Después de tres sexenios de usufructos, Óscar Vera Fabregat pierde el registro de su partido Conciencia Popular

17 julio, 202410:45 pmAutor: La Noticia San Luis/ Oralia Guzmán MendozaCapital Destacada Municipios Noticias

Después de 18 años de alternarse una curul plurinominal en el congreso del estado, junto con su hijo, Jorge Alejandro Vera Noyola y 21 años consecutivos de regentear la franquicia Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat quedó fuera de la 64 legislatura, al perder el registro como partido local, en las recientes elecciones del 2 de junio.

El ente surgió en 1994 como asociación política. El 4 de noviembre de 1997, obtuvo el permiso como Partido Conciencia Popular y un año después, realizó la asamblea constitutiva en la que se nombra al dueño como su presidente, cargo en el que se perpetuó durante 26 años. En el 2003, ocupó por primera vez una curul plurinominal. Fue parte de la 57 legislatura, donde tuvo de compañeros, entre otros, al actual legislador federal de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz y al combativo notario uno, Eduardo Martínez Benavente, que llegaron al congreso por el PRD. Otro fue el ex secretario de finanzas, José Luis Ugalde Montes.

En la siguiente legislatura, 2006-2009, colocó en el congreso a su hijo, Alejandro Vera. En la 59, trienio 2009-2012, estuvo al frente. En el siguiente trienio, 2012-2015, asume Vera Noyola. En el 2015-2018, el propietario de las siglas, ocupa por tercera vez, el escaño plurinominal. En la 61 legislatura, 2018-2021, se mantiene, al reelegirse como plurinominal. Es decir, durante 6 trienios consecutivos, padre e hijo, se alternaron el puesto. En los comicios del 2021, Vera buscó la quinta curul, al tratar de reelegirse. Pero el Consejo Estatal Electoral frustró su acometida. Por equidad de género, lo bajaron. En su lugar quedó la actual diputada, María Elena Ramírez, que fungió antes como asesora en el congreso.

El reciente 2 de junio, Vera se apuntó como el primero en la lista plurinominal de su partido, para ahora sí, lograr la tan anhelada quinta curul. El sueño lo frustró el electorado, pues ya sin el perverso juego de las alianzas políticas, que le permitieron mantenerse vigente, al sumarle votos de los partidos coaligados, perdió el registro, al no obtener como mínimo, el 3% de los votos emitidos, que exige la ley electoral. Conciencia Popular logró el porcentaje más bajo de las tres franquicias que se extinguieron. Obtuvo 19 mil 752 sufragios, equivalentes al 1.7859% del millón 247 mil 265 votos emitidos en los comicios de diputados. El Partido Encuentro Solidario apenas logró el 2.0717%. El Partido Movimiento Laborista juntó el 2.1038%.

Durante los 12 años que estuvo como diputado en 4 legislaturas, Óscar Vera usó el cargo para colocar en puestos de asesores, empleados del congreso y Auditoria Superior del Estado, a trabajadores y litigantes de su despacho privado, que hoy gozan de jugosos sueldos, al dejarlos con base laboral.

En su larga estadía como diputado, presumió ser uno de los más fructíferos en presentar iniciativas, pero también protagonizó episodios polémicos que lo hicieron destacar. En la 57 legislatura, donde se estrenó como diputado, zangoloteó y amenazó con matar al diputado del PAN, Rómulo Garza Martínez, que junto con su compañero de bancada, Carlos Rebolledo, se burlaron de su figura, mientras hablaba en la tribuna.

Furibundo, bajó del estrado y se fue contra Garza, que ya caminaba rumbo al pasillo del pleno, que da a la sala de sesiones previas. Le recordó a su progenitora, lo tomó de la corbata y lo arrinconó contra la pared, al tiempo que le gritaba, lo iba a asesinar, por lo que varios legisladores intervinieron para calmarlo y quitárselo. En el 2019, ya como integrante de la 62 legislatura, Vera fue acusado de maltratar física y en forma verbal, al diputado del PRI, Mauricio Ramírez Konishi, durante una asamblea de la Junta de Coordinación Política. Su colega del PT, Paola Arreola Nieto, lo denunció por violencia política de género.

En las elecciones del 2 de junio, también perdió el registro el Partido Encuentro Solidario. En el proceso del 2021, participó como Partido Encuentro Social. Entonces quedó fuera de la contienda. No le ayudó

postular como candidato a la gubernatura, al ex edil de Valles, Adrián Esper. En el 2023, resurgió como Partido Redes Revolucionarias Democráticas, utilizó su misma estructura, con mínimos cambios internos. Solicitó y obtuvo el permiso, pero cambió el nombre a Partido Encuentro Solidario.

Fue un organismo de corte cristiano, que a nivel federal, obtuvo la patente en el 2014. En los comicios del 2018, apoyó al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, al coaligarse con Morena y PT, en el enunciado, “Juntos Haremos Historia”. No obstante, volvió a desaparecer, al conseguir solo el 2.7% de los sufragios emitidos. En el 2020, el dirigente nacional, Hugo Erik Flores Cervantes, constituyó el Partido Encuentro Solidario que sustituyó a Encuentro Social. Participó en las elecciones del 2021 y de nuevo se queda fuera. Sigue vigente a nivel estatal en varias partes.

El Partido Movimiento Laborista, a nivel local participó por vez primera, al obtener apenas el registro en abril del 2023. Surge con el estigma de ser cooptado por el gobernador Ricardo Gallardo y convertirse en un apéndice del Verde Ecologista. Quedó demostrado al postular en algunas alcaldías a militantes rechazados por las siglas que controla el senador Manuel Velasco. O iban en segundo lugar, después de Morena. Se dijo que la dirigente estatal era una Estela Nieves, pero nunca dio la cara, ni concedió entrevistas. Los dueños visibles fueron Noel Pinacho Santos, el fuereño dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que fungió como secretario de procesos internos. Otro fue Moisés Cedillo Rodríguez, ex militante de Morena, que apareció como coordinador estatal.

El Partido Movimiento Laborista fue noticia nacional al difundirse que postuló, sin consultarla, a la señora María Estefana Epifanio Agustina, indígena Tének de 78 años, como aspirante a la alcaldía de Aquismón, en lo que fue un auténtico fraude, para quedarse con el dinero de una candidatura inexistente. Los familiares denunciaron los hechos ante el ministerio público, para castigar a los responsables. El Consejo Estatal Electoral abrió un proceso sancionador en contra del partido que ya no existe.

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