El controvertido delegado del PRI en San Luis, Jorge Schiaffino Isunza, no obstante tener en contra al gobernador Juan Manuel Carreras, el sector de los llamados diputados broncos y al mismo dirigente estatal del partido, Martín Juárez Córdoba, no se cansa de pregonar que el ayuntamiento de la capital y de Soledad, controlados por el comerciante pollero, Ricardo Gallardo Juárez, están bajo la férula del crimen organizado, que es capaz de violentar el estado de derecho. La ira del quejoso se desató cuando se supo que el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de un tajo, sin el mínimo análisis, borró las observaciones que se hicieron a los tres primeros meses del desempeño del polémico edil, donde se incluyen los 34 millones de pesos que entregó sin licitar a la fantasmal proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz. Se especuló además que Gallardo negoció su impunidad a cambio de olvidarse de las bravatas contra sus antecesores, Victoria Labastida y Mario García, que también tuvieron un desempeño desastroso y dejaron las arcas vacías. Entrevistado por el Canal 7 local, destacó que el blanqueo de la cuenta pública del munícipe significa la presencia de dinero mal habido que se utiliza para el clientelismo político y lavar las fallas administrativas. El político oriundo del Distrito Federal recalcó que el ocultamiento de datos corrobora que todo lo maneja a través del crimen organizado. Se constata por los varios tentáculos para comprar voluntades y desaparecer hechos tan evidentes. Es peligroso lo que acontece, ya que no se sabe en manos de quién se encuentran los potosinos.
Tal vez Schiaffino ignora la complicidad que existe entre el gobernador Juan Manuel Carreras y Gallardo, al que le debe el cargo, ya que le aportó a través de sus tentáculos corporativos, más de 200 mil votos. El polémico edil llegó al cenit gracias al irrestricto respaldo del ex gobernador Fernando Toranzo y del diputado federal, Cándido Ochoa Rojas, con amplia influencia en el ala priista del congreso local. Carreras también obedece al fallido galeno Toranzo, que antes lo ocupó como secretario del ramo educativo. Es la enmarañada y sólida estructura que enfrentó Schiaffino, que rápido lo minimizó. El coordinador de los legisladores del PRI, Fernando Chávez Méndez, que suplió en días recientes a la poco eficiente Marta Orta, destacó que las declaraciones del delegado no contribuyen en nada a generar un ambiente positivo a nivel local. Destacó que no compartía sus opiniones a título personal, ya que el PRI de San Luis siempre ha buscado la civilidad democrática. Expuso que confían en las instituciones para sancionar las irregularidades con documentos y expedientes fundados. El subsecretario de enlace institucional, José Ángel Castillo Torres, calificó de temerarias las acusaciones, que no abonan a la gobernabilidad. Le exigió aclarar los exabruptos, ya que se había equivocado. Toranzo designó auditor a Martínez para que le cubriera los saqueos millonarios que hizo junto con su esposa, la ex presidenta estatal del DIF, María Luisa Ramos Segura, que repartió contratos millonarios a cambio de jugosos sobornos. Chávez tiene la consigna de evitar la mínima falla que los lleve al banquillo de los acusados, ya que se coludió con Ramos en el tráfico de desayunos escolares y la compra inflada de estufas ecológicas. El enlace del ejecutivo con el congreso, Ángel Castillo, fue en el anterior sexenio director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado. El grupo de los llamados Broncos ha obtenido diversas canonjías de Gallardo, como aceptar una lista de recomendados que se desempeñan como aviadores.
Schiaffino fue descobijado de girar instrucciones a los diputados del PRI para atacar a Gallardo, por órdenes de México, ya que se trata del «personaje con más influencia en San Luis, al gobernar con sus fuerzas políticas el núcleo poblacional metropolitano, el más numeroso del estado». Se dijo que al momento de filtrar la consigna, lo acompañó Ángel Castillo y el dirigente estatal del PRI, Martín Juárez. El motivo de la asonada sería que el edil iba a entablar procesos penales contra sus predecesores Victoria Labastida y Mario García. En lugar del apoyo automático, provocó la ira de sus correligionarios José Luis Romero, Alejandro Segovia, Fernando Pérez, Marta Orta y Óscar Bautista. Romero fanfarroneó que el edil era su amigo y le iba a llamar para ponerlo al tanto de las maquinaciones. En un boletín sin firma que se atribuyó al jefe de prensa estatal, Adrián Vázquez, se estableció que Carreras jamás ordenó atacar al munícipe desde el congreso u otro ámbito. Precisaron que el delegado «fue mal aconsejado. Conoce muy poco de la realidad política local, que origina el desplante golpeador. No revisa ni mide las consecuencias». Se exaltó que Martín Juárez y la secretaria del partido, Sara Rocha, «han guardado prudencia y conservado los equilibrios para evitar descalificaciones». Enfatizaron que el único interesado en desgastar la imagen de Gallardo era Schiaffino. Se insistió en que Carreras busca «cerrar filas y establecer alianzas para dar el empuje que necesita San Luis». Le restregaron al defeño le haga al auditor con los mandos opositores…continúa (tomado de la versión impresa, JUNIO 2016)
