 mil pesos. El edificio se renta sin ningún mobiliario. No maneja algún programa de mantenimiento. Las rehabilitaciones corren por cuenta del estado.

La Seduvop paga el teléfono, agua potable, energía eléctrica y otros servicios que se llegaran a contratar. Lo debe mantener en condiciones óptimas. Implementar medidas de seguridad para el inmueble y las personas. Leopoldo Stevens también le arrendó al comerciante inmobiliario Gustavo García Suárez el edificio que se ubica en Pascual Moreno Hernández y 5 de mayo para reinstalar a la trabajadora María de Jesús Almendárez Nieto. Le pagará 59 mil 500 pesos en siete mensualidades de 8 mil 500 pesos más iva. El importe lo cubrirá la Secretaría de Finanzas. Obregón Arellano también le renta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano el edificio que ocupa la dependencia federal. Se localiza en Cordillera Himalaya 490, en la colonia Garita de Jalisco.

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Ante el vacío de poder que genera, Carreras es sujeto de burla

La falta de liderazgo del gobernador Juan Manuel Carreras López ya generó un prematuro vacío de poder. Incide para que diversos grupos y personajes le hagan cáusticos reclamos por su cada vez más notable inoperancia ante diversos y complejos problemas que no resuelve. El mayor escándalo se generó cuando el diputado del PRI, Alejandro Segovia, le espetó que le «faltan huevos» para hacer cambios en el gabinete. Tal vez «está dormido», por lo que no hace remociones donde el 70% de los funcionarios «no dan el kilo».

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, solicitó juicio político contra Carreras por facilitar más de 700 millones de pesos de manera turbia para adecuar terrenos que entregó a la armadora trasnacional Ford. La bancada de diputados federales del Partido Verde Ecologista demandó que se separe del cargo hasta que no aclare el destino de 400 millones de pesos de las pensiones de maestros que desapareció en la etapa que fue secretario del ramo educativo.

Carreras aparece codemandado en un juicio mercantil que promueve el director del Laboratorio Nacional de Construcción, Eduardo Yedid Cohen, que reclama el pago de 4 millones 100 mil pesos por servicios no cubiertos en las obras donde se instaló de manera temporal la armadora de vehículos Ford. En la nota publicada por el diario Pulso, el afectado refirió que lo contrataron para avalar las planchas de concreto construidas en las 300 hectáreas aportadas por el ejecutivo. En abril del 2016 le notificaron que ya no requerían su ayuda pero le exigieron los resultados de sus estudios. Aceptó darlos a cambio del pago, lo que no cumplieron. No obstante, las plataformas fueron entregadas, pero advirtió que los análisis pudieron ser alterados.

Las tareas de Cohen estuvieron supervisadas por el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo de San Luis Potosí por instrucciones de Carreras, que luego ordenó ya no inyectarle recursos. Los empresarios que lo contrataron arguyeron que tampoco les habían cubierto lo acordado. Por tantas evasivas, demandó en octubre del 2016 a los implicados.

Antes, en julio del 2016, el presidente de la cartera de honor y justicia del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Narciso Mendoza, destacó que era lamentable la conducta de Juan Manuel Carreras y sus colaboradores al violentar las garantías de los autóctonos. Aseveró que «enseña el rostro verdadero de un político hipócrita que solo beneficia a caciques y ricos de la huasteca a los que entrega cargos públicos». Lo acusó de no tener voluntad para corregir las omisiones en que incurrió al ignorar a sus representados en el Plan Estatal de Desarrollo. «Nos agrede. Nos hemos sentado tres veces juntos. Firmó un documento donde se comprometió hacer las consultas, pero hizo todo lo contrario.

Tiene un documento, busca que lo aprobemos sin escucharnos. Sigue el hostigamiento que inició con la anterior directora del organismo, Margarita Viñas Orta. Envían emisarios para que validen el plan de desarrollo. Fue destituida después de una queja ante el Comité Nacional contra la Discriminación. Pero mantuvo la misma conducta su relevo Raúl de Jesús González Vega». Añadió que la mayoría de consejeros exigen se cumplan con las normas. Viven con temor, por lo que hacen responsable de lo que les pase a Carreras.

A través del representante del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez Ruiz y el dirigente de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Guillermo Luévano, interpusieron un amparo al saber que González convocó a reuniones de consejo para convalidar el Plan Estatal de Desarrollo sin tener atribuciones.

Luévano expuso que Carreras se niega a publicar el reglamento del consejo consultivo, que ya fue elaborado y aprobado por sus integrantes desde septiembre del 2015. Aludió a una convocatoria donde se estableció que el doctor en derecho buscó encabezar la asamblea, lo cual violó la autonomía del organismo y transgredió la ley. «Puede ser invitado pero no presidir. Lo mismo hizo González, llamó a una cita extraordinaria, pero carece de facultades».

Los quejosos lamentaron que se trate de manipular a los indígenas con mentiras, sobornos y promesas de gobierno para darle la espalda a los consejeros que han promovido los amparos. Contaron a la revista Proceso que «existe miseria extrema, hambre, enfermedad, muerte de niños y mujeres, alcoholismo y drogas que han metido para ensuciar a los jóvenes. No hay trabajo o lo pagan muy barato. Nos quieren quitar las escuelas, borrar de la faz de la tierra para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios, quieren introducir minas, pozos de chapapote, tubos de gas sin importar la vida de la gente».

El mes negro de Carreras fue abril. En la Gaceta Parlamentaria del congreso federal se incluyó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Verde Ecologista, donde solicitaron que el mandatario deje el cargo mientras se investiga un presunto desvío por 400 millones de pesos de las pensiones del magisterio. El documento lo firmó el ex secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas, considerado el verdadero gobernador ante el fracaso del galeno Fernando Toranzo. Ochoa era el jefe de Carreras cuando se desempeñó como secretario de educación. En los motivos, los legisladores expusieron que en el país, los moches, el tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción. Provocan desigualdad entre los ciudadanos.

La corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo el sistema político. No hay partido que no sea vulnerable a tal práctica. «Hay casos de corruptelas e impunidades como el de Juan Manuel Carreras. Cuando fue titular del sector educativo entre el 2013 y 2015, se desaparecieron 400 millones de pesos para cubrir las pensiones de los profesores de telesecundarias, que durante su vida laboral, atendieron a los niños más pobres de la entidad». Expusieron que en materia de corrupción, San Luis ocupa el indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es del 15.7%. Una de las más altas en la república.

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Rosa María Huerta no descarta ser alcalde de Ébano

La ex diputada local y ahora delegada del gobierno estatal en la zona media, Rosa María Huerta, indicó que la figura que representa, no se creó en la etapa del mandatario Juan Manuel Carreras. Resaltó que ya existía antes en la huasteca y altiplano. «Es un cargo necesario para atender al ciudadano que solicita apoyo. Se agilizan los trámites. La gente se ahorra tiempo y dinero por no ir a la capital».

Expuso que maneja todo tipo de solicitudes para lo que se respalda en diferentes dependencias. Las demandas más frecuentes provienen del sector educativo, donde le piden mobiliario y techos. También hay exigencias de salud.

Huerta depende en forma directa del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, al que cada semana le entrega un reporte de lo que se hace y deja de hacer y la problemática que existe en el municipio. Y de ser necesario, la comunica a Carreras.

Se describió como una persona institucional. Aunque fue secretaria y presidenta del PRI estatal, sabe deslindar las funciones políticas al trabajar en las instancias gubernamentales. “Cuando uno llega a cargos públicos se debe despojar del partido. Lo eligen para representar a todo el municipio».

Cuando arribó a Rioverde, la criticaron con fiereza, ya que es oriunda de Ébano. Sus opositores la calificaron de extranjera. “¿Cómo voy a ser migrante en mi propio estado?. Ahora soy de Rioverde. Los que estamos inmersos en la política, nos obligan a hacer un papel decoroso. Vine a trabajar, no a ser presidenta, diputada ni a ocupar espacios políticos».

Huerta indicó que no descarta la posibilidad de volver a Ébano a contender por la alcaldía. Aseguró que si juega, se lleva la victoria. Criticó al edil panista, Crispín Ordaz, que anda desatado por reelegirse. Lo acusó de ser ratero. «Si me dieran la oportunidad de participar, demostraría lo contrario». Lamentó que su tierra natal se haya convertido en un pueblo sin ley, donde todos hacen lo que se les antoja. La delincuencia prolifera y la corrupción brota. “Hace poco fui. Desde que entré parecía que estaba en la boca del lobo. Hay cantinas por un lado y otro, sin una lámpara. Me dio pena. Fue donde me dije: un día seré presidenta municipal”. Culpó a los traidores de las derrotas que ha tenido el PRI, por lo que exigió sean expulsados y no regresan.

Censuró la virtual reelección de alcaldes y los candidatos independientes. “Los tres años no son suficientes para concretar programas. No le temo a los independientes. Todos conocen su trayectoria, de dónde vienen. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, fue priista. Despertó una fiebre».

 

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Otro estigma similar al de Sandra Sánchez

«Si queremos que el proyecto político del alcalde de la capital Ricardo Gallardo se vaya al abismo, el congreso debe autorizarle las modificaciones que pide al contrato con Panavi», destacó el ex diputado local del PRD, Eduardo Martínez Benavente. Añadió que existen litigantes dispuestos a presentar denuncias para combatir el resolutivo pendiente. En caso de aprobarse, «habría un estigma más en contra, similar al negocio de los medicamentos. Lo más conveniente para el edil es retirar la iniciativa que presentó para ampliar y modificar el convenio que firmó el ex munícipe Mario García. No alimentar una serie de críticas, descalificaciones y manotazos que se han dado en el poder legislativo».

Al mismo tiempo, añadió, rescindir el convenio o le pesará toda la vida el asunto. «Es falso el argumento que dio Gallardo en el sentido de que tiene que pagar el 90% de penas si disuelve el convenio. Sucede si estuvieran instaladas la mayoría de luminarias, pero sabemos que la firma no cumplió. Es muy fácil para el ayuntamiento cancelar el acuerdo. Pero una de las características de Gallardo es recular en todos los temas. Y cada vez le crecen. Las negociaciones de García con Panavi y las que ahora se pretenden, están manchadas por denuncias de personas que buscan hacerse más ricas con el sobreprecio establecido».

Indicó que en otras partes de la república, se acreditó que el servicio del alumbrado vale la tercera parte de lo que se busca pagar en San Luis. Los 211 millones de pesos son las tajadas para algunas gentes que promueven el negocio. Hacer un contrato de 15 años con tecnología que en 5 ó 7 puede ser obsoleta es inaceptable. En tal lapso habrá un método nuevo más económico y eficiente para iluminar la ciudad. ¿Para qué casarse a tanto tiempo?. Ya se investigó que las dos principales accionistas viven en Guadalajara. ¿Para qué insistir en pagar el sobreprecio cuando en otras partes los focos son más baratos?. La insistencia denota una enorme corruptela y un sobreprecio que habrá de enriquecer a muchos que dan manotazos. Lo de Panavi es el punto más oscuro que debe aclarar Mario García.

-¿Gallardo demuestra su capacidad para salpicar a los presuntos beneficiarios?.

-No lo puedo acreditar con documentos. Los que vivimos la realidad en México, entendemos que el dinero salpica por todos lados. Un ayuntamiento que cuida los recursos de la ciudad y nota que se trata de un enorme fraude, ya lo hubiera retirado. Gallardo además de no rescindir el contrato, busca incrementarlo. Lo único explicable es la enorme corrupción que prevalece. Los diputados debieron recibir cantidades importantes de dinero. Los que estamos atentos a los asuntos públicos, nos damos cuenta que es un negocio manchado. Antes en el congreso, un operador del edil pidió anular el convenio de Mario García. Lo de Panavi es uno de los temas más sucios que me ha tocado analizar en los años que hemos estado atentos a lo que ocurre en San Luis.

Martínez Benavente aseveró que el departamento de alumbrado público se podría encargar de poner las luminarias que hagan falta a un costo bajísimo. Pero el objetivo inicial era tener un pretexto para sacarle un dineral al ayuntamiento. Se puede ahorrar una cifra importante de los que se paga en el recibo de luz en beneficio del municipio y no en la utilidad de los especuladores. El fedatario aludió al caso de la Ford. «Es inaceptable que el gobernador Juan Manuel Carreras no haya informado de cómo quedaron las negociaciones con la trasnacional, que se resiste a pagar las penalizaciones. Le podrían cubrir el lote que compró que luego donó a la empresa».

«En el convenio y adendo que se firmó, existen muchas interpretaciones y penalizaciones a favor de la empresa, que puede decir, devuelvo el predio. Si costó poco o mucho no es mi problema. Cubro sólo los gastos acreditados con facturas como honorarios de algunos trabajadores, renta de locales o publicidad que hayan contratado. Lo que no suma más de 30 millones de pesos. Ya se venció el plazo fatal para cerrar las negociaciones. El asunto pasará a los tribunales internacionales. Carreras no ha explicado por qué no acudió a las instancias. Lo más fuerte que puede exigir el mandatario es que le cubran los daños y perjuicios, aunque no se hayan acreditado en el convenio. Por el impacto que provocó en proveedores de bienes y servicios que no se vinieron a San Luis, lo que sumaría cientos de millones de pesos».

Añadió que prevalece una absoluta falta de transparencia porque Carreras no se ha atrevido a publicar en el Periódico Oficial del Estado el convenio, adendo y anexos. «Lo más grave es que no exista alguna crítica o reclamo por parte de los diputados, partidos opositores o empresarios. Con tal margen, Carreras puede hacer lo que quiera. Las inversiones que haría el gobierno con la Ford donde se incluyen donativos, subsidios y otros beneficios, podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos. Similar a lo entregado a la BMW y no los mil 200 millones que señala el mandatario. Cuando la Ford devuelva el terreno, lo peor que puede hacer el ejecutivo es regresarlo a los especuladores a los que les debe casi el 50%. Menos ahora cuando se presume que hay empresas chinas y de otros países interesados en invertir en San Luis. Llegará a un acuerdo favorable para quienes le vendieron el lote en breña y una parte con infraestructura por más de mil millones de pesos. Pero en el contrato no se especifica si fueron instalaciones eléctricas, hidráulicas y vialidades. Por el precio se concluye que sólo abarca el lote y el compactado».

Martínez enfatizó que los contratistas no le pagaron al estado el 10% por enajenar o desincorporar los terrenos ejidales. Falta revisar si entregaron las áreas de donación al ayuntamiento de Villa de Reyes. «Hay muchos aspectos pendientes que favorecieron más a los inversionistas. Sabemos que Carreras no tiene el estilo para una férrea defensa. Tal vez el gobierno federal le exigió no hacer ruido. Pero una manera de presionar a la Ford era presentar la denuncia. Más ahora que se excedieron los términos para un trato amistoso. «El asunto debería estar en los tribunales. Pero va en contra de la naturaleza y carácter del gobernador, pelearse con la firma que engañó a los potosinos y los quiere indemnizar con una cantidad mínima».

 

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Misoginia en el PAN

La ex regidora panista de la capital, Leticia de Jesús Gómez Gómez, calificó de misógino y practicar la violencia de género al presidente del comité estatal del PAN, Xavier Azuara Zúñiga. En su momento se opuso a que llegara al cargo por el hecho de ser mujer. Pero también buscó bloquearla para favorecer al entonces presidente del comité municipal del PAN, José Antonio Zapata Meraz. Para conseguir sus propósitos, sin éxito, visitó al ex edil, Mario García Valdés, para que la destituyera del puesto. Se negó. Argumentó que la víctima llegó por un mandato superior y no quería tener problemas.

La regidora titular, Nadia Rangel había solicitado licencia para postularse candidata a diputada local por el quinto distrito local. Le conceden permiso. Debió relevarla la suplente, Teresa Corripio, que por problemas familiares, no puede asumir el puesto. Por razones de género, la vacante le corresponde a una mujer. Gómez está en el octavo lugar. Se le cruzó oportunista Zapata Meras. La afectada se inconforma, promueve un juicio para que se respeten sus derechos políticos.

“Le reclamo a Zapata que dónde están sus trenzas. El Consejo Estatal Electoral determina que yo asuma el puesto. Lo quitan a los 11 días. Tampoco podía quedar el que estaba en el lugar 7, David Hernández, que entendió el mensaje desde un principio. Azuara y Zapata son misóginos porque no me dejaban llegar. Trabajé mucho para ayudarlos. Los llevé a mi distrito con la militancia. El partido se ofreció para ayudarme. Nunca lo hicieron. Me quisieron cobrar la cuota y me negué. La regiduría la conseguí por mis propios medios. Otras personas me ayudaron y se los agradezco. Si llego dar una cuota, será para beneficio social. Pero ya no promulgo con tales doctrinas. Son personas hipócritas, capaces de todo. Ahora soy libre de irme al partico que quiera o estar como independiente”.

Narró que Azuara utiliza a las personas para sus intereses. Tiene doble cara. La mostró al impulsar para el manejo la Junta de Coordinación Política a la diputada Xítlalic Sánchez Servín a la que denostó su colega del PRI, José Luis Romero Calzada, que incitó a la violencia de género, al restregarle que no iba a alcanzar el puesto. La desplazó Enrique Flores. Gómez apoyó a Azuara como candidato a la alcaldía con brigadas a pesar de que no era de sus simpatías. «Me había inclinado por el ex legislador Miguel Maza. Al perder nos fuimos con Azuara. Le aclaramos que lo íbamos a respaldar porque nos lo pidió Maza. Cuando supe que iba a competir contra Ricardo Gallardo Juárez, concluí que no ganaría. Solo lo inflaron como cereal. Ni siquiera con el respaldo del ex gobernador Marcelo de los Santos se iba a imponer. O le salió al revés. Fue diputado federal, pero no es lo mismo que presidente municipal. Es mucha tarea y no está preparado. Debió olvidarse y no competir. Además el PAN está fragmentando y no lograría nada”.

Resaltó que su partido siempre ha estado dividido en por grupos que solo cuidan su beneficio. Tales diferencias incidieron en los últimos tropiezos del activista Alejandro Zapata al tratar de ganar la alcaldía y la gubernatura. Lo mismo le pasó a la senadora Sonia Mendoza, que fue derrotada por el actual mandatario, Juan Manuel Carreras. “En política hay muchas sorpresas. Muchos fingen apoyar. Algunos venden informes para perjudicar a otros. La oriunda de Matehuala no tuvo respaldo por ser mujer. Son misóginos. Están enfermos. Falta sumar que muchos son huastecos como Azuara. Tienen arraigadas las costumbres donde la mujer no tiene tanta voz ni voto. Siempre están están detrás del hombre».

Gómez no pudo seguir de cerca el conflicto de la basura con la empresa Vigue, ya que volvió a los litigios con Nadia Rangel que decidió regresar como regidora, después de ser derrotada. “Se miró en la banca. Mis consejeros dejan perder el asunto, le dan el fallo y gana. Es la que termina la regiduría los últimos dos meses. Lo hizo porque Azuara la manipuló. Aunque no era no era de su grupo y nunca la habían juntado. Se dejó influenciar con alguna promesa tonta. La consideré una persona sensata, pero me equivoqué. Mis abogado fue Alberto Rojo Zavaleta. Se dejó ganar porque no me dejé acosar por parte de su ayudante, Rodolfo Morales. Un novato al que delegó mi caso. Comparado con su jefe, no tenía experiencia. Le dije a Rojo que mejor me hubiera perseguido por su cuenta. Cuando estuvo como delegado del Instituto Nacional de Migración, lo acusaron de hostigar a hondureñas. «El acoso no distingue partidos, posición social, ni edad. A los potosinos les falta madurar. No están preparados para que llegue una mujer a gobernar, ya que prevalece el machismo».

 

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Censuran la incompetencia de Juan Paulo Almazán Cué

El litigante Víctor Manuel Gallardo Macías se plantó a la entrada de la ciudad judicial para exigirle al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cué, agilizar los expedientes que se manejan para garantizar un servicio rápido y eficiente. El nuevo titular fue antes juez de lo familiar, pero desconoce el servicio público. Destacó que los funcionarios razonan con el estómago, no con la cabeza. «Somos libres, el vínculo con el gobierno y demás instancias. No nos hacen algún favor al atendernos. Aceptó recibirme por ser el líder de los abogados, pero no le interesaba hablar con otros. Y que el gobernador Juan Manuel Carreras lo instruyó ejercer cero tolerancia a las corruptelas, cuando es producto de las mismas, ya que no lo eligió el pleno del consejo o los magistrados. Llegó por voluntad del ejecutivo o del secretario Alejandro Leal Tobías».

No descartó la injerencia del diputado federal Cándido Ochoa Rojas para que le den prioridad a los asuntos que trata su despacho, como el de los influyentes José Mario de la Garza, Jaime Suárez Altamirano y Gustavo Barrera, que han metido a sus recomendados al poder judicial. Enfatizó que los magistrados ascienden sin tener carrera, lo que lesiona a las instituciones que han tomado como un botín o coto de poder. «Los actuarios venden la fe pública. Afirman que fueron con el demandado, al que requieren por la falta de pago. Le piden que señale los bienes y se niega. La víctima se convierte en accionante. Tiene que hacer un juicio, le dan 9 días para contestar la demanda o lo ubican como rebelde. La gente ni cuenta nota las chapuzas de los abogados».

Gallardo resaltó que la élite económica no impone a los jueces más capaces, prefieren los obedientes. Al llegar un magistrado sin experiencia, atentan contra la ciudadanía que exigen justicia, que no aparece por ningún lado. «La suple una mujer voluptuosa, de anchas caderas, pechos exhuberantes, pero con un rostro asqueroso. Es la injusticia, amiga de los funcionarios. Mucha gente dice que tiene 30 ó 40 años con un asunto que empezaron sus abuelos y no lo han terminado. No hay voluntad de cambio. La central de actuarios surgió a instancia nuestra. Era una terminal de autobuses. El actuario apenas llegaba y ya lo esperaban. Pero los magistrados y consejeros metieron a su gente. La dirigente mayoritaria de los burócratas, Benardina Lara Arguelles incrustó a su sobrina Gisela Hernández Lara como recepcionista. Estaba un día y cuatro no. Pero cobraba completo. Tenía otro cargo en el Teatro de la Paz en el mismo horario. Ahora que cerraron la central de actuarios, Lara reclama que hayan despedido a sus agremiados, que no pueden estar sindicalizados, ya que se rompe el esquema institucional. No deben estar por encima de los objetivos máximos que son dar justicia. Viajamos a Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua donde funciona perfecta. En noviembre estuve con el presidente del tribunal, el director de la central de actuarios y una magistrada. Duramos 4 horas encerrados, fueron muy atentos. Les pregunté cómo solucionaron el problema. Lo hicieron sencillo, con personal de confianza. El actuario que cometa un acto deshonesto se va a la cárcel o la calle. Los actuarios ganan la mitad respecto a San Luis y trabajan el doble, en la mañana y tarde. Antes venían a estudiar leyes con nosotros porque tenían cupos limitados. Ya nos rebasaron. En los juicios orales van muy rápido, el tribunal funciona con la mitad del presupuesto de lo que se gasta aquí. Reciben 300 millones, en San Luis se quejaban por tener solo 600 millones para la nomina».

«No podemos permitir que se repita la inoperancia que se vivió con Fernando Toranzo. Vienen tiempos negros, muy malos y si los litigantes que somos libres no nos organizamos, estaremos en medio del conflicto. Muchos compañeros no se capacitan. Tampoco los jueces, policías, ministerios públicos, que sólo actúan a su real entender. El nuevo esquema de justicia es muy delicado para tomarlo a la ligera. Se nota la falta de voluntad. Si la cabeza no coordina, el cuerpo se desmaya, se hace un desbarajuste. Las acciones preventivas de seguridad le corresponden al ayuntamiento y policía estatal, a la que usan para reprimir al pueblo. En la procuraduría en lugar de investigar, detienen para torturar. Por órdenes del ex secretario de gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, me atropellaron y dejaron en silla de ruedas dos años. Se regresó a la época del cacique Gonzalo Santos, que pregonaba la ley de los tres hierros: encierro, destierro o entierro. Entonces me configuraron ocho órdenes de arresto ficticias. Un compañero fue testigo de la amenza. Comíamos en La Parroquia, entonces me dicen que me busca el funcionario, que estaba en el estacionamiento. Me acerco y saca dos fajos de billetes, al parecer de 50 mil pesos cada uno. Me dijo que los mandaba el gobernador Fernando Silva, para que me fuera a pasear. Estaba vigente el fraude a la Unión de Crédito Regional. Luego, un domingo en el mercado de las vías fui a repartir un ejemplar del Coyote y me embisten. Me querían dejar sin piernas, pero me dejé caer al lado contrario de la camioneta. Tengo la certeza de que los culpables eran elementos de la policía estatal vestidos de civiles. Llegaron unos tipejos en bicicleta, eran agentes y le dicen a los tripulantes que se vayan porque yo tuve la culpa».

«Me fui porque tenía orden de arresto y si caigo a la cárcel me matan. Me habían acusado de motín porque escupí a un periodista. No fue accidental, me pegaba con la cámara en la cara. Tal vez era oreja de gobierno. Me provocaba. Estaba en su apogeo el conflicto de los camioneros. Decían que Silva era el dueño de los camiones verdes. Yo tenia como clientes a las otras 5 líneas. No podía quedarme y poner en riesgo a la familia. Me fui a curar con tratamientos naturistas, recuperé gran parte de la movilidad. Aún camino chueco. Cuando hace frio me duelen las lesiones. El atentado quedó impune. Me atropellan un domingo y el lunes entré a la plaza de armas en silla de ruedas. No me esperaban, con un micrófono, le dije a Silva que si ya empezó, acabara de matarme. Le grité que lo hizo su propia policía. Bajó a verme y externó que debía parar la violencia. Si las fuerzas públicas no están capacitadas, ¿a dónde vamos a llegar?… continúa (tomado de la revista impresa, Febrero 2017)

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Carreras, de rodillas ante la Ford

El gobernador Juan Manuel Carreras López puede ser sujeto de un juicio político por el convenio que firmó con la armadora trasnacional Ford. El documento fue leonino y obsequioso. El doctor en derecho se puso de rodillas para presumir en público que la empresa se iba a instalar en San Luis. Se trata de un mandatario que no ha realizado obra pública y ha sido inoperante. Tampoco inscribió ni publicó el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. Los gringos que se rajaron, lo tienen agarrado del cogote. En caso de que Carreras no acepte algún pago por las supuestas erogaciones que hicieron, pueden aducir que el trato no es válido. Otras entidades rechazaron la oferta por las exigencias de la firma. Si se analiza la versión que aparece en la Secretaría de Desarrollo Económico, se percibe que la empresa automotriz lo podría cancelar en cualquier momento.

El notario número uno y ex diputado local Eduardo Martínez Benavente añadió que los únicos ganadores son los vendedores de los terrenos, Vicente Rangel y su compadre Roberto del Valle López con 265 millones de pesos. Destacó que no se trata de una compra ilícita. La Ford lo adquirió por las características, ubicación y estar cerca de otras armadoras. La ley de adquisiciones se aplica a bienes, muebles y servicios, no para inmuebles. El predio no se puede licitar. «Lo indebido es que la sociedad que vende el lote es de la familia del Valle. La infraestructura la hizo la familia Rangel a través del Grupo Valoran. Es lo irregular, porque se pudieron licitar los 656 millones que se invirtieron. Más iva, arrojan 762 millones de pesos. Y los 265 millones del terreno, dan un total de mil 27 millones que según Carreras, era lo que iban a destinar a la Ford. Mediante una estrategia legal, trataron de salvar las licitaciones de infraestructura. Era correcto si los dueños tuvieran el predio con la nave y piso. Pero actuaron de manera chueca para beneficiar a Valoran, un grupo cercano a Carreras. Se ignora si en la escritura completa de la compra-venta, aparezca a detalle en qué consisten las obras».

«A lo mejor ni siquiera las consignan porque son cuatotes del gobernador. O quizás tengan un documento escondido donde las describan. Es lo que motiva la molestia con los grupos empresariales, diputados, partidos, medios informativos, que no han insistido en el tema. Al permitir que no se publique todo el convenio ni los pormenores de la compraventa cuando ya no existe compromiso con los gringos de guardar secrecía o que otros estados de la república se enteren de las aportaciones. También se miente al decir que a San Luis le iba a costar la llegada de la Ford mil 27 millones de pesos. El asunto es qué tanto van a estirar los contratistas, que al menos deben regresar a Carreras lo que invirtió en infraestructura, lo que no hará Ford. En el convenio se dijo que en caso de no avanzar el proyecto, se estableció que iban a devolver las cantidades que hubiera erogado el gobierno según los documentos que cubran los requisitos fiscales. Ojalá que al menos los tengan en orden los funcionarios locales. Ya aceptó Carreras que tampoco va a reclamar daños y perjuicios».

El fedatario explicó que la compra-venta se hizo en abonos, sin reserva de dominio, para que el gobierno pudiera donar en lo inmediato los terrenos a la Ford. La infraestructura alude a las instalaciones eléctricas, pozos, vialidades, espuelas del ferrocarril. «Se dio un ilícito, porque la ley de adquisiciones del estado no señala excepciones para no licitarlas. Sólo se puede hacer por cuestiones de emergencia o seguridad. Es seguro que pudieron existir mejores postores que ofrecieran servicios de calidad. Es ilegal porque los fondos estatales que se aportaron a través de un fideicomiso, no tuvieron una partida presupuestal ni disponibilidad financiera. Si alguien analiza la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, las cantidades entregadas a la Sedeco no amparan el dinero que se dio a la Ford. El gobierno estatal ha planteado la mentira de que un porcentaje se obtiene de los impuestos sobre la nómina. Es falso. Una parte se canaliza para cubrir un crédito bancario que solicitó el ex gobernador Fernando Toranzo, para la compra y compactado de un terreno que se destinó a la BMW».

«No sabemos qué maniobras hizo Carreras para obtener el dinero que dispuso para la Ford. Según el calendario de pagos, se iniciaron en mayo del 2016 con 100 millones de pesos. En junio darían la misma cifra. Igual en julio, agosto y septiembre. La lógica se transfiere al 2017, que seguro ya no se darán, ya que la Ford canceló de manera unilateral el convenio. No sabemos qué tan adelantados se hicieron las aportaciones. La trasnacional no pierde nada. Las estructuras que levantaron no significan nada. Las cantidades que devuelvan a Carreras serán mínimas. Si le avientan un cheque de 20 millones, será mucho. Le podrán remarcar que sólo cubrió unas becas, oficinas para los funcionarios, viáticos, traductores. Le dan un cheque de 20 millones de pesos, le regresan el predio y sabrá si le paga a los vendedores. Será difícil que otra empresa ocupe las 220 hectáreas. Se requiere otro convenio igual por el lote que aportó el ayuntamiento de Villa de Reyes».

-¿Las locuras de Trump de retirar las inversiones estadunidenses en México, exhiben al gobernador que tienen los potosinos?.

-Fue un asunto penoso y humillante para San Luis. Más la respuesta que dio el gobierno estatal y federal. Era el momento para que Juan Manuel Carreras hubiera hecho algo distinto. Al menos decir que en San Luis, por el agravio, nadie comprará autos Ford. El que se aventó fue el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera. Incluso los concesionarios ya no son potosinos, pertenecen a Guadalajara. Para resarcir su deteriorada imagen, Carreras debe recurrir a las instancias legales y reclamar el enorme daño patrimonial que ha originado la arbitraria medida de la Ford de cancelar sus inversiones en San Luis Potosí. No es suficiente reclamar los gastos desembolsados y facturados. Es lo que hace en teoría el secretario de finanzas, José Luis Ugalde y el titular de Sedeco, Gustavo Puente Orozco, se hacen tarugos… continúa (tomado de la revista impresa, Febrero 2017)

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El Tribunal Electoral no perderá su autonomía por tener menos presupuesto

La insuficiencia financiera que padecerá el Tribunal Estatal Electoral en el 2017, debido a las reducciones al presupuesto que determinó el gobierno del estado y avalaron los diputados, lo obligará a tomar medidas drásticas, que incluso, podrían llevarlo a caer en la ilegalidad, al tener que despedir personal, como el contralor, pieza clave en cualquier instancia, ya que verifica la correcta marcha del dinero público, advirtió el presidente del organismo, el magistrado Óscar Kalixto Sánchez.

Calificó como un error de quienes están al frente de la administración pública estatal, no contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Precisó que también lo dejaron sin la partida extraordinaria de 800 mil pesos que les otorgaron en el 2016 para el pago del salario del contralor. Con el presupuesto de 22 millones de pesos que les asignaron, no alcanzará siquiera para lo más básico, como el pago completo de la nómina.

“Propusimos 28 millones de pesos, que contemplaba la nómina y un equipamiento muy básico para el tribunal. Desde que nacimos como instituto autónomo no le han dado recursos para mobiliario. Contamos con computadoras obsoletas, con las cuales no podemos hacer frente a los requerimientos. Las sillas están desvencijadas. Necesitamos recursos para capacitaciones y otros gastos que ayuden a fortalecer al organismo. Más ahora, que inicia en septiembre el proceso electoral del 2018”.

Calixto Sánchez sostuvo varias reuniones con el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, al que explicó que eran insuficientes los recursos que planteaban entregarles. Lo mismo le dijo a los diputados, pero hicieron oídos sordos al atender las necesidades básicas del organismo. Por el contrario, el gobierno estatal y el congreso invierten en rubros y actividades que podrían esperar un poco. Como por ejemplo, la compra de vehículos para los legisladores, los apoyos para gestoría institucional o en el caso del ejecutivo, la partida que se le asigna al secretario de gobierno para beneficiar a agrupaciones que cuentan con sus propios recursos. Son gastos, señaló, que no van acordes con las medidas de austeridad que ha manejado el gobernador Juan Manuel Carreras… continúa (tomado de la versión impresa, Enero 2017)

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No quieren de consejeros maestros a funcionarios

En sus afanes de suceder en la rectoría de la universidad autónoma a Manuel Fermín Villar Rubio, el secretario Juan Manuel Reinoso Sandoval aprovecha el vacío de poder que le genera su jefe para empezar a acomodar sus alfiles. En las elecciones de consejeros maestros de la facultad de derecho, que se llevarán en marzo próximo, empuja a la juez tercera de lo familiar, María Luisa Pérez de Portales, que ambiciosa, trata de reelegirse. Por su deficiente desempeño, los litigantes han solicitado su cambio a Valles. Ha fomentado el rezago en los juicios que maneja. Una de las razones por las que el presidente del Tribunal de Justicia, Juan Pablo Almazán Cue, desapareció la central de actuarios, un nido de corruptelas.

El defensor de oficio, Santiago Camacho, también aspira a ser consejero maestro. El ex secretario de gobierno y ahora diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, lo hizo presidente de la Asociación de Abogados. En lugar de ayudar a los desposeídos en sus oficinas púbiocas, se dedica a chacotear en las escalinatas y cafetería de la escuela.

También aspira a ser consejero el director administrativo de la secretería particular del gobernador Juan Manuel Carreras, el catedrático Daniel Medina Castillo. No se descarta al consejero jurídico estatal, Daniel Pedroza Gaitán. Otro que busca colarse es el director del Centro Estatal de Estudios Municipales, Luis Gerardo Aldaco Ortega, operador político del ex alcalde de la capital, Mario Gracía Valdés, acusado de un desfalco millonario. Su mecenas lo hizo regidor, donde con frecuncia pasó la «charola» para juntar fondos económicos que los ayudara a ganar la gubernatura. Aldaco fue acusado de promover con recursos públicos, diversos candidatos para alcanzar la Federación Universitaria Potosina.

Un grupo de profesores inconformes por tener representantes «chambistas», denunciaron que si quieren participar en los procesos internos, deben renunciar al cargo de asesores del procurador, Federico Arturo Garza Herrera, el maestro Francisco Enrique Portillo Reyes y Alberto Armando Ayala Flores. En la misma tesitura se ubica la directora del registro civil, Luz María Lastras Martínez. La consejera de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, Yolanda Esperanza Camacho Zapata. El director estatal de catastro, José Manuel Fajardo González.

El secretario del ayuntamiento de la capital, Marco Antonio Aranda. El síndico de Soledad, Pedro de Jesús Olvera Vázquez. El delegado de la secretaría del trabajo, Edgar Durón Puente. El delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Martínez Castro. El integrante de la consejería jurídica del estado, Jorge Alejandro Vera Noyola, hijo del dueño del partido Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat, que ya lo hizo diputado local y candidato a la alcaldía de la capital.

Los inconformes resaltaron que si quieren inscribirse en las planillas internas, antes deben renunciar a sus cargos de magistradas, María Manuela García Cázares y Luz María Enriqueta Cabrero Romero. Impugnaron al director administrativo de la secretaría particular del gobierno estatal, Daniel Medina Castillo. Si quiere contender, debe renunciar a la nómina en Estudios Municipales, León Felipe Cantú Pérez, que obedece a pie juntillas a su protector, Gerardo Aldaco. Los quejosos reclaman que el rector Villar sea más cuidadoso al aceptar los perfiles de los consejeros maestros con los que habrá de cohabitar varios meses antes de dejar el cargo que le busca arrebatar Reinoso.