Antes y después de alcanzar la gubernatura, el doctor en derecho, Juan Manuel Carreras, siempre fue visto como el carga maletines de su primer mecenas, el ex mandatario interino, Gonzalo Martínez Corbalá, al que ubicaron como el mentor político del ex presidente Carlos Salinas. Lo cierto es que alcanzó el cenit gracias al empuje del maximato Horacio Sánchez Unzueta y su alumno, Fernando Silva, que lo hicieron secretario de desarrollo social, diputado federal y titular del ramo educativo. En lugar de apoyar al candidato del PRI a la presidencia de la república, Roberto Madrazo, convenenciero, se arrojó a los brazos del panista Felipe Calderón. En un mitin celebrado en la Plaza del Carmen, se puso la camiseta del adversario, lo que le valió insertarse en la nómina federal, como director del Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica y titular de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra.
Acostumbrado a avanzar sin el mínimo esfuerzo, ponto se ganó la fama de pusilánime. En plena campaña por la gubernatura, el que luego fue su secretario de finanzas, José Luis Ugalde, lo llamó hombre sin huevos, proclive a la transa. Lo corrió hasta que se enteró que hacía pingues negocios con los invernaderos de Santa Rita. Si había 5 trailes de hortalizas que se vendían al extranjero, el funcionario sólo reportaba 3, el resto lo consideraba desperdicio, aunque los ofertaba al mismo costo.
Apenas se había sentado en el cargo y Carreras fue denunciado de comprar un terreno para la armadora Ford en 265 millones de pesos a su compadre, Roberto del Valle López, lo que evidenció conflicto de intereses. Entonces ordenó que no le pagaran un centímetro de publicidad al medio La Orquesta, que lo había desenmascarado. Pero sus órdenes las ignoró la encargada administrativa de la secretaría de educación, Sandra Rojas Ramírez. En una acalorada asamblea, no la pudo intimidar Carreras, el secretario del ramo, Joel Ramírez, el vocero gubernamental, Raúl Camacho y su asistente contable, Edilberto Tapia. Carreras volvió a quedar en ridículo. Luego vendría un descalabro más, cuando el diputado local, Alejandro Segovia, le dijo también que le faltaban tanates para combatir a fondo la inseguridad que aun azota a los potosinos. Jamás lo llamó a cuentas.
Carreras fue el gran beneficiario de la captura del ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, acusado de lavado de dinero por 200 millones y nexos con la delincuencia organizada. Lo que le valió ser encarcelado en un penal de Hermosillo, Sonora y Ocampo, Guanajuato, por casi un año. Sánchez Unzueta y el gobernador saliente, Fernando Toranzo, chantajearon al padre, al feroz cacique, Ricardo Gallardo Juárez. Le exigieron, los ayudara a ganar las elecciones para Carreras. A cambio, dejan al hijo libre y le entregan la alcaldía de la capital. La maquinaria del fraude se activó para enterrar a la opositora panista, Sonia Mendoza, cuyo triunfo parecía inminente. Luego se quejó de una maniobra de estado para enterrarla. En las redes sociales se ventiló que al mapache le entregaron miles de boletas con las que rellenó las urnas. Se habían elaborado en la imprenta del secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías.
Carreras después fue amenazado de muerte por Gallardo Juárez, quien le reclamó, no se atreviera a hacerle fraude a su hijo, que ganó las elecciones para la gubernatura. En la Plaza de Fundadores, energúmeno, deslizó que también le quitaron el triunfo en el 2018, cuando se confrontó con Xavier Nava. Los seguidores del comerciante pollero narran que habían ganado las elecciones, pero Carreras giró órdenes de no hacer alboroto, por lo que jamás estrenaron sus camisetas para festejar. Gallardo se aguantó el coraje. Pero el doctor el derecho negoció sus intereses personales por los colectivos. Se hizo el desentendido ante las denuncias
penales que presentó el edil Xavier Nava, quien acusó a Gallardo Juárez de haber cometido un fraude que supera los 2 mil millones de pesos. Si Carreras hubiera actuado, cambia el escenario político inmediato.
Acostumbrado a los fáciles bandazos, en lugar de inclinarse por el candidato a la gubernatura de la alianza Sí por San Luis, Octavio Pedroza, Carreras jugó triple. Los seguidores de la combativa líder sindical, Francisca Reséndiz, denunciaron que compró en una cifra millonaria, la posición para su ex secretaria de salud, Mónica Rangel, que cargaba el desprestigio a cuestas, por denuncias de peculado, que podrían alcanzar los 500 millones de pesos. El objetivo, usarla de distractora. En la maniobra pudo estar de acuerdo con el líder nacional de Morena, Mario Delgado y el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de beneficiar a ultranza al postulado por el Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona, al que usaron de instrumento para acabar con el cacicazgo de 30 años de Sánchez Unzueta. Era también la alternativa de salvar el mediocre sexenio, con obras nulas. El tabasqueño lo premió con la carretera y libramiento a Tamazunchale, una añeja demanda postergada.
Fue entonces cuando Carreras le entregó por completo a los Gallardo, la estructura del Consejo Estatal Electoral. Su presidenta, Laura Elena Fonseca, también resultó amenazada de muerte por Gallardo Juárez, si su hijo no salía victorioso. Los demás consejeros temieron por su vida y dejaron el camino abierto. El candidato de Nueva Alianza a la alcaldía de Soledad, Roberto Cervantes, denunció que funcionarios del consejo electoral, de manera abierta y ostensible, antes de abrir las casillas, se dedicaron a embarazar urnas a favor de la abanderada del Verde Ecologista, Leonor Noyola, incondicional del peligroso dueto. Se demostró que fueron clonadas miles de actas de escrutinio y boletas electorales, con papel de diferente grosor y dimensiones.
En síntesis, Carreras puso al servicio de sus cómplices, al árbitro electoral y toda la estructura administrativa para hacerle fraude a sus presuntos aliados, Octavio Pedroza y Mónica Rangel, a los que dejó en completo abandono. Cerró la traición cuando su único seguidor honesto, el presidente estatal del PRI, Elías Pecina, desistió de impugnar los resultados ante los integrantes del tribunal local electoral. Al parecer, Carreras cubrió las facturas pendientes con sus históricos alquimistas que lo hicieron ganar y perder en su accidentada y vergonzosa trayectoria.
Enemigo de la transparencia, para esconder los incontables saqueos al erario, el doctor en derecho designó como fiscal anti corrupción al ex diputado local, Jorge Alejandro Vega Noyola, hijo del sempiterno dueño del partido Conciencia Popular, Óscar Vera, enquistado en el poder legislativo durante los últimos 15 años. Fue por lo que nunca hubo pesquisas sobre la compra que hizo el Hospital Central de medicamentos caducos o alterados para el cáncer de mama y gástricos, por más de 120 millones de pesos. Su ácido aliado, Ricardo Gallardo, al asumir el cargo, ante cientos de invitados, fanfarroneó que su antecesor, tan sólo en el sector salud, le dejó un boquete económico por 20 mil millones de pesos. Para impedir que nadie escarbara en sus incontables latrocinios, Carreras compró la voluntad de los diputados locales e impuso como relevo de Vera, al que fue asesor del secretario de gobierno, Alejandro Leal, el litigante Felipe Aurelio Torres Zúñiga, rechazado varias veces por organizaciones cívicas, que se opusieron a su llegada, ya que sólo iba a garantizar impunidad a su jefe.
Los días finales de Carreras fueron los más desastrosos. Se concretó el sello de un mandato deshonesto, sin pies ni cabeza, nulas obras relevantes, cero justicia, plagado de desapariciones forzadas, secuestros, homicidios dolosos, feminicidios, cooptado por el arribo de 6 cárteles que se dividieron la entidad a su antojo. Carreras encubrió el turbio despliegue del director de la policía investigadora, José Guadalupe Castillo Celestino, al que grupos criminales acusaron de encabezar el Cartel de la Ministerial. Coló de fiscal al ineficiente notario 26, Federico Garza, que alardeó resolver el secuestro del sexenio, en la figura de la niña Zoé Zuleica.
Tampoco aclaró el asesinato del foto periodista, Daniel Esqueda, que pudo ser ejecutado por agentes ministeriales. Garza hizo el ridículo cuando empantanó las investigaciones sobre el deceso del ex presidente estatal del PRI, Aurelio Gancedo, que apareció descuartizado en la cajuela de su mini Cooper. Tenía las huellas inequívocas de que fue víctima del crimen organizado. El bonachón funcionario lo convirtió en crimen pasional. Temeroso de que Gallardo Cardona lo llame a cuentas por haber aceptado las denuncias contra su padre y no identificarse con el grupo que asume el mando, Garza alegó motivos personales y renunció al cargo tres años antes. Se le ubicó como el próximo secretario de la universidad autónoma.
El culmen del sexenio de Carreras resultó un balance objetivo del fracaso. Un estilo de gobierno fincado en una conducta frívola, corrupta, irracional, inhumana, irresponsable. Hacia fuera se proyectó como un tartufo, un patiño de la política. El actual secretario de transportes, Leonel Serrato, lo ridiculizó con el mote de “Carreritas”, con lo que aludió a un personaje mediocre del cine nacional, “Gutierritos”, un papanatas sin carácter, manipulable y cobarde. Pero en corto, en privado, fuera de los reflectores, cuentan que se convertía en un patán. La ofensa maternal era el castigo verbal más noble que usó contra la mínima falla de sus ayudantes.
A unas cuantas horas de irse, los ministerios públicos y policías investigadores bloquearon el acceso al distribuidor Juárez y parte de la carretera 57. Exigieron el pago del 5% al salario y retroactivos que se negaron a cubrirles durante meses de reclamos. Maestros de telesecundaria bloquearon el acceso a la secretaría de educación, ya que no les habían cubierto bonos y se retardó el pago a jubilados. Taxistas de la huasteca obstruyen el cruce de Muñoz y Hernán Cortés. Se quejan del nulo respaldo para atender las añejas demandas de conseguir un trato equitativo en las zonas indígenas. Ventajoso, el vocero gubernamental, Raúl Camacho, engatusó a varias decenas de propietarios de portales electrónicos y escritos, a los que no les pagó servicios publicitarios que contrató en los últimos dos años.
Los montos pueden superar los 20 millones de pesos. Para que los quejosos no salgan a la calle, los encerró en las oficinas de la secretaría de educación, donde los hace firmar, convenios y facturas chafas que no le cubre a la mayoría. El objetivo era ganar tiempo para dejarlos indefensos. Los afectados contemplan hacer una demanda colectiva contra Carreras y Camacho, por el delito de fraude, ya que, con la mano en la cintura, ignoran las deudas contraídas. Una imagen demoledora sintetiza el inútil mandato del doctor en derecho. Camina con la cabeza gacha, triste y sin moral, en los pasillos del palacio estatal. A su lado, sonriente, con el dorso henchido, su relevo, Ricardo Gallardo. Es la placa de la derrota y el éxito. El retrato del verdugo y el lacayo.