Un grupo de notarios que apoyó a la fedataria 23, Maricela Zavala Farfán, en el cambio de dirigencia, donde fue electo bajo sospecha, Octaviano Gómez, interpuso un amparo por fallas en la asamblea. Se suma la negativa del colegio de profesionistas, que encabezó, Jesús Alfonso Leal Bravo, de entregar copias certificada del acta y las consecuentes objeciones de haberse redactado y suscrito el documento.

Las votaciones internas fueron el 6 de enero del 2023. El 18 se admitió la querella, que promueve Zavala y el que sería su suplente, Ricardo Andrés Lárraga. También los respaldan sus colegas, Juan Carlos Barrón, Marcela Serna Hernández, Jesús Antonio �vila Chalita, Carlos Fonseca Castañón y Paulina de Antuñano Mier. El juzgado octavo de distrito, ordenó la apertura del incidente de suspensión y recurrir al presidente del Colegio de Notarios, Leal Bravo, entregar el informe previo, pero se negó.

Leal negó ser omiso en escribir el acto de la asamblea, pero no mostró pruebas. Se le requirió para que en un término de 48 horas, entregara copia certificada de la asamblea. Contestó estar impedido para entregar lo solicitado. Entonces el juez le requirió los datos al secretario del consejo. Le reclamó a Leal, si se negaba a obedecer, debía gestionarla.

El 8 de febrero se llevó a cabo la audiencia inicial y el consejo directivo incumplió el mandato al señalar que tampoco tenía facultades para certificar las copias. Y que el juez no les aclaró, quién debía realizar los trámites y pagarlos. Otra vez, dictaron un nuevo resolutivo, donde se confirmó que eran ciertos los actos reclamados, por no haber justificado su existencia.

Ante la negativa expresa para expedir el acta de asamblea, bajo las argucias legales de no tener facultades, lo cierto es que documento no existe. Puede significar que el consejo directivo, encabezado por Gómez, no tiene sustento legal.     

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