Al proceso en general le pega un caso particular, denunciado en San Luis Potosí.

Las sospechas se enfocan en el diputado fuereño Héctor Serrano, cuate y socio del gobernador Ricardo Gallardo, desde que ambos desfondaron al grupo legislativo del PRD a principios del sexenio anterior. Resulta muy grave que un comité selectivo, nombrado por los diputados locales, bajo el control del amigo del gobernador, abra la puerta a un presunto involucrado con el crimen organizado, para que tenga la posibilidad de llegar a juez. Un perfil aprobado por el comité evaluador del proceso correspondiente al poder legislativo, también se registró en el del ejecutivo, con lo que violó las reglas del proceso y lo mandan directo a la boleta electoral.

Sí, un aspirante a los cargos en disputa se registró en más de un comité de manera simultánea a pesar de saber que las reglas, no permitían que nadie se apuntara dos o más veces a distintos cargos y tampoco colarse en dos o más entidades para un sitio federal y paralelo a un cargo estatal, municipal o distrital. Y de hacerlo, procede cancelarlo en automático. Debe acatar lo señalado por el apartado décimo de los ordenamientos. Los falsarios habían entregado un documento donde, bajo protesta de decir verdad, juraban que no se iban a registrar en dos o más comités. Pero mintieron y se manejaron con artilugios y engaños. En el proceso no puede participar “Juan de las Cuerdas”, no. Sólo pueden hacerlo quienes tienen antecedentes jurídicos y se supone que los tramposos, avalados por los comités selectivos de los tres poderes, participan en las esferas judiciales de forma profesional. Con su proceder mañoso, justifican los argumentos del obradorismo, mismo que señala, como indispensable, cambiar a fondo al poder judicial por sus reconocidas corruptelas. Los tramposos son ejemplo fiel.

Lo anterior resulta grave, pero lo denunciado de viva voz por la policía de investigación, Rosalinda Ávalos Reyes, se pasa de tueste. La desesperada mujer, clamó justicia. Señaló que un participante, de nombre Sabás Santiago Ipiña Ramírez, alias “El Mexqui”, se filtró en dos trámites, en el correspondiente al del ejecutivo y en el legislativo. El hecho, de acuerdo a lo reglamentado, bastó para que los integrantes de los comités correspondientes le hubieran cancelado el registro. Pero les pasó de noche a los nombrado por los diputados y se fueron directo a la boleta, por considerarlo entre los mejores. ¿Sospechosos ineficientes o cómplices de un poder superior? La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado seleccionó a Juan Manuel Arias González, Esther Maldonado Castillo y Dulcinea Xuvaret Castillo Herrera para integrar el Comité de Evaluación, quienes se aprestarían a seleccionar, probos, pulcros y honestos, a los candidatos a participar en el trámite electoral de jueces y magistrados.

Ya se vieron sus alcances y por supuesto, los integrantes, todos, de la Jucopo, son corresponsables, en particular, el socio del gobernador. Se formó bajo el acuerdo del presidente del órgano, Héctor Serrano Cortés, con el vicepresidente panista, Rubén Guajardo Barrera y con el aval de los demás, donde figura el sedicente líder magisterial, Juan Carlos Bárcenas. Y si como dicen los abogados, “la causa de la causa es causa de lo causado”, todos, sin excepciones, están obligados a rendirnos cuentas y levantar la voz. Pero todos, sin excepciones, escurren el bulto, incluidos los 22 que en el pleno, hicieron mayoría. Hasta llevaron al notario público 20, Jaime Delgado Alcalde, para que constatara, recibieron 156 solicitudes, de los que resultaron elegibles 106, para quedar al final un total de 83 personas evaluadas. Sólo resultó necesario insacular dos cargos para magistrada y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y uno para juez de primera instancia de ejecución de penas y medidas de seguridad del Primer Distrito Judicial.

Esther Maldonado Castillo, integrante del comité de marras, ahora es encargada del Despacho Jurídico y del Centro Académico de Justicia Alternativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes fue asesora jurídica en la sindicatura municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Falta revisar a qué síndica o síndico asesoró y el período, para quizás tratar de entender, el por qué de su nombramiento. Pero Esther Maldonado se justificó al decir, no tenía conocimiento sobre lo denunciado por la policía investigadora. Saberlo era parte de sus funciones, que el denunciado se había registrado ante dos entidades diferentes. También ignoró la denuncia penal de la valiente dama. No se pueden pedir peras al olmo. Por el estilo deben estar Juan Manuel Arias González y Dulcinea Xuvaret Castillo Herrera.

El primero laboró en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, entre otras ocupaciones. La otra, se sabe que fue capturista en el Poder Judicial del Estado. El comité aseguró que su criterio se basó en que los mejores evaluados, van directo a la boleta. Entre los sobresalientes estuvo el renombrado Sabás Santiago Ipiña Ramírez, inscrito en dos instancias diferentes. Según la denunciante, carece de la experiencia de cinco años como litigante, como exigen los lineamientos. Además, está en duda su prestigio a consecuencia de los hechos criminales cometidos. La muy grave denuncia de Rosalinda Ávalos Reyes refiere que en septiembre de 2020, descubrió a policías, compañeros suyos, involucrados con una célula criminal en el robo de vehículos. Reportar el caso le valió amenazas en su contra e hijos.

El 11 de noviembre del mismo año consumaron la venganza: cuatro agentes llegaron en una patrulla con dos civiles, que entraron y asesinaron a su hijo Carlos Osiel de 18 años, con 7 balazos en la cabeza. En tanto a Daniela de 20 años, le propinaron 6 balazos, también en la cara. La tercera hija quedó herida, grave. Sostiene Ávalos que los uniformados del Cartel de la Ministerial, estaban relacionados con un grupo del crimen organizado que opera en La Pila. La carpeta de pesquisas señaló a 13 personas implicadas, de los cuales han sido detenidos nueve, cuatro son policías ministeriales. Entre los procesados se encuentran dos jefes de plaza de un cártel antes vigente. Dos policías involucrados fueron asesinados en hechos aislados, pero la agente Rosalinda Ávalos no cree que sus muertes sean ajenas al ataque. Uno de los testigos presenciales también fue asesinado, lo que afectó las investigaciones y el juicio. En 2022, Rosalinda Ávalos amplió su denuncia, implicó a Sabás Santiago Ipiña en asociación delictuosa, delitos cometidos por servidores públicos al procurar e impartir justicia, ejercicio ilícito de las funciones públicas y falso testimonio.

Señala Ávalos que está relacionado con el asesinato de sus dos hijos. Es compadre de uno de los imputados, Miguel “N”, ya recluido en el penal de Sonora. Denunció que busca ser juez para proteger a los compadres y amigos involucrados en el doble crimen de sus hijos. Lo acusa de que, como jefe del grupo de combate al narcomenudeo, en la Dirección General de Métodos de Investigación, utilizó el cargo para mantener relaciones cercanas con células de la delincuencia en La Pila y Mexquitic de Carmona, al grado que le patrocinan un equipo de fútbol. Se apersonó en Ahualulco como abogado defensor de un objetivo criminal del Cartel Jalisco y del Cartel de la Ministerial. El Cartel de la Pila, sostiene Ávalos, le financia un equipo de fútbol, según dijo, a un comandante de apellido Menchaca. El pasado 18 de diciembre del 2024, un juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, concedió el cambio de medidas cautelares a uno de los principales acusados del asesinato: José Guadalupe N. Por el lado de la fiscalía no cantan tan mal las rancheras.

La fiscal Manuela García Cázares, mediante un oficio, se limitó a otorgar medidas protectoras a Rosalinda Ávalos, que consistieron en pedir a los policías que no se metieran con su acusadora… y firmaran de enterados, faltaba más. No amplió las medidas porque “percibió” que se miraba “tranquila” a la víctima. La agraviada exige que la Fiscalía de la República atraiga el caso, al estar implicados cuatro ex ministeriales, involucrados con el “Cartel de la Ministerial”, a los que denunció como presuntos responsables del ataque armado a su domicilio, por descubrir que vendían una camioneta robada. A cuatro años de los asesinatos, exige que ya no se retrasen las carpetas de análisis. Antes de asumir como fiscal del estado, el 23 de mayo anterior, Manuela García Cázares fungió como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y presidenta del Consejo de la Judicatura. El gobernador Ricardo Gallardo presentó una terna para el cargo. Ponga usted que sincero o descarado, como guste, de manera abierta le hizo campaña a su predilecta, en desdoro de los dos restantes que incluyó como mero requisito.

Entonces sostuvo. “La magistrada es un perfil apartidista, no tiene ningún vínculo político, sólo conoce de normas y leyes. Es lo que la hace, una propuesta muy valiosa”. Pudo haber girado la orden discreta a los 26 sumisos legisladores para que la aprobaron, pero, ensoberbecido, no tuvo empacho en sostener que la hasta entonces magistrada María Manuela García Cázares, sería considerada como la principal alternativa para formar parte de la terna. Antes había expresado que ya tenía candidatos y desbocado como es, manifestó que uno, “se los digo y lo adelanto, es una gran mujer, con mucha experiencia en el poder judicial. Para mí es de las mejores magistradas en la historia de San Luis Potosí”. No faltaron las voces ciudadanas que advirtieron sobre una “Fiscal Carnal”, parcial al gobierno, por el procedimiento controversial de su llegada. Los inconformes sostenían que, de acuerdo al artículo 122 bis de la constitución política del estado, al renunciar el hasta entonces fiscal (carnal también, supondría algún mal pensado), José Luis Ruiz Contreras, quien le sucediera, debe cubrir sólo el tiempo restante del periodo, cinco meses, pero, ya encarrerado el ratón, que se #$#& el gato, los diputados leales al ejecutivo y los recursos que fluyen en el congreso, la designaron por 7 años.

Héctor Serrano dirigió el nombramiento del comité seleccionador. Si se considera la evidente cercanía con el gobernador, dejan clavada la duda de si el ente es inepto o de plano responde a consignas para abrirle paso a intereses inconfesables. El caso salió a la luz por la valentía, dolor e indignación de una mujer agraviada que levanta la voz a riesgo de su vida, pero surge la pregunta de si será el único caso. Y cómo andarán los elegidos por el comité del gobernador o del poder judicial. En las acusaciones delincuenciales, se considera la presunción de inocencia, pero, en lo documental que se refiere a los requisitos para ser elegibles, no hay vuelta de hoja: al dichoso organismo lo agarraron en la caza de moscas, por decir lo menos.

Lo narrado fractura el centro de la reforma al poder judicial, que es la confianza de los ciudadanos, esperanzados en erradicar las corruptelas y componendas. Opositores y ciudadanos con algún interés particular o con carga de resentimiento, aprovechan para descalificar la reforma, como si los nombramientos de jueces, magistrados y ministros hechos en el pasado, hubieran sido ejemplo de pulcritud y decencia. Como si faltaran jueces y magistrados de consigna, jueces, magistrados y ministros afines a grupos criminales organizados, dentro y fuera del gobierno y de las cúpulas económicas. Se justifica, terminar con un poder judicial corrupto y corruptor. Y que el trámite sea público, pues la ciudadanía está en posibilidades de señalar y denunciar.

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