Al hablar sobre sus aspiraciones políticas, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, destacó que busca ser gobernador en el 2027, por lo que trabaja al máximo para lograr el cargo. Destacó que los mandos eficientes, arrojan votos, lo que le permitió reelegirse, aun contra la lógica. Los que repiten, lo hacen con diferencias mínimas de 2 a 3 puntos. En su caso, se venció a sí mismo, con una diferencia de 50 mil sufragios, respecto a la primera contienda. Expuso que tiene 52 obras en proceso, que pronto habrá de inaugurar. En lo inmediato, no le interesan las reuniones extraordinarias ni promocionarse. Sólo mantenerse como un edil eficaz. Lo que más le duele a sus adversarios. “Claro que voy a competir. Han politizado mis iniciativas de ingresos, porque me miran fuerte y tratan de frenarme. Me castigan en términos sociales. Dicen que es negativo aumentar impuestos, cómo se me ocurrió la brillante propuesta de acrecentar el cobro de los parquímetros. No le he parado en los dos últimos años. Cada semana entregamos dos o tres obras. Vienen miembros del ayuntamiento de Valles, Celaya y Zacatecas, a preguntarnos, cómo le hacemos para combatir la violencia, mantener el alumbrado, basura y pavimentaciones. Nuestro desempeño la gente lo mira. No digo los nombres de los colegas que nos visitan, porque los regañan”.

Añade. El problema más grave que hoy padece el organismo intermunicipal de agua potable, Interapas, es financiero. Dice que en cualquier momento, hará crisis, como pasó hace meses, con la falta de agua. Abastece a tres municipios y no hay un lugar donde fabriquen el líquido. Se tiene que extraer del subsuelo y almacenar. Hay dos indicadores para medirla: la capacidad al distribuirla y la destreza al cobrar. El agua es gratis, lo que cuesta es extraerla, guardarla, potabilizarla y entregarla. Tiene un precio el servicio, porque el agua es un derecho humano.

Precisó que hace tres años, al llegar, encontró un ente quebrado, ya que, de cada 10 cuentas, 5 no se pagan. Sin embargo, a todos se les otorga el servicio. En el rubro, cuentas comerciales, ya no es un derecho humano, porque si existe un restaurante, el consumo repercute en los costos. Luego viene otra franja, donde aparecen los industriales. Las acereras, en el 60% de sus procesos, consumen mucha agua. En el 2023, la capital vivió una crisis de agua, tan grave como la padecida en Monterrey y Estado de México, la diferencia fue que se abordó con eficacia. El criterio que tomó fue garantizar el consumo. En el Estado de México, no surten si la gente no paga el recibo. Y sólo entregan 400 litros por casa. En San Luis, se facilitan mil 200 litros, sin importar, la cubran o no. La estrategia mantuvo a la gente tranquila. Se evitó una crisis social.

Habló de cómo se encuentran algunas fuentes de abastecimiento. El Realito, dijo, sigue inestable. Una semana funciona, otra, no. Cuando se paraliza, afecta al 35% de la capital, equivalente a 180 mil habitantes. Los 154 pozos existentes están activos. Indicó que antes de la pandemia, había 148. Se perforaron 6 nuevos y pusieron a funcionar otros 6, que estaban abandonados. Pero sigue la crisis financiera. Mover al órgano tiene un alto costo. Tapar una fuga, llevar agua, clorarla, potabilizarla, tratarla, es un concepto que casi nadie aborda. Usan el agua y la desechan. Aun sucia debe ser procesada. El recibo de pago tiene varios conceptos, agua, drenaje, tratamiento, cloro y el potabilizado. Aunque se garantiza el servicio, la gente se quedó un poco mal acostumbrada a no pagar el recibo. El Interapas no recibe subsidio federal, estatal ni municipal, depende del cobro, no hay otra fuente de ingresos. Para que alcance finanzas sanas, hace falta que más del 90% de la gente cubra lo que adeuda.

Puntualizó que el problema, es de años, pero se agudizó. La gente no quiere saldar el recibo y la crisis lo profundizó. Se parte de la premisa: si falta agua, no tenemos por qué cubrirla. Y se convirtió en un círculo vicioso. Aunque la reciben por pipa, tandeo o red, no les falta. Pero hay voces que politizaron el tema. Cuando se aplica el criterio al caso de la seguridad pública, pueden matar un gabinete administrativo completo. “Traté de no caer en el garlito, sólo conseguir recursos para que lo financiero no agudizara la crisis hídrica. Lo logramos. Lo agradezco porque siempre tenemos un recurso adicional en materia de obra pública. El Consejo Desarrollo Social Municipal, autorizó los primeros 122 millones de pesos, que no se transfirieron al Interapas. Hicimos una dirección del agua, la dotamos de presupuesto. Se perforaron tres de los seis pozos. Tenemos una cuadrilla de pipas para atender a los pobladores. Fue como salimos adelante”.

Adelantó que el 2025, será el gran reto financiero para el organismo. Hay agua, el Realito está lleno. La presa de San José se encuentra al 95%. Lo mismo sucede en El Potosino y El Peaje. Todos los pozos funcionan. Pero se necesita dinero para los combustibles, reparar y dar mantenimiento a los pozos. Hay otros rubros muy caros en el proceso, como el de la luz, en el que se pagan de 20 a 25 millones de pesos al mes. En los derechos para extraerla, se le entrega a la Comisión Nacional del Agua, una cantidad muy fuerte. También se cubren al Realito, los 15 millones de pesos por infraestructura. Hay que sumar una nómina de mil 100 trabajadores, más otras actividades, lo que genera una crisis económica.

Pudo resolver el entuerto si la carencia de agua no se convierte en prioridad social, lo que impactó sus esquemas económicos. Sin problemas, resuelve de raíz las carencias del Interapas. Es el reto de los próximos tres años. La litis es financiera y administrativa. Estuve en Saltillo, una ciudad muy parecida a San Luis. Cuenta con un millón de habitantes. “Tiene desierto, con clima extremo. Posee 90 pozos, nosotros tenemos 152. Carece de presas, pero no hay problemas de agua. Es decir, su modelo operativo es muy exitoso. Entonces, se demuestra que no es un tema de líquido, es de liquidez”. Expuso que se ha mencionado poco, el millón 200 mil metros cuadrados de pavimentos que hizo en 3 años en las calles y avenidas. Se arregló mucho drenaje, tomas de agua, banquetas y alumbrado público. Se hicieron los colectores más grandes que ha tenido la capital. El de Himalaya, para que no se inundara el paso a desnivel. Termina en el parque Tangamanga uno. Mide 600 metros. El del Saucito abarca 1.7 kilómetros. Inicia en la iglesia y concluye en el Río Paisanos. Es un colector de metro y medio de diámetro. Costó más de 80 millones de pesos. Se hizo con el propósito de construir el puente a desnivel.

En otros 10 ó 12 colectores, hay cientos de metros de drenajes. Citó como ejemplos, la calle Durango, en la colonia Popular. Planeó pavimentarla, pero cuando se abrió, ya no había drenaje, solo una caverna, con vestigios de asbesto. Se cambió todo. Zenón Fernández es una calle muy larga, dañada por el paso de los bomberos que están en la zona. Se arregló completa. Lo más complicado fue cambiar el drenaje. “Son obras integrales, completas, porque es la política que se impulsa. “El plan ya se trazó. Primero hay que actualizar la tarifa del agua. Un aspecto es que los usuarios paguen o no. Otro alude a los costos de producción. Sacar un litro de agua vale 10 pesos, pero se cobras a 4. Se trae un déficit constante. Es lo que le ha pasado a San Luis. Hay precios distintos, pero el estándar es 6 pesos. Al sector social se le vende a 10 centavos. Es lo que dice la ley de tarifas del agua. La comercial es de 2 pesos. La industrial es más cara, 4 pesos. Son metros cúbicos o mil litros. Un litro y medio de agua en botella, vale más de 18 pesos. Y un litro de agua, que llega por la red a las casas, 10 centavos. Entonces, siempre vamos atrás y estaremos quebrados.

Galindo envió al congreso del estado la nueva tarifa del agua, lo que provocó efervescencia. “A nadie le gusta, pero debo elegir entre ser un alcalde popular, por no decirme populista, o un edil responsable. No me afectan al no autorizar otros costos. Voy a estar tres años más. Me pongo a regalar el agua, pero sería muy irresponsable. Lo que me ayudó a reelegirme, fue asumir el tema con mesura y salí adelante”. Le propuso a los diputados, una cuota de transición, donde el sector popular, es el 72% de la cartera vencida. No le aumentó nada, pero se les invita a pagar lo acumulado. Además, ganar nuevos clientes. Y luego, del 72%, solo el 45%, cubra lo pendiente.

  Agregó que al sector comercial, se le subió el 5%. “No es nada, está por debajo de la inflación, que es del 6%. La tarifa para el sector industrial fue del 6%, igual que el índice de carestía. No es extraordinario, tampoco oneroso. Es anti popular por todos lados, pero no de manera exorbitante. Según el estudio de agua que tenemos, los costos tendrían que aumentar el 32%. Es imposible, equivale a una muerte política”. Su propuesta iba a permitir que la mayoría pague, lo que permitiría mejorar las finanzas del Interapas. Además, garantiza que todo funcione. Si se descompone un pozo, arreglarlo. El costo puede ser de 300 mil pesos o 10 millones de pesos. Una fuga puede ascender a 300 mil pesos o 3 millones de pesos, pero del mismo recibo se cubre el servicio. Asentó que en el 2025, se resolverá el problema financiero. En el 2026, buscará cambiar el modelo administrativo, pero primero, hay que estabilizar al Interapas.

“Si llegara a desaparecer, surge otro nuevo. Se llamará Agua Metropolitana. Y si se transmiten los activos como pasivos, absorbe la deuda de la cartera vencida. Es lo mismo, sin importar el nombre. La otra alternativa, es separar a San Luis de Soledad. Es un tema que he explorado y resulta difícil. El agua no acepta límites. Es como el aire. Les pertenecen a todos. El agua se produce en San Luis y al final se procesa en Soledad o en Pozos. Somos una cuenca y un solo sistema que no decimos nosotros. Lo hizo la naturaleza. Nos dedicamos a administrar los pozos y presas. Si nos separamos, tendremos que ser muy cuidadosos de cómo la repartimos. Es como un juicio de divorcio y una herencia. Los juicios más complejos, al mismo tiempo, en materia civil. En el caso, dirimir quién se queda con los fierros. Los pozos y las presas están en la capital. Pero la planta de tratamiento, en otro lado”. Afirmó que es un tema muy complejo. Si en algún momento “el congreso me dice que nos debemos separar, estoy listo. Es decir, hice un departamento del agua, con estructura. Tiene más de un año, con presupuesto. Administramos 21 comités del agua, comunidades que no están adheridas al Interapas, con su propio pozo”. Reveló que la empresa Aguas del Poniente, que entregó el magnate Carlos López Medina, ya la administra el ayuntamiento. “La tenemos desde agosto pasado, sin ningún sobresalto. Sabemos manejar y cuidar el agua sin mayores problemas”.

  Indicó que el concesionario le entregó toda la infraestructura. Se estableció un plazo de ocho meses para la transición, que ya se cumplieron. La recibió por 300 millones de pesos, terrenos, pozos derechos de agua, tubos. Aún le deben entre 12 y 14 millones de pesos. Incluye los terrenos donde se ubican los dos pozos, con los derechos de extracción. Equivalen a 100 millones de pesos. Se evitó politizar el tema. Se avanzó. Firmaron convenios, actas de entrega de cada lote, pozo y derechos de agua. Admitió que tiene una estrategia, pero hay un riesgo latente, financiero, tan grave como la falta de agua. Sin dinero, no puede comprar químicos para potabilizar el agua de todos los pozos, donde invierte 123 millones de pesos mensuales. Explicó que el pozo del Mezquital, abastece al norte de la ciudad, unas 4 mil viviendas. Requiere una bomba de 2 millones de pesos. Sin efectivo, se genera una crisis. Otra vertiente es sostener la nómina del Interapas, que cuenta con mil 100 trabajadores, justificados. No está inflada. Hay un parámetro de habitantes por empleados del agua. Pero es un gasto muy grande, semejante al de la policía municipal.

Está a favor de separarse del organismo metropolitano, aunque implica un gran trabajo. Ya platicó del tema con el edil de Soledad, Juan Manuel Navarro, que acepta manejarse aparte. Dice estar listo, sabe cómo proceder. Cuenta con infraestructura y presupuesto. Hace falta saber, cómo realizar el cobro del agua. Hay que abrir un rubro en la ley de ingresos. Se llama M3. Considerar el tratamiento de las descargas, en términos orgánicos y administrativos. “Me preparé desde hace 2 años. La anterior edil Leonor Noyola, dijo que buscaba desincorporarse. En lugar de responder, me puse a trabajar”. Respecto a si los potosinos están lejos de tomar agua directa del grifo, como en Estados Unidos y si fue una utopía, conseguir una ciudad sustentable, como Medellín, Colombia o Curitiba, Brasil, Galindo estableció que la quimera es mental. “Hoy se puede tomar agua de la llave, está probado. El problema es que tenemos una competencia desleal sobre quién vende el líquido”. Expuso que existen 2 mil 500 ciudades sustentables, donde figura San Luis. Reveló que el Interapas no debe tener problemas financieros, porque “nosotros somos los dueños del monopolio del agua. ¿Dime quien más la vende?, salvo la embotellada. Para bañarse, aseo de la casa, tenemos el control. El problema es que el tema se ha politizado. Hoy, con los sistemas que tenemos, se arregla la crisis. Los esquemas potabilizadores en los Filtros y de todos los pozos, nos costaron casi 200 millones de pesos. Nos permite tomar agua de la tubería, como cuando éramos niños”.

  Precisó que el objetivo es mantener la tarifa de transición. Es decir, que el 72% no sufra ningún aumento, pero invitarlos a pagar. Anunció un programa de descuentos para que la gente se anime a cerrar adeudos. Asentó que el sector comercial arrastra casi 200 millones de pesos. El industrial, que tiene una franja con albercas en sus casas, 120 millones. Ya no se trata de defender los derechos humanos. Como ejemplo, señaló el fraccionamiento El Pedregal, donde el 40%, no tienen contratos. No deben ser deudores. Hay hoteles, restaurantes, escuelas hospitales, complejos de edificios, que no pagan el agua, porque tienen tomas clandestinas. Se han clausurado más de 42 grandes consorcios, clubes deportivos y hoteles. Robarse el agua es un delito.

Al hablar sobre el nuevo municipio de Pozos, estableció que desde antes, vislumbró diversos escollos. Estuvo de acuerdo y apoyó se aprobara, mientras se actuara en el marco de la ley. Ilustró con el caso de Matlapa y El Naranjo, los últimos ayuntamientos, donde se tardaron 10 años en formarlos, no 10 meses. Lo advirtió y ahora se pagan las consecuencias. El decreto tiene una gran cantidad de errores que no se modificaron.  Refirió que existen graves problemas con la basura, agua y alumbrado. Los ayudó a solventarlos de julio a octubre. Los ciudadanos no están de acuerdo que de sus impuestos, se destine un porcentaje a otro lado. Es un asunto de ética. “No me pueden culpar porque fue lo que pidieron y ejecutaron. Me refiero a los que ahora gobiernan. ¿Por qué no le hacen el mismo reclamo a Villa de Reyes o Santa María? No hay vuelta de hoja. El decreto dice que las deudas actuales son de largo plazo, de varios trienios. Hicieron obras, se llevaron los activos, inmuebles, muebles, pero también los pasivos. Lo dijo el congreso. Me meten en la danza porque les gusta culparme de todo. Luego lo aclaro y no aparece la respuesta. Deben casi 52 millones de pesos y entenderse con el banco, no conmigo”. En el actual polígono, informó que la zona industrial se mantiene en la capital. En otro trazo se manejó incluir La Pila y el sector fabril, pero se rechazó la propuesta. Después se movieron las coordenadas hacia Prados de San Vicente, La Florida, Los Gómez y San Miguel de Los Jassos. Todo es de Pozos.

  Señaló que el tema de la seguridad pública y otros servicios, se manejan de manera centralizada. Ahora la policía sólo atiende la capital, Bocas, Escalerillas, La Pila, Peñasco y otras 207 comunidades rurales. “Cuando Pozos se hace municipio, agarro lo que me pertenece. Se quedan con dos o tres unidades deportivas completas. El albergue del DIF, algunas escuelas, una parte de protección civil, el viejo rastro, que es un terreno grandísimo, sobre Ricardo Basilio Anaya y 300 inmuebles más, sin ninguna compensación. Y no lo dicen. Tienen una gran reserva territorial que pueden vender, para financiar el cambio. Los inmuebles suman más de 600 millones de pesos. Hay una enorme lista de áreas donadas. Solo el predio del rastro, es una manzana completa, como de 2 hectáreas, que debe costar 80 millones de pesos”.

Ante los frontales ataques de organizaciones cívicas que protestan por los incrementos a los cobros de predial, agua, parquímetros y energía eléctrica, Enrique Galindo dijo que no lo sorprenden las embestidas. Lo atacan sin informarse. Expuso que en la ley de ingresos del 2024, el congreso local le autorizó un presupuesto de 3 mil 826 millones de pesos. “Nunca habían logrado tal cifra. Siempre fue muy chaparrito. Los ediles no querían correr los riesgos políticos. Fue lo que me entregaron hace un año. ¿Saben de cuánto es el incremento del nuevo proyecto de ley? Lo que pedí a los diputados en la iniciativa tan manoseada, es de 3 mil 826 millones de pesos. Lo mismo de antes. Con todo respeto, opinan sin saber. Lo digo con modestia, yo sí le entiendo a las finanzas públicas. Se lo que pido y cómo lo hago. Realizo un manejo administrativo de mis propios recursos. En el caso de los parquímetros, la hora cuesta 14 pesos, según la iniciativa. No se actualiza desde el 2008. Si lo hacemos con el índice inflacionario, sube a 32 pesos, después de 16 años. El incremento fue de un peso. Pero hay mucho ruido, se politiza. El parquímetro y el cajón de estacionamiento, no son de la canasta básica. No es como el predial, todos lo debemos pagar”.

“Si alguien no los usa, no pasa nada. Hay sitios privados que cobran 18 pesos contra 14. Elijan, es la ley de la oferta y la demanda. Los particulares nos pueden acusar de competencia desleal. No todos lo saldan. Mi familia y yo, en varios años, los hemos usado dos veces, porque uso otro espacio, no existe donde ando o no hay lugares libres. ¿Saben cuál es el ingreso anual de los parquímetros?, 21 millones. Con el ajuste, crece a 29. Hay un gran escándalo por 8 millones de pesos. Mi techo es de 3 mil 826 millones de pesos. Hay politizaciones que tienen otro sentido. No soy un ingenuo. Le digo a los que se enojan por el tema de los parquímetros, si quieren, no los aumentamos. Los ingresos los vamos a destinar para incrementar las participaciones a los bomberos. Pero con la misma cuota, aportamos lo que nos corresponde. Soy el que más les entrega en términos históricos, 800 mil pesos al mes. Antes les daban 400. Además, son metropolitanos. No sólo de la ciudad. Les ofrecí que fueran municipales. Les pagamos la nómina, equipo, tecnología, gasto corriente. No dijeron que sí. Pero recuerden que sale de los parquímetros. Los que no quieren los incrementos, les expliquen a los demás. ¿De dónde sale el pago para el alumbrado público?, pues de las arcas. No hay un impuesto específico. Ya lo cobran mil 361 ciudades del país. No es cierto que seamos los primeros. Mi amigo el notario Leonel Serrato, lo ventiló. Se gastan 120 millones de pesos al año, pero no hay una fuente para subsanar el egreso. Es sólo el recibo del agua. No hay nuevas líneas ni para dar el mantenimiento. Si tampoco lo quieren, lo dejo, me rindo. No pierdo nada en lo político. Y dejen la misma ley del año anterior, con igual techo financiero”.

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