Durante la asamblea que sostuvo con integrantes de la cartera de trabajo y previsión social del congreso del estado, el director de pensiones, Luis Arturo Coronado, reveló que juzgados federales, resolvieron dos a amparos a favor del sector de telesecundaria, que condenan al gobierno de Ricardo Gallardo dirección de pensiones, garantizar el pago de las jubilaciones, de por vida, a los integrantes del sector y resarcirles el quebranto patrimonial que se les ha causado. Para cumplir con la sentencia, se ha pedido a la secretaría de finanzas como al poder legislativo, contemplar y autorizar 800 millones de pesos en el presupuesto de egresos del 2024, recursos necesarios para el pago de un año.

El funcionario señaló que no se les puede condenar a resarcir el quebranto, porque el dinero ya se gastó. Admitió a pregunta del legislador Mauricio Ramírez Konishi, que están en proceso tres amparos más por el pago de pensiones por parte del sector burócrata. Refirió que la directiva de pensiones, enfrenta un déficit de mil 272 millones de pesos, pues el costo de los pagos del 2023, fue de 3 mil 500 millones de pesos contra mil 728 millones de pesos que se juntan de las aportaciones obrero-patronales.

Sobre la deuda de los 4 mil millones de pesos que el gobierno tiene con pensiones, por la falta de pago de las cuotas que le corresponden y las aportaciones que les descuentan a los trabajadores de los sectores cotizantes y no se entregan a la dependencia, el funcionario evadió dar una respuesta a los cuestionamientos del diputado Ramírez Konsihi. Se limitó a decir que la secretaría de finanzas hace las retenciones y reiteró que las pensiones no se han dejado de cubrir mes a mes, aunque los sindicatos lo niegan.

Coronado informó que en noviembre, la dependencia destinará 720 millones de pesos para cubrir nomina, aguinaldos y bonos de los pensionados. Se reunió con los representantes de la secciones 26 y 52 del magisterio y el secretario de finanzas, Salvador González, para que no haya ningún problema al aplicar el pago. Sobre los recursos en juego, 400 corresponden a los burócratas, 135 a los maestros de la sección 52, 185 a los profesores de telesecundaria y 4 millones a trabajadores de pensiones.

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