La falta de liderazgo del gobernador Juan Manuel Carreras López ya generó un prematuro vacío de poder. Incide para que diversos grupos y personajes le hagan cáusticos reclamos por su cada vez más notable inoperancia ante diversos y complejos problemas que no resuelve. El mayor escándalo se generó cuando el diputado del PRI, Alejandro Segovia, le espetó que le «faltan huevos» para hacer cambios en el gabinete. Tal vez «está dormido», por lo que no hace remociones donde el 70% de los funcionarios «no dan el kilo».

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, solicitó juicio político contra Carreras por facilitar más de 700 millones de pesos de manera turbia para adecuar terrenos que entregó a la armadora trasnacional Ford. La bancada de diputados federales del Partido Verde Ecologista demandó que se separe del cargo hasta que no aclare el destino de 400 millones de pesos de las pensiones de maestros que desapareció en la etapa que fue secretario del ramo educativo.

Carreras aparece codemandado en un juicio mercantil que promueve el director del Laboratorio Nacional de Construcción, Eduardo Yedid Cohen, que reclama el pago de 4 millones 100 mil pesos por servicios no cubiertos en las obras donde se instaló de manera temporal la armadora de vehículos Ford. En la nota publicada por el diario Pulso, el afectado refirió que lo contrataron para avalar las planchas de concreto construidas en las 300 hectáreas aportadas por el ejecutivo. En abril del 2016 le notificaron que ya no requerían su ayuda pero le exigieron los resultados de sus estudios. Aceptó darlos a cambio del pago, lo que no cumplieron. No obstante, las plataformas fueron entregadas, pero advirtió que los análisis pudieron ser alterados.

Las tareas de Cohen estuvieron supervisadas por el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo de San Luis Potosí por instrucciones de Carreras, que luego ordenó ya no inyectarle recursos. Los empresarios que lo contrataron arguyeron que tampoco les habían cubierto lo acordado. Por tantas evasivas, demandó en octubre del 2016 a los implicados.

Antes, en julio del 2016, el presidente de la cartera de honor y justicia del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Narciso Mendoza, destacó que era lamentable la conducta de Juan Manuel Carreras y sus colaboradores al violentar las garantías de los autóctonos. Aseveró que «enseña el rostro verdadero de un político hipócrita que solo beneficia a caciques y ricos de la huasteca a los que entrega cargos públicos». Lo acusó de no tener voluntad para corregir las omisiones en que incurrió al ignorar a sus representados en el Plan Estatal de Desarrollo. «Nos agrede. Nos hemos sentado tres veces juntos. Firmó un documento donde se comprometió hacer las consultas, pero hizo todo lo contrario.

Tiene un documento, busca que lo aprobemos sin escucharnos. Sigue el hostigamiento que inició con la anterior directora del organismo, Margarita Viñas Orta. Envían emisarios para que validen el plan de desarrollo. Fue destituida después de una queja ante el Comité Nacional contra la Discriminación. Pero mantuvo la misma conducta su relevo Raúl de Jesús González Vega». Añadió que la mayoría de consejeros exigen se cumplan con las normas. Viven con temor, por lo que hacen responsable de lo que les pase a Carreras.

A través del representante del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruiz, el litigante Ricardo Sánchez Ruiz y el dirigente de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Guillermo Luévano, interpusieron un amparo al saber que González convocó a reuniones de consejo para convalidar el Plan Estatal de Desarrollo sin tener atribuciones.

Luévano expuso que Carreras se niega a publicar el reglamento del consejo consultivo, que ya fue elaborado y aprobado por sus integrantes desde septiembre del 2015. Aludió a una convocatoria donde se estableció que el doctor en derecho buscó encabezar la asamblea, lo cual violó la autonomía del organismo y transgredió la ley. «Puede ser invitado pero no presidir. Lo mismo hizo González, llamó a una cita extraordinaria, pero carece de facultades».

Los quejosos lamentaron que se trate de manipular a los indígenas con mentiras, sobornos y promesas de gobierno para darle la espalda a los consejeros que han promovido los amparos. Contaron a la revista Proceso que «existe miseria extrema, hambre, enfermedad, muerte de niños y mujeres, alcoholismo y drogas que han metido para ensuciar a los jóvenes. No hay trabajo o lo pagan muy barato. Nos quieren quitar las escuelas, borrar de la faz de la tierra para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios, quieren introducir minas, pozos de chapapote, tubos de gas sin importar la vida de la gente».

El mes negro de Carreras fue abril. En la Gaceta Parlamentaria del congreso federal se incluyó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Verde Ecologista, donde solicitaron que el mandatario deje el cargo mientras se investiga un presunto desvío por 400 millones de pesos de las pensiones del magisterio. El documento lo firmó el ex secretario de gobierno Cándido Ochoa Rojas, considerado el verdadero gobernador ante el fracaso del galeno Fernando Toranzo. Ochoa era el jefe de Carreras cuando se desempeñó como secretario de educación. En los motivos, los legisladores expusieron que en el país, los moches, el tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción. Provocan desigualdad entre los ciudadanos.

La corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo el sistema político. No hay partido que no sea vulnerable a tal práctica. «Hay casos de corruptelas e impunidades como el de Juan Manuel Carreras. Cuando fue titular del sector educativo entre el 2013 y 2015, se desaparecieron 400 millones de pesos para cubrir las pensiones de los profesores de telesecundarias, que durante su vida laboral, atendieron a los niños más pobres de la entidad». Expusieron que en materia de corrupción, San Luis ocupa el indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es del 15.7%. Una de las más altas en la república.