La Auditoria Superior de la Federación detectó un desfalco por 140 millones de pesos al ayuntamiento de la capital durante el ejercicio 2018, último año de la gestión del ex alcalde de la capital,  Ricardo Gallardo Juárez. Y exonero de toda responsabilidad, con cero observaciones, al  actual gobierno bajo el mando de Francisco Xavier Nava Palacios, al que solo le corresponden tres meses, reveló el secretario del ayuntamiento, Sebastián  Pérez García. Recordó que el empresario Gallardo, junto con su gabinete, le robó al erario mil millones de pesos, solo en el 2010. Los mismos recursos que usará para montar una estructura electoral su hijo, el diputado federal, José Ricardo Gallardo Cardona, cuando busque la gubernatura.

Dijo estar confiado en que la Fiscalía General de la Republica y del estado, como la Unidad de Inteligencia Fiscal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cierren el proceso penal que se le sigue a  Gallardo Juárez y su equipo. Reveló que la autoridad federal ya tiene identificadas, de manera plena, las empresas que los Gallardo utilizaron para sacar el dinero del ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, las usadas para simular operaciones. “Es lavado de dinero�. Advirtió que Nava no quitará el dedo del renglón hasta que los responsables de saquear las arcas municipales paguen. “Nosotros no vamos a ceder en la cruzada que hemos enfrentado. No habrá perdón ni olvido. Es una prioridad que haya responsables, datos contundentes que manden un mensaje a la ciudadanía: el que la debe, la paga. Es lo que pasa con los Gallardo�.

Señaló que en el ejercicio 2018, hay un desfalco documentado por más de mil millones de pesos. Lo que motivó a Nava Palacios interponer denuncias penales y distintas querellas a nivel federal y estatal en contra del ex edil y su equipo. Siguieron las dos vías porque el dinero lo utiliza un grupo particular, familiar, para implantar una plataforma política, cuando se debió usar para beneficio de los potosinos en infraestructura, sanear el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, tener mejores vialidades, impulsar programas sociales, pero optaron por vaciladas. Explicó que el gobierno de Nava desechó la cuenta pública del 2018 de Gallardo, sobre todo los nueve meses de su último año de gestiones. Se le detectaron mil 500 irregularidades, por un monto de mil millones. El expediente se le envió al congreso y la Auditoria Superior del Estado para que observaran los tres meses finales del ejercicio fiscal que le tocó ejercer al nuevo gobierno.

“La Auditoria Superior de la Federación detectó un desfalco de 140 millones de pesos en la anterior administración, es donde está el cúmulo de irregularidades. Exoneró a Nava Palacio con cero observaciones. Está clarito. La actual administración, lo que hizo fue integrar las carpetas para documentarlas�. Refirió que  la única manera de ganarse de nuevo la confianza del ciudadano, es cuando la propia autoridad denuncia y encabeza la demanda primordial de los ciudadanos, que es regresar el dinero que se robaron, que haya un castigo y se rompa el binomio corrupción e impunidad.

Explicó que Gallardo Juárez, desde el inicio del trienio, mantuvo la misma tendencia de saqueo de recursos públicos. Entró en octubre del 2015, no tenía un mes cuando se hizo público el desfalco de la inexistente proveedora de medicinas, Sandra Sánchez Ruiz, a la  que en menos de 90 días, le pagó más de 56 millones de pesos. “Le gustaba tal esquema, porque lo aplicó antes en Soledad, donde hubo un desvío por la presunta compra de insumos que al final resultó en una simulación de contratos que no existían, carecían de infraestructura y del mismo servicio. Fue una maniobra  para sacar dinero del erario municipal�.

Agregó que en menos de dos meses, detectaron la fórmula. A todas luces se supo que Gallardo y su grupo sólo buscaron hacer negocio a través de la hacienda pública. Después encontraron la forma y justificante por medio de estrategias fiscales, con empresas fantasmas. Se dieron cuenta de que había una grandísima oportunidad de hacer un negocio personal, familiar o a través de sus propios aliados. También buscó sacar ventaja de las luminarias que habían comprado de manera oscura en el trienio del priista Mario García Valdés. Le había comprado a la empresa Panavi más de mil  200 millones de pesos. No conforme con el acuerdo leonino, Gallardo Juárez buscó aumentar 200 millones de pesos en el segundo año de gestiones. Encontró la fórmula para estafar de manera sistemática al ayuntamiento. Entendía la política como un negocio para vaciar las arcas en sus ranchos.

Refirió que en el 2017, los saqueos se hicieron a través de varias licitaciones. Simularon la contratación de distintas obras por varias empresas a las que adjudicaron de manera directa las obras, cuando por ley, se debe abrir la convocatoria, para que participen todas las firmas capacitadas, que puedan garantizar  los trabajos. Lo que hicieron fue declarar desierto el primer concurso para después adjudicarlo. Fue como maniobró todo el 2017 y el 2018. Para rematar los atracos, en el 2018 modificó el uso de suelo de una área protegida Camino a la Presa de San José, propiedad del ayuntamiento. “Como el señor tenía un terreno en el polígono, desacató la orden del juez federal. Se la pasó por el arco del triunfo�. Subrayó que la propuesta la pasó al cabildo cinco semanas antes de salir, cuando ya había sido derrotado por Nava Palacios. Los regidores y síndicos se prestaron a la chicana.

La gente le exige a Nava dar una guerra frontal, haya sanciones para los que robaron y engañaron a los ciudadanos. La solicitud de juicio político contra el ex edil y su equipo forma parte de la misma guerra. “Hay que poner un alto al deformado enfoque de hacer política. No es para hacer negocios, es para servir a los ciudadanos, garantizarles que se trabaja para servirles�. Agregó que hay una nueva generación de jóvenes preparados en las distintas direcciones, que no pertenecen a ningún partido político. El actual gobierno quiere  que San Luis recupere su liderazgo regional y nacional.

Rechazó que Nava se haya propuesto solo denunciar las tropelías de su antecesor; ya que desde el inicio, se trazó un plan de resultados, transparentar las cuentas publicas, publicar los estados financieros,  bachear la ciudad, cambiar los manuales con los proveedores, para que sean reales y exista certeza jurídica, dar  certidumbre a los potosinos de que se compra con transparencia. Se adjudica el contrato a la persona que tiene  las mejores condiciones en calidad y precio. Señaló que las luminarias son una  prioridad, se repararon más de 20 mil y se continuará la tarea para acabar la oscuridad física y filosófica. En el rubro de la seguridad, se hizo un esquema novedoso para facilitar las patrullas a los ciudadanos. Se entregaron más de 150, se capacita a los altos mandos para que el ciudadano sepa que quien lo cuida, está certificado con controles de confianza.

Explicó que la ruta jurídica emprendida contra Gallardo es distinta. Implica mayor trabajo, redoblar esfuerzos, dar resultados a los ciudadanos y que la Fiscalía General de la Republica y la Fiscalía General del Estado, puedan aplicar sanciones a los denunciados. Pérez García explico que en la Fiscalía del Estado se interpusieron 6 querellas y 5 en la Fiscalía de la República. Las once se integraron de manera profesional para que pueda materializarse un castigo ejemplar a los responsables. Subrayó que con frecuencia, se adicionan pruebas. Consideró que es el momento para que la fiscalía local se empodere, tenga dientes, se robustezca y aplique sanciones.

Pérez confía en que el poder judicial actuará. El congreso debe ganarse la confianza, saben lo cuestionada que fue la anterior legislatura. Tienen una gran oportunidad de mandar un mensaje, inhabilitar a una persona que está identificada por malversar el dinero público. Precisó que el caso no será cerrado. “Estamos convencidos, el que la hace, la paga. Lo sabe la fiscalía y el congreso. Se dio la oportunidad de que se materialice una demanda ciudadana. Ya se presentaron las denuncias, se integraron las carpetas. Les toca a las instancias definir y sancionar�. Otro órgano que conoce a detalle los abusos de Gallardo es la Unidad de Inteligencia Fiscal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. “Tienen identificadas las empresas que usaron para las simulaciones y después para sacar recursos. Es lavado de dinero, hay que decirlo como es. Lo tienen ubicado, no hay para donde hacerse�. Sobre el caso de Sánchez Ruiz, aunque no está presente en lo físico, existen contratos, cheques, facturas, el domicilio fiscal. Es inadmisible que en un cuarto de dos por dos metros cuadrados, se le adjudicaran contratos por más de 56 millones de pesos

Comments

comments