La diputada local, Claudia Tristán Alvarado, señaló que en el pago a los mil 503 maestros jubilados y pensionados del subsistema de Telesecundaria, no debería existir algún retraso, ya que en el presupuesto de egresos del 2022, se aprobaron más de 400 millones de pesos para el rubro, luego que el fondo se agotó desde agosto del 2021 y el gobierno del estado, como lo establece la ley, se hace cargo de aportar los recursos.

Señaló que el pago mensual es superior a los 60 millones de pesos, pero hasta la fecha, no ha realizado ningún aporte a la directiva de pensiones, que ha recurrido a otros fondos que se tienen para cumplir, lo que va en detrimento de sus ingresos. El comité especial de pensiones para Telesecudarias, que preside, indagará el motivo por el que la secretaría de finanzas no hace el traslado del dinero en tiempo y forma. Y por qué su representante, que forma parte del comité consultivo, no asiste a las reuniones.

La legisladora precisó que de los mil 503 mentores afectados, 210 profesores se llevan el 60% de los 60 millones de pesos, debido a sus altas percepciones, pues se pensionaron con el total del sueldo, al no existir un tope salarial. El resto se distribuye entre mil 293 maestros. En cuanto a los casi 3 mil maestros en activo, indicó que la federación aporta el 80% de su pago y el resto, el gobierno estatal. Los retrasos que se han tenido de hasta dos días y medio para que reciban la paga, se debe a que no se entrega a tiempo el dinero local. Los retardos, les causa un daño patrimonial, pues algunos tienen deudas o préstamos con los bancos. No pueden pagar a tiempo, lo que les genera intereses. Tampoco cubrir otros gastos programados.

                Añadió que una forma de solucionar el problema de fondo, es que el total de la nómina la cubra el gobierno federal. Indicó que los próximos 5 años, son los más críticos para el sector, por las jubilaciones que se tienen en puerta. Se han frenado un poco, por el bono de permanencia que se les ofreció a mentores que estaban en etapa del retiro.

Según el presupuesto de egresos del 2022, la deuda con el sector de telesecundaria a diciembre del 2021, era de mil 36.5 millones de pesos, por lo que a la fecha, podría superar los mil 380 millones de pesos, por la falta de aportaciones, que son de 68 millones 929 mil 879 pesos cada mes. La nómina actual de profesores activos es de mil 600 millones anuales, de los que, el gobierno local aporta 837 millones y el resto el mando central. A partir del 2010, también paga la nómina de los nuevos maestros que se incorporan.  

La nómina de jubilados y pensionados es de 640 millones de pesos anuales, de los que el gobierno aporta 321 millones, pero podrían alcanzar los mil 77 millones 907 mil 295.46 pesos, en caso de no cubrir el bono de permanencia a los maestros que están en edad de jubilarse y que busquen ejercer su derecho, se advierte en  el presupuesto de egresos 2022. Y de los 4 fondos que maneja Pensiones del Estado, dos se encuentran agotados, el de Telesecundaria, que colapsó en agosto de 2022 y la partida especial para saldar la de sus propios trabajadores en 2019.

El del sector burócrata se terminará en 2027 y el de  maestros de la sección 52, en el 2032. La diputada Claudia Tristán dijo que el comité del congreso que revisa el caso de los profesores de Telesecundarías, analiza las aristas administrativas y jurídicas con todos los involucrados, para buscar una salida que garantice el pago a los profesores activos, pensionados y jubilados, por lo que en los próximos días, se integrarán las mesas de trabajo. Se pronunció porque se revisen las causas del quebranto y si hay culpables, se les castigue. Pero sobre todo, se les obligue a regresar lo que falta.

La legisladora de Nueva Alianza, añadió que los integrantes de la cartera de educación, cultura, ciencia y tecnología, trabajan para subsanar el criterio inconstitucional que decretó la Suprema Corte de Justicia a dos apartados de  la ley de educación del estado, publicada en mayo del 2020, por la pasada legislatura y que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El fallo en contra se dio por no realizar la consulta que exige la propia ley, a los pueblos y comunidades indígenas y  personas con discapacidad. La fecha límite para subsanar la carencia, es el 25 de noviembre, por lo que ya se emitió la convocatoria en lo que respecta a la consulta indígena e inclusiva para 23 municipios. En agosto arrancará la relativa a la educación inclusiva en los 58 municipios.       

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