El alcalde de Santa María, Israel Reyna Rosas, encontró la forma de hacer negocio con el erario. Pero un laudo laboral, la complicidad, la desidia y el desvío de recursos públicos, lo pusieron en evidencia. Al ayuntamiento le embargaron 11 millones de pesos a consecuencia de un laudo laboral por el despido de Baltazar Mena, que fungió como asesor del ex alcalde panista Pascual Martínez. El hecho evidenció el irregular manejo financiero que podría traer consecuencias penales para el edil.

El ayuntamiento recibe de la federación más de 33 millones de pesos al año del Ramo 33 que debe destinarse para abatir el rezago social. Reyna decidió lograr ganancias ilícitas. Cada mes recibe cerca de 3 millones 300 mil pesos. Los acumuló durante 10 meses en Fondos de Inversión, con una renta fija en “bonos�, lo que generó atractivos intereses.

Omitió abrir una cuenta específica y productiva como lo exige la Ley de Contabilidad Gubernamental. El alcalde, coludido con el tesorero Martín Pérez Torres y el asesor de contabilidad gubernamental, Oswaldo Mascorro Manzo, desviaron los recursos a un rubro particular, para evitar embargos de laudos que tienen emplazados, sin permiso del cabildo.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los sorprendió al incautar 11 millones de pesos por el juicio que ganó Mena. En el oculto depósito se habían acumulado 20 millones de pesos, en un claro subejercicio de los recursos correspondientes al 2019. El trío debió regresar el monto no utilizado a la federación, como lo marca la ley.

Significa que en el 2019, Reyna Rosas malversó fondos públicos para su beneficio. Antes de interferir la cuenta al ayuntamiento, el Teca solicitó datos a la Auditoria Superior del Estado para descartar que el dinero incautado sea de carácter federal, para evitar cualquier pena.

La auditora Rocío Cervantes Salgado, negó los informes. También solicitaron al procurador fiscal de la secretaría de finanzas del gobierno estatal, Marco Efrén Gutiérrez, más detalles. Les contestó que la cuenta se abrió para depositar recursos federales, pero no tenía la certeza de que hubieran cumplido, por lo que procedió el decomiso.

En su defensa, Israel Reyna acusó al Teca de actuar en forma dolosa contra las finanzas municipales, por lo que la requisa era ilegal. Fingió ignorar la antigüedad del laudo. Sin embargo, a principios del 2019, el ayuntamiento fue sancionado por primera vez con más de un millón de pesos, por el mismo caso. Reyna nunca se concentró en el tema, hasta que perdió.

Desesperado, presentó al Teca copias fotostáticas del gerente del banco, para argumentar que la cuenta intervenida guardaba recursos federales. La maniobra evidenció que trianguló capital del municipio para meterlo a Fondos de Inversión en lugar de realizar obras. Israel Reyna ya se reeligió, desde el inicio del mandato supo del caso.

Baltazar Mena, dos días antes de dejar el cargo, el 28 de septiembre de 2012, el alcalde Pascual Martínez firmó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, un convenio para pagarle 2 millones 336 mil pesos. Se estipuló que en caso de no cumplir, le cubrirían 5 mil pesos diarios. Entonces, del 2012 al 7 enero del 2020, el monto supera los 14 millones de pesos.

Hasta ahora, a Mena no le han rescindido el trato laboral. Es todavía un trabajador activo. Se desprende del mandato del Teca. Los defensores legales del ayuntamiento, el contralor Óscar Osthoff, el síndico José Luis Licea Cayetano y el jurídico, Adalberto Longoria, no han promovido ningún recurso. Están obligados a pagar en detrimento del erario y habitantes de Santa María del Río.