El pasado 14 de noviembre, la trabajadora del gobierno estatal, María de Jesús Almendárez Prieto, promovió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra el ombudsman estatal Jorge Andrés López Espinosa, por violentar sus garantías individuales. Es la segunda interpuesta contra el funcionario. La primera la interpuso la ex magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, Adriana Monter Guerrero, por el mismo delito. Sin embargo, en la historia del organismo local, es la primera vez que se inicia una querella contra el titular del organismo.

En el documento de tres hojas, la quejosa asentó que es trabajadora adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas. Fue víctima de  abuso y acoso sexual. Señalo que el 16 de abril  del año en curso, fue sentenciado su acosador, Juan Martín Gática Izaguirre, representante del sindicato mayoritario de burócratas.

Cuando denunció a su verdugo, el gobierno estatal también la atacó. Violó sus derechos como mujer, pero además la discriminó. En los 7 años que duró su lucha, se derivaron 21 expedientes de queja contra servidores públicos, de los cuales cuatro derivaron en recomendaciones y 16 están sin cerrar. A otro no se le asignó número de queja. La presentó el 13 de noviembre contra la Oficialía Mayor y el titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens Amaro, por omisión y no protegerla. Se resiste despedir a su acosador, con lo que pisotean la ley laboral. Advirtió que la querella va a durar por lo menos dos años detenida. Ya las conoce de antemano López Espinosa.

Almendárez estableció que el servidor público le causó agravio y la dejó indefensa al tener todos los expedientes abiertos, desde el 2017. Al ser omiso, se hizo cómplice. Lamentó que López tenga intereses políticos y se preste al tráfico de influencias a favor del gobierno estatal. Indicó que la cambiaron de visitadora sin a visarle. Su actual consejera, Mónica Tenorio, promovió un escrito ante López Espinosa, al que le dejó sus expedientes, con copia al sindicato, al que está afiliada. La dirigente Bernadina Lara también protege a Gática. Subrayó que el organismo no es autónomo, como presume ante los ciudadanos.

Expuso que López Espinosa no quiere anexar el escrito de la visitadora Mónica Tenorio, que le serviría de prueba para demostrar que es su empleada. Refirió que en tal contexto, el presidente del organismo no tiene total autonomía con sus trabajadores, ya que dependen de un sindicato. Tienen días de descanso, el 10 de mayo y día del padre y otras prestaciones.

El 30 de octubre se presentó en las instalaciones de la instancia y solicitó copia certificada de sus expedientes. Sólo le dieron una lista, por lo que se levantó una acta circunstanciada que guardó el visitador, donde se cerraron todos los expedientes sin concluir. Lo que no se le avisó. Actuaron en contubernio con el subsecretario jurídico y de derechos humanos del gobierno estatal, Ulises Valencia Gordillo.

Agregó que le causa agravio, que un presunto organismo autónomo, tenga que notificarle al ejecutivo, donde labora y al que acusó de coludirse con el sindicato mayoritario para revictimizarla y proteger a su acosador sexual.

Asentó en el documento que la discrimina y causa agravio López, que no se pronuncia ante el congreso por los actos sistemáticos de violencia que ha padecido por el gobierno estatal y Stevens Amaro. Tampoco interviene por otras víctimas recientes, como la ex oficial del registro civil, María Teresa Carrizales y de un ambulante que se plantó frente al palacio municipal, al que el ayuntamiento le vulneró sus garantías.

Almendárez estableció que ante la negativa de López Espinosa de resolver sus quejas, promovió un juicio de amparo ante el congreso, para que explique las razones por las que no llama a cuentas a Stevens. Fue por lo que incendió las copias simples de sus quejas frente a las instalaciones del organismo estatal para demostrar que de nada sirve inconformarse.

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