El litigante Víctor Manuel Gallardo Macías se plantó a la entrada de la ciudad judicial para exigirle al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cué, agilizar los expedientes que se manejan para garantizar un servicio rápido y eficiente. El nuevo titular fue antes juez de lo familiar, pero desconoce el servicio público. Destacó que los funcionarios razonan con el estómago, no con la cabeza. «Somos libres, el vínculo con el gobierno y demás instancias. No nos hacen algún favor al atendernos. Aceptó recibirme por ser el líder de los abogados, pero no le interesaba hablar con otros. Y que el gobernador Juan Manuel Carreras lo instruyó ejercer cero tolerancia a las corruptelas, cuando es producto de las mismas, ya que no lo eligió el pleno del consejo o los magistrados. Llegó por voluntad del ejecutivo o del secretario Alejandro Leal Tobías».

No descartó la injerencia del diputado federal Cándido Ochoa Rojas para que le den prioridad a los asuntos que trata su despacho, como el de los influyentes José Mario de la Garza, Jaime Suárez Altamirano y Gustavo Barrera, que han metido a sus recomendados al poder judicial. Enfatizó que los magistrados ascienden sin tener carrera, lo que lesiona a las instituciones que han tomado como un botín o coto de poder. «Los actuarios venden la fe pública. Afirman que fueron con el demandado, al que requieren por la falta de pago. Le piden que señale los bienes y se niega. La víctima se convierte en accionante. Tiene que hacer un juicio, le dan 9 días para contestar la demanda o lo ubican como rebelde. La gente ni cuenta nota las chapuzas de los abogados».

Gallardo resaltó que la élite económica no impone a los jueces más capaces, prefieren los obedientes. Al llegar un magistrado sin experiencia, atentan contra la ciudadanía que exigen justicia, que no aparece por ningún lado. «La suple una mujer voluptuosa, de anchas caderas, pechos exhuberantes, pero con un rostro asqueroso. Es la injusticia, amiga de los funcionarios. Mucha gente dice que tiene 30 ó 40 años con un asunto que empezaron sus abuelos y no lo han terminado. No hay voluntad de cambio. La central de actuarios surgió a instancia nuestra. Era una terminal de autobuses. El actuario apenas llegaba y ya lo esperaban. Pero los magistrados y consejeros metieron a su gente. La dirigente mayoritaria de los burócratas, Benardina Lara Arguelles incrustó a su sobrina Gisela Hernández Lara como recepcionista. Estaba un día y cuatro no. Pero cobraba completo. Tenía otro cargo en el Teatro de la Paz en el mismo horario. Ahora que cerraron la central de actuarios, Lara reclama que hayan despedido a sus agremiados, que no pueden estar sindicalizados, ya que se rompe el esquema institucional. No deben estar por encima de los objetivos máximos que son dar justicia. Viajamos a Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua donde funciona perfecta. En noviembre estuve con el presidente del tribunal, el director de la central de actuarios y una magistrada. Duramos 4 horas encerrados, fueron muy atentos. Les pregunté cómo solucionaron el problema. Lo hicieron sencillo, con personal de confianza. El actuario que cometa un acto deshonesto se va a la cárcel o la calle. Los actuarios ganan la mitad respecto a San Luis y trabajan el doble, en la mañana y tarde. Antes venían a estudiar leyes con nosotros porque tenían cupos limitados. Ya nos rebasaron. En los juicios orales van muy rápido, el tribunal funciona con la mitad del presupuesto de lo que se gasta aquí. Reciben 300 millones, en San Luis se quejaban por tener solo 600 millones para la nomina».

«No podemos permitir que se repita la inoperancia que se vivió con Fernando Toranzo. Vienen tiempos negros, muy malos y si los litigantes que somos libres no nos organizamos, estaremos en medio del conflicto. Muchos compañeros no se capacitan. Tampoco los jueces, policías, ministerios públicos, que sólo actúan a su real entender. El nuevo esquema de justicia es muy delicado para tomarlo a la ligera. Se nota la falta de voluntad. Si la cabeza no coordina, el cuerpo se desmaya, se hace un desbarajuste. Las acciones preventivas de seguridad le corresponden al ayuntamiento y policía estatal, a la que usan para reprimir al pueblo. En la procuraduría en lugar de investigar, detienen para torturar. Por órdenes del ex secretario de gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, me atropellaron y dejaron en silla de ruedas dos años. Se regresó a la época del cacique Gonzalo Santos, que pregonaba la ley de los tres hierros: encierro, destierro o entierro. Entonces me configuraron ocho órdenes de arresto ficticias. Un compañero fue testigo de la amenza. Comíamos en La Parroquia, entonces me dicen que me busca el funcionario, que estaba en el estacionamiento. Me acerco y saca dos fajos de billetes, al parecer de 50 mil pesos cada uno. Me dijo que los mandaba el gobernador Fernando Silva, para que me fuera a pasear. Estaba vigente el fraude a la Unión de Crédito Regional. Luego, un domingo en el mercado de las vías fui a repartir un ejemplar del Coyote y me embisten. Me querían dejar sin piernas, pero me dejé caer al lado contrario de la camioneta. Tengo la certeza de que los culpables eran elementos de la policía estatal vestidos de civiles. Llegaron unos tipejos en bicicleta, eran agentes y le dicen a los tripulantes que se vayan porque yo tuve la culpa».

«Me fui porque tenía orden de arresto y si caigo a la cárcel me matan. Me habían acusado de motín porque escupí a un periodista. No fue accidental, me pegaba con la cámara en la cara. Tal vez era oreja de gobierno. Me provocaba. Estaba en su apogeo el conflicto de los camioneros. Decían que Silva era el dueño de los camiones verdes. Yo tenia como clientes a las otras 5 líneas. No podía quedarme y poner en riesgo a la familia. Me fui a curar con tratamientos naturistas, recuperé gran parte de la movilidad. Aún camino chueco. Cuando hace frio me duelen las lesiones. El atentado quedó impune. Me atropellan un domingo y el lunes entré a la plaza de armas en silla de ruedas. No me esperaban, con un micrófono, le dije a Silva que si ya empezó, acabara de matarme. Le grité que lo hizo su propia policía. Bajó a verme y externó que debía parar la violencia. Si las fuerzas públicas no están capacitadas, ¿a dónde vamos a llegar?… continúa (tomado de la revista impresa, Febrero 2017)

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