El sindicato independiente de trabajadores, participó en el Foro de Consulta Ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en la mesa Economía Moral y Trabajo, donde denunció al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de sistemáticos abusos laborales, ya que busca desaparecer los organismos que defienden a la burocracia, al desconocerlos, sin respetar los derechos humanos. Les impide la toma de nota y busca asfixiarlos en lo financiero.

“Nos niega el acceso a la salud, al privarnos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos impide el privilegio a jubilarnos, por dejar en la insolvencia el fondo estatal de pensiones, al emplear tales recursos, que no son del gobierno estatal, para fines desconocidos. Al momento adeuda más de 4 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, nos descuenta puntual las aportaciones de los empleados, sin entregar la que le corresponde como parte patronal”.

Denunciaron que Gallardo Cardona “obliga a personal discapacitado de seguridad pública a prestar servicio activo en las calles, cuando tienen asignadas sólo labores administrativas, por sus condiciones físicas y mentales, dados los riesgos que implican para sí mismos y la ciudadanía, utilicen armas de fuego, sin tener las aptitudes indispensables”.

Tampoco pueden realizar labores de vigilancia. Resaltaron que el mandatario contraviene el marco legal electoral, al utilizar su influencia para forzar a los empleados a apoyar al Verde Ecologista, al obligarlos a afiliarse, so pena de ser despedidos. No recibir el salario, ni prestaciones o ser hostigados. Instaló módulos de registros en los centros de trabajo, además de aumentarles la carga laboral, para que hagan trabajo de promociones partidistas.

Reséndiz Lara añadió que ahora tienen que recurrir a la fe de un notario público, para acreditar las constantes negativas de Gallardo a recibir los oficios que le remiten, donde le solicitan, atienda sus justas demandas, que nunca resuelve. Le han entregado más de 6 mil documentos en tres años y cuatro meses y apenas contestó 537. La secretaría de finanzas sobresale por las negativas. Se resiste a pagarles lo que les debe. La combativa líder expuso que el ejecutivo incumple sus obligaciones y compromisos patronales, al violentar la ley laboral. Responde sin fundamentos jurídicos, guiado por el rechazo irracional a sus empleados. Desestima el derecho de petición y audiencia de los afectados. No resuelve ninguna problemática. La misma conducta arbitraria asumen sus colaboradores. No paga los adeudos por cuotas sindicales, préstamos, cajas de ahorro 2023, 2024 y apoyos institucionales, que retiene de manera ilegal. Lo mismo sucede con las aportaciones al fondo de pensiones que descuenta, pero no las ingresa. Tampoco la parte que le corresponde.

Lamentó que dilapide el erario en objetivos políticos, para ganar simpatías en los comicios del 2027. “En las dependencias no hay dinero para lo básico. Los mismos empleados tienen que pagar los insumos de papelería y limpieza. Si se niegan a aportar, los amenazan con despedirlos o sufrir acoso laboral, porque no hay un centavo para cumplir las obligaciones patronales”. Expuso que es necesario ser amigo o familiar del mandatario estatal para ser atendidos. Recordó el caso del comerciante al que Gallardo Cardona le regaló 350 mil pesos, a través de la secretaría de finanzas. Lo compensó por un supuesto robo que recibió en el negocio. Luego trató de engañar a la ciudadanía, al decir que se trató de un crédito del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo. Cuando el sindicato independiente sufrió un hurto en las oficinas, el 25 de octubre del 2022, no investigaron el asunto. Menos le entregaron algún incentivo. Se trata de un criterio clasista, favorece a los más ricos y denigra a los más pobres.

Afirmó que no son enemigos del mandatario estatal, pero debe cumplir sus obligaciones constitucionales. “Nos corresponde defender los derechos de los agremiados, porque somos un sindicato de lucha. Llevamos tres años con la misma enjundia, ante las violaciones a los derechos básicos”. Por su parte, el asesor legal del sindicato, Francisco Parra Barbosa, explicó que Gallardo Cardona les niega el derecho de petición y de audiencia, cuando está obligado a atenderlos, escucharlos como trabajadores y ciudadanos. Reséndiz añadió que el mandatario ahora obliga a los empleados estatales, apoyen sus redes sociales, a pesar de que los agrede, precariza sus condiciones laborales, los deja sin derecho a la salud y dilapida las jubilaciones. Insiste arbitrario en desaparecer los sindicatos. Utiliza la fuerza pública para reprimirlos cuando protestan por tantos abusos.

         La dirigente moral informó que ha recibido denuncias de trabajadores afectados a los que obligan, les faciliten los nombres de sus portales en Facebook, para registrarlos en listados y grupos de Whatsapp, por parte de sus jefes en las dependencias. Los instruyen diario para darle likes a las publicaciones del mandatario y de la senadora, Ruth González Silva, en diversas redes sociales y los llamados Reels de You Tube. Los persiguen para que cumplan sus exigencias. En caso de no hacerlo, los pasan a “una lista negra”, donde los corren u hostigan en los centros de trabajo.

          “Gallardo tiene un delirio, quiere que lo quieran, lo amen a costa de entregar despensas, dadivas. Al notar el rechazo de los trabajadores, a los que agrede sin reposo desde que llegó, le da coraje. Recurre al chantaje, amenazas, pues carece de respaldo social. Viola los derechos humanos y laborales. Genera un clima de terror, para que aprueben sus publicaciones en diversas redes sociales, en al menos 19 direcciones distintas. Le exigimos, sea responsable, deje de lastimar a los compañeros. No crear burbujas en el aire, de fingir que es amado, cuando lo cierto es que infunde miedo entre las bases a ser despedidas y lo aprovecha”.

          Lamentó que a más de tres años, Gallardo Cardona, “no sale de la etapa de campaña al promover su proyecto político, sin realizar un trabajo real, sólo fortalecer su imagen y la de la senadora, Ruth González Silva. Supera a la llamada herencia maldita, al impulsar de manera abierta al Partido Verde Ecologista de México. Puede amenazar a los trabajadores, y crear un mundo de fantasía, de que su gobierno es eficiente, pero está fincado en mentiras. Se va a derrumbar, porque la ley y la razón se impondrán”. Reséndiz también denunció al secretario de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, que utiliza a su despacho jurídico particular, denominado Torsa Abogados, para cobrarles hasta el 40% de los recursos, en los premios por antigüedad, que corresponden a los trabajadores que buscan jubilarse. Les promete a los que perdieron su trabajo, recuperarlo, sí contratan sus servicios legales para demandar al gobierno estatal, lo que consideró aberrante, al ser juez y parte, porque tiene el control del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo.

          Explicó que Torres Sánchez les dice a los burócratas, que si están inconformes con el trato que tienen por parte del gobierno, demanden. “A los que perdieron su fuente de ingresos, los manda a sus oficinas privadas. Les asegura que tienen el gane directo. Es un conflicto de intereses que usa a su favor. Es funcionario y al mismo tiempo, ataca al gobierno estatal”. Por su parte, Francisco Parra Barbosa, explicó que el obligar a los empleados estatales a apoyar las redes sociales del mandatario, su esposa y gobierno, mediante el hostigamiento y las presiones, violan sus derechos humanos, dignidad y los discrimina. También vulnera las garantías a informarse, a tener bajo reserva lo confidencial y privado de los datos personales en sus comunicaciones. “Hablamos de una dictadura, tiranía. Sólo en regímenes autoritarios se persigue y vigila a las opiniones públicas”.

Comments

comments