El regidor del PRI en la capital, David Alanís Córdoba, expuso que el presupuesto anual del ayuntamiento osciló en los 3 mil millones de pesos que los recibe en distintos rubros en el ramo 33, 28, y 19. Se incluyen los recursos que se destinan a gasto corriente y nómina, que constituyen el grueso del gasto. Indicó que el mandato de Ricardo Gallardo ha tenido una característica muy peculiar. La mayoría de los fondos lo dirige a programas sociales. “Si hacemos una comparativa con las administraciones anteriores, los rebasa con el mil por ciento en muchos de los esquemas. Pero de la misma manera ha reducido el presupuesto que tenía para la infraestructura de la ciudad. Sobre todo en el tema de los servicios públicos, que están consagrados en la constitución, por lo que se creó el municipio, para atender las necesidades de la ciudadanía. Hemos visto que han mermado de manera drástica los recursos para atender vialidades, agua potable, alumbrado que han generado controversias. Como el asunto de la basura con la empresa Vigue, no sabemos cómo anda el tema desde septiembre del 2017. Si se pagó, cómo quedó el arreglo, cuánto se ha destinado para el pago del servicio, la flotilla, los vehículos recolectores que pasarían a ser activos. Hay dudas, hemos solicitado respuestas sin tenerlas, lo que se hizo costumbre”.
Alanís precisó que sigue vigente el contrato con la empresa Panavi que iba a instalar lámparas led, pero no ha dado el servicio. “Nos preocupa, queremos saber qué se dejará pendiente y cómo se entregará al siguiente trienio. Al margen de que haya continuidad. Son datos que ayudarán a tener un esquema y diseñar una estrategia. Panavi no se ha cerrado en definitiva, el contrato sigue vigente. No nos han dicho que se canceló. Y al no pagarle, no hará nada de lo que está en el contrato. Pero el ayuntamiento tampoco ha tenido la capacidad para determinar un presupuesto de manera directa para atender el tema. Hoy lo que se hace en el área de servicios públicos es solicitar a la ciudadanía que compre los focos o lo que necesite para ir a instalarlo. Además de generar molestias, se complica dar el servicio. Es un tema muy importante, el alcalde que siga, corre el peligro de una multa por rescindir el contrato de 600 a 800 millones de pesos. Vamos a pedir que se quite o establezca un esquema que no dañe las arcas del ayuntamiento. Son decisiones que no se tomaron de forma adecuada, como poner tortillerías o garrafones de agua. En lugar de dar despensas, se debió represupuestar para dar una cantidad importante al alumbrado. Como no da votos, no se hizo. Lejos de ayudar, sigue el miedo, la inseguridad”.
Alanís expuso que el ramo 33 contempla la despensa alimentaria. “Los programas sociales deben estar dirigidos a las personas que lo necesitan. Con la cantidad de dinero que ha gastado, en la zona rural marginada, en dos años se hubiera levantado la bandera. Garantizar el problema alimentario y del agua de 7 mil familias. Pero no hubo transparencia. Las compras se hicieron a precios alzados, por lo que se pudo tener el doble de productos. En el caso de las tortillas, seguir con estándares de sanidad y calidad. Los empleados que se utilizan los cubre la ciudadanía. Entran en el rubro de honorarios, por lo que se retienen impuestos. No debe existir ganancia de tales negocios”.
En el caso de la desconocida Sandra Sánchez, el dinero salió de las prerrogativas federales. Sigue la incógnita. El servicio de medicamentos para los trabajadores es deficiente. Es un tema que no se ha agotado. Aunque la Auditoria Superior del Estado haya dado un dictamen o por visto el asunto, las leyes federales dicen que tenemos 5 años para solicitar datos de lo que se tenga duda. La sociedad organizada puede aclararlo, obligar a las autoridades a que nos den una respuesta certera, que no pase como en Soledad, donde se triangularon recursos que terminaron en cuentas bancarias de particulares. Hasta ahora, nadie ha visto a Sandra Sánchez. No sabemos cómo y cuándo se convirtió en proveedora de productos farmacéuticos. En San Luis existen familias que han avanzado en el mismo rubro con dificultades y han crecido en lo económico de manera creíble. En el caso de la señora, no se sabe nada más que su nombre. Desde un inicio aclaramos que el monto era para cubrir las enfermedades crónicas degenerativas, cuando menos de toda la plantilla de confianza, que son alrededor de 2 mil elementos por un año. Al menos que alguien nos explique si hubo alguna epidemia que desconocemos. No hay justificantes. Es el estilo que identifica al actual gabinete. Ante señalamientos puntuales de adentro y afuera, no hay respuestas. Atentan contra la capacidad de juicio de los potosinos. En el tema de transparencia, donde se dio a nivel nacional un reconocimiento, los demás compañeros hemos discutido que hubo un error de la instancia en su metodología, ya que lo externado no se apega a la realidad. Deben ofrecer datos más certeros. Nosotros como regidores y vigilantes no obtenemos respuestas. Menos los ciudadanos que las soliciten”.
“Ni en Estados Unidos se mira algo semejante, aunque tienen estrictos controles fiscales. El que haya ocurrido en nuestra ciudad, indica que el trabajo solo lo pasaron a la firma y que hubo actos que no fueron correctos. Se prestaron a la corrupción para dar el premio. Conozco el tema de los 500 millones de pesos que auditó la Auditoria Superior de la Federación. Son del ramo 33. Es dinero destinado al abatimiento, rezago social y temas de infraestructura. En el PRI hemos mantenido la corriente de no autorizar lo que se nos presenta en los estados financieros por las inconsistencias que se presentan. Hacen acomodos, dan cifras que suben y bajan. Al final del año hacen una represupuestación, donde arreglan todo lo que está chueco. Son situaciones ilógicas. Cualquier movimiento que no está dentro de la ley, no se aprueba. Tienen que pedir permiso del cabildo. No podemos engañar a los potosinos. Ha habido manejos que no han sido los correctos en las cuentas, en los destinos, en los dineros para cada rubro”.
Alanís aludió a las contralorías municipales que se entregaron a los opositores. Lamentó que la figura no se analizó a fondo, jamás debió ser votada. Expone que en cualquier nivel de gobierno deben ser ciudadanas. No tener ligas partidistas. Los alcaldes las aprobaron con el voto de las dos terceras partes de los cabildos. En el caso de la capital, Enrique Alfonso Obregón resultó una figura dócil. “Lejos de privilegiar el trabajo que necesitábamos, sucumbió a las tentaciones o presiones. Salió por la puerta de atrás. El mismo alcalde Ricardo Gallardo se quejó que no cumplió lo que le pidió. No pudo solventar los oscuros manejos que se hicieron y tronaron su cabeza. Como en todos los casos, la verdad siempre sale a relucir. No es nada difícil atender la ley. Antes no existían las contralorías en los ayuntamientos. Se buscó servir a los ciudadanos, hasta que aparecen los malos manejos. Después vino la Auditoria Superior del Estado y ahora tenemos otros organismos que se encargan de revisar a las auditorias. Además de engrosar la burocracia, se perdió el objetivo para lo que fueron creadas, cuando existen normas sencillas para actuar”.
Alanís negó que la meta trascendente de Gallardo sea alimentar al pueblo. “Hay que diferenciar cual es el objetivo del ayuntamiento. La constitución se basa en la municipalidad y dar de comer a las personas no es la de cualquier gobierno. El ayuntamiento está para administrar los recursos. Los ciudadanos y las empresas generan riqueza. No se puede plantear que el alcalde hace calles o surte la despensa de la gente. Hay reglas establecidas. Entre sus funciones puede solucionar ciertos rezagos. Pero notamos retrocesos en infraestructura, democracia, transparencia, tolerancia. Si antes hubo la esperanza de lograr un mejor desempeño, ahora está muy lejana. Es la peor administración en los últimos nueve años. Lo dicen los números. No atiende las demandas de los habitantes, gobierna a capricho, busca ser ostentoso”.
Alanís expuso que el estancamiento que vive la capital no es sólo por la llegada del PRD. “La ciudadanía también ha perdido la capacidad de análisis. Las autoridades tampoco entienden que en el futuro inmediato, los gobiernos son de paso. Cada 3 ó 6 años tenemos la alternativa de renovar y elegir las mejores condiciones. Pero a veces se impone la comodidad, el modelo paternalista de los 80 a través de los gobiernos federales. Ahora se repite en el municipal. Los ciudadanos esperan que les resuelvan los problemas alimentarios, necesidades básicas de primera mano. Pero tampoco se atienden otros segmentos que reclaman servicios eficientes, facilidades para el crecimiento de nuevas empresas y negocios, mejores rumbos turísticos. Lo que se hace es privilegiar las extorsiones, el moche, lo que detiene a una ciudad que debe ser pujante”.
Censuró la conducta de Gallardo Juárez que también se ha metido de contratista. “La actitud gansteril de utilizar sus propias empresas para hacer las obras públicas, la tiene muy manejada. Se ha convertido en una práctica normal. En su etapa de alcalde de Soledad se notó menos, ya que es más pequeño, con reducida movilidad financiera, con amplias zonas rurales. No era muy visible el daño. Pero en la capital es muy distinto. Se afectó el desarrollo en muchos sentidos. Han dejado fuera de la competencia a los constructores. Sin temor a equivocarme, al año acapara alrededor 250 millones de pesos sin licitar. La transparencia es nula. Tengo más de 12 meses que solicité las actas del consejo de desarrollo social municipal, las obras y montos ejecutados. En el caso de infraestructura, quienes hicieron las obras. Hasta ahora no he tenido una respuesta favorable. Saben que no me pueden engañar tan fácil. Son tres áreas las involucradas, tesorería, desarrollo social y obras públicas. Los datos los mandan maquillados al congreso, donde tampoco permiten ver los detalles. Cada mes me dicen algo de un rubro, pero no cómo lo gastaron, en cuántas obras, metros cuadrados, drenajes, agua potable. Faltan datos que permitan saber si los trabajos costaron lo que dicen y si en realidad existen”.
Alanís habló del puente que Gallardo Juárez busca construir en la avenida Fray Diego de la Magdalena, donde se oponen decenas de colonos del Saucito. “Tales obras siempre tienen aristas. No es la primera donde sucede. Pasó en Pedro Moreno, Avenida México, Himalaya, Muñoz. La ciudad necesita obras importantes, pero antes hay que rehabilitar lo que ya está. Cuando se hacen trabajos de gran magnitud, se desvía el tráfico a vías secundarias. Se afecta la vida normal de los ciudadanos. Se arregla una y se descomponen cuatro. Lo que pudo haber sido un noble gasto, se vuelve algo malo, con un presupuesto que se incrementa después. En los brazos del distribuidor Juárez se combinaron recursos federales, estatales y municipales, que suman un total de 450 millones de pesos que deben usarse para arreglar lo destrozado. Sería algo de gran magnitud que los ciudadanos de todos los segmentos agradecerían. Se taparían baches con asfalto y se rehabilitaría el 80% de las vialidades primarias y secundarias”.
“El puente del Saucito va a generar conflictos como pasó en Muñoz. No se sociabilizó la obra. Ni siquiera nosotros sabemos en qué va a consistir. Es necesaria, pero hay que buscar los momentos para combinar recursos y no dañar otros programas. El primer arranque se dio con el colector en la zona. Es lo que se necesita antes que nada. Se lleva cuando menos tres meses. Se trata de una cuenca pluvial donde siempre hay problemas de escurrimientos. Llegan al sector y desembocan en el río Santiago. Desconozco el proyecto, pero dudo que incluya alguna planta tratadora, que sirviera incluso para regar el parque Tangamanga uno, lo que implicaría otro conflicto, ya que es propiedad estatal. La obra tendría que hacerse en otro ámbito, lo que no permitiría el alcalde”.
El regidor del PRI tocó el tema de los más de mil trabajadores despedidos de manera arbitraria. “Como dicen nuestras abuelas, ni dios padre nos va a salvar. Los corrieron de manera caprichosa, sin sustento. Es imposible que no haya repercusiones económicas. Al menos, cerca de 800 casos se habrán de resolver al final del trienio. Costará al erario cerca de 90 a 100 millones de pesos. Todos los casos están en los tribunales. Donde no hay elementos para defender, el ayuntamiento tiene que pagar. Los puestos de los que salieron los ocuparon con otras personas afines. Es el verdadero motivo. Ahora hay más gente que antes. Es una medida poco ortodoxa, de alcaldes acostumbrados a manejar el ayuntamiento como una empresa particular. No es su dinero. Si hay un revés, que pague el estado, los potosinos. Existen casos donde los ediles y cabildos fueron destituidos por no acatar las órdenes judiciales. Entre más se alarguen los juicios, se incrementan los costos. Todos los afectados han solicitado el pago de sueldos caídos y demás prestaciones. Con los 100 millones de pesos que se gastarán, si gestionan convenios, apoyos federales y estatales, se pueden convertir en casi 300 millones. Se podrían usar en infraestructura. Por simple maldad de quitarles la fuente de trabajo a casi mil personas, trastocó sus vidas de manera radical, ya que tenían de 15 a 20 años de laborar y por nada los despidió”.
Alanís rememoró las votaciones en la capital, donde los números más altos no los obtuvo Gallardo Juárez. “Fueron históricos los sufragios del PRI que logró Mario García Valdés que alcanzó 133 mil, los que más hemos conseguido. Los registros más altos en la capital los alcanzó el panista Jorge Lozano en el 2006, fueron 140 mil votos. Ricardo Gallardo 130 mil. En mi primera experiencia en el ayuntamiento con Victoria Labastida concluí que la expectativa inicial de un gobierno municipal es proporcional al término. Ahora no habrá excepciones a pesar de las cifras alegres que presentan. La gente aprende rápido. Entiende que los pésimos gobiernos no merecen la continuidad. Las dos anteriores administraciones de mi partido fueron muy criticadas. Pero no se comparan con el de ahora en temas financieros, democracia, transparencia, seguridad, tolerancia, desarrollo, infraestructura, quedan muy adelante. Hay que analizar a conciencia a quién vamos a elegir. Puede ser dos veces perjudicial darle el poder otra vez a la misma persona. Se reconoce que es muy hábil para manipular, disfrazar. Antes le funcionó incrustar en la nómina a sus seguidores. Pero la gente ya se dio cuenta de lo que hace. El bono de credibilidad que tuvo el PRD se agotó muy rápido por las malas decisiones y conducta dictatorial.
