El 28 de febrero, el oficial mayor del Gobierno Estatal Noé Lara Enríquez, envió el oficio DARH/01/0502/2023 a la Dra. María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, delegada estatal del IMSS, sin que contenga fecha de recepción, para solicitarle que se instruyera a su personal generar las altas al IMSS de los empleados del Gobierno del Estado de S.L.P., a quienes se les concedió la suspensión provisional y definitiva por un Juez Federal. También pide que a la brevedad le informe el monto de las cuotas de seguridad social correspondientes, para que a los trabajadores que desafilió del IMSS el gobernador Ricardo Gallardo el pasado 11 de enero, se les reincorpore de nueva cuenta al Instituto de Seguridad Social, añade, Noé Lara, para estar en posibilidad de realizar el pago, bajo las mismas condiciones que venía realizando antes de su baja. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado expone que este oficio deja por sentado las siguientes acciones inaceptables de parte del titular del Poder Ejecutivo:

Primera, el total desacato del gobernador RGC en el que incurrió al omitir la decisión del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y Juez de Distrito, quienes ordenan que los trabajadores sigan recibiendo la atención del IMSS, decretando que tal orden empezara a surtir efecto “desde ya” , o sea desde el 22 de febrero, lo que significa que pasaron por lo menos seis días para que Noé Lara, pidiera la cuenta al IMSS de las cuotas de la afiliación de los trabajadores y ver si le iba a alcanzar a cubrirlas; esto con independencia de que el IMSS cuente con algunos lineamientos que sancionen al patrón por la reincorporación de los 3772 sindicalizados del SUTSGE que se ampararon.

Segunda, la discriminación al resto de los empleados de honorarios y de confianza a quienes también se les negó el IMSS y que no piensa devolverles tal servicio, ya que solo indica que se afilie a los demandantes.

Lejos de dar cumplimiento con el servicio médico de Seguridad Social, los funcionarios actuaron de manera ilegal, ya que se presume que existe una venganza por parte de Gobierno, por haber recurrido a las instancias federales para hacer valer la violación a los derechos de los trabajadores, ya que en cuanto se concedió la suspensión provisional, se ordenó la cancelación abrupta del servicio médico particular del Hospital de la Salud de cobertura limitada; dejando sin garantía de atención a la salud a los trabajadores y sus beneficiarios, poniendo en riesgo la misma vida.

Discriminación con los trabajadores que promovieron el juicio de amparo a quienes se les está negando la atención médica del Hospital de la Salud y otorgándose únicamente a los empleados de confianza y de honorarios.

Comments

comments