Una muestra auditada sobre más de 861 millones de pesos del trienio que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, no pudo justificar el destino de casi 280 millones que se gastó en el 2018, último año de mandato, de los cuales casi 249 millones corresponden al Fondo de Recursos Fiscales y más de 30 millones al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El 30 de octubre del 2019, la Auditoria Superior del Estado publicó en su página de transparencia, el dictamen individual de la cuenta pública 2018 del ayuntamiento de la capital. En el documento, que consta de 18 páginas, se asentó que del Fondo de Recursos Fiscales o propios, se seleccionó un universo de mil 75 millones 537 mil 611.56 pesos, de los cuales solo indagaron 861 millones 370 mil 98.50 pesos, el 80.1%. El órgano fiscalizador halló irregularidades por casi 250 millones de pesos, el 30% del monto.

El presupuesto de gastos del 2018 fue de 2 mil 713 millones 924 mil 625 pesos. Significa que la Auditoria Superior del Estado apenas analizó alrededor del 28% del total de los recursos. El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el congreso del estado, Rolando Hervert, dijo que solicitará ampliar la muestra hasta el total de los recursos, porque existen evidentes anomalías. Advirtió que el monto de las irregularidades subiría a casi 900 millones de pesos. El actual gobierno municipal bajo el mando de Francisco Xavier Nava Palacios, detectó mil 500 irregularidades por un monto de mil millones de pesos en la cuenta pública 2018, solo de enero a septiembre, el último ejercicio fiscal de Gallardo Juárez. Nava, junto con el cabildo, envió al congreso y la auditoria, el expediente que contiene cada una de las anomalías. El secretario del ayuntamiento, Sebastián Pérez García, sentenció, sin ambages, que Gallardo se robó mil millones de pesos. Los mismos que se gastará su hijo, el diputado federal, José Ricardo Gallardo Cardona, que intentara llegar a la gubernatura del estado con las siglas del Verde Ecologista.

En el documento del informe que publicó la auditoria, se estableció que los gastos del rubro de servicios personales los revisara la Auditoria Superior de la Federación, los cuales suman mil 63 millones 322 mil 464.63 pesos. En el rubro de materiales y suministros, no existen documentos relacionados con los procesos de adjudicación de los   egresos por un importe de 92 millones 616 mil 261 pesos. Refirió que el pasado 23 de septiembre, Nava, mediante un escrito, manifestó que no hay algún documento que acredite el proceso y destino de las erogaciones. La auditoría realizó la compulsa de 33 proveedores, 6 atendieron la solicitud de comparecencia y 27 no dieron respuesta. La observación no se solvento.

Indicó que en el mismo rubro, Gallardo Juárez no pudo comprobar el pago de 19 millones 573 mil 842.30 pesos. Tampoco acreditó el gasto de otros 3 millones 231 mil 26.68 pesos. Refirió que no existe evidencia documental que justifique su manejo correcto, como órdenes de compra, entradas al almacén y requisiciones. Se requirió a 17 proveedores, solo 3 atendieron, 14 no. La autoridad descubrió un pago extra de 3 millones 560 mil 878.68 pesos. Lo justificó mediante comprobantes fiscales digitales por internet, que al ser validados por el servicio tributario, fueron cancelados. No se proporcionaron facturas vigentes. Se realizo la compulsa con 2 proveedores, sólo uno atendió. La observación no se solvento.

Pérez expuso que en el rubro de servicios generales, Gallardo Juárez no comprobó el destino de 41 millones 345 mil 971.51 pesos. Nava informó por escrito que no encontró documentos que justifiquen el gasto. En la misma cuenta, la auditoria determinó que la administración 2015-2018, erogó mediantes cheques, transferencias y aplicación de pólizas, 91 millones 834 mil 542.45 pesos que no pudo comprobar. Realizó la compulsa con 33 proveedores, 7 la atendieron y 25 no dieron respuesta.

Determinó que tampoco acreditó 39 millones 261 mil 127.10 pesos por concepto de penas, multas y accesorios, derivados del pago extemporáneo de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Tampoco justificó una licitación pública de 43 millones 528 mil 362.55 pesos. Subrayó que hizo pagos que no se adjudicaron mediante invitación restringida   a cuando menos tres proveedores, que además se excedió en los montos máximos que establece la ley. El ente fiscalizador informó que hizo la compulsa cpn 20 proveedores, solo atendieron 3 17 no lo hicieron.

La auditoría señaló en su informe que hubo contratos no licitados, se dieron por invitación restringida a por lo menos a tres proveedores, por 96 millones 665 mil 574.36 pesos. Se excedieron en los montos máximos que establece la norma. Tampoco se comprobó el destino de 3 millones 730 mil 43 pesos. Hubo erogaciones pagadas por 37 millones 806 mil 593.37 pesos que no tienen requisiciones de compra, documentos justificativos, solicitud del servicio, permiso de la Oficialía Mayor que justifique el destino correcto del gasto. Se realizó compulsa con proveedores que no respondieron. La observación no se solventó. En la misma cuenta de servicios personales, se determinó que el ayuntamiento no presentó evidencia documental por 614 mil 800 pesos, por servicio de asesorías legales, contables, consultorías y capacitación.

En el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se asentó que el ayuntamiento no justificó el pago de 8 millones 457 mil 968.87 pesos. Tampoco adjudicó mediante invitación restringida a cuando menos tres empresas los montos máximos que dicta la ley, por un un millón 195 mil 649.91 pesos. Resolvió que la autoridad municipal afectó la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por conceptos pagados que no estaban contemplados en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018. No justificó el motivo. Se realizó la compulsa con 173 empresas o proveedores de los cuales solo 26 atendieron la solicitud. Se solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria para que requiera a los 147 proveedores con el fin de constatar el cumplimiento fiscal de sus obligaciones, luego que se les giró la compulsa sin tener respuesta.

En el informe de la muestra auditada del Fondo de Recursos Fiscales se asentó que hubo 16 observaciones y cero solventadas. Las 17 restantes generaron 9 pliegos de observaciones, 6 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 10 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y una recomendación. Determino que el monto del pliego de observaciones es por 248 millones 239 mil 202.55 pesos. La auditoría resolvió que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por casi 249 millones de pesos, más los rendimientos o intereses que se generen desde la disposición hasta su reintegro a la cuentas bancarias de recursos fiscales 2018. Además emitió promociones de responsabilidad administrativa sancionadora por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron proporcionar la documentación de los procesos de adjudicación de los egresos por la adquisición de materiales, correspondientes al rubro de materiales y suministro.

Respecto al manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el informe, el órgano fiscalizador señaló que detectó 31 observaciones, de las cuales se solventaron 12. El monto del pliego asciende a 9 millones 934 mil 9.70 pesos. Además solicitó aclarar el manejo de 21 millones 505 mil 704 pesos. La suma de recursos observados es de 30 millones 845 mil 713.70 pesos. La auditoria seleccionó para revisar 85 millones 458 mil 534.80 pesos. Sin embargo, la muestra auditada fue de 79 millones 460 mil 283.32 pesos, el 93% del monto seleccionado. La autoridad municipal transfirió 80 millones 80 mil 326.05 pesos a otras cuentas con fines distintos a los objetivos del fondo. Reintegró 78 millones 80 mil 326.05 pesos, sin los intereses correspondientes por su disposición. Quedó un saldo pendiente por recuperar de 2 millones de pesos.

En el período de aclaraciones, justificaciones e intervención de la auditoria, el tesorero municipal, mediante escrito del 24 de septiembre, expuso que los 2 millones restantes, corresponden al pago de anticipo de la estimación número uno, que ampara la factura 50 de la obra Rehabilitación de Camino a Peñasco, tramo de Anillo Periférico Norte a calle Pánfilo Natera, colonia Real a Peñasco. El pago se realizó mediante transferencia bancaria que hizo el gobierno de Ricardo Gallardo el 20 de septiembre del 201, una semana antes de concluir sus gestiones. En el rubro de registros contables, no canceló documentos comprobatorios de los gastos del fondo 2018 con la leyenda “Operado� e identificada con el nombre del fondo. Observación que no solventó, por lo que emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión omitieron cancelar la comprobatoria de los egresos del fondo de aportaciones.

Sobre el destino de los recursos, la auditoria determinó que el ayuntamiento no   comprobó ni justifico el destino de 6 millones 230 mil 744.56 pesos de los 85 millones 645 mil 975.84 pesos. Determinó que se presume un daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública, por el monto, más los rendimientos que se generen desde la disposición hasta su reintegro a la cuenta de intereses. En su caso, deberá ser acreditado con evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas bancarias correspondientes. También dijo que se ejecutaron obras y acciones fuera del rubro por 575 mil 56.26 pesos. Indicó que el municipio destinó 20 millones 791 mil 325.75 pesos para realizar proyectos de tipo de incidencia directa. Importe que representó el 24.3% del total disponible, incumpliendo con el 70%, mínimo que establece en los lineamientos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social.

En el rubro de obra publica, se revisó una muestra de 12, en la que se invirtieron 47 millones 321 mil 747 pesos, de las cuales solo 7 se adjudicaron de acuerdo a los montos máximos y mínimos. Determinó que 6 obras no cumplen con los requisitos normativos para la adjudicación. Otras cuatro se adjudicaron de manera directa. No existen documentos comprobatorios del proceso. Y del grupo, solo cinco están terminadas. La mayoría carece de contratos formalizados, convenios, dictámenes técnicos, autorización de proyectos, finiquitos de obra. Presentan pagos en exceso y otras sobreprecios. Concluyó que faltan documentos técnicos por 32 millones 143 mil 453 pesos. Hay volúmenes pagados con más de medio millón de pesos. No justificó 21 millones 505 mil 704 de pesos.

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