En su comparecencia ante los diputados locales, el fiscal José Luis Ruiz Contreras les planteo un panorama de la justicia casi idílico. Aseguró, sin dar cifras concretas ni ahondar en detalles, “que se obtuvieron resultados extraordinarios en el combate a los delitos de feminicidio, narcomenudeo, violencia familiar, secuestro y desapariciones forzada de personas. Afirmó que en el 2023, se resolvieron todos los feminicidios que se registraron en el 2022 y se tienen avances relevantes de los que han ocurrido en el año que corre. Ocultó que en asesinato de la bachiller de Villa de Arista, Chuyita Rodríguez, encerró a un chivo expiatorio.
Ruiz dijo que la fiscalía retomó la tarea de escuchar y atender los reclamos sociales, con un auténtico servicio y espíritu de justicia. Presumió haber logrado más de 5 mil años de cárcel en todas las condenas que se concretaron en el actual año, en diversos tipos de delitos.

Expuso que la mayor incidencia de delitos, se dio en la violencia familiar y para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres, se fortaleció de manera integral la fiscalía especializada en la materia, al incrementar el personal, recursos materiales y dotarla con nuevos vehículos. En todas las carpetas de investigaciones abiertas en el tema, se generaron medidas protectoras para las víctimas y se les da seguimiento.
El legislador del PAN, Rubén Guajardo Barrera, le externó una queja de abogados, que para tramitar una solicitud de la suspensión provisional de un proceso al que están sujetos algunos de sus defendido, se les exige, entre tantos requisitos, una búsqueda de registros a nivel nacional, que solo puede tramitar la dependencia. Además, les cobran entre 8 y 10 mil pesos, lo que significa un negocio redondo para la dependencia.
El fiscal justificó que el requisito lo piden para establecer las condiciones de riesgo que se pudiera tener, al conceder a un sujeto a proceso la salida alterna. El trámite está a cargo de la unidad de medidas cautelares de la dependencia. No ahondó en el costo.

El legislador del PAN cuestionó también si el actual director de la Policía de Métodos de Investigación, Martín Serrano, cumplió con los requisitos de honestidad, preparación y sin mancha alguna, para ocupar el cargo, como exige el reglamento interno de la instancia. Y si aprobó el examen de control y confianza. Ruiz aseguró que Serrano cumplió con todos las exigencias. Cuenta con el perfil necesario y los resultados de su desempeño son visibles.
Otros legisladores le preguntaron por el manejo del presupuesto en determinadas áreas, la modernización de los procesos digitales, acciones que realizó para fortalecer la alerta de género, crear un panteón forense que apoye a las familias que buscan a sus parientes desaparecidos o acciones emprendidas para el combate al narcomenudeo o inhibir la venta de drogas que afecta a los jóvenes. Fueron cuestionamientos fáciles que le permitieron al fiscal, transitar sin mayores apuros en su cita con los diputados. El del Verde Ecologista, Roberto Ulises Mendoza Padrón, se confundió con sus apellidos. Lo llamó José Luis Ruiz Cortines.

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