El litigante Carlos Covarrubias Rendón alerta sobre las intenciones del magnate Carlos López Medina, de apropiarse de 2 mil hectáreas en la comunidad de San Juan de Guadalupe, con el esquema de las empresas inmobiliarias promovidas durante el sexenio de Carlos Salinas. Un pretexto subliminal para despojar a los ejidatarios de la tierra y volverla a privatizar mediante artilugios. Considera que es la última maniobra del voraz fraccionador, cabeza de un grupo de inversionistas que tratan de capitalizar el coletazo del moribundo esquema agrarista que permite juntar a los pobres dueños de las tierras con los millonarios contratistas que pagan con espejos cada metro de tierra que luego venden con alta plusvalía. En el centro de las disputas, aparece el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, que debe autorizar el cambio de uso de suelo para ganancia de sus patrocinadores en detrimento de los comuneros que buscan alternativas más justas. Como si ya fuera dueño del predio urbano, López Medina y sus cómplices, ante el problema del agua potable en la capital, hacen gestiones para quedarse con el líquido proveniente de la presa El Realito, que todavía se paga con los impuestos de los ciudadanos. Pero López Medina no tiene el control del comisariado, que se rompe en varios segmentos. Ya soltó a sus cabilderos a comprar los votos que le faltan al precio que le marquen. Sabe que tira centavos que habrá de recuperar con millones de dólares en lo que se ha definido como la estafa del siglo.
-¿Cómo está el conflicto de San Juan de Guadalupe, qué papel juega el magnate Carlos López Medina?
-El asunto de San Juan de Guadalupe se encubó hace muchos años. Es un viejo sueño de la familia de Carlos López Zertuche, Carlos López Martín del Campo y Carlos López Medina. Se han dedicado al desarrollo inmobiliario desde que se tiene memoria, en los 40 y 50. Hay que recordar que el navismo, en gran medida, nació al confrontarse la familia López con el entonces rector de la Universidad Autónoma de San Luis, Manuel Nava. Fue una disputa respecto a los terrenos que habían sido permutados en el ejido Garita de Jalisco con el fraccionador Carlos López Martín del Campo. Entonces nace la reyerta. Se vino la insurgencia social contra el cacicazgo de Gonzalo Santos. Ahora surge el problema de San Juan de Guadalupe, pegado a La Garita y Las Lomas. En algún momento, predios de San Juan como Casa Blanca y otro donde López aparece como propietario, le vende a las desarrolladoras, que hacen negocios con el gobierno en los 90. Junto a López Medina y su socio de Century 21, Alejandro Tamayo, aparecen los empresarios Carlos Torres Corzo, Vicente Rangel Mancilla, Manuel Muñiz Werge y Marcelo de los Santos Anaya. Todos viven los últimos estertores del salinismo. Empezaron con la Garita de Jalisco en 1993, con la venta de superficies donde se ubican los centros comerciales Walmart, en una superficie de 70 hectáreas. Luego vinieron las aportaciones de las sociedades mercantiles en 1994.
“Fueron los primeros grandes modelos del mercado de tierras en el país. Ahora, 24 años después, la comunidad San Juan de Guadalupe es el segundo paso del proyecto. Pero tienen un problema y una serie de situaciones complejas de 1994 al 2003, que empiezan a activar la parte pendiente conocida como Desarrollo del Pedregal. La continuidad de la Garita de Jalisco es San Juan de Guadalupe. Siempre intentaron tener el control del comisariado comunal desde los 90. Lo consiguieron a través de los Juanes Perreros, con la ayuda del ex líder estatal de la CNC y ex diputado federal, Felipe Aurelio Torres y otros asesores que tenían en la Grita de Jalisco. En el 2002, al iniciar operaciones Desarrollo del Pedregal, Carlos López, Vicente Rangel y Eduardo Garcia Navarro, se desdoblan hacia San Juan de Guadalupe. Crean una estrategia para incorporar el suelo de la comunidad de San Juan al proceso del mercado de tierras, lo que plasman en una serie de planos. Al calor de las enormes ganancias que tuvieron en La Garita, dieron un brinco gigante hacia adelante, en San Juan. Empezaron a pactar con los comisariados. Era la etapa en que fuimos opositores a los Juanes Perreros. Nos juntamos para derrotarlos en el 2006”.
“Llevamos a Margarito Jasso a la dirigencia comunal. Pero se fractura y vende el movimiento un año después. Es jalado y comprado por López Medina y su grupo de los Juanes Perreros. Para finales del 2008, ya no estaba con el sector contrario a los intereses inmobiliarios. Cuando nos desmantelan el proyecto para transformar la comunidad a base de dinero y corruptelas, el gobernador Fernando Silva Nieto no tuvo la capacidad de plantear una alternativa de desarrollo para la gente. En el 2009 ya estaba encarrilado el tema de aportaciones a la sociedad mercantil. En el 2010 llevan el expediente a México para intentar incorporar 4 mil 500 hectáreas al plan urbano. La procuraduría agraria descubre inconsistencias y les recomienda no manejar un modelo de sociedad mercantil ejidal o comunal. Les sugiere que incorporen el proceso mixto. Era muy curioso el primer intento de inmobiliaria, que lo hicieran los puros comuneros, para que luego se asociaran con los desarrolladores. Se trataba de aprovechar las circunstancias para después de constituida, dejar el canal abierto. La procuraduría sugirió modificar el esquema para obtener las licencias del cambio de uso de suelo, muy parecido a lo que pasó en Desarrollo del Pedegral”.
“Fue lo que sucedió entre 2010 y 2011. En el 2013 se empieza a resquebrajar la unidad del grupo hegemónico de la comunidad, que tenía más de 250 votos contra una minoría pequeñisima que se oponía. También empiezan a confrontarse cuando sale a escena Alejandro Tamayo, un inversionista que represnetan a Century 21, con muchos procesos de desarrollo en Villa de Reyes y se pelea con López Medina por el control de la comunidad. No fue algo que sucedió de un día para otro, se dio en una coyuntura de divisionismo, ante la inmesa riqueza que significaba controlar el plan inmobiliario de San Juan de Guadalupe. Se crean dos fuerzas paralelas, una la encabeza Carlos López y otra Tamayo, cada uno con su grupo de comuneros. El problema se da en el 2017, cuando se vuelven a juntar todos los inversionistas con el gobienro estatal. Establecen un condicionamiento para que puedan lograr los cambios que necesitaban en el plan de desarrollo urbano. En el 2017 le dicen a los comuneros que el tema se ha resuelto. Los dos grandes bloques que habían luchado un par de años por el liderazgo de la comunidad y ser interlocutores con el estado, se unen”.
“Luego expulsan a varios de los líderes de la comunidad porque sobran, como Francisco Solis, Aniceto Hernández, una serie de compañeros y asesores que llevaron a López Medina a la comunidad, lo que sucede a principios del 2018. Se empiezan a reunir de nuevo las disidencias, las más radicales con las más pragmáticas que ya no estaban con López ni Tamayo. Se convierten en un polo opositor que parten en cachos las pretenciones de López de incorporar las tierras a un proyecto inmobiliario, ya que perdió el control de la asamblea. Nosotros volvemos a intervenir y promovemos renovar el órgano directivo. El Tribunal Agrario nos cita y convoca para reunirnos porque hay dos representaciones comunales. La de Dolores Quintero y la del famoso Tanque, hijo del entonces comisionario en 1980. Se elige la nueva dirigencia y queda fragmentada la comunidad. Gana el grupo que encabeza Rogelio, saca 98 votos. El candidato de López Medina, Alfredo Hurtado, junta 60. Nosotros 64. El ala de José Enrique González, duro, radical, logró 19 votos”.
“Carlos López y Tamayo habian vencido al alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez al crear una nueva ley de desarrollo urbano que impidió al edil sacar un plan de desarrollo que los afectara. El objetivo de crear una nueva norma de asentamientos humanos y crecimiento urbano tenía como objeto trabarle la emisión de las reformas. Además, sacan el decreto de proteccion de la sierra de San Miguelito y dejan fuera la comunidad. El problema es que no tenían mayoría calificada para la aportación de tierras. Es lo que pasa ahora. Si quieren convocar, necesitan 270 comuneros presentes. No los tienen, pero acosan a la gente, la tratan de cooptar a como de lugar. El plan que tenían desde el 2012, abarca cerca de 3 mil 156 hectareas. Luego se manejó que eran 7 mil, después 2 mil. La inmobiliaria se llama Reserva, antes Chinancali”.
-¿Por qué se asocian López y Tamayo?
-Es una salida pragmática de comerciantes y empresarios. Saben que es mejor transitar unidos que entrar a un proceso de choque. Las 2 mil hectáreas estan delimitadas, colindan con el Club de Golf La Loma. Tienen tanto dinero que son capaces de convertir a La Noticia en la agencia Reuters. Es el poder real, pero también el útlimo suspiro del agrarismo salinista, del mercado de tierras que nunca pudo ser. En todo México nomás se hicieron 23 inmobiliarias en 25 años, de las que tres quedaron en San Luis. Todas fracasaron. Funcionaron para los desarrolladores, es donde están los juzgados federales, hospitales. Tuvieron éxito para los ricos. A los ejidatarios de La Garita, lo que les dieron, ya se lo acabaron.
-¿López Medina perfeccionó su técnica de apropiarse de los terrenos ejidales y comunales, con su experiencia previa de Las Lomas y Garita de Jalisco?
-Ha realizado un esfuerzo para adaptarse a la circunstancia social y política de San Juan que es diferente a La Garita, donde vendieron todo lo que tenían. En el caso de La Tenería 190 y Loma Blanca 350. Vicente Rangel se quedó con 350 hectáreas. Desarrollo del Pedregal 620, pero se escindió a 180, a la Inmobiliaria Casa Blanca le tocaron 190. El fraccionamiento perteneció a López Medina. Fueron 380 hectáreas. Había una área ecológica de 70 hectáreas que diluyó. Lo mismo hará en San Juan de Guadalupe, dejan fuera una reserva ecológica que al final van a urbanizar como lo hicieron con La Garita.
“Las 10 hectáreas que apartaron estaban pegadas al periferico, luego fueron negociadas. Eran parte del componente que desarrollaron López Medina, Vicente Rangel y García Navarro. Fueron socios en algunas firmas y en otras competencia. El universo era de casi mil hectáreas. Tienen proyectada una segunda etapa para agarrar 2 ó 3 mil hectáreas más. La tecnología no es la misma de hace 20 años. El manejo de explosivos, las máquinas para desmoronar y abrir caminos, son muy rápidas. Pero el método de apropiarse de lo ajeno es el mismo. En esencia, es el esquema de volver loca a la gente con unos cuantos centavos y doblegarlos a partir de su necesidad y pobreza. Es letal el proyecto que empuja López Medina. En La Garita, en las sociedades mercantiles, dijeron que los ejidatarios tenían el 49% de las ganancias y el 51% los empresarios. Hoy está 40% los comuneros y 60% los empresarios. La solicitud de opinión se fue a México el 8 de marzo. En pocos días lo definirá la asamblea”… (tomado de la versión impresa, Diciembre 2018)
