“Lo sostengo: los Gallardo recolectan el aluminio, cartón y fierro. Obligan a los trabajadores a que junten los residuos de manera separada. Hay lugares donde los depositan y luego los venden por toneladas. Es el negocio oculto de la familia, quedarse con el recolectado de la basura, ya que es una mina de oro�, denunció el ex diputado local del PAN, Raúl Paulín Rojas, cuando el pasado julio, el juez tercero del ramo penal, le dictó auto de soltura después de tres años de estar bajo libertad condicional por los supuestos delitos de ataques a las vías de comunicación y ultrajes a la autoridad, que interpuso en su contra el ayuntamiento de Soledad, entonces bajo el yugo del alcalde Ricardo Gallardo Cardona.

El 8 de julio del 3013 la policía municipal de Soledad detuvo a Paulín Rojas cuando encabezó un numeroso contingente de pepenadores de basura que se oponían a la orden de Gallardo y el cabildo de sustituir el sistema tradicional de juntar los desechos con carretones y cambiarlos por motocicletas. Los agentes lo llevaron a una   bodega. Luego de más de dos horas lo trasladaron a la comandancia. Después de otras ocho horas, lo dejaron platicar con la familia. Lo presentaron al ministerio público bajo el cargo de motín y ataques a las vías de comunicación. Se le envió a la penitenciaria de La Pila. Fue liberado en la madrugada. Se dijo que hubo un acuerdo político con el entonces secretario de gobierno y hoy diputado federal Cándido Ochoa Rojas y el ex líder estatal del PAN y ahora legislador local, Héctor Mendizábal Pérez.

En una corta entrevista que se realizó en una tienda de autoservicio cercana al comité estatal panista, Paulín Rojas advirtió sin miedo que promoverá una denuncia penal en contra del ayuntamiento de Soledad, el sindico Pedro de Jesús Olvera Vázquez, Gallardo Cardona y el gobierno estatal, por fabricarle delitos inexistentes, lesionar sus derechos humanos, políticos y sociales, además del daño moral y patrimonial infringido. El ex legislador relata. “Fue un proceso muy largo, de tres años, pero gracias a la pericia de mis abogados, los hermanos Rafael y Francisco Aguilar, expertos en derecho penal, fui absuelto de las acusaciones tan burdas del ayuntamiento, donde me montaron un escenario idóneo para mantenerme bajo resguardo institucional. O sea en prisión por un período de 8 a 10 años que era lo que alcanzaba la pena. No pudieron sostener las acusaciones por falta de pruebas porque todo fue inventado�.

Paulín Rojas se alejó de los escenarios ya que se le infectó un riñón, lo que lo mantuvo hospitalizado por casi un mes. Encomió a los medios informativos que  también lo ayudaron. “Gracias a unos periodistas que estuvieron cerca en el momento, de manera circunstancial, que se dieron cuenta de mi captura. Tuve en las manos fotografías que se aportaron como pruebas�. Además lo ayudaron organizaciones sociales que presionaron para ser liberado. Detalló que a los dos años del proceso, sus demandantes le dejaron como último recurso el delito de insultos a la autoridad que tampoco procedió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no lo era. Pero la procuraduría insistió en mantenerlo. El estado no puede estar por encima de la carta magna. No obstante, lo amenazaron. Si hablaba le retiraban la libertad condicional. En la víspera de que se venciera el término constitucional y le dictaron auto de formal arresto o inocencia, “no les quedó más remedio que soltarme, por falta de pruebas y elementos suficientes».

En el primer año se les cayó el delito de ataque a las vías de comunicación federal y estatal, por falta de pruebas. Luego la sedición y motín. Después las lesiones graves. No lo probaron porque no hubo dictamen médico. Le dejaron ultrajes a la autoridad, inexistente. Los presuntos elementos a los que lesionó en el rostro y cuerpo, los obligaron a declarar. Luego huyeron, se escondieron, dejaron el trabajo, se fueron para no enfrentar las consecuencias de la falsedad que orquestó Pedro Olvera. Hay pruebas donde llegó y le dijo que estaba detenido. Hizo funciones de policía que no le tocaban. Es el primero en la demanda. Señaló que a raíz de su ilegal arresto y de la denuncia que promovió contra sus agresores 6 meses después la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 3/2013 al ayuntamiento de Soledad, con atención al entonces director de seguridad pública municipal Eloy Gómez Mendoza. Le solicitó iniciar un procedimiento administrativo contra los servidores públicos que participaron en los hechos. Evitar las demoras o hechos justificados al elaborar los informes, estudio pericial homologado y poner a disposición los detenidos ante las autoridades competentes. Exigió capacitar y dar trato humano a los cuerpos policiacos y directores por el castigo que le dieron.

Sus verdugos le provocaron daño moral, psicológico y patrimonial, ya que por su carácter de detenido, no pudo conseguir empleo, estuvo preso, contrató un despacho de abogados y su imagen quedó dañada al acusarlo de delincuente cuando en su historial nunca se le detuvo ni siquiera por una falta administrativa, ebriedad, manejar a alta velocidad o trasnochador. Los daños causados los debe resarcir el estado, que puede ser demandado y vencido porque no es omnipotente. Su papel es guardar el orden, no fabricar delitos. Lamentó no haber sido candidato a un cargo electivo. Resaltó que hay elementos suficientes para obligar el pago del daño tanto económico como moral. El ex diputado sostuvo que a tres años de distancia el origen de su captura se relaciona con el acaparamiento de la basura por parte de los ex ediles de Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez. Le molestó, le quitaran de tajo a 300 familias el sustento. Son elementos frágiles que pueden ser reclutados por la delincuencia.

Paulín le sugirió a los Gallardo contratar dos veterinarios para que cuidaran los caballos en el corralón municipal, aledaño al rastro. A través del área de fomento agropecuario, a los dueños de los caballos, mulas y burros, les proporcionaran alimento a bajo precio, además de un descanso suficiente del animal. Y si trataban de modernizar la junta de la basura, no lesionar a las familias de los recolectores. El esquema de las motocicletas resultó un fracaso. No cargan la misma cantidad de desechos que un carretón. Las máquinas eran inestables y se convirtieron en chatarra. Los beneficiarios todavía deben el 50% del costo de la unidad. Sentenció que el fondo y origen del programa fue el negocio. Los Gallardo obligan a los pepenadores a separar los desechos. Los depositan en distintos sitios y luego los venden por toneladas. Es el negocio oculto, una mina de oro. «Le quitaron el sustento a incontables familias. Se quedaron con el negocio, no modernizaron el servicio, persisten los tiraderos a cielo abierto. Los camiones recolectores son insuficientes. Se ignora lo que hacen con los desechos sólidos. ¿Dónde está el ingreso por juntar la basura. El desglose del ayuntamiento de las entradas y salidas por el servicio?. ¿Cuánto recibieron de las empresas que solicitaron comprar lo reciclable?».

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