El superdelegado del gobierno federal, Gabino Morales Mendoza, empieza el año con el pie izquierdo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo encontró culpable de violar diversos dispositivos de ley que prohíben utilizar los programas sociales del gobierno federal con fines de proselitismo y promoción personal.

El máximo Tribunal Electoral le dio la razón al PRD que fue quién acuso a Gabino. El veredicto es un duro golpe contra el Virrey de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.

Ahora que se ha comprobado la violación del artículo 134 de la Constitución por parte de Gabino y otros 14 superdelegados en diferentes estados de la república, la Contraloría Interna de la Secretaría del Bienestar debe proceder a sancionar a estos transgresores de la ley.

El castigo que se aplicará quedará a criterio del Órgano Interno de Control de esa Secretaría. Puede ser desde una amonestación pública o una inhabilitación temporal o permanente.

Si no hay complicidad de parte del órgano sancionador el castigo deberá ser ejemplar para mandar un mensaje inequívoco de que no se tolerará que se manipulen con fines electorales los programas sociales que benefician a cerca de 23 millones de mexicanos. Hay que recordar que en este año habrá elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila. Y que en 2021 habrá comicios en 13 estados de la república donde se renovarán gubernaturas, Ayuntamientos, diputaciones locales y toda la cámara de diputados del Congreso de la Unión. Por eso es oportuno frenar en seco a los tramposos.

De lo contrario, si se les protege, se comprobará que estamos viviendo una renovada etapa de clientelismo electoral y elecciones de Estado.

Es justo y necesario reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con este ilegal comportamiento de los superdelegados. En muchas ocasiones les ha mandado decir desde el púlpito de las conferencias mañaneras que no hagan proselitismo con los programas del gobierno en favor de un partido político porque si lo hacen perderán el trabajo porque es un delito grave.

La sentencia del Tribunal Electoral.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  razonaron en su sentencia que Gabino Morales y otros 14 Súper Delegados en complicidad con 21 subdelegados tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Concluyeron además que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Pero resulta que en Tamazunchale y en muchos otros municipios de la república los jóvenes activistas conocidos como Servidores de la Nación llegaban a las casas de los beneficiarios a entregar los apoyos vestidos con chalecos que promocionaban la imagen del presidente de la república y del gobierno de la Cuarta Transformación y les decían que esos apoyos se los enviaba AMLO y Morena. Que no se les fuera a olvidar esto a la hora de votar en futuras elecciones.

Como puede verse, esta es una forma tramposa de utilizar los impuestos que pagan los contribuyentes para construir clientelas electorales, conducta que de conformidad con la Constitución y otras leyes mexicanas es una violación que debe castigarse.

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