El Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado, hizo un urgente llamado a organizaciones sociales, populares, campesinas e indígenas, estatales, nacionales e internacionales, para defender la libertad de asociarse, manifestación y para hablar, ante el inminente desalojo violento que ya prepara el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de desbaratar el plantón que mantienen en la Plaza de Armas. Requieren el apoyo inmediato, ante la emergencia actual, por la amenaza fundada, de que la policía quitará la protesta pública, mediante el uso ilícito de la fuerza bruta.

También se apoyarán con golpeadores y pandilleros, que buscarán, con medidas provocadoras y represivas, acallar las denuncias por las agresiones, arbitrariedades y abusos laborales que el mandatario ha cometido en su contra, desde que inició el sexenio. Ha recurrido de manera ilegal y constante, a la violencia física, institucional y policial, en contra de los integrantes del sindicato, cuando hacen uso de sus derechos constitucionales, para manifestarse en forma pacífica. Desde que volvieron a quejarse, la autoridad estatal ha ignorado sus justas demandas laborales. En lugar de iniciar un diálogo constructivo, para cumplir el compromiso de resolver la problemática que generó, ejerce medidas coercitivas y los amedrenta para acallar sus voces.

“La única manera de enfrentar al estado represor de Gallardo Cardona y garantizar la integridad física, patrimonial y moral del gremio, es mediante el auxilio del pueblo y sus organizaciones, por lo que se inició la jornada nacional de guardias de solidaridad con el plantón, para evitar de nuevo, ser víctimas de la violencia gubernamental y lograr que sean resueltas las problemáticas laborales mediante el camino de la ley y el diálogo�.

Los afectados denunciaron que Gallardo Cardona, el 2 de febrero del 2022, se comprometió con el comité ejecutivo del sindicato, resolver las demandas laborales, lo que se refrendó de su parte el 8 de abril, con la firma de una minuta, que en su nombre, aceptaron resolver funcionarios estatales, sin que a la fecha exista avance alguno.

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