Cuando el fallido galeno Fernando Toranzo le dijo al secretario de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, que no iba a regalar más notarías al final del sexenio, el ahora diputado federal consultó a su socio, el fedatario número 27, Juan Carlos Barrón Cerda, para que le dijera a quién iban a fastidiar para no quedarse en la orfandad. El influyente personaje, al que se le atribuyen al año ganancias netas hasta por 30 millones de pesos, tener viñedos en Chile y ser el catador de planta del magnate dueño de los diarios Pulso y San Luis Hoy, Pablo Valladares, le contestó sin vacilaciones que el sacrificado sería el notario 21, Gerardo Parra Dávalos, al que inventaron un amañado expediente criminal.

La misma chicana se la intentaron aplicar a la notaria 6 de Tamuín, Dora Linda Mireya Soria Gutiérrez, que se defendió a muerte, sin el respaldo de sus colegas. Al ambicioso Ochoa no le bastó tener bajo su control el fiat que ejerce el notario 38, Carlos Fonseca Castañol, al que ubican como su prestanombres y lo puso como presidente del notariado. Para concretar la asonada contra Parra, Ochoa se valió también de la complicidad de la directora del registro de la propiedad, Margarita Guerrero Ortiz, que mantuvo en el cargo y del ex presidente del Colegio de Notarios, Jesús Antonio �vila Chalita, que la próxima semana rendirá su informe de labores ante la presencia del gobernador Juan Manuel Carreras López. �vila buscó sin éxito prolongar su mandato después de reelegirse tres veces con el respaldo de Ochoa. Pero los estragos que causó entre el gremio, le provocaron una derrota estrepitosa ante el emergente notario 17, Alfonso Leal Bravo.

�vila tampoco defendió al notario tres, Rubén González López, acusado de fraude, asociación delictuosa y falsificar documentos al simular la compraventa de un gran predio ubicado en el anillo periférico norte. Fue acusado por la afectada María Félix García. El caso de mayor escándalo se vivió con Parra, que en una carta al presidente Enrique Peña, al gobernador Fernando Toranzo y otras instancias, reveló los antecedentes del atropello. Rememoró que en diciembre del 2012 dio fe de la venta de un terreno valuado en un millón de pesos, cuyas dueñas eran las hermanas Rosa Laura y Teresa de Jesús Guerrero Ortiz, presuntas hermanas de la directora del registro de la propiedad, Margarita Guerrero Ortiz. Tenían de apoderado a Sergio Morales Cervantes, al que avaló el notario 35, Martín Celso Zavala Martínez. El comprador fue José Antonio Parra Rodríguez.

Al momento del trámite se verificaron los documentos presentados y la circunstancia del inmueble. No se encontró ningún problema. El adquiriente solicitó los documentos de la propiedad y el poder legal de la parte vendedora, que le fueron entregados. Luego solicitó otra vez el poder legal con el cual se realizó el contrato de compra-venta, ya que tenía dificultades para inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Lo que se revisó y dio como resultado dos anotaciones marginales: una de la notaría 35, de Martín Celso Zavala, donde se maneja que fue usurpada la identidad de las propietarias del inmueble. Otra del ministerio público respecto a una demanda de fraude.

Parra Dávalos aceptó que era justa la queja del comprador que interpuso ante el director del notariado, Carlos Fonseca, para que se investigaran los errores cometidos por Zavala y de su propia notaría, por la supuesta omisión de no informarle que tendría problemas para hacer el trámite ante el registro de la propiedad. Fue el pretexto que buscó Fonseca para presentar una denuncia penal donde nunca se llamó a cuentas a Zavala, cercano en los afectos del maximato local, Horacio Sánchez Unzueta, jefe de Cándido Ochoa, el que lo sacó del anonimato y lo llevó al cenit de la política.

Parra Dávalos aclaró los entuertos con el quejoso, que se desistió de los cargos. Expuso que «el trámite realizado en la notaría 21 a mi cargo, fue válido, ya que en su momento, no había impedimento para llevarlo a cabo». No obstante, Fonseca continuó la embestida ordenada por Ochoa, con el que antes trabajó en su despacho particular, previo a convertirse en procurador y luego secretario de gobierno. Acusó a su víctima del delito contra la fidelidad profesional y falsificar documentos. Parra remarcó que a sus verdugos no les importó defender el interés legítimo de un ciudadano agraviado. Asentó que el par de funcionarios buscó la forma de arrebatarle la notaría para asegurarse un futuro económico. Con tristeza y preocupado miró concretarse las oscuras maquinaciones. Aunque no existía ya queja en su contra, las presiones de Ochoa llevaron a que la juez sexta del ramo penal, Olga Regina García López, le dictara auto de formal arresto.

Parra solicitó el respaldo de �vila Chalita y de sus colegas, para evitar el despojo que también les podía ocurrir, por las ambiciones desmedidas e inclementes de sus detractores. El ex presidente del Colegio de Notarios aprovechó el momento para lanzarse a la yugular. Le reclamó haber llevado a cabo el contrato privado de promesa de venta, ya que está obligado a la formalidad de los actos. Y dedujo que el documento se elaboró en la notaría 21 por la tipografía de la letra utilizada también en el convenio de compraventa posterior donde aparecen el sello y firma que son vinculantes. Sin la mínima pesquisa lo acusó de omiso. Lo responsabilizó de no solicitar el certificado de gravámenes para que antes de la firma del contrato, se hubiera percatado de las trabas que persistían. Le restregó no verificar el poder que tenía el vendedor, para constatar que no fuera apócrifo. Sin darle a Parra la mínima oportunidad de defensa, sin escucharlo, presuroso, �vila lo declaró culpable de las imputaciones.

No obstante, en su defensa ante la autoridad judicial, Parra estableció que al existir una queja procedente, los notarios tienen un plazo de 5 días hábiles para contestar y 6 si se ubican fuera de la capital. Lo que nunca le permitió �vila. Sobre el contrato preliminar y la misma tipografía, respondió que su inquisidor omitió decir que las certificaciones provenían de un cotejo del contrato original «asentado el 22 de octubre del 2012, más de once meses después de la fecha en que se celebró el acuerdo de compraventa». Respecto a las acusaciones de omiso, le reclamó a �vila le diera más valor a los dichos del quejoso que a las actuaciones agregadas al expediente. Fue hasta las inspecciones del 25 de junio del 2014 donde se verificó la inexistencia del certificado de la libertad de gravamen que debió ser agregado al apéndice del protocolo. Y de las acusaciones de no constatar la autenticidad del poder entregado a Sergio Morales, «basta revisar la fecha de firma de la escritura de compraventa y la fecha de ingreso del oficio del notario Zavala, la posterior certificación en el folio registral, por lo cual a la firma del convenio traslativo de dominio, la página no contaba con las anotaciones marginales que con posteridad fueron hechas. Un principio de derecho reza que a lo imposible nadie está obligado. Pero se consignó el poder con el que el representante otorgó la escritura, de manera que al momento, la ulterior anotación registral no surtía efectos frente a terceros». Parra estableció que nunca tuvo conocimiento de la posible nulidad o revocación del poder. Actuó «bajo los principios de buena fe y legalidad, al darle el justo valor a un testimonio que en su oportunidad fue expedido de manera lícita».

Para relevar a �vila Chalita se mencionó a Gerardo Parra y al fedatario 24, Juan Francisco Corripio Andrés, que desistieron para tiempos mejores. Sólo aceptó Alfonso Leal, que se confrontó con la candidata de Ochoa y sus huestes, la notaria dos, Paulina de Antuñano Mier, que resultó derrotada por la negra fama que se labró en 6 años de excesos como secretaria del organismo. Juan Carlos Barrón fue el encargado de contar los votos. Sabedor de los resultados adversos, se negó a darle validez a las cartas de poderes enviadas por los ausentes. La notaria 31, Laura Carrillo Farfán lo increpó a que las contara y después citara a otra asamblea para discutir su inconformidad. El notario 14, el ex presidente del PRI estatal y ex diputado local, Miguel �ngel Martínez Navarro, sorprendido, aludió a cuánto dejaba de ganancias la dirigencia, muy competida. La seguidora de Ochoa ya no quiso seguir, con el pretexto de no dividir más al gremio.

Y en efecto, Ochoa convirtió en un botín suculento el colegio de notarios, que tiene infinidad de ingresos económicos. �vila cobró por la entrada al gremio mil pesos. La anualidad es de 3 mil pesos. Aunque mil folios valen 6 mil 500 pesos, se obtienen mayores ganancias cuando se alteran las secuencias para elaborar escrituras apócrifas, que se usan para realizar oscuros negocios en las instancias que se dedican al manejo de la vivienda, como el Infonavit. Los falsificadores tienen el arrojo de buscar casas abandonadas de las que se apoderan con artimañas. Ya con escrituras a su nombre, buscan a los obreros a los que también les ayudan a tramitar los créditos. Otra mina de oro son los poderes que se extienden sin el mínimo recato, lo que pudo ocasionar el calvario de Parra. No obstante el escándalo, sigue vigente en el Registro Estatal de Poderes Notariales que en su momento manejó a su antojo �vila Chalita, que expidió uno el 21 de abril del 2010 a Felipe Jaramillo Rubio y Rocío Reyes Sánchez a favor de Óscar Samuel Rodríguez Montoya. Jaramillo fue señalado por la tramposa venta de una casa al trabajador Gustavo Alejandro Palomo Tobías.

El colegio de notarios adquirió un Jetta 2008 que usó �vila de manera indiscriminada para trasladarse a su rancho de la huasteca. Se sabe que su relevo, Leal, emprendió un arqueo que habrá de arrojar los deficientes manejos financieros y las chicanas para obtener dinero fácil. Pero existe el riesgo de que el nuevo comité, inexperto en temas políticos y relaciones públicas, sea absorbido por los tentáculos de Cándido Ochoa, que busca afanoso la gubernatura. Por lo pronto, ya mandó a Barrón a tratar de enquistarse en la nueva estructura a la que trata de manera obsequiosa con sus vinos exquisitos. Cuando Barrón fue secretario de gobierno en el sexenio de Fernando Silva Nieto, paternalista, le encargó los mejores litigios al despacho de Cándido Ochoa, que ganó varios millones de pesos. Después se cambiaron los roles. Como procurador y secretario de gobierno, Ochoa le pagó la factura a Barrón, al convertir su notaría en una fábrica de escrituras. En el horizonte de las ambiciones sin límites, les estorbó el despliegue del laborioso Gerardo Parra, al que no pudieron sepultar. Ochoa todavía se mueve en las sombras. Presiona a �vila para que informe en los próximos días sobre su sectario y catastrófico desempeño. Tendrá como invitado especial a Carreras, para que avale los abusos cometidos en 6 años de impunidad.

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