Al acudir a una asamblea de trabajo en Perú, la dirigente moral del sindicato independiente de trabajadores estatales, Francisca Reséndiz Lara, denunció que tienen dos años de enfrentar “los permanentes abusos laborales, represiones físicas e institucionales, hostigamientos y persecuciones políticas por parte del gobernador de San Luis Potosí, México, José Ricardo Gallardo Cardona, quien es nuestro patrón y gobernante. Desde que inició su mandato, el 26 de septiembre del 2021, despidió de manera ilegal a compañeros�.

“A otros que aun laboran, les retiene el sueldo en forma ilícita. No entrega recursos sindicales, hostiga a personal discapacitado de seguridad, y al menos en nueve ocasiones, hemos sufrido ataques policiales para acallar las manifestaciones pacíficas, amedrentarnos y criminalizar nuestros derechos. Resultaron lesionadas, decenas de personas y encarcelando a muchos más. Inició una cruenta cacería política contra de su servidora, con amenazas de muerte, que me obligaron a recluir en la clandestinidad por dos meses�.

“Es lamentable que el mandatario estatal concentre el poder en las instituciones de justicia laboral, administrativa y penal, por lo que las denuncias y demandas legales que hemos interpuesto en nuestra defensa, se mantienen inactivas, congeladas. Además, impulsa campañas mediáticas de desprestigio en nuestra contra, lo que nos ha obligado a buscar apoyo en el gobierno y legislativo federal, organismos sindicalistas, sociales y populares nacionales e internacionales�.

Reséndiz Lara denunció en el foro extranjero, le retiró a miles de trabajadores, “la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social y de un hospital particular, lo que ya cobró la vida de una compañera, que no tuvo los recursos para atender su padecimiento, al dejarla sin empleo y quitarle el derecho a la salud. Pero, sobre todo, la cerrazón ha implicado que defendamos nuestros derechos ante la Organización Internacional del Trabajo, en donde presentamos dos denuncias por las violaciones a nuestros derechos laborales y a libertad laboral. La persecución política en contra de mi persona ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos�.

“Las circunstancias adversas mantienen sin empleo a 215 miembros y 114 trabajadores discapacitados de seguridad, integrantes del sindicato, lo que ha sumido en la miseria a sus familias, por carecer de lo mínimo indispensable, al sumar ya casi dos años sin ingresos. El adeudo por salarios, prestaciones y recursos sindicales asciende a más de 70 millones de pesos�.

“Invito a los compañeros, apoyar nuestra lucha, a solidarizarse con nosotros para hacer un pronunciamiento al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, para que cesen las represiones, el hostigamiento y las persecuciones políticas en contra del sindicato y de su fundadora. Exigirle que acate las normas laborales y respete nuestros derechos�.

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