Enemigo acérrimo de la transparencia, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, junto con su vocero y cómplice, Gerardo Zapata Rosales, unilaterales, arbitrarios, determinaron reservar todos los informes relacionados con los contratos millonarios signados con medios locales y nacionales. Los usan para promover y exaltar la imagen del soberbio mandatario. Los datos correspondientes al 2023 y 2024, fueron bloqueados. Ya nadie puede conocer los detalles de los exponenciales despilfarros. La oscura medida se tomó tras buscar conocer el monto erogado en publicitar la imagen de Gallardo Cardona y su esposa, Ruth González, presidenta del DIF estatal y senadora. Se requirió lo erogado en la campaña realizada con la empresa Badabun, representada por Creación y Difusión de Contenidos Web. Incluyeron más de 20 videos en los que se resaltan las acciones del gobierno actual, donde el binomio aparece como eje central. La solicitud se registró bajo el folio 240468024000015.

La respondió la dependencia bajo la férula de Zapata. Sin ambages, estableció que «se reservó la totalidad de lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de comunicación social, incluidos expedientes, pautas, entregables, material audiovisual, órdenes de compra, de pago, fichas técnicas, actas, fallos, oficios y cualquier documento relacionado con las contrataciones respecto al 2023 y 2024″. La misma respuesta fue proporcionada por la Oficialía Mayor, que también se excusó, bajo el artículo 129 de la Ley de Acceso a la Información, con el pretexto de “poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, obstruir actividades de verificación o afectar las recaudaciones de contribuciones».

Sin embargo, nunca se exigieron datos individuales, solo una copia de los contratos con Badabun y los montos erogados. El atropello impide conocer cómo se utilizan los recursos públicos para beneficio de dos funcionarios. También censuran los costos de los informes de gobierno realizados en diversas ciudades de San Luis Potosí, caracterizados por el derroche. Además, bloquean el acceso a los contratos con influencers y locutoras, como Adela Micha, que han servido para difundir entrevistas a nivel nacional. Gallardo Cardona, junto con Gerardo Zapata y el oficial mayor, Noé Lara, confirman su postura oscurantista. Se niegan a rendir cuentas a la ciudadanía. Hacen a un lado las necesidades básicas del estado, como la inseguridad, falta de medicamentos en los hospitales, adeudos a trabajadores despedidos y pensionados.

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