Doña Rosario Ibarra de Piedra, los derechos humanos que aún no lo son
19 diciembre, 20196:28 pmAutor: Francisco Parra BarbosaCapital Noticias Opinion
Era un adolescente cuando conocí a Doña Rosaría Ibarra de Piedra, me acerqué con un grupo de jóvenes a saludarla y pedirle un autógrafo, tontamente le pregunté si era Doña Rosario Ibarra, aun sabiéndolo. Contestó: “ay hijo, no sabes ni a quien le pides autógrafos”. Me escribió un garabato y dibujó un corazón, lo que me sorprendió por la falsa idea que tenía, de ser una mujer dura e intransigente. Fue en la Plazoleta del Carmen, estábamos esperando que llegara Samuel Ruiz, el obispo de los zapatistas. Venía a conmemorar una misa en un aniversario más por el fallecido líder cívico, Salvador Nava Martínez. En el sitio también estaba doña Conchita Calvillo viuda de Nava. No recuerdo bien si era 1995 ó 1996. Lo que si guardo fue el sermón elaboradísimo de Tatic Samuel Ruiz, profuso y abigarrado, tan churrigueresco como el templo donde se llevó a cabo la misa.
Eran años difíciles, la dictadura en su apogeo, pero con estertores en ciernes. Y ahí estaba doña Rosario Ibarra, en un frente más. Lo que sabíamos de su figura, fue por la clandestina información de la entonces prestigiada revista Proceso, hoy en franca extinción en manos del cuñado del tildado comandante Borolas, quien contrajo nupcias con la hija de Julio Scherer. Sobre doña Rosario Ibarra sabíamos que el sistema político le había arrebatado a su hijo y que como madre había decidido reclamar la devolución, la aparición del mismo, saber dónde estaba, vivo o muerto. Fue doña Rosario la primera que exigió al estado mexicano no escabullirse frente a la desaparición forzada. Su Lucha la llevaría a ser candidata a la presidencia de la república, diputada federal y senadora de la república, fundó el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, mejor conocido como Comité Eureka.
Sus logros han sido encontrar más de una centena y media de desaparecidos. Si algo caracterizó a la dictadura priista fue aplicar los métodos porfirianos que Gonzalo N. Santos resumió en la ley de los tres “ierros”. Decía a sus enemigos políticos, “¿qué quieres, encierro, destierro o entierro?”. Rosario Ibarra la ha padecido muchos años, no sabe del paradero de su hijo Jesús Ibarra, desde 1974, cuando el estado, bajo el contexto de la Guerra Sucia, lo desapareció. Su lucha ha inspirado otras batallas por la defensa de los derechos humanos, tal es el caso de Rosendo Radilla, caso que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde el estado mexicano fue condenado el 15 de diciembre de 2009.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la sentencia en la que condenó al estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por parte de militares en 1974. La CIDH halló al estado mexicano responsable de la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y la protección judicial de sus familiares. La corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia del debido proceso en el derecho internacional.
Rosario Ibarra de Piedra aun busca a su hijo y no lo encuentra
Como sucede con más de 30 mil desaparecidos, cuyos familiares ignoran su paradero en un país donde la dictadura para conservarse utilizó el método para minar la libertad y la democracia, violando flagrante los derechos humanos de manera continuada. La desaparición forzada se refiere a la privación de la libertad de una persona en manos del estado, ya sea por parte de los mismos agentes o autoridades públicas o personas que son contratadas o tienen el consentimiento del estado. Actualmente no es el Código Penal Federal el que describe el delito, es la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.
Señala en su artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. La lucha iniciada por doña Rosario Ibarra de Piedra aún no concluye. Más bien, apenas comienza y recomienza con los 43 de Ayotzinapa y con todos aquellos que a manos de militares, han desaparecido, un delito de lesa humanidad, como lo contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establece: el delito de desaparición forzada cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil constituye un crimen de lesa humanidad.
En México, en San Luis Potosí, seguimos a la espera de la rendición de cuentas del mal gobierno, de la dictadura que feneció a nivel federal el 1º de julio de 2018, pero que en algunos estados como el nuestro y muchísimos municipios, aún coletea y sigue perpetrando la desaparición forzada. Es el derecho que les asiste a familiares y víctimas de los crímenes cometidos por el estado durante la denominada “guerra sucia”, que durante décadas han luchado por obtener justicia por las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, en materia de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, la justicia transicional y el derecho a la verdad histórica. Sigue latente la necesidad de adecuar la legislación relativa al delito de desaparición forzada de personas y la limitación de la jurisdicción militar a casos de violaciones graves de los derechos humanos de civiles por parte de elementos castrenses, ambas prácticas persistentes hasta el día de hoy.
En días recientes, el senado de la república decidió otorgar la medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra, quien la entregó por medio de sus hijas al presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidió que se la regrese junto con la verdad sobre el paradero de las personas desaparecidas. En una carta le dijo: «señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad. No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia los ha protegido con su velo protector. Mientras la vida me lo permita, seguiré en mi empeño hasta encontrarlo». Los derechos humanos que aún no son…
Comments