Después de 7 años de peregrinar y tocar puertas en dependencias federales y estatales para exigir se haga justicia y castiguen a los responsables del asesinato de su hijo, Pedro Pablo Rosales Zapata, el ex diputado local Tomás Rosales López expuso que su esfuerzo ha sido infructuoso pues a la fecha ninguno de los implicados ha pisado la cárcel. En gran medida por la negligencia y complicidad de los encargados de impartir justicia. En particular, el ex secretario de gobierno y aún diputado federal, Cándido Ochoa Rojas.
“He constatado que la división de poderes y el estado de derecho en nuestro país, no existe, es una falacia. Impera la impunidad. Muchos asesinatos y desapariciones de potosinos continúan sin resolverse”. Su hijo Pedro Pablo Rosales Zapata fue levantado el 11 agosto del 2011 por una célula de los Zetas, que operaban en Villa Hidalgo y otros 
municipios de la zona centro. Su secuestro y posterior asesinato, pudo tener como origen, una denuncia anónima que realizó el propio Tomás Rosales sobre el grupo que operaba a la vista de todos en la zona. “El 14 de abril del 2011, muy temprano me llamó mi hijo para decirme que un auto con hombres armados, se había estacionado frente a su negocio, un molino-tortillería ubicado en la cabecera municipal de Villa Hidalgo. Le digo que me de las placas y hago una llamada anónima a la doceava zona militar. Como un grupo de soldados andaba cerca, acuden. Cuando llegan, el vehículo y sus tripulantes se habían retirado e introducido en otro domicilio cercano. Los militares preguntaron a mi hijo del reporte. Estoy seguro que les señaló hacia dónde se fueron. Fue el motivo por el que lo asesinaron”.
En el operativo, según constó en una nota periodística, elementos del ejército detuvieron en la calle Matamoros, en la zona centro de Villa Hidalgo a José Ernesto Hilario Moreno de 37 años y Samuel Pecina Lirio, de 19, presuntos informantes del crimen organizado. Se les decomisó un carro Nissan Tiida modelo 2011, blanco, con placas de San Luis Potosí, con reporte de robo, dos radios, tres teléfonos celulares y documentos diversos como indicios de las actividades ilegales que realizaban. Los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público del fuero común, del distrito judicial de Guadalcázar. Después de su arresto, Hilario Moreno salió libre. Sólo su cómplice enfrenta un proceso.
Pedro Pablo Rosales Zapata fue interceptado el 11 de agosto por sus ejecutores, cuando se trasladaba en su motocicleta por la carretera federal hacia un poblado cercano para entregar tortillas. Al darse cuenta que un auto lo sigue, se comunica con uno de sus empleados. Le dice que vaya al retén que el ejército tiene en la carretera 57, cerca de Estación Ventura, para que informe del acoso en su contra. Casi un mes después, el 9 de septiembre del 2011, la policía localizó en Villa de Arista el cadáver de un hombre. Después de los análisis de ADN, se confirmó que era Rosales Zapata.
Desde el primer día del secuestro, Tomás Rosales empezó a indagar por su cuenta y aportó datos sobre los presuntos implicados en el ilícito. Logró entrevistarse con el ex gobernador Fernando Toranzo, que le prometió, se haría justicia. Ni como procurador ni después como secretario de gobierno, lo recibió Cándido Ochoa Rojas, al que Rosales acusa de haber entorpecido las indagatorias y proteger a los presuntos responsables del secuestro y asesinato de su hijo. Lo hizo a través del abogado José Luis Ruiz Contreras, que era su asistente. Luego quedó como secretario particular del procurador Miguel Ángel García Covarrubias, que impuso en el cargo el propio Ochoa. “Tengo la certeza y acuso a Cándido Ochoa que estuvo coludido o en contubernio con los delincuentes que mataron a mi hijo. Tengo pruebas. Desde un inició nunca me recibió, dejó en la procuraduría a su títere, García. El que manejaba todo era el asistente, Ruiz”.
La ministerio público del fuero común, mesa uno, especializada en delincuencia organizada, María Guadalupe Rodríguez, fue a la primera que presentó la denuncia 211/ 2011. Hacía todo lo que el funcionario le indicaba. Se integró con deficiencias el caso y el juez de Guadalcázar a donde se remitió la querella, negó la orden de arresto contra los responsables que señaló el quejoso. El segundo juez del mismo distrito que después retomó el caso, Luis Fernando González, no hizo nada. “A los testigos que interrogaron, no los cuestionaban. Creo que hasta iban aleccionados. Tuve que recurrir al amparo para que me concedieran un careo. Una prueba de cómo torcieron todo, es el caso de una implicada en el homicidio, de nombre Ana Karen, que fue incluso detenida y procesada por halcona, a quién Ruiz defendió. El día de los hechos, se encontraba a muchos kilómetros de distancia, en la comunidad del Leoncito. No se permitió un careo. Le dieron largas al asunto para que saliera libre”.
“La conducta perversa y corrupta de José Luis Ruiz, se demostró también cuando, por sus indicaciones, la fiscal se negó a solicitar acción penal contra el policía estatal, Édgar César Aguilar, que 4 días antes del secuestro, había tenido un altercado con el occiso y lo amenazó de muerte. El agente no intervino para detener a unos informantes que fueron identificados. Los enfrenté con otro hijo en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, el 12 de octubre del 2011, un día después que levantaron al fallecido, que presenció lo ocurrido, junto con policías municipales, que tampoco actuaron cuando llegaron otros integrantes del grupo dilectivo a recatarlos. Solicité que se detuviera o se llamara a declarar al uniformado. Lo hicieron hasta el 2013, obligados por el amparo que me concedió el juzagado sexto de distrito”.
“A los halcones o informantes que detuvo la Policía Federal, los dejaron libres, no los investigaron a fondo. No indagaron lo que traían en los teléfonos que les incautaron. Hilario, alias El Coyote, fue señalado como el principal sospechoso. Llegó a pregonar en las cantinas, se la iba a pagar el que lo denunció. En el tiempo que Ochoa fue procurador, tuvo 3 ingresos por robo de vehículos. Más tardaba en entrar que en salir. Es algo que inquieta”. A los dos jueces que estuvieron en Guadalcázar y que conocieron del caso, Cándido Ochoa los premió. Al primero que negó la orden de arresto lo hizo juez civil y el otro, Luis Fernando González, llegó a ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Fue un ascenso repentino y sin méritos. Algunos litigantes llegaron a manifestar que algún favor le debía su jefe”.
A casi 7 años de ocurrido el asesinato de su hijo, el ex diputado local Tomás Rosales López ha recurrido a todo lo que ha estado a su alcance para lograr se castigue a los culpables. Ha esperado largas horas en la aficinas gubernamentales para que lo atiendan y escuchen. Investiga y litiga por cuenta propia en juzgados y hemetotecas, protesta en plantones frente a palacio de gobierno, coloca espectaculares y mantas, publica cartas en los medios, donde señala a los que obstaculizan la indagatoria. Emprendió una caminata a México con una cruz a cuestas. Se unió a caravanas de asociaciones civiles que buscan justicia por los muertos y desaparecidos, como la Marcha por Justicia y Dignidad que encabezó el poeta y activista Xavier Sicilia o la de los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Ha enviado escritos en busca de apoyo al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, secretarios de gobernación, al ex mandatario Fernando Toranzo y al actual Juan Manuel Carreras López. Lo que ha conseguido hasta la fecha es que el expediente se turnara a la Procuraduría General de República donde se avanzó en la indagatoria. Pero en el 2016, lo devolvieron a la procuraduría local. Argumentaron que el asunto le compete.
Rosales López indicó que una crisis emocional y los nulos resultados lo hicieron replegarse y abandonar por casi un año el asunto de su hijo. Además consideró que mientras estuviera en el gobierno Cándido Ochoa, sus esfuerzos serían nulos. Con la entrada de Juan Manuel Carreras López, buscó al procurador Federico Garza Herrera, quien lo atendió. Le aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para reivindicarlo. Sin embargo, Rosales expuso que han pasado casi dos años y sólo lo canalizaron con subprocuradores. El asunto no avanza y hasta el expediente que les turnó la PGR, no lo localizaban. “He actuado con respeto, pero enérgico, para que activen mi caso. Pero nada ha sucedido. El tiempo se consumió en renuniones bimestrales y trimestrales inútiles”.
“En diciembre del 2017 les pedí que tomaran en cuenta las indagatorias de la PGR, que me den acceso al documento. Primero no lo hallaban, después, cuando aparece y me dejan verlo, me doy cuenta que ni siquiera existe un escrito de recibido”. Rosales dijo que va a esperar un tiempo prudente para que los subaltenos de Garza tengan resultados, pero de no hacerlo, buscará apoyo de instancias internacionales con las que Mèxico tiene acuerdos para buscar que se le haga justicia, ya que la muerte de un hijo, es una herida que nunca cierra. “Lucharé hasta el día que muera. Ojalá que pronto se resuelva mi caso, no quede en la impunidad y no se llegue el momento en que postrado en una cama por estar enfermo, todavía estar preocupado porque no hubo resultados”.
Lo único que ha pedido es castigo a los responsables. No le interesa si el candidato a una curul local, Cándido Ochoa, vuelve a ganar. Insiste en que obstaculizó la justicia y lo puede llevar ante un jurado. Podría tener cargos de conciencia. Los partidos y ciudadanos deben saber qué clase de persona es, junto con su protegido, José Luis Ruiz Contreras, que al parecer, ahora está como impartidor de justicia en el nuevo sistema. “¿Con qué calidad moral puede actuar?”.
