Todo mundo habla y se queja de la corrupción, pero casi nadie hace algo para acabarla, sostiene el litigante y aspirante a doctor en derecho, Luis Fernando Leal Beltrán. Añade que San Luis es uno de los tres estados de toda la república, donde falta consolidar el sistema anti corrupción, que es consecuencia del Sistema Nacional Anticorrupción, que se decretó en el 2015 por mandato constitucional, que obliga a las entidades a tener sus propios esquemas. El 25 de mayo del 2017, se promulgó la ley estatal anticorrupción, que tenía como fin, hacer una convocatoria para designar a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana. Era el inicio del sistema anticorrupción, del que emanaría una presidencia, que a su vez, tiene que integrar la comisión ejecutiva o la junta de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción.

Tal comité ejecutivo está integrado por el presidente de participación ciudadana. Se suman 6 funcionarios, como la titular de la Auditoria Superior del Estado, el director de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, el fiscal anticorrupción, el contralor estatal. Para que funcione, tiene que haber un brazo ejecutor. El punto central de todo el movimiento anticorrupción es el secretario técnico, el que dirige los trabajos, administra la plataforma digital, establece con el comité, las políticas anticorrupción.

Es donde nace la lucha o un ente ciudadano con un recurso especifico para operar y con atribuciones que le ayuden llevar a cabo la lucha anticorrupción. Son los encargados de emitir y calificar los formatos para las declaraciones tres por tres, administran la plataforma digital de denuncias y las encausan a quien corresponden. En un momento dado, el pleno es el órgano encargado de supervisar lo que surja. Si hay denuncias y circunstancias que se investigan, puede instar a cualquiera de sus miembros a brindar la información. Y en un momento dado, impulsar los procedimientos contra las personas que han incurrido en corruptelas. Es el único órgano válido, legal, constitucional y que por ley, tiene facultades para proceder.

El fiscal anticorrupción, depende del procurador y del sistema anticorrupción. “Hay muchos entes ciudadanos que suenan, como el de la familia Nava, Cambio por San Luis, que sólo se mueven para su cosecha. La estructura legal correcta es la que promovemos nosotros. Fui propuesto a partir de que se eligió parte de la comisión ejecutiva o la junta de gobierno, el 28 de agosto del 2018. Lo han disfrazado para entretener en forma indebida, al grado que en mayo, publicaron en el Periódico Oficial, que se conformará la junta de gobierno del sistema anticorrupción�.

El aspirante a dirigir el Sistema Estatal Anticorrupción, estableció: “fue la peor burla a los potosinos, porque la junta de gobierno, ante la ausencia de los demás integrantes, en automático quedó integrada en agosto del 2018. Fue una chicana para justificar el por qué no se ha votado la terna dentro de la cual aspiro a secretario técnico. Mi candidatura se presentó desde el 12 de septiembre del 2018. A la fecha, no se ha podido elegir. Se ha retardado, no se presentan a las reuniones para que no haya quórum. Intentaron elecciones de la manera más burda, lo que me llevó a  promover un juicio de garantías ante el juzgado segundo de distrito, que se radicó bajo el número 285-2019, el cual en primera instancia, rechazaron bajo el argumento de que no tenía interés jurídico�.

“Me voy al recurso de queja y el Tribunal Unitario determina que si tengo interés jurídico y legítimo, porque se perjudica y retarda la conformación del sistema. Con tal tesitura, empieza a ventilarse el amparo en abril del 2019 y luchamos contra corriente, la soberbia de las autoridades o el simple hecho que el gobernador no quiere que haya Sistema Estatal Anticorrupción. Por desgracia, para que se integre, tienen que asistir los seis funcionarios que son parte de la junta de gobierno. Sólo basta que el ejecutivo tenga interés y les diga, acudan y voten la terna que existe y actúen en consecuencia. No hay elecciones porque no quieren. La prueba está en que no hubo recursos para el 2019 y llevó al comité ciudadano anticorrupción a promover un juicio de amparo en primera instancia�.

“Se lo negaron ante el congreso y gobernador. En segunda instancia, dictaminó el Tribunal Colegiado, bajo el escrito 221, del 2019, que tenían la razón, pero no les alcanzaba para que un resolutivo del colegiado, pudiera ordenarle al gobernador y al congreso. Le solicito a la Suprema Corte que ejercite su facultad de atracción. Lo toma como asunto urgente, lo ventila, lo recibe y acepta la competencia en efectos de determinar un criterio en futuros casos en el país. El tema se resolverá en el tribunal, veremos cómo termina. Intuyo que se concederá a favor de los ciudadanos, porque el gobernador no puede negarle la entrega de recursos al Sistema Estatal Anticorrupción. Es una obligación constitucional que funcione. El mandatario dice que cumple con darle recursos a las 6 dependencias que lo conforman, para combatir la corrupción. No es lo correcto. Es por lo que existe la ley respectiva. Deben entregarle, como órgano autónomo, su dinero, para que tengan vehículos, estructura. No lo hacen por capricho�.

“Tenemos una denuncia en contra del presidente del Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cué, por omisión. Nos adherimos al juicio político de la magistrada Adriana Monter contra su jefe, por no haber acudido a las citas para elegir al secretario técnico, lo que nos lleva a una omisión dolosa. Es sujeto de una sanción, junto con todos los funcionarios, como es el caso del fiscal anticorrupción, la titular de la Cegaip y la auditora estatal, que no asistieron. Son sujetos de responsabilidad porque entorpecen y retardan, se implemente el sistema. También demandamos ante la procuraduría, al contralor estatal, Gabriel Rosillo Iglesias, por ejercicio indebido de la función pública. Es tanto su desdén por el Sistema Anticorrupción que le da ordenes al director de legalidad, al licenciad José de Jesús Moreno Romo, para que conteste el amparo, cuando no tiene la facultad�.

“Se han burlado y pisoteado del Sistema Anticorrupción. Lo consideran papel y letras, no existe. No les conviene porque se puede meter en todas las dependencias. El gobernador derrocha dinero en la campaña del PRI para el 2021. Tolera la corrupción para cuidarse la espalda. La falta de honestidad en el ámbito gubernamental se da por la nula vigilancia, cero compromiso social y la inacción del ejecutivo. Quiso crear un grupo para protegerse, el supuesto Consejo Ciudadano de Transparencia, pero hay una conducta nula ante las corruptelas. Carreras se irá más millonario que su antecesor Fernando Toranzo, junto con otros funcionarios�.

La ASE y la contraloría, aseveró, son legitimadoras de los actos de corrupción, no vigilantes. El segundo de la contraloría, Fernando Díaz Jiménez, dejó de trabajar en la dependencia en enero del 2018. En febrero del 2018, ya estaba en la Ase como coordinador de auditorías especiales. “El ex director de control y auditoria pasó a ser el auditor de las instituciones y municipios de la Ase, se va auditar solo. No podía ocupar el cargo, hasta pasar un año, pero le vale. El alcalde Xavier Nava quiso agarrar la bandera de la denuncia en los medios, para obligar a que actuara la Fiscalía del Estado y Secretaría de la Función Pública, pero no da continuidad a su demanda. No se sabe que tenga un grupo privilegiado de abogados a darle seguimiento a los casos�.

“Cada que le aprietan, lo esculcan o le pisan la cola, sale y grita de la corrupción. Dudo mucho lo que dice y hace el edil a la hora de combatir las fallas. Tiene el poder de obligar a las autoridades a que hagan justicia. La lucha contra la corrupción depende también de la ciudadanía. Todos nos quejamos de que no hay dinero para los proyectos. Si yo fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador y miro que en todas las instituciones permea la corrupción al millar, les quito todo el dinero. Al menos, soltarlo conforme lo necesitan y note que disminuyen las transas. Es la realidad del país�.

“La retención del dinero federal se justifica por los excesos que hay. Siempre se han dado en el mundo, pero al menos, hay que moderarse. Sabemos que nunca terminarán. Pero se desbordaron. Se robaban 80 centavos de cada peso. México es el primer lugar en corrupción y es culpa de todos. A López Obrador no le alcanzará la vida para acabarla. No estoy de acuerdo con los bajos salarios. Prefiero un buen funcionario que no robe a recortarle el ingreso, darle más tareas y no abrirle la puerta para que haga sus chanchullas. Los bajos sueldos son inoperante para acabar con la corrupción�.

“Hace falta establecer la plataforma del Sistema Anticorrupción para poder recibir las denuncias. Tenemos que concientizar a la gente para que participe. Como secretario técnico, pretendo armar una estrategia, invitar al ciudadano a que se involucre. Es difícil, pero se puede. La corrupción ha permeado en todos lados. Es un gran cáncer que ha invadido a las instituciones y los tres niveles de gobierno. Voy a luchar hasta las últimas instancias. No estoy obsesionado, pero daremos la lucha legal. O buscaremos otras opciones con las que podamos ayudar. A muchos les preocupa que llegue al cargo�.

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