El regreso del equipo de basquetbol profesional Santos del Potosí al estado, se instala en tres propósitos esenciales que se sobreponen al ámbito deportivo. El primero es proyectar la figura de benefactor al mandatario Ricardo Gallardo Cardona. La segunda, justificar la cuestionable e innecesaria Arena Potosí y el mega negocio de prestanombres y allegados al ejecutivo.

Las sospechas aparecen cuando Gallardo expuso que los nuevos uniformes serán verdes, el tono que remite al Partido Verde Ecologista. En redes sociales, los aficionados criticaron el cambio del tradicional azul y oro, con los que sienten mayor arraigo, ya que representan al estado potosino. Tildaron a Gallardo Cardona de hacer trampa para resaltar al partido que lo llevó a la gubernatura. Le recodaron que el equipo debe ser independiente a las figuras políticas. Le exigieron no usar un color, como lo hizo con las vialidades y obras sin licitar que realiza.

Aprovecha la coyuntura del rechazo absoluto al elefante blanco, el mega rodeo que estará ubicado a un lado de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, que costará 500 millones de pesos. Las acciones para el regreso del deporte de la canasta, pudieron ser más efectivas si el promotor hubiera apostado salvar desde el inicio de su escandaloso mandato a los míticos Santos. Pero hizo todo lo contrario. Entonces, los administradores del club alegaron que el Instituto Potosino del Deporte les dio la espalda. En un comunicado, expusieron que no contaban con las condiciones óptimas para operar una escuadra profesional. El recinto donde jugaban, el auditorio Miguel Barragán, no tenía las instalaciones físicas para un partido profesional, debido a que no cumplían los requerimientos que piden los directivos nacionales.

Gallardo terció por el fútbol, inclinó los incentivos económicos al Atlético San Luis, que cuenta con el apoyo del Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo. Se convino un patrocinio a través del Instituto Potosino del Deporte, que dirigía entonces, Edmundo Ríos. Nunca ventilaron los términos del contrato.

Mientras los gerentes del baloncesto clamaban ayuda, se anunció el proyecto para beneficiar al club rojiblanco. Gallardo les construiría la Ciudad Deportiva, con el fin de promover el fútbol en la entidad. El mayor beneficiado será un ente privado, que hará uso exclusivo del área. Acciones que no ocurrieron en la etapa de crisis con el Club Santos, que, por falta de un lugar digno para jugar, perdió la categoría.

�vido de los reflectores gratuitos, Gallardo también le invirtió cifras millonarias al torneo, Copa Potosí. Canalizó fondos que el Inpode oculta de manera sistemática, en todas las ediciones. Como el baloncesto estaba en declive y no le garantizaba exaltar su imagen, lo relegó. Ahora que le sirve para diluir las críticas y el rechazo a una obra faraónica e inútil, encontró el pretexto para sacarle ventaja al basquetbol y ganar adeptos, ante su creciente desprestigio. Ya encontró elementos para justificar los derroches en el coliseo. Ahora expone que siempre veló por los intereses de los aficionados al juego de canasta. Aunque todavía no construye la que será la casa de los Santos del Potosí, en forma provisional, los ubicará donde han jugado siempre, el vilipendiado auditorio Miguel Barragán, sede que habrá de remodelar para los juegos locales del equipo.

Pero el resorte del negocio abarca todos los recovecos que capitaliza Gallardo Cardona. En la nueva era del equipo, al presentarlo, se anunció a quien tendrá las riendas. Serán los socios del mandatario estatal. Fiel a su estilo de elegir perfiles equivocados, ubicó al médico Juan Carlos Jiménez Rivera y al ex vendedor de carros, Fernando Rojo Ocejo. Ambos carecen del mínimo conocimiento sobre el baloncesto y administración deportiva.

Jiménez Rivera estuvo al frente de la clínica Axioma Kusuri, firma denunciada por los delitos de fraude, robo y asociación delictuosa ante la Fiscalía del Estado. La firma obtuvo cuatro contratos de servicios médicos con el organismo operador de agua potable y alcantarillado, Interapas, por 249 millones de pesos, durante el trienio de Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador. Jiménez Rivera también estuvo inmiscuido en las corruptelas de la fantasmal proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruíz y el caso de la Clínica Wong, que usaron los Gallardo para defraudar con 200 millones de pesos las arcas de Soledad. El mayor beneficiado fue Gallardo Cardona y su familia. Estuvo encerrado un año por delincuencia organizada y desvíos de recursos públicos.

Rojo Ocejo fue director de desarrollo económico en el ayuntamiento de Soledad, con sus benefactores. Gallardo Juárez le otorgó a su empresa, Construcciones y Desarrollo Barfe, 19 contratos por 27 millones 983 mil 507.93 pesos. El nuevo director deportivo es hermano de Luis Miguel Rojo Ocejo, alias “El Oso Rojo�, detenido en 2011 por ser el principal operador financiero del grupo delictivo Los Zetas en San Luis Potosí. Se le involucró en la muerte de dos agentes americanos en la capital potosina. Se le ligó al secuestrador Jesús Enrique Errejón Aguilar, “El Mamito�, ex jefe de plaza en la capital.

En el portal electrónico Alto Impacto, se establece que los Rojo Ocejo eran dueños de una empresa que se dedicaba a la compra y venta de autos lujosos que remodelan y comercializan a través de la agencia Creativa Motors, propiedad de Gallardo Cardona. Ambos personajes, con negros antecedentes, son ahora beneficiados por Gallardo, sin el mínimo conocimiento del tema. Cuando se presentó el equipo, entre los patrocinadores estuvo presente la empresa 399 Tactical, firma del piloto potosino, Jesús Cordero de �vila, proveedor predilecto de Gallardo Cardona en la compra de vehículos para las distintas fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil Estatal, División de Caminos, entre otros contratos millonarios.

La empresa 399 Tactical también carga un expediente criminal. La acusan en otros estados por incumplimiento de contrato y ventas a sobreprecio. Uno de los socios, es el padre del piloto, Jesús Cordero Ontiveros. Fue delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán. Medios informativos nacionales exponen que lo detuvieron en el 2019, acusado por delitos de despojo de tierras, extorsiones y robo de mineral. Se dijo que fue investigado por el ejército al ostentarse como miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial.

En el portal Agenda Política de Chihuahua, acusaron a la firma 399 Project Development, ser sancionada por la Auditoría Superior del Estado, al incumplir un contrato superior a los 15 millones de pesos, por concepto de “un sistema de señales electrónicas, que tiene como objetivo, obtener y recabar informes por medio de cámaras públicas para el análisis y suministro en los trabajos de seguridad pública del gobierno estatal�.

En el reportaje, se expone que la empresa también fue investigada por el diario Sol de Quintana Roo, donde establecen que vendió “un servicio de conversión de unidades de seguridad�, vehículos convencionales a patrullas, con un sobrecosto del 400% al municipio de Solidaridad.

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