En pie de lucha y combatientes, se mantiene un aguerrido grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe y distintos colectivos que defienden la sierra de San Miguelito, para frenar a los ambiciosos inmobiliarios y contratistas que pretenden depredar mil 805 hectáreas urbanas, convertidas en área natural protegida. Es donde buscan construir el complejo residencial denominado “Las Cañadas�, a través de la firma Espacios en el Horizonte, del magnate más influyente de San Luis Potosí, Carlos López Medina, que hace equipo en el despojo con el dueño de la intermediaria Century 21, Alejandro Tamayo Ibarra.

También están coludidos actores políticos de los tres niveles de gobierno, como la secretaria del medio ambiente y recursos naturales, María Luisa Albores González, que no hizo caso a las órdenes de su jefe, el el presidente Andrés Manuel López Obrador, de preservar y proteger el monte. Incluso, hizo un plebiscito en la Plaza de Fundadores, donde cuestionó a sus seguidores si preferían la sierra o el supuesto desarrollo. El rechazo fue absoluto a los depredadores.

A la lucha se sumó el senador Eli Cervantes, que promovió un punto de acuerdo para exhortar a Albores, incluya como área natural protegida, más de 2 mil hectáreas de la sierra, que comprenden las comunidades de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito. Señaló que con el ánimo de encontrar consensos, buscó a la funcionaria, a la que parece, no le interesa resolver la problemática. “Se había pactado una cita para tratar el tema con la licenciada María del Pilar Tavera Gómez, quien es el enlace parlamentario con Araceli Páez Grajales, colaboradora en la oficina de Albores González, pero nos canceló en el último momento. Argumentó supuestos contagios de Covid en la entidad federal. Las actitudes que exhiben, afectan lo ganado en tres años�.

Indicó que los terrenos en disputa, son de vital importancia, ya que cruzan los municipios de Mexquitic, Villa de Arriaga y Villa de Reyes. Tienen las funciones de recargar los mantos acuíferos, ahora amenazados por los desarrolladores inmobiliarios, que de manera arbitraria, con la ayuda de grupos políticos y económicos locales, pretenden urbanizar. Se trata de la mafia del poder que busca alterar el uso de suelo en diversas superficies protegidas desde el 2003. Pero la amenaza de afectarlos no se ha frenado, avanza de forma gradual.

“Quiero denunciar en público, el plan que intentan concretar de manera impune, Las Cañadas, de la inmobiliaria Espacios en el Horizonte, que comprende más de 2 mil hectáreas. Hay indicios de que los representantes comunales se encuentran cooptados por oscuros intereses y permiten el avance sobre las zonas verdes�. Cervantes exigió a Albores cumplir las instrucciones del tabasqueño del 19 de enero del 2021, cuando refrendó su compromiso de nombrar a la sierra de San Miguelito como área natural protegida.

Por su parte, el activista Michel Hernández Piña, que pertenece al colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, expuso que se habían traicionado los decretos de López Obrador, de proteger la montaña, indispensable para las poblaciones que la rodean. “Guarda el equilibrio ecológico de 4 municipios, donde figura la capital. Es un área de recarga de los mantos acuíferos, de donde se abastecen los potosinos. Además, hay especies endémicas en plantas y animales�.

Hernández habló de posibles corruptelas dentro de la Semarnat, donde se avala construir complejos inmobiliarios. Incluyen privatizar la Cañada del Lobo, un espacio recreativo de las familias potosinas, con gran valor histórico. “Pretenden excluir mil 800 hectáreas de áreas protegidas de forma deliberada, para que se puedan urbanizar y construir residencias de lujo, clubes deportivos y otras obras que atentan contra el medio ambiente y derechos humanos de los habitantes de San Luis. Le pedimos al senado, cite a María Luisa Albores, para que explique las razones por las que afectan tanto terreno que pretenden vender a López Medina y Alejandro Tamayo�.

Estableció que la maniobra se gestó a través de un pacto arbitrario, sin tener un estudio científico, técnico o académico. “Hay evidencias donde gente de la Semarnat, visita la cañada con comuneros del lugar, pero también lo hace con inmobiliarios, representantes de la mafia del poder que tanto critica Amlo. Nos parece tan contradictorio lo que hace Albores para cometer el ecocidio, en el que se afecta el presente y futuro de los habitantes de San Luis y los ecosistemas�.

Recordó la consulta de López Obrador en la Plaza de los Fundadores, para que se hiciera un decreto de área natural protegida. Delegó la tarea al ex titular de la dependencia, Víctor Toledo, que luego fue cambiado por Albores. “El presidente ya conocía el asunto. En campaña estuvo además en Cerro de San Pedro, donde se vive una problemática de saqueo similar. Entonces, sabe que hay un acoso inmobiliario en la sierra de San Miguelito. Todo se le entregó puntual, mediante oficios y documentos�.

En el 2020 se firmó una serie de convenios con instituciones para llevar a cabo un estudio técnico, a cargo la Comisión Nacional de �reas Naturales Protegidas, que a su vez, hizo convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México, filial Morelia. A nivel local, involucró la secretaría del medio ambiente y el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología.

A principios de enero del 2021, cuando se dio a conocer el resultado del estudio previo justificativo para el establecimiento de un área natural protegida, la mafia inmobiliaria no dejó de actuar a través del gobernador Juan Manuel Carreras López y el presidente municipal Xavier Nava Palacios, para mantener las condiciones favorables y lograr los cambios de uso de suelo necesarios que ayudaran a urbanizar más de 2 mil 69 hectáreas�. Hernández expuso que el mandatario buscó generar las condiciones y dejar abierta la puerta para ejecutar los planes inmobiliarios. El ayuntamiento hizo los suyo al urbanizar las primeras 500 hectáreas de la zona.

“El conflicto por las hectáreas ubicadas en las faldas de la sierra inició en 1993. En el 2003 fue ratificada como zona natural para proteger al paisaje y la recarga del acuífero. Aparece en el Diario Oficial con un documento publicado que se denomina Proyecto Centro de Población Estratégico de las Ciudades de San Luis Potosí y Soledad. Está decretado como zona no urbanizable. Es por lo que Carlos López Medina, Alejandro Tamayo y demás empresarios, apoyaron de manera abierta a Xavier Nava, para que llegara como alcalde y facilitar todas las adecuaciones�. El ayuntamiento, pese a que aún no concluían los estudios, autorizó las primeras 500 hectáreas a sabiendas de que la Semarnat iba a excluir las hectáreas que restaban de las 2 mil 69. En un acuerdo con integrantes del comisariado de bienes comunales, cooptados, y que han recibido miles de pesos de los inmobiliarios, pactan y excluyen mil 805 hectáreas, donde habrán de iniciar las construcciones.

También habló el comunero Noé de la Rosa Bravo, que instó a López Obrador, los ayude a preservar la sierra y girar una pesquisa contra María Luisa Albores, para saber si ha incurrido en corruptelas. Agregó que en el consejo donde se aprobó desincorporar las mil 800 hectáreas de la zona protegida, se cometieron actos arbitrarios en la convocatoria de la asamblea. “Debieron hacerlo 35 días previos, no 15. Otro requisito era juntar al 75% más uno de los comuneros. Apenas logran el 50% más uno. Se exhibe que hay mano dura para entregar el patrimonio que le costó a nuestros padres�.

No obstante las múltiples resistencias, el 11 de julio, en la asamblea comunal, con 152 votos a favor, 15 en contra y 19 abstenciones, se aprobó desincorporar mil 805 hectáreas protegidas. La junta fue avalada por la Procuraduría Agraria. Se registraron actos de atropello por parte de los agentes de seguridad, que mediante la fuerza, sacaron a un pequeño grupo de inconformes con la felonía que se iba a cometer.

Entre los agraviados estuvo Juan García Leyva, que a sus 85 años, no ha aceptado soborno alguno. Los afectados dijeron que Albores ya transó con los grupos inmobiliarios. Afirman que los acuerdos caen en la ilegalidad, ya que solo asistieron 181 de un total de 341 consejeros. Y 40 eran acompañantes de los titulares, votaron de forma ilícita. Ante los actos arbitrarios, Noé de la Rosa promovió un amparo contra la entrega de las mil 800 hectáreas. Argumentó violaciones al derecho humano al agua y medio ambiente sano. Ante el revés, invitaron a que se repita el ejemplo de forma masiva.

Los defensores de la sierra lograron además, destituir a la tres veces presidenta del comisariado, Ana María Ortiz, que servía a los oscuros intereses de los constructores. La asamblea fue convocada por la Procuraduría Agraria. La corren con 35 votos a favor y 27 en contra, junto con otros de sus cómplices. La suple Martín Leyva, junto con un grupo de defensores de la sierra, que se oponen a los astutos corporativos. Para reforzar la lucha, le hicieron llegar una carta al presidente López Obrador, a través del presunto mandatario electo, Ricardo Gallardo Cardona, donde exponen el contubernio de funcionarios federales y estatales para desincorporar mil 800 hectáreas que destinarán a complejos habitacionales.

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