El crecimiento de los índices delictivos no se detiene. Octubre se ubicó como el más violento del año en la entidad, con 3 mil 27 ilícitos denunciados, para sumar hasta entonces un total de 30 mil 157, con lo que se rebasaron los hechos violentos del 2016, que tuvo 23 mil 393. Y siguen sin resolverse casos estruendosos como el de la llamada ecuación corrupta que involucró a diputados y funcionarios de la Auditoria Superior o el asesinato del foto reportero Edgar Daniel Esqueda Castro, donde la autoridad local se ha desentendido con la excusa de que fue atraído por la Procuraduría General de la República. El ahora fiscal general, Federico Garza Herrera, aseguró en su comparecencia ante los legisladores que la credibilidad de la dependencia ha crecido y que el trabajo realizado avanza.
El 27 de octubre, un día después de haber sido electo, casi en forma unánime, al obtener 26 votos de los 27 diputados, Garza Herrera se reencontró con los legisladores en la comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe del gobernador Juan Manuel Carrera López. En su momento dijo que en dos años al frente de la procuraduría, se desarticularon 34 bandas delictivas que operaban en la zona metropolitana, altiplano y parte noroeste del estado. Se detuvieron a 2 mil 833 personas de las cuales 590 estaban relacionadas con delitos de alto impacto y se liberaron a 24 víctimas de secuestro.
Sobre el video escándalo de los sobornos a alcaldes para limpiar cuentas públicas por parte de diputados y empleados de la auditoria, Garza adelantó que ya declararon todos los presidentes municipales. No señalaron ningún acto que conlleve imputar hechos con apariencia de delito en contra de algún servidor público. Justificó la falta de resultados al señalar que son acciones que no se pueden resolver en un mes o dos y que el nuevo sistema de justicia exige el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Mencionó que con la actual auditora, Rocío Elizabeth Cervantes, han encontrado mayor eco. Les ha entregado más datos, que valida el ministerio público que lleva la indagatoria. Se espera encontrar alguna senda y pronunciarse.
Respecto a los feminicidios y en respuesta al diputado del PRI, José Luis Romero, que le preguntó lo hecho en el tema, Garza les dijo que a través de la oficina especial de la PGR, con la que están en contacto permanente, se han reunido con familiares de las víctimas. En el caso del multi feminicida de Tamuín, acusado del asesinato de 4 mujeres, donde figuran dos menores de edad, se logró revocar el acto de autoridad que le otorgó beneficios en uno de los procesos y se le pudo vincular con otro hecho delictivo derivado de los hallazgos que hicieron antropólogos especializados en la zona de la huasteca.
Habló sobre la unidad de personas desaparecidas y el fortalecimiento del área de atención temprana, para acortar a media hora el tiempo que una persona se tarda en interponer una denuncia penal, cuando antes eran de 3 a 4 horas. El ideal es bajar los tiempos a 5 minutos. Se lograron sentencias condenatorias en un 75 % de las carpetas de investigación que se judicializan.
Les dijo que ha acatado todas las recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se capacitó al personal. Informó que se tienen 101 denuncias en contra de policías y funcionarios de la procuraduría, 96 en contra de gente que no es de la dependencia, 7 por parte del organismo y 40 de otras instituciones. En fecha reciente se actuó en contra de 6 comandantes de la policía ministerial que están sujetos a proceso y recluidos en La Pila. Los agentes fueron señalados como los responsables del asesinato del joven Enrique Gómez, acribillado el 28 de junio, cuando acompañado por una prima, transitaba a bordo de una camioneta en la colonia Las Julias.
El fiscal señaló que por cuestiones de seguridad no daba el número de elementos que integran la policía ministerial, pero aseguró que en el sexenio de Fernando Silva Nieto, eran el doble de los que se tienen en la actualidad. Se lograron 50 plazas más y está pendiente otro número igual. También se necesitan elementos para la policía científica y dotarlos de herramientas necesarias para desempeñar su labor. Lo mismo en el área de peritos, base preponderante en el nuevo sistema de justicia penal.
Los diputados del PRI, José Luis Romero Calzada y Óscar Vera, más que aclarar dudas o cuestionar la falta de resultados, intervinieron para ponerse a las órdenes del funcionario. Romero encomió la valentía del director de la ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino. “Eres bien valiente, ¿qué ley hay que modificar?. A veces sabemos dónde están los malos y no denunciamos. Podemos ayudar en el presupuesto para motivar a la sociedad a inconformarse, para que hagan su labor y tener un poco más certeza en el tema delictivo. No hay secuestros desde hace más de un año en la zona metropolitana”.
En tanto Vera de Conciencia Popular le dijo al recién estrenado fiscal: “entiendo la tarea que desempeñas. Te has capacitado en el nuevo sistema oral, con mucho esfuerzo. Tu gente sabe lo que hace”. Precisó que ya trabaja en la nueva ley general de la fiscalía, pidió atender el presupuesto de la dependencia, porque sin dinero no hay resultados e hizo notar la falta de solvencia de los peritos en técnicas de investigación.
La legisladora del PAN y presidenta de la cartera de justicia, Xitlátlic Sánchez pidió atender las plazas que se necesitan. Cuestionó que 20 millones de pesos gastados en el último año para publicitar el nuevo sistema penal, era un monto considerable para que el tema estuviera socializado. Insistió en el incremento de la incidencia delictiva en la huasteca y citó como ejemplo el robo de 100 cabezas de ganado de un rancho sin que ninguna autoridad lo haya notado. “Se llevan el patrimonio de los ciudadanos en los robos a gasolineras, joyerías, se cometen homicidios y feminicidios. En lugar de medir cuánto tiempo invierte un ciudadano en interponer una denuncia, es prioritario tener en cuenta lo que se tardarán en una respuesta”.
Garza Herrera respondió que los cuatreros tienen capacidad y destreza, pues lograron introducir en un espacio muy reducido, dos camiones de los llamados “Panzones”, para cometer el ilícito. Aseguró que las pesquisas van muy adelantadas. Se trabaja para dar pronto con el paradero de los animales y responsables del atraco. “Algunos puntos en materia de seguridad tienen que ver con la tarea preventiva que no toca a la procuraduría. Pero tratamos de llevar acciones previas, una cartografía completa de donde se cometen los delitos y las horas”.
Les aseguró que si los apoyan con más plazas y recursos para cumplir con su labor, ofrecerán resultados positivos. Su premisa mayor será que no haya impunidad. En respuesta a la diputada del PRI Esther Angélica Martínez Cárdenas, que preguntó sobre las bondades del nuevo sistema de justicia oral, Garza señaló que la gran deuda es socializarlo, ya que la gente no lo conoce, hacia dónde va y sus beneficios. Al contrario del anterior procedimiento, donde prevaleció que el delincuente permaneciera en la cárcel, pagara o no la reparación del daño. Ahora se privilegian los medios alternos para solucionar conflictos. Se respetan las presunciones de inocencia y hasta que prueban los delitos, se acude al juez de control, con lo cual se garantiza el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Informó que existen convenios y pláticas con procuradores de Texas y Arizona en los Estados Unidos, para capacitar a policías científicos y peritos. Comparó el avance del sistema oral con una escalera de 100 peldaños. El avance es apenas de 3 escalones, faltan 97. En respuesta a una la pregunta que le hizo a través de la diputada Xitlálic Sánchez, la señora Mónica Torres, sobre el peso que le darán a las denuncias y exhortos sobre corruptelas que haga el comité de participación ciudadana, el fiscal reiteró sus frases: “nada por encima de la ley” y “no soy tapadera de nadie”.
