Por encima de la ley, el presidente del comisariado ejidal de La Pila, Pedro Adrián Martínez López, junto con un grupo de empresarios y políticos potosinos distinguidos, se reparten las tierras del núcleo poblacional. Entre los beneficiarios destaca la familia Lorca Valle y el industrial Héctor Gómez Valle, ambos ligados al gobernador Juan Manuel Carreras López. También  forman parte del grupo, el ex diputado local del PRI, José Luis Romero Calzada. Los boyantes Valladares García.  El inmobiliario y arquitecto Roberto Pérez Centeno. El dueño de las gasolineras Max Store, Abraham Tobías Gómez. El propietario de Termicentro, José Vicente Soriano García, que construyó las peligrosas y enormes esferas de gas LP que se ubican en 40 hectáreas del ejido.

Un grupo de quejosos, encabezados por el ex delegado de La Pila y ex líder de la CNC, Eulogio López Delgado y el ex comisariado ejidal, Tobías López Delgado, lograron obtener un informe respecto al reparto de tierras que Martínez y el grupo de poder político y económico  enquistado en el ejido, realizaron mediante una ilegal asamblea. A los afectados los representa el litigante Carlos Covarrubias Rendón. Señalaron en un documento que el equipo utilizó para concretar el despojo, a los ex delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, Felipe Aurelio Torres Torres y Miguel Martínez Castro, que con el apoyo del gobierno estatal, impusieron por medio de la  fuerza pública, una asamblea de certificación, el 18 de noviembre del 2018. Los ex funcionarios federales montaron un operativo policiaco al servicio de empresarios y políticos disfrazados de ejidatarios.

Expusieron que en los acuerdos y proyectos del despojo, no son ajenos Carreras y el presidente municipal de San Luis, Xavier Nava Palacios, quienes intentan lograr a toda costa la actualización del Plan del Centro de Población Estratégico de la Ciudad. Es por lo que el 27 de marzo del 2019, llevaron a cabildo el acuerdo para que el Instituto Municipal de Planeación  presente la propuesta para incluir las más de 6 mil hectáreas del ejido. Explicaron que el 17 de julio, el ex presidente del comisariado, Tobías López Delgado y otros ejidatarios de La Pila, solicitaron por escrito al Registro Agrario Nacional de San Luis  Potosí, informara la situación  del ejido. El 26, mediante el oficio RAN/SLP/DA/ 920/2019, el encargado Martín Banda Reyna entregó a los demandantes un documento donde asentó que se expidieron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común. Sobre los solares, informó que no se había expedido ningún título.

Miranda Reyna informó no tener el “dato preciso de los sujetos agrarios beneficiados. Tampoco había fecha de una próxima entrega de ninguna clase de documentos�. Respecto a la certificación registral, manifestó que previo pago de derechos, se les expedirán copias certificadas. Banda habló sobre una segunda revisión del acta de asamblea de delimitación. Dijo que no era posible llevarla a cabo en el momento, “salvo que una autoridad competente  lo ordene, debido a que es un trámite interno�. Sobre los derechos y documentos a favor de Pedro Adrián Martínez López, actual presidente del comisariado, “les comunico que se le entregaron 95 certificados parcelarios�.

Explicaron que el grupo de empresarios y políticos beneficiarios de las tierras ejidales, que manifiestan haber comprado sus derechos, los encabeza el magnate de expendios de gasolinas, Abraham Tobías Gómez, que se apoderó de más de un kilómetro de frente de la carretera a México, donde suma más de 40 hectáreas. Las 16 parcelas son la 4, 11, 224, 256, 262, 263, 241, 321, 453, 490, 530, 684, 686,882, 883 y 891. Lo sigue Héctor Gómez Valle, inmobiliario con 80 hectáreas. La familia Lorca Valle posee otras 80 hectáreas, la cabeza de la familia es José Antonio Lorca Valle, sobrino político y compadre del gobernador Juan Manuel Carreras. Lorca aspiró a candidato a diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso intentó dirigir el partido en el estado. También aspira a ser gobernador por las mismas siglas.

Otros empresarios que cargan la estafeta de ejidatarios son el inmobiliario Roberto Pérez Centeno, que aparece con parcelas cercanas a las 80 hectáreas. El ex diputado local y dueño de Tekmol, José Luis Romero Calzada, tiene cinco hectáreas. El dueño del restaurante El Pacífico,  Juan López Lara, aparece con 20 hectáreas. Fue socio del ex aspirante a edil de la capital, Jacobo Payán Latuff. Aparece el presidente del consejo de administración y casi dueño del Grupo Avicen, Roberto Oliva. El ex coordinador de finanzas de candidatos a gobernadores del PRI y Payán también tienen hectáreas en el ejido. A través de prestanombres figuran los hermanos Pablo y Miguel Valladares García con más de 50 hectáreas. Poseen 10 parcelas, la 178, 188, 265, 266, 270, 274, 367,445, 824 y 898. Otro invasor es José Vicente Soriano García, principal dueño de la empresa Termicentro. Tiene a su nombre 40 hectáreas, donde colocó sin observar ninguna ley ambiental, las peligrosas esferas de Gas LP.

Explicaron que Banda Reyna, como encargado de las oficinas de la delegación del Registro Agrario Nacional, les informó que se entregaron 95 certificados parcelarios al presidente del comisariado ejidal, Pedro Adrián Martínez López, de los cuales 40 están a su nombre y el resto son de las personas que representa con poderes notariales. Los documentos de Martínez suman 163 hectáreas y la de sus seguidores 200, donde aparecen Torres Torres y Martínez Castro. Revelaron que el juez octavo de distrito suspendió la expedición de títulos apócrifos. Solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tribunal Agrario y juzgados federales. Indicaron que las contralorías federales llevan a cabo varias pesquisas. Advirtieron que el proyecto de Carreras López  es impulsar en lo que resta de su mandato, 100 nuevas naves industriales en el área del ejido y diversos fraccionamientos, con miles de lotes de alta densidad. Además, las conexiones, ejes y libramientos que están delimitados y definidos por los empresarios desde hace 8 años.

Evitarán que Nava concrete el proyecto de otorgar el cambio de uso de suelo de las más de 4 mil hectáreas del núcleo de población donde los ganones son empresarios, industriales,  inmobiliarios y especuladores del suelo urbano. El representante legal y los ejidatarios manifestaron que la repartición o despojo de tierras ejidales de La Pila al grupo económico y político del estado,   son proyectos de la iniciativa privada, con un aparente barniz social. Son autorizaciones arrancadas en el agónico régimen del ex presidente Enrique Peña Nieto. Son situaciones que fueron puestas al límite para que el nuevo gobierno recibiera la presión política y económica. Sin embargo, el nuevo  gobierno federal analizó el caso y resolvió conforme a la ley. “Se encontraron con un desbarajuste entre las autorizaciones y términos de legalidad. Lo mismo va a pasar con la vía alterna, con las autorizaciones para el cambio de uso de suelo que tenían del ayuntamiento. Se van involucrar las  autoridades federales, revisarán el despojo y otro tipo de situaciones�.

Añadieron que en  La Pila, los constructores e inmobiliarios no tuvieron permiso ambiental para fraccionar. En el caso de San Juan de Guadalupe, hay un lineamiento de la Procuraduría Agraria, de no permitir más inmobiliarias. “Avanzamos, todos los frentes están abiertos, damos la batalla�. Agregaron  que hay una ofensiva social jurídica para la defensa del patrimonio. Obtuvieron un informe donde el Registro Agrario Nacional hace una radiografía de lo que pasa en el ejido de La Pila, de cómo se asignaron derechos al presidente del comisariado ejidal y empresarios. Expusieron que resulta curiosa la forma en que se generan derechos de títulos a menos de la mitad de los ejidatarios, cómo obligan llevar a cabo las certificaciones, cómo manipulan para decidir el territorio ejidal, el estado y ayuntamiento para otorgar un cambio de uso de suelo a medida de los negociadores que despojaron a los ejidatarios de sus tierras. El gobierno estatal se coludió con los hombres del poder económico y políticos porque busca generar un emporio industrial, que no han podido lograr en 17 años. El tiempo se les acabó, ya no tienen al mando federal de su parte. Buscan   lograr el proyecto a nivel local, al tratar de justificar la asignación indebida de las tierras de los ejidatarios, que están en condiciones de revertir el robo y abortar sus negros propósitos.

Indicaron que van a construir más de 100 naves industriales en dos años, 80 menos de las 180 que ahora existen, 18 están en Villa de Reyes. El gobierno estatal, coludido con el grupo de beneficiarios, busca en dos años hacer en la Pila lo que se hizo en Villa de Reyes, pero en poco tiempo, doblar el número de naves, fraccionamientos y negocios. Sostuvieron que el grupo externo no ha podido certificar La Pila. Desde el 2001, lo intentaron bajo todas las formas, compraron derechos, dividieron al ejido, ganaron comisariados, trataron de tumbarlos y siempre se quedaron a la mitad, ya que el ejido no estaba de acuerdo. La gente no les daba el voto calificado. Lo  consiguen hasta que se reagrupan en el 2016, con la llegada de Carreras.

Incorporan al grupo de Termicentro, donde están metidas las familias Valladares García, Gómez Valle y Payán. Traían el objetivo de unas esferas en 2014-2015, pero con mayor empuje en el 2016. Termicentro llega y se instala después de que el gobierno del estado y municipal generan las autorizaciones. El principal dueño, José Vicente Soriano García, con el apoyo de sus socios y el estado, empezaron a operar de manera social y política dentro del ejido para lograr la certificación, al costo que fuera. Utilizaron de carnada a Termicentro, vinculada al huachicol a nivel federal. Además de Salvador Oñate, otros son accionistas del Banco del Bajío y viven en León. Contrataron asesores vinculados a las luchas agrarias. Sabían del riesgo de no tener el respaldo del gobierno federal por lo que sacaron las autorizaciones en  noviembre del año pasado. Lograron el salvoconducto para regularizar la tenencia de la tierra, aún cuando ya tenían años operando. Es inadmisible que al presidente del comisariado, Pedro Adrián Martínez López, le entregaran un certificado por  más  de 150 hectáreas, más 200 de sus  prestanombres. Martínez violó la ley agraria que dicta, está impedido para obtener tierras como representante del ejido, solo lo puede hacer por herencia.

Sostuvieron que el grupo de empresarios, industriales y políticos, invadieron un terreno donde no tienen nada que ver los ejidatarios. Las autoridades federales en el estado, en el sexenio anterior, entregaron 418 certificados parcelarios y 154 certificados de uso común, cuando los ejidatarios son más de 540. Además, el número de parcelas suman más de 2 mil y solo entregaron 418 a un grupo reducido, más de la mitad en posesión de empresarios que se autonombran posesionarios y ejidatarios, plenamente identificados. Ni  siquiera una tercera parte de ejidatarios fue reconocida de manera formal. Revelaron que hay un plan jurídico para abortar el despojo de tierras. Se impugnó la operación de las esferas de gas LP de Termicentro. También la asamblea de certificación del  ejido. Se ataca la autorización del Plan De Desarrollo Estratégico de la Ciudad de San Luis Potosí.  Ya hay  resultados, se congelo y suspendió la expedición de nuevos títulos a favor de tales grupos. Los documentos están tildados de ilegales, tienen una consigna y una anotación marginal de que están en limbo, sin una definición jurídica definitiva. Sumar el tema de La Pila que se relaciona con San Juan de Guadalupe, por las consecuencias que pueda tener si la urbanizan. Informaron que un grupo de ejidatarios impugnó la instalación de las esferas con un amparo de carácter ambiental. “El juicio de amparo que tenemos se resuelve si se sobresee, porque no se acreditaron los actos�.

El grupo se fue a la revisión y un tribunal colegiado de circuito en San Luis, después de casi un año de litigio, en el expediente 81/2019, revocó la sentencia emitida. Emite otra donde ordena reponer el procedimiento, llevar a cabo una pericial  de carácter ambiental. Fue algo inédito para  San Luis Potosí. Indica un estudio de riesgo, que nunca se había visto. Afirmaron que hay una orden del gobierno federal, que se emitió el primero de diciembre, donde ordena una serie de peritajes.  Involucra a la Universidad Autónoma  de San Luis para que disponga de un perito. Ordena a la Fiscalía General de la República, notificar se ponga un perito que realice una serie de peritajes. Son 90 pasos a revisar. Es un ordenamiento que la gasera no pasará. Uno es el tema de la cercanía con la gente. Les dice que informen, cuántas personas pueden morir si existe una explosión. Los expertos tienen que hacer 50 preguntas que el grupo de ejidatarios hizo en la demanda de amparo. “El secretario de gobierno, Alejandro Leal Tobías, hizo los acuerdos con la gasera. Tendrá que acatar el ordenamiento�.

Los ejidatarios afirmaron que el grupo que cometió el despojo, tuvo de su lado un Tribunal Unitario Agrario corrompido. “A leguas se notó la mala fe del magistrado. Nos regaló una medida precautoria, donde se dice, debe hacerse una anotación en la acta de asamblea, pero no dice, no se negocie. No se expida ningún certificado. El mismo magistrado nos dice que tiene presiones del gobierno estatal para que se realice la certificación. Es algo que no va a poder cumplir. La maniobra carece de formalidades especiales. Intentan certificar, pero tienen 20 faltas del acta de asamblea.  Con una sola, es motivo de nulidad, con 20 no van a poder construir nada. Analizamos el proyecto de denuncia contra el magistrado que incurrió en corrupción�.

Asentaron que el robo o despojo de las tierras involucra a 500 ejidatarios y sus familias, ya que el uso común no se lo pueden robar, como señalan las certificaciones. Los certificados que expidieron, le entregan una parte al comisariado, más de 150 hectáreas que se auto-asignó. “No tienen asesoría  jurídica. Como dijo el magistrado, se pusieron de a pechito, sólo impugnen y la tumban. Es una fantasía del gobierno de que nos van a robar el ejido. No lo podrán hacer�.

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